Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 4(Especial), 485-496, 2025
https://doi.org/10.62574/mzdr0e21
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Exploración de límites entre interpretación legal literal y sentido común:
propuestas para armonización constitucional
Exploring the boundaries between literal legal interpretation and common
sense: proposals for constitutional harmonisation
Paúl Orlando Piray-Rodríguez
ur.paulpr13@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Riobamba, Chimborazo, Ecuador
https://orcid.org/0000-0003-4600-7999
Luis Fernando Piñas-Piñas
ur.luispinias@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Riobamba, Chimborazo, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-0213-5350
Brandon Paul Adriano-Caiza
ur.brandonac62@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Riobamba, Chimborazo, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-5510-6019
Mesías Elías Machado-Maliza
luisacm08@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Riobamba, Chimborazo, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-5815-1093
RESUMEN
El financiamiento público a partidos políticos constituye mecanismo fundamental para garantizar
equidad electoral y el derecho a la participación política en Ecuador. Esta investigación analiza las
implicaciones de la propuesta de eliminar estos recursos sobre principios democráticos esenciales y
la conformidad constitucional. Mediante enfoque cualitativo y análisis documental exhaustivo del
marco jurídico vigente, incluyendo la Constitución, Código de la Democracia, jurisprudencia del
Tribunal Contencioso Electoral y doctrina contemporánea, se evaluaron los efectos potenciales de la
supresión del financiamiento estatal. Los resultados evidencian que la eliminación de fondos públicos
podría restringir la participación de nuevas agrupaciones políticas, agravar desigualdades en el
acceso a cargos públicos e incrementar la dependencia de recursos privados. Se concluye que dicha
medida vulneraría preceptos constitucionales al limitar el ejercicio pleno del derecho a la
participación política, comprometiendo la pluralidad y equidad electoral establecidas en el
ordenamiento jurídico nacional.
Descriptores: participación ciudadana; democracia; derechos políticos. (Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
Public funding for political parties is a fundamental mechanism for guaranteeing electoral fairness
and the right to political participation in Ecuador. This research analyses the implications of the
proposal to eliminate these resources on essential democratic principles and constitutional
compliance. Using a qualitative approach and an exhaustive documentary analysis of the current legal
framework, including the Constitution, the Code of Democracy, the jurisprudence of the Contentious
Electoral Tribunal, and contemporary doctrine, the potential effects of eliminating state funding were
evaluated. The results show that the elimination of public funds could restrict the participation of
new political groups, exacerbate inequalities in access to public office, and increase dependence on
private resources. It is concluded that such a measure would violate constitutional precepts by
limiting the full exercise of the right to political participation, compromising the plurality and electoral
equity established in the national legal system.
Descriptors: citizen participation; democracy; political rights. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 05/07/2025. Revisado: 19/07/2025. Aprobado: 27/07/2025. Publicado: 08/08/2025.
Sección artículos de investigación
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INTRODUCCIÓN
El financiamiento público dirigido a partidos políticos y candidatos constituye uno
de los pilares fundamentales del sistema democrático ecuatoriano, diseñado para
garantizar equidad electoral y proteger el derecho constitucional a la participación
política. La propuesta de eliminar estos recursos ha generado intenso debate sobre
su conformidad con los principios democráticos y las disposiciones constitucionales
vigentes.
El derecho a la participación política en Ecuador encuentra su fundamento
normativo en múltiples instrumentos legales. La Ley Orgánica de Participación
Ciudadana (LOPC) establece como objetivo "promover, fomentar y garantizar el
ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y ciudadanos,
colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos
afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas" (Art. 1). Este
marco legal no solo reconoce el derecho individual a participar en decisiones
públicas, sino que también promueve organizaciones colectivas y autónomas (LOPC,
2010).
La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)
complementa este marco al establecer el derecho fundamental de los ciudadanos a
involucrarse activamente en asuntos públicos, promoviendo la democracia
participativa y la transparencia (CPCCS, 2009). Este derecho trasciende la simple
elección de representantes, abarcando la influencia en políticas públicas y la
supervisión del uso de recursos estatales.
El reconocimiento constitucional del derecho a la participación política se articula
con tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (art. 25). Según el Código de la Democracia (Art. 61), este derecho incluye
tanto elegir como ser elegido, así como participar activamente en asuntos públicos.
En este contexto, el financiamiento de partidos políticos emerge como aspecto clave
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que influye directamente en la equidad electoral y la representatividad del sistema
(Freidenberg, 2024).
La participación política permite a los ciudadanos intervenir en decisiones públicas,
fortaleciendo su voz e influencia social. Como señala Quesada (2013), un sistema
político pluralista facilita mayores oportunidades de participación, mientras que en
regímenes autoritarios este derecho se restringe a élites gobernantes. La
participación política abarca desde el debate sobre temas públicos hasta la
intervención directa en procesos de deliberación y decisión.
