Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 4(Especial), 515-534, 2025
ttps://doi.org/10.62574/jgajgy87
515
La minería como vulneración a los derechos ambientales en el Ecuador
Mining as a violation of environmental rights in Ecuador
Richard Antonio Condoy-Viera
richardacv80@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0005-2793-5820
Iruma Alfonso-González
ua.irumaalfonzo@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-6866-4944
Byron Javier Chulco-Lema
ua.byroncl97@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0000-0003-2584-9564
RESUMEN
La minería ilegal en Ecuador constituye una amenaza significativa para los derechos colectivos de
las comunidades indígenas y rurales, particularmente en la región amazónica. Esta investigación
cualitativa de tipo dogmática-jurídica analizó la vulneración de derechos ambientales y comunitarios
mediante revisión documental y estudio de casos. Los resultados evidencian que, pese a la existencia
de marcos normativos como la Constitución de 2008 que reconoce los derechos de la naturaleza y
el principio del Buen Vivir (Sumak Kawsay), persiste una tensión estructural entre el modelo extractivo
y la protección ambiental. La actividad minera ilegal ha causado deforestación masiva en áreas
protegidas como los Parques Nacionales Podocarpus y Sumaco Napo-Galeras, contaminación de
recursos hídricos con mercurio y cianuro, y desplazamiento forzado de comunidades como los Cofán.
Las mujeres enfrentan doble vulnerabilidad, siendo desplazadas y posteriormente explotadas
laboralmente en condiciones precarias.
Descriptores: derechos colectivos; minería; protección del medio ambiente. (Fuente: Tesauro
UNESCO).
ABSTRACT
Illegal mining in Ecuador poses a significant threat to the collective rights of indigenous and rural
communities, particularly in the Amazon region. This qualitative, dogmatic-legal research analysed
the violation of environmental and community rights through document review and case studies. The
results show that, despite the existence of regulatory frameworks such as the 2008 Constitution,
which recognises the rights of nature and the principle of Good Living (Sumak Kawsay), a structural
tension persists between the extractive model and environmental protection. Illegal mining has
caused massive deforestation in protected areas such as the Podocarpus and Sumaco Napo-Galeras
National Parks, contamination of water resources with mercury and cyanide, and the forced
displacement of communities such as the Cofán. Women face double vulnerability, being displaced
and subsequently exploited for labour in precarious conditions.
Descriptors: collective rights; mining; environmental protection. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 05/07/2025. Revisado: 19/07/2025. Aprobado: 27/07/2025. Publicado: 08/08/2025.
Sección artículos de investigación
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La minería como vulneración a los derechos ambientales en el Ecuador
Mining as a violation of environmental rights in Ecuador
Richard Antonio Condoy-Viera
Iruma Alfonso-González
Byron Javier Chulco-Lema
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, las explotaciones mineras han incrementado en los últimos años,
pese a la existencia de protocolos relacionados con esta actividad industrial que
controla su funcionamiento para evitar cualquier tipo de vulneración como
contaminación de los ríos, erosión del suelo, destrucción de la capa atmosférica,
entre otros. Existen actividades relacionadas con la explotación minera que operan
de manera ilegal dentro del país, las cuales no cumplen esta normativa, lo que
transgrede derechos fundamentales de las comunidades y de la naturaleza.
La minería es un proceso industrial de gran importancia que se centra en la
extracción de recursos naturales presentes en la corteza terrestre. Estos recursos
pueden clasificarse en tres categorías principales: sustancias sólidas, como los
minerales y otros materiales esenciales; sustancias líquidas, entre las que destaca el
petróleo, considerado uno de los recursos más valiosos a nivel mundial debido a su
amplia utilización; y sustancias gaseosas, como el gas natural, que también tienen
un papel crucial en las necesidades energéticas de las sociedades modernas. Una
vez extraídos, estos recursos se procesan para convertirlos en materias primas o
productos energéticos, los cuales son fundamentales para satisfacer las diversas
demandas de las comunidades humanas, contribuyendo de manera significativa al
desarrollo económico y tecnológico (Herrera, 2017).
La minería en Ecuador posee su origen en tiempos remotos, pues varias culturas se
dedicaban a la exploración en todo su terreno para encontrar minerales que servían
como sustento propio. Dicha actividad la realizaban respetando, en general, lo que
significa la extracción sin daño al ambiente o a ellos mismos. En contraposición a
esta se encuentra la minería ilegal, diferenciada obviamente por ser aquella que se
da en zonas protegidas, que tiene la característica fundamental de no respetar
varios aspectos en su proceso de extracción como los derechos de la naturaleza, de
la vivienda y la seguridad humana.
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En el contexto de la explotación minera, Ecuador ha desatendido aspectos
fundamentales relacionados con las áreas sociales, ambientales y económicas. Esta
falta de atención ha derivado en graves daños al medioambiente, los cuales, a su
vez, tienen repercusiones directas en la salud de las personas expuestas a los
impactos negativos de estos procesos. La expansión de estas actividades
industriales, especialmente cuando se realizan de forma descontrolada o ilegal,
agravan el deterioro ambiental y dificultan cualquier intento de reducir su impacto
en el país. En particular, la extracción ilegal de recursos naturales genera daños
irreversibles a la Pacha Mama, un elemento esencial para el equilibrio ecológico y
el Buen Vivir del ser humano, al representar la conexión intrínseca entre el bienestar
humano y la preservación de la naturaleza (Vilela et al., 2020).
Según Ruiz et al. (2016), el buen vivir o también conocido como Sumak Kawsay es
una corriente de pensamiento que aporta elementos importantes que surge en los
pueblos de Ecuador y Bolivia que está relacionado con vivir bien dentro de la
espiritualidad. De aquí surge el equilibrio entre lo que se piensa y lo que se puede
sentir. Dichos parámetros se encuentran inmersos en las cartas magnas de ambos
países que se materializan en leyes o normas que garantizan antiguos y nuevos
derechos en la sociedad.
En la Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 14, se
manifiesta que: "Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano
y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay". Esto denota una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y
armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, pues esta convivencia
afectaría la sostenibilidad de las generaciones futuras.
De manera similar, al abordar el concepto de Buen Vivir como un enfoque
multidimensional, es evidente que varias de sus dimensiones han sido adoptadas
para ser medidas de forma cuantitativa. Estas mediciones permiten obtener datos
relevantes sobre aspectos esenciales como la educación, la salud y la vivienda. Sin
embargo, al profundizar en este tema, se identifica la existencia de otras
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dimensiones igualmente significativas que, a menudo, no reciben la misma atención
ni son objeto de un análisis detallado.
Estas dimensiones, en muchos casos, están estrechamente vinculadas con los
derechos fundamentales de las comunidades, pueblos y nacionalidades, así como
con los derechos intrínsecos de la naturaleza. Esto sugiere que el Buen Vivir no solo
debe ser entendido desde una perspectiva técnica o estadística, sino también como
un conjunto de principios que resalta la interconexión entre el bienestar humano y
el equilibrio con el entorno natural, destacando la necesidad de incorporar estas
dimensiones menos exploradas en los debates y estudios sobre este paradigma.
La minería ilegal cuenta con varios aspectos negativos para el medio ambiente, pues
los principales son: deforestación, contaminación del agua, destrucción de la
biosfera, contaminación, erosión del suelo y degradación del ecosistema. La
afectación no se queda solo en este lugar, sino que se extiende por toda la zona,
afectando así directamente la salud de las personas. Existen provincias con puntos
de minería ilegal, destacando así Zamora Chinchipe, Chimborazo, Loja y Napo,
promoviendo más aún las prácticas mineras sostenibles en Ecuador para abordar
una mejor protección y cuidado.
Uno de los principios ambientales reconocidos en el Código Orgánico Ambiental de
Ecuador es el del desarrollo sostenible para proteger a la sociedad. El desarrollo
sostenible es aquel que ayuda a satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer las posibilidades de satisfacer el desarrollo de las
generaciones futuras, atendiendo la protección del medioambiente, pues mediante
este se proporciona el desarrollo de la sociedad (Ministerio del Ambiente, 2017).
Es por esto que el presente proyecto de investigación tiene por objetivo determinar
la vulneración de los derechos de las comunidades por medio de la explotación
minera en Ecuador. Para determinar dicha vulneración e identificar una alternativa
como la minería sostenible para el cuidado del ambiente en Ecuador que afecta
derechos fundamentales de las personas o comunidades que están ubicadas
alrededor de este tipo de actividades industriales.
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En el contexto, el problema de investigación es ¿Cómo la minería ilegal vulnera
derechos colectivos de comunidades en Ecuador? y el objetivo general es
determinar la vulneración de los derechos colectivos de las comunidades por medio
de la explotación minera en Ecuador.
MÉTODO
Según el enfoque, fue predominantemente cualitativa porque se basó en la
recolección y análisis de datos que incorporaron métodos cualitativos como el
análisis de documentos doctrinales y jurisprudenciales.
Tipología y Alcances de la Investigación Científica Jurídica
La investigación jurídica es de tipo filosófica-jurídica ya que se estudiaron
instituciones jurídicas como doctrinas, leyes, jurisprudencias, tratados
internacionales, resoluciones, derecho comparado sobre la explotación minera
dentro de la legislación ecuatoriana.
No obstante, la investigación se refirió al tipo dogmática-jurídica, pues examinó de
manera exhaustiva las normas legales aplicables a la minería en Ecuador, con
especial énfasis en la protección de los derechos ambientales.