Ecuador ha implementado mecanismos de financiamiento estatal para partidos
políticos con el fin de reducir la dependencia de fondos privados y garantizar
igualdad de oportunidades (Sáez, 2021). Sin embargo, existen críticas a su eficacia.
Basabe-Serrano (2024) señala que la corrupción puede minar la legitimidad
institucional y afectar la confianza pública. La eliminación del financiamiento estatal
podría fomentar mayor transparencia, pero también incrementar la influencia del
poder económico en la política y marginar a partidos minoritarios.
El Consejo Nacional Electoral destina actualmente USD 91,7 millones para procesos
electorales, distribuidos en personal (USD 33 millones), fortalecimiento tecnológico
(USD 10,2 millones), seguridad (USD 10 millones), juntas receptoras del voto (USD
7 millones), material electoral (USD 15,8 millones), bienes y servicios (USD 6,8
millones), voto en el exterior (USD 3,9 millones), campañas informativas (USD 3,6
millones), observación electoral (USD 702,295) y material de capacitación (USD
329,830).
Ecuador emplea un sistema mixto de financiamiento electoral, combinando fondos
públicos y aportes privados. Los partidos deben presentar informes de gastos cada
15 días durante campañas para mejorar la transparencia. No obstante, la equidad
electoral sigue siendo desafío debido a la influencia económica y la corrupción. Las
elecciones presidenciales de 2025 han puesto en debate la transparencia en el
financiamiento de campañas (Téran, 2023).
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Por tanto se tiene por pregunta de investigación: ¿Cómo afecta la eliminación del
financiamiento público a partidos políticos la equidad electoral y el derecho a la
participación política en Ecuador?
De ese modo, se articula el objetivo de analizar el impacto de la supresión del
financiamiento público en la equidad electoral y la garantía del derecho a la
participación política en Ecuador.
MÉTODO
La investigación adoptó enfoque cualitativo con perspectiva documental y analítica,
dirigida hacia el análisis normativo, jurisprudencial y doctrinal. Este método facilita
exploración detallada de aspectos fundamentales para entender cómo la eliminación
del financiamiento estatal influye en la equidad electoral en Ecuador, ofreciendo
comprensión profunda y contextualizada vital para examinar posibles infracciones a
principios democráticos y constitucionales.
El método cualitativo se revela adecuado para examinar exhaustivamente los
fundamentos constitucionales, leyes aplicables y jurisprudencia pertinente. Como
señala Bhandari (2020), este enfoque permite analizar cómo la eliminación de
financiación pública impacta la equidad electoral, contemplando la complejidad del
entorno legal y político ecuatoriano. El estudio de documentos y doctrinas facilita
entender de qué manera esta acción podría influir en la equidad de oportunidades
entre partidos políticos y la representación de grupos minoritarios.
El método de análisis documental se centró en examen metódico de fuentes
primarias y secundarias, distinguiéndose por su habilidad para obtener datos
significativos, reconocer patrones y desarrollar comprensión holística del tema
investigado. Las fuentes documentales evaluadas abarcaron:
La Constitución del Ecuador (2008) fue analizada detalladamente en los artículos
que garantizan el derecho a participación política, equidad electoral y principios
democráticos esenciales. Se enfocó especialmente en los artículos 1, 3, 6, 61, 62,
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63, 65, 95, 116, que definen derechos y mecanismos para participación ciudadana
en asuntos públicos.
El Código de la Democracia fue estudiado en normas vinculadas al financiamiento
de campañas políticas, equidad de género e inclusión de grupos vulnerables en
procesos electorales. Específicamente se revisaron artículos 210, 211, 212, 213,
que establecen regulaciones sobre financiamiento de organizaciones políticas y
elecciones.
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC) fue analizada en disposiciones
que promueven y garantizan el ejercicio de derechos de participación ciudadana,
organización colectiva y autónoma, y liderazgo público. Se prestó especial atención
a artículos 1, 2, 3, 50 al 60 que mencionan el pilar de consolidación democrática y
soberanía popular.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue examinado en el Artículo
25, que reconoce y garantiza el derecho de todos los ciudadanos a participar en
dirección de asuntos públicos, votar y ser elegidos, y tener acceso en condiciones
de igualdad a funciones públicas.
La jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral fue revisada exhaustivamente
en fallos y resoluciones relacionados con financiamiento político, equidad electoral
y participación ciudadana, prestando especial atención a casos sobre controversias
de uso de recursos públicos, transparencia en campañas electorales y cumplimiento
de principios constitucionales y legales en materia electoral.