La investigación que se siguió es por el alcance de tipo descriptiva porque permitió
realizar un análisis crítico jurídico sobre la minería y su vulneración a derechos de
las comunidades.
Métodos, Técnicas e Instrumentos de Investigación
Métodos del Nivel Teórico del Conocimiento
El método de análisis-síntesis permitió descomponer el objeto de estudio en sus
elementos constitutivos para comprender sus componentes individuales (análisis) y,
posteriormente, integrarlos de manera lógica y coherente para obtener una visión
integral del problema (síntesis). Se estudiaron las dimensiones sociales, económicas,
ambientales y normativas de la minería, identificando sus interrelaciones y cómo
contribuyen al impacto ambiental.
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El método de inducción-deducción ofreció un doble enfoque, pues a través de la
inducción, se analizan casos específicos de afectaciones ambientales provocadas
por actividades mineras en Ecuador, extrayendo conclusiones generales sobre
patrones, causas y consecuencias de estas vulneraciones. Mediante la deducción, se
partió de principios y teorías generales, como los derechos de la naturaleza y el
Buen Vivir, para evaluar cómo se aplicó o incumplió en contextos concretos
relacionados con la minería.
Finalmente, el enfoque en sistemas permitió comprender cómo las actividades
mineras generan impactos no solo en el medioambiente, sino también en las
comunidades locales, los ecosistemas y el marco jurídico que regula estas
actividades.
Métodos del Nivel Empírico del Conocimiento
El análisis de documentos se centró en la revisión exhaustiva de fuentes normativas,
académicas y técnicas relacionadas con la minería y los derechos ambientales.
Por su parte, el estudio de casos analizó experiencias concretas de explotación
minera en diferentes regiones de Ecuador, extrayendo lecciones aplicables a otros
contextos similares y evidenciando la necesidad de fortalecer la protección de los
derechos ambientales y de la naturaleza.
RESULTADOS
Derechos Ambientales: Principio Rector en el Estado Ecuatoriano
En el ámbito de derechos o principios que se encuentran relacionados con la
legislación ecuatoriana, tienen más impacto el desarrollo sostenible y la protección
de la naturaleza. En la Constitución de 2008 en Ecuador, fue la primera en el país
en reconocer derechos específicos para la naturaleza. El artículo 66 numeral 27
establece: "El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre
de contaminación y en armonía con la naturaleza". Acosta (2013) manifiesta cómo
el reconocimiento de los derechos de la naturaleza representa un cambio
paradigmático en la protección ambiental, enfatizando su relevancia en el contexto
ecuatoriano.
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En Ecuador, los derechos ambientales se basan en principios que son muy
esenciales y guían las políticas públicas y la legislación, como los principios de
precaución y prevención. Este último obliga al estado a emplear algunas técnicas
avanzadas en la prevención de posibles daños ambientales; la participación
ciudadana asegura la consulta y participación activa de las comunidades en
decisiones que impactan el ambiente. El concepto de "buen vivir" o sumak kawsay
se encuentra presente en la legislación ecuatoriana, específicamente en la
Constitución de 2008. Este es un pilar esencial para integrar los derechos
ambientales con el bienestar social, cultural y colectivo de todas las personas,
reconociendo la interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza. La idea
de "buen vivir" sirve como un pilar fundamental porque consolida los principios de
los derechos humanos y ambientales al introducir una visión más integral del
desarrollo en Ecuador (Cortez, 2011).
Según Spinoza (2019), la Constitución ecuatoriana de 2008 estableció un hito
histórico al reconocer los derechos de la naturaleza y luchar por un desarrollo
sostenible. Siguen existiendo profundas contradicciones entre este ideal y el modelo
económico extractivo que ha adoptado el país. Nuevas actividades mineras y
petroleras se comercializan con frecuencia como críticas para el desarrollo
económico, lo que resulta en enormes cantidades de estos recursos que emanan de
manera insostenible de algunas de las regiones más biodiversas del planeta, como
la Amazonía. Esta contradicción es indicativa de una tensión estructural entre el
extractivismo y la justicia ambiental, ya que, más a menudo que no, las ganancias
económicas inmediatas superan las consideraciones por la protección ambiental y
los derechos colectivos de las personas afectadas. Este tipo de modelo genera
impactos acumulativos, como la deforestación en bosques, la contaminación de
cuerpos hídricos y la pérdida de medios de vida tradicionales, comprometiendo el
principio de sostenibilidad intergeneracional (Melo, 2013).
El Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar el derecho de consulta
previa, libre e informada a las comunidades indígenas y locales, especialmente
cuando proyectos extractivos puedan afectar sus territorios. Este derecho,
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reconocido en la Constitución de 2008 y el Convenio 169 de la OIT, busca proteger
los derechos colectivos y asegurar la participación activa de las comunidades en las
decisiones que impacten sus formas de vida y el medio ambiente. La consulta previa
no es solo una forma de asegurarse de que las comunidades sean escuchadas, sino
que también es una manera de equilibrar el poder en situaciones donde ha habido
mucha desigualdad a lo largo de la historia. Es como darle voz a quienes
normalmente no la tienen, permitiendo que participen en decisiones que afectan
sus vidas y sus territorios. Sin embargo, en Ecuador su implementación enfrenta
serios desafíos, como procesos consultivos no vinculantes o realizados de manera
apresurada y poco transparente, lo que perpetúa conflictos socioambientales. Estos
reflejan la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar este
derecho y promover un diálogo efectivo entre el Estado, las empresas y las
comunidades afectadas (Fontana & Grugel, 2016).
En base a González et al. (2022), uno de los principales desafíos o problemas en la
protección de la naturaleza es la judicialización de los derechos ambientales, ya que
muchas comunidades afectadas deben acudir a los tribunales para exigir la
aplicación efectiva de los principios constitucionales. No obstante, el acceso a la
justicia ambiental sigue enfrentando serias dificultades, como la falta de
independencia judicial, la escasez de recursos y la influencia de grandes empresas
extractivas sobre los procesos legales. Esta situación hace que las desigualdades
que ya existen sean aún más graves y limita a las comunidades en su lucha por
proteger sus territorios y derechos.
La Minería como una Amenaza para los Ecosistemas Biodiversos
En Ecuador, la expansión de actividades mineras, particularmente en la región
amazónica, ha llevado a la tala masiva de bosques, lo que destruye hábitats críticos
para una variedad de especies. Los daños generados por la actividad minera
principalmente provienen de las rocas que son excavadas para la extracción del
mineral, la remoción de suelos y los sedimentos generados. Dichas operaciones
pueden provocar graves impactos en los sistemas hidrológico, atmosférico y de los
suelos. Respecto al sistema atmosférico, las partículas finas en suspensión
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generadas en las etapas de extracción y procesamiento minero contienen metales
pesados que son movilizados y dispersados por el aire, ocasionando que la
contaminación se extienda incluso a lugares mucho más alejados del área minera
(Paredes et al., 2024).
Otro impacto negativo de la minería en los ecosistemas es la contaminación del
agua. El uso de sustancias como el mercurio y el cianuro en la extracción de
minerales afecta la calidad de los ríos y lagos cercanos, lo que puede tener efectos
letales sobre la fauna acuática. La contaminación del suelo es influenciada por las
partículas que son diseminadas por el aire y por la precipitación de lluvia ácida
inducida por un proceso de evaporación y condensación de agua contaminada
proveniente de ríos que contienen lixiviados. Cuando la contaminación no es visible,
se localiza y se mueve en el ambiente subterráneo "suelo y agua subterránea"; su
evolución y movimiento puede ser lento y permanecer incluso por décadas. El
conocimiento de la contaminación ocurre solo cuando alcanza un objetivo como el
suministro de agua y vegetales (Tankari et al., 2019).
Para Verdezoto (2023), la minería también degrada el suelo, lo que afecta la
capacidad de las áreas afectadas para regenerarse. La maquinaria pesada utilizada
en la minería destruye la estructura del suelo, lo que dificulta la recuperación de la
vegetación nativa y reduce la capacidad del suelo para retener agua, lo que aumenta
el riesgo de erosión. Esta alteración del suelo es uno de los efectos más perjudiciales
de la minería, ya que, a largo plazo, cambia el ciclo de nutrientes en el suelo y afecta
la biodiversidad al eliminar especies clave que dependen de su estabilidad para
sobrevivir.
El Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos – MAAP (2024) es un sitio web
dedicado a la presentación de información técnica novedosa y de análisis sobre una
de las regiones más importantes del planeta, en este caso la Amazonía Andina. Este
portal web presenta datos y mapas relacionados con un nuevo sistema de
monitoreo de la deforestación en tiempo casi real, basado en el análisis de imágenes
satelitales. Lo cual demuestra que la minería ilegal está escalando en la Amazonía
ecuatoriana. El informe 221 presenta los 4 casos principales de deforestación
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reciente por minería aurífera en Ecuador, siendo estos: los Parques Nacionales
Podocarpus y Sumaco Napo-Galeras, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, y el
Refugio de Vida Silvestre El Zarza.