RESULTADOS
Marco Constitucional de la Participación Política
El análisis constitucional revela que Ecuador establece un sólido marco normativo
para la participación política. El artículo 1 define al Ecuador como Estado
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente,
unitario, intercultural, plurinacional y laico, proporcionando fundamento general
para el desarrollo de la participación política y equidad electoral.
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El artículo 3 enumera los deberes primordiales del Estado, incluyendo garantizar el
goce de derechos establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales,
abarcando la protección de derechos políticos cruciales para la investigación.
Derechos Políticos Fundamentales
El artículo 61 establece los derechos políticos de los ecuatorianos, incluyendo el
derecho a elegir y ser elegidos, participar en asuntos públicos, presentar proyectos
de iniciativa popular, ser consultados, fiscalizar actos del poder público, revocar
mandatos, desempeñar empleos públicos y conformar partidos políticos. Estos
derechos son fundamentales para la participación política y equidad electoral.
El artículo 62 define el derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado
públicamente, regulando quién puede votar y bajo qué condiciones. Este artículo
resulta crucial para la equidad electoral al garantizar que todos los ciudadanos
puedan participar en elecciones.
Marco Legal del Financiamiento Electoral
El Código de la Democracia establece regulaciones específicas sobre financiamiento
electoral. El artículo 210 limita el gasto máximo permitido en campañas electorales
para reformas constitucionales o consultas populares, controlando gastos
electorales y promoviendo equidad financiera entre participantes.
El artículo 211 establece las funciones del Consejo Nacional Electoral en cuanto al
control del financiamiento de campañas electorales, siendo crucial para
transparencia y equidad electoral al garantizar que recursos sean utilizados de
manera legal y transparente.
Presupuesto Electoral 2025
El análisis del presupuesto electoral revela la distribución de recursos destinados al
proceso electoral de 2025, totalizando USD 91.332.125. La mayor asignación
corresponde a personal con y sin relación de dependencia (USD 33.000.000),
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seguida por material electoral (USD 15.800.000) y fortalecimiento tecnológico (USD
10.200.000).
Jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral
La revisión de sentencias del TCE demuestra que el financiamiento estatal constituye
pilar fundamental para garantizar el pluralismo político. La sentencia N° 200 de
2021 establece precedentes importantes sobre la necesidad de mantener
mecanismos que aseguren equidad en la competencia electoral.
Análisis Comparativo Internacional
El estudio comparativo revela que la mayoría de países con sistemas democráticos
consolidados mantienen mecanismos de financiamiento estatal parcial o total para
evitar desigualdades en la contienda electoral. Países como Alemania y España
proporcionan financiamiento público basado en criterios de representación y
transparencia.
Riesgos de Dependencia Privada
El análisis evidencia que la falta de financiamiento estatal podría generar mayor
dependencia de recursos privados, aumentando el riesgo de influencia de grupos
económicos en la política. Estudios recientes sugieren que en países sin
financiamiento estatal robusto, las campañas políticas tienden a estar dominadas
por intereses corporativos y económicos.
Percepción Ciudadana
Encuestas y estudios de opinión evidencian que una parte de la población considera
que el financiamiento estatal a partidos políticos podría generar corrupción. Sin
embargo, expertos coinciden en que, con mecanismos adecuados de control y
rendición de cuentas, el financiamiento estatal fortalece la democracia y evita la
concentración del poder en grupos privilegiados.
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DISCUSIÓN
El análisis evidencia que la eliminación del financiamiento estatal en Ecuador
impacta directamente la equidad electoral, aspecto fundamental para garantizar un
sistema democrático inclusivo y pluralista. La evidencia recopilada confirma los
planteamientos de Freidenberg (2024) sobre la importancia del financiamiento
público como mecanismo esencial para la democracia contemporánea, validando
además las observaciones de Sáez (2021) respecto a la necesidad de reducir la
dependencia de fondos privados para garantizar igualdad de oportunidades.
Los resultados sobre la creación de un ambiente electoral desequilibrado
concuerdan con estudios previos que señalan que la falta de apoyo económico
reduce la capacidad competitiva de partidos minoritarios y emergentes. La
comparación con países como Alemania, donde se preserva el financiamiento
público para garantizar igualdad, evidencia un retroceso en Ecuador hacia un
sistema más desigual, validando los planteamientos de Alcántara Sáez (2021) sobre
las mejores prácticas internacionales en financiamiento político.
El riesgo identificado de que los partidos dependan excesivamente de fuentes
privadas, incrementando la influencia de grupos económicos en la política, coincide
con estudios sobre sistemas electorales en democracias emergentes donde la
ausencia de financiamiento estatal conduce a dominación por intereses
corporativos. Como señala Téran (2023), este fenómeno refuerza la necesidad de
contar con mecanismos de control adecuados para evitar la captura de decisiones
políticas por intereses privados.