Dicha actividad minera destaca que en el Parque Nacional Podocarpus, la minería
ilegal a lo largo del río Loyola ha provocado un aumento del 125% en el impacto
ambiental entre 2023 y 2024, pasando de 22 a 50 hectáreas afectadas. Esto ha
alterado el cauce del río y causado la pérdida de bosques nativos, fragmentando
los ecosistemas adyacentes. En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, la minería
irregular ha avanzado hacia los límites del parque, afectando 142 hectáreas en la
zona de amortiguamiento entre 2022 y 2024, con 0.32 hectáreas dentro del área
protegida. En la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, se registraron 337 hectáreas de
minería ilegal entre 2020 y 2024, con 1.05 hectáreas dentro de la reserva.
Finalmente, en el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, aunque no se ha detectado
minería dentro del área protegida, se han contabilizado 33 hectáreas afectadas en
su zona de amortiguamiento.
La fragmentación de hábitats es otro de los efectos perjudiciales de la minería, ya
que genera barreras que impiden el desplazamiento de muchas especies. Esta
fragmentación reduce el área disponible para las especies, lo que aumenta la
competencia por recursos y disminuye las oportunidades para la reproducción. La
fragmentación de hábitats, producto de actividades como la minería, representa una
amenaza significativa para la biodiversidad. Este fenómeno no solo limita las
interacciones genéticas entre poblaciones de especies, sino que también
compromete su salud a largo plazo, incrementando el riesgo de extinción. Además,
los impactos de la minería a gran escala trascienden los ecosistemas terrestres,
extendiéndose a los ambientes acuáticos. Estos efectos evidencian la necesidad de
abordar la problemática desde un enfoque integral, que considere tanto la
protección de los ecosistemas como la regulación de actividades extractivas.
La utilización de tecnologías de baja alteración de los ecosistemas, además de ser
una alternativa ambiental, significa por otro lado un beneficio económico ya que
permite extraer recursos de una forma más eficiente y menos invasiva. Entre estas
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tecnologías, destacan los sistemas de tratamiento biológico, como los biorreactores,
que utilizan microorganismos para degradar contaminantes como el cianuro y los
metales pesados presentes en los desechos mineros. Otra alternativa eficiente es la
adsorción mediante carbón activado, que permite la remoción de impurezas y
metales tóxicos del agua. Estas soluciones no solo contribuyen a reducir la
contaminación, sino que también promueven una minería más sostenible al permitir
la reutilización del agua tratada en los procesos productivos. Su implementación
representa un avance significativo en la gestión ambiental del sector minero (Marín
et al., 2023).
La resistencia de las comunidades frente a los proyectos mineros ha generado una
creciente conflictividad social en Ecuador. Las protestas contra las actividades
extractivas son reprimidas en muchas ocasiones, lo que genera enfrentamientos
violentos y criminalización de líderes comunitarios y defensores ambientales. De
acuerdo con Martínez (2009), estos conflictos reflejan una pugna entre dos visiones:
una basada en el desarrollo económico extractivista y otra centrada en la defensa
de los territorios y el respeto por los derechos de las comunidades. Esta dinámica
ha llevado a la organización de movimientos sociales que exigen transparencia,
justicia y una mayor participación en los procesos de toma de decisiones.
Impactos Sociales de la Minería: Comunidades Desplazadas y Desprotegidas
Algunos de los impactos sociales que surgen de la minería es la afectación a ciertas
comunidades que viven en los alrededores de dicha actividad. Para Kortava (2024),
un caso que realmente llama la atención es el de la comunidad indígena cofán,
ubicada en la Amazonía ecuatoriana. Esta comunidad ha tenido que enfrentar una
situación crítica: su territorio ancestral, que abarca unas 65,000 hectáreas, está
siendo invadido por la minería ilegal de oro. Esto no solo ha puesto en riesgo su
medio ambiente, sino también su forma de vida y su cultura. Para hacer frente a
esta problemática, los cofanes han organizado una guardia forestal indígena, un
grupo que se encarga de patrullar y documentar las actividades mineras ilegales.
Sin embargo, los desafíos son enormes: desde la destrucción de sus bosques y ríos
hasta la amenaza de perder sus tradiciones y su sustento diario. Haciendo denotar
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cómo la minería ilegal no solo daña el medio ambiente, sino que también vulnera
los derechos de las comunidades que dependen de él.
Según García (2023), en base a un estudio de caso sobre la comunidad de Santa
Cecilia, se evidencian las graves consecuencias del desplazamiento forzado a causa
del conflicto armado y la minería extractiva. A través de este estudio, se ha podido
documentar las múltiples afectaciones que enfrentan las víctimas, desde la pérdida
de sus territorios hasta la falta de atención psicosocial y mecanismos efectivos de
reparación. El Estado ha mostrado una limitada respuesta ante esta crisis, dejando
a las comunidades en una situación de vulnerabilidad extrema. La ausencia de
políticas integrales de reconciliación y apoyo ha generado un entorno donde la
verdad y la justicia aún son inaccesibles para muchas víctimas.
Ahondando más en la problemática, las mujeres de estas comunidades enfrentan
una situación de doble vulnerabilidad que merece especial atención. Además de
sufrir los desplazamientos forzados causados por la expansión de actividades
mineras, muchas se ven obligadas a trabajar en condiciones extremadamente
precarias dentro de los campamentos mineros ilegales. En estos espacios,
desempeñan roles como cocineras o cargadoras de material, tareas que, en la
mayoría de los casos, no son remuneradas adecuadamente y carecen de cualquier
tipo de seguridad social. Esta realidad no solo perpetúa ciclos de pobreza y
marginación, sino que también impacta gravemente su bienestar y el de sus familias,
limitando sus oportunidades de desarrollo y profundizando las desigualdades de
género (González, 2023).
La minería ilegal no solo representa un problema ambiental, sino que también ha
dado pie a la consolidación de gobernanzas criminales en varias regiones del país.
Estas estructuras delictivas no se limitan a controlar la extracción ilegal de recursos,
sino que están estrechamente vinculadas a otras actividades ilícitas, como el
narcotráfico, la trata de personas y el contrabando. Esta convergencia de delitos
crea un entorno de violencia e inseguridad que afecta profundamente a las
comunidades locales. Muchas familias se ven obligadas a abandonar sus hogares y
territorios en busca de protección, huyendo de las amenazas constantes y la pérdida
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de su seguridad personal. Este fenómeno no solo desestabiliza a las comunidades,
sino que también profundiza las desigualdades y vulnerabilidades en estas zonas
(Peñafiel, 2024).
Ante estas amenazas, varias comunidades indígenas han tomado medidas
proactivas para defender sus territorios y su forma de vida. Un ejemplo destacado
es el de los Waorani, quienes han creado el grupo "Kenguiwe", inspirado en las
águilas arpías, símbolo de fuerza y vigilancia en su cultura. Este grupo se dedica a
proteger sus tierras de actividades ilegales como la tala, la caza furtiva, la pesca no
regulada y, especialmente, la minería ilegal. Combinando sus conocimientos
ancestrales con herramientas tecnológicas modernas, los Waorani realizan
monitoreos diarios para detectar y prevenir incursiones ilegales en su territorio.
Estas acciones no solo buscan salvaguardar el medio ambiente, sino también
preservar su cultura, su autonomía y su conexión con la tierra (Rivadeneira &
Wilhelmi, 2020).
El Impacto de la Minería en el Agua y los Suelos
En base a Brousett-Minaya et al. (2021), la minería genera diversos impactos
ambientales que afectan el aire, suelo y agua. En el aire, las actividades extractivas,
voladuras, transporte y procesos metalúrgicos emiten polvo y gases contaminantes
como CO₂, CO, metano, óxidos de azufre y nitrógeno. Además, el uso de maquinaria
pesada y explosiones provoca ruido y ondas de presión que generan vibraciones,
afectando tanto a ecosistemas como a comunidades cercanas. La deforestación,
erosión y pérdida de suelo fértil contribuyen a la desertización y alteran el relieve,
modificando la dinámica de los procesos de ladera. También se generan peligros
geotécnicos, como la inestabilidad de laderas y subsidencias por excavaciones y
alteraciones en el nivel freático.
En los suelos, la minería causa cambios en la porosidad y permeabilidad debido a
procesos de compactación, deposición de partículas y mezcla de horizontes, lo que
reduce su capacidad para retener agua y nutrientes. Además, la extracción de
material y la acumulación de residuos en escombreras degradan la estructura del
suelo y favorecen la erosión. En los cuerpos de agua, las excavaciones y represas
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alteran el perfil y la dinámica fluvial, aumentando las tasas de erosión y
sedimentación. La incorporación de partículas en suspensión y la ocupación de
cuerpos de agua como lagos y embalses agravan la pérdida de recursos hídricos,
incrementando el riesgo de inundaciones y afectando la biodiversidad acuática
(Lillo, 2011).
La minería ilegal representa una grave amenaza para los recursos hídricos y los
suelos, generando impactos ambientales y sociales irreversibles. La deforestación
masiva, el uso indiscriminado de mercurio y cianuro, y la remoción de grandes
volúmenes de tierra alteran significativamente la calidad y disponibilidad del agua.
La contaminación de ríos y fuentes hídricas afecta no solo a los ecosistemas, sino
también a comunidades indígenas y rurales que dependen de estos recursos para
su subsistencia, vulnerando su derecho al agua y a un ambiente sano. La
degradación del suelo, producto de la explotación sin medidas de mitigación,
provoca erosión, pérdida de fertilidad y alteraciones en la biodiversidad, afectando
la seguridad alimentaria y la economía local.