El análisis de principios constitucionales revela que la eliminación de financiamiento
estatal puede ser inconstitucional, considerando que la Constitución ecuatoriana
(Art. 116) garantiza la equidad en la competencia electoral. Los resultados indican
que esta medida podría violar dicho principio, tal como sugieren las sentencias del
TCE analizadas, particularmente la Sentencia N° 200 de 2021, subrayando la
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importancia de mantener políticas públicas que respeten los derechos políticos
fundamentales.
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC, 2010) establece marcos
normativos que sustentan la necesidad de financiamiento público como mecanismo
para garantizar el ejercicio efectivo de derechos de participación. Los hallazgos
confirman que la eliminación de estos recursos contravendría los objetivos
establecidos en los artículos 50 al 60 de la LOPC sobre consolidación democrática
y soberanía popular.
La percepción ciudadana sobre posible corrupción en el financiamiento estatal,
identificada en los resultados, debe contextualizarse con las observaciones de Luna
(2023) sobre gasto público y eficiencia en el financiamiento político. La experiencia
comparada con otros países sugiere que la eliminación de estos fondos aumentaría
el riesgo de corrupción privada, validando los planteamientos del Código de la
Democracia (artículos 211-213) sobre la necesidad de mecanismos de control y
transparencia.
Los hallazgos sobre el presupuesto electoral de USD 91.332.125 para 2025,
reportado por Guerrero (2024) y Primicias (2024), ilustran la magnitud de recursos
destinados al proceso electoral, pero también evidencia la necesidad de evaluar
cómo la eliminación del financiamiento a partidos afectaría la distribución y
eficiencia de estos recursos.
El marco establecido por el CPCCS (2009, 2018) sobre participación ciudadana y
control social se ve comprometido cuando se eliminan mecanismos de
financiamiento que garantizan equidad. Los resultados confirman que esta medida
podría debilitar los objetivos de fortalecer la democracia participativa y promover
transparencia en la gestión gubernamental.
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CONCLUSION
Este estudio analizó las implicaciones de la eliminación del financiamiento público
para partidos políticos en Ecuador, evidenciando su impacto significativo en la
equidad electoral, participación política y respeto a principios constitucionales. Se
concluye que esta medida afectaría gravemente la estructura democrática del país,
especialmente impactando a partidos emergentes y sectores con menor acceso a
recursos económicos.
La eliminación del financiamiento estatal genera competencia electoral desigual,
favoreciendo a partidos con mayor respaldo financiero privado y obstaculizando la
participación de aquellos con menores recursos. Esta situación contraviene el
principio de equidad electoral establecido en la Constitución ecuatoriana y
normativas internacionales sobre derechos políticos, comprometiendo la pluralidad
política esencial para el funcionamiento democrático.
La reducción del financiamiento público incrementa la dependencia de partidos
políticos de fuentes privadas, aumentando el riesgo de que intereses económicos
particulares influyan en el sistema electoral. Este fenómeno, observado en otros
países, debilita la autonomía de procesos democráticos, distorsiona la
representación política y erosiona la confianza ciudadana en instituciones
democráticas.
Desde el enfoque constitucional y legal, se determina que la eliminación del
financiamiento estatal podría considerarse inconstitucional al vulnerar principios de
participación y equidad en la competencia electoral. La jurisprudencia del Tribunal
Contencioso Electoral y el Código de la Democracia respaldan la necesidad de
garantizar condiciones justas para todos los actores políticos, aunque existe
preocupación legítima sobre el uso eficiente de recursos públicos.
El análisis comparativo con otros países demuestra que las democracias
consolidadas han optado por mantener sistemas de financiamiento público
combinados con mecanismos de control rigurosos para garantizar equidad electoral
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y reducir la influencia del poder económico en la política. Esta experiencia
internacional valida la importancia de preservar mecanismos de financiamiento
público bajo marcos de transparencia y rendición de cuentas.
Se recomienda explorar modelos de financiamiento mixto que equilibren la
sostenibilidad fiscal del Estado con la necesidad de transparencia y equidad en
procesos electorales. Cualquier reforma debe basarse en principios de equidad,
transparencia y fortalecimiento democrático, ya que eliminar el financiamiento
estatal sin medidas compensatorias adecuadas podría suponer un retroceso en la
calidad de la democracia ecuatoriana.
Las futuras reformas en materia de financiamiento electoral deben considerar el
fortalecimiento de mecanismos de control, la implementación de sistemas de
rendición de cuentas más eficientes, y la promoción de mayor participación
ciudadana en la supervisión del uso de recursos públicos destinados a la actividad
política, garantizando así el equilibrio entre eficiencia fiscal y preservación de
principios democráticos fundamentales.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A UNIANDES.
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Derechos de autor: 2025 Por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y
condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC
BY-NC-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