TEORIZACIÓN EMERGENTE
En Ecuador existe un ordenamiento jurídico que va dirigido a la protección de
derechos ambientales, los cuales van de la mano con los principios de precaución,
prevención, reparación integral, sostenibilidad, y la prohibición de actividades
extractivas en áreas protegidas que salvaguardan el sumak kawsay. Pese a esto, la
actividad minera genera una injusticia ambiental, pues las mismas no respetan estos
principios y realizan su trabajo de extraer y procesar los minerales de la corteza
terrestre, más aún la minería aurífera en zonas de la Amazonía ecuatoriana. Lo que
genera malestar al principio de sostenibilidad, pues este habla sobre la protección
del presente para la preservación de las generaciones futuras.
Se sostiene que la Constitución de 2008 es muy importante en el país, pues fue la
primera en identificar a la naturaleza como sujeto de derechos reconocidos en la
carta magna. Más aún en una figura jurídica como el derecho a la consulta previa
establecida en el artículo 57 numeral 7 de la constitución, la cual explica que los
pueblos y comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a
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ser consultados antes de que se realice cualquier proyecto extractivo en sus tierras.
Esto derivado de instrumentos internacionales como el convenio 169 de la OIT, el
cual busca proteger los derechos colectivos y participación activa de las
comunidades en decisiones que impacten sus vidas o su medio ambiente. Es por
esto que la consulta previa es una forma de poder para las comunidades, pues les
otorga la oportunidad de tener una voz equilibrando así el poder en situaciones
donde ha existido desigualdad a lo largo de la historia.
En Ecuador, el crecimiento desmedido de las actividades extractivistas en la
Amazonía ecuatoriana se dispone como una amenaza creciente, pues estas
actividades llevan a una tala excesiva de árboles, los cuales son hábitats para
algunas especies en esos lugares y que sirven como pulmón del mundo entero. En
este proceso no existe solo una afectación a la naturaleza, sino también al ambiente
entero, pues afecta al sistema atmosférico con la expulsión de partículas generadas
en la etapa de extracción y procesamiento de metales pesados que ocasionan
contaminación en áreas más alejadas a estas actividades. También en la
contaminación del agua sucede esto, pues en las extracciones se manipulan
sustancias como el mercurio y el cianuro que penetran al ecosistema marino,
afectando así la fauna marina.
Una variable muy influyente que se debe mencionar es la degradación del suelo,
dicha degradación es generada por la maquinaria extremadamente pesada que se
utiliza en la minería. Esto genera dificultades en la recuperación de vegetación
nativa, perdiendo la capacidad de retener agua, existiendo así riesgo a la erosión.
Esta fragmentación genera barreras que impiden el paso de especies, reduciendo
áreas disponibles para la fauna endémica. Este fenómeno daña las interacciones
genéticas entre poblaciones de especies, escalando a una extinción masiva.
Existe un proyecto el cual monitorea a los Andes Amazónicos (MAAP). Se puede
referir que es un sitio web que presenta información técnica sobre el análisis de la
deforestación en tiempo casi real de la minería ilegal en estas regiones. Este
monitoreo expresa claramente que hay cuatro lugares más afectados en el último
año por estas actividades, siendo estos el Parque Nacional Podocarpus con el
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aumento de 125% en el impacto ambiental de 2023 a 2024, pasando de 22 a 50
hectáreas afectadas por la minería ilegal; el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras,
donde la actividad minera alcanza ya los límites del parque, afectando 142
hectáreas entre 2022 y 2024; la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, que afectó 337
hectáreas por minería ilegal entre 2020 y 2024; y el Refugio de Vida Silvestre El
Zarza, siendo un área protegida, se contabilizaron 33 hectáreas afectadas en el
último año.
Es enfático mencionar que existen tecnologías que ocasionan menor contaminación
y afectación en el ecosistema, permitiendo extraer de manera más efectiva y menos
invasiva los recursos. Estas tecnologías nuevas son los sistemas de tratamiento
biológico, como los biorreactores, que utilizan microorganismos que degradan los
contaminantes o sustancias como el cianuro y los metales pesados presentes en los
desechos por las actividades mineras. Otra alternativa muy eficiente que se debe
manifestar es la adsorción mediante carbón activado. Esta alternativa ayuda a la
remoción de impurezas y metales tóxicos del agua, mitigando así la contaminación,
realizando y promoviendo la minería sostenible.
Otro factor importante de esclarecer es la conflictividad de las comunidades que se
encuentran envueltas en los proyectos o actividades mineras, pues las protestas
que se realizan son reprimidas en muchas ocasiones, dando como resultado
enfrentamientos entre el líder comunitario y los defensores ambientales. Esto refleja
una perspectiva dividida, pues la primera hace denotar a la minería como el
desarrollo económico para el país y la otra sobre la defensa del ambiente o
territorios, haciendo énfasis en los derechos de las comunidades.
Entre los impactos sociales de la minería se puede mencionar el más preocupante,
que es el de la comunidad indígena Cofán. Esta comunidad está ubicada en la
Amazonía ecuatoriana y se encuentra afectada por la minería aurífera ilegal,
teniendo en cuenta que es territorio ancestral que abarca 65,000 hectáreas. Esta
actividad puso en riesgo su medio ambiente con la tala de bosques y contaminación
del río, también su forma de vida y más aún su cultura. Esta comunidad, a falta de
ayuda judicial, se ha organizado para realizar guardias forestales con toda la
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comunidad indígena, patrullando estas zonas, haciendo denotar el daño que
ocasionan estas actividades que no son supervisadas por las autoridades.
Para definir más la problemática, se menciona también el caso de Santa Cecilia, en
el cual se enfatiza las graves consecuencias del desplazamiento forzado a causa del
conflicto armado y la minería extractiva. A través de este estudio, se ha podido
documentar las múltiples afectaciones que enfrentan las víctimas, desde la pérdida
de sus territorios hasta la falta de atención psicosocial y mecanismos efectivos de
reparación. El Estado ha mostrado una limitada respuesta ante esta crisis, dejando
a las comunidades en una situación de vulnerabilidad extrema.
Otro factor del cual se desprende la minería ilegal es la consolidación de
gobernanzas criminales en dichas regiones que controlan estas actividades mineras
y que se relacionan con actividades ilícitas, como el narcotráfico, la trata de personas
y el contrabando, relacionando este proceso con la inseguridad en este tipo de
áreas. Se ahonda en esta amenaza y se pone en conocimiento que las mujeres en
estas comunidades han enfrentado doble vulneración, pues se ven desplazadas
forzosamente a otros lugares por la minería ilegal y, en algunos casos, ellas se ven
obligadas a trabajar en condiciones extremadamente precarias dentro de los
campamentos mineros ilegales con roles como cocineras, cargadoras de material
que, cabe recalcar, no reciben buena remuneración.
Explorando más en el impacto de la minería en agua y suelos, se manifiesta una
postura clara respecto a que este tipo de extracción genera en el aire el
levantamiento de polvo y gases contaminantes como CO₂, CO, el metano, óxidos de
azufre y nitrógeno; en el suelo, como se había manifestado, la maquinaria genera
ruidos, ondas y vibraciones que dañan y erosionan al mismo y que pueden llegar
hasta las comunidades cercanas; por último, los recursos hídricos que, en base a los
hallazgos, afectan no solo a los ecosistemas, sino también a comunidades indígenas
y rurales que dependen de estos recursos para su subsistencia, vulnerando su
derecho al agua y a un ambiente sano.
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CONCLUSION
En la legislación ecuatoriana existen principios y normas relacionadas con las
regulaciones para el cuidado y protección de la naturaleza con sus alrededores,
haciendo énfasis en el buen vivir de las comunidades y personas. Pese a eso, hay
vulneraciones muy graves en las comunidades que se encuentran expuestas a estas
actividades mineras. En algunas de ellas se resaltan las afectaciones a su salud, a
sus condiciones de vida y a la desaparición de especies endémicas de ese lugar.
Hay que resaltar que en este tipo de actividades, al estar muy alejadas, no poseen
supervisión constante y, como se resalta, en los últimos años estas actividades
mineras han incrementado, llegando a lugares que son considerados como áreas
protegidas. Haciendo denotar que, aunque no lleguen a este tipo de extracción,
afecta al lugar exacto y a sus alrededores como contaminaciones al suelo con la
degradación del mismo; la contaminación al agua que muchas de las veces sirve de
sustento para las comunidades; y la contaminación a la atmósfera que afecta
directamente a las comunidades de las personas o a la fauna de la zona.
La minería ilegal en Ecuador representa una violación sistemática de los derechos
colectivos de las comunidades, especialmente de los pueblos indígenas, quienes
ven afectados sus territorios ancestrales, su cultura y sus medios de subsistencia.
Los marcos normativos existentes, aunque reconocen los derechos de la naturaleza
y establecen principios de protección ambiental, resultan insuficientes ante la falta
de control y supervisión efectiva de estas actividades extractivas.
Es fundamental implementar medidas integrales que fortalezcan la protección de
los derechos ambientales y colectivos, incluyendo el desarrollo de tecnologías
mineras sostenibles, el fortalecimiento de los mecanismos de consulta previa, libre
e informada, y la garantía del acceso a la justicia ambiental para las comunidades
afectadas. Solo a través de un enfoque holístico que considere tanto los aspectos
ambientales como sociales será posible lograr un equilibrio entre el desarrollo
económico y la protección de los derechos fundamentales de las comunidades y la
naturaleza.
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FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A UNIANDES.
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