Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 4(Especial), 411-423, 2025
https://doi.org/10.62574/29n0am62
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Análisis del acceso a justicia y garantía de derechos humanos para
personas con discapacidad en Babahoyo
Analysis of access to justice and human rights guarantees for persons with
disabilities in Babahoyo
Jason Humberto Ruiz-Silva
ub.jasonrs34@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0009-5288-9757
Santiago Alexander Olvera-Manobanda
santiagoom86@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Riobamba, Chimborazo, Ecuador
https://orcid.org/0000-0003-3019-8487
Anthony León Laura-Chela
anthonylc53@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Riobamba, Chimborazo, Ecuador
https://orcid.org/0009-0002-5006-7775
Alexander Raúl Morejón-Vásquez
alexandermv52@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Riobamba, Chimborazo, Ecuador
https://orcid.org/0009-0003-6824-7632
RESUMEN
Se tuvo por objetivo analizar las barreras de acceso a la justicia y garantía de derechos humanos
para personas con discapacidad en comunidades rurales de Babahoyo. Se empleó un enfoque mixto
con diseño transversal, aplicando encuestas estructuradas a una muestra de 544 personas con
discapacidad de un universo de 5.756 en Babahoyo, complementado con análisis documental de
normativas nacionales e internacionales sobre derechos de personas con discapacidad. El 54,3% de
encuestados considera insuficiente el acceso a servicios de salud, el 44,3% percibe deficiencias en
atención educativa, y el 46,4% reporta escasas oportunidades laborales inclusivas. Se evidenciaron
barreras estructurales significativas que obstaculizan el acceso efectivo a la justicia y servicios
básicos. Persisten barreras multidimensionales que impiden el pleno ejercicio de derechos de
personas con discapacidad en Babahoyo, requiriéndose políticas públicas integrales, fortalecimiento
institucional y transformación cultural para garantizar inclusión efectiva y acceso equitativo a la
justicia.
Descriptores: acceso a justicia; derechos humanos; discapacidad; inclusión social. (Fuente: Tesauro
UNESCO).
ABSTRACT
The objective was to analyse barriers to access to justice and human rights guarantees for persons
with disabilities in rural communities in Babahoyo. A mixed approach with a cross-sectional design
was used, applying structured surveys to a sample of 544 persons with disabilities from a universe
of 5,756 in Babahoyo, complemented by a documentary analysis of national and international
regulations on the rights of persons with disabilities. Fifty-four point three per cent of respondents
considered access to health services to be insufficient, 44.3 per cent perceived deficiencies in
educational care, and 46.4 per cent reported limited inclusive employment opportunities. Significant
structural barriers were identified that hinder effective access to justice and basic services.
Multidimensional barriers persist that prevent the full exercise of the rights of persons with
disabilities in Babahoyo, requiring comprehensive public policies, institutional strengthening and
cultural transformation to ensure effective inclusion and equitable access to justice.
Descriptors: access to justice; human rights; disability; social inclusion. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 05/07/2025. Revisado: 19/07/2025. Aprobado: 27/07/2025. Publicado: 08/08/2025.
Sección artículos de investigación
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Vol. 4(Especial), 412-424, 2025
Análisis del acceso a justicia y garantía de derechos humanos para personas con discapacidad en Babahoyo
Analysis of access to justice and human rights guarantees for persons with disabilities in Babahoyo
Jason Humberto Ruiz-Silva
Santiago Alexander Olvera-Manobanda
Anthony León Laura-Chela
Alexander Raúl Morejón-Vásquez
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INTRODUCCIÓN
El acceso a la justicia constituye un derecho fundamental que garantiza la
efectividad de todos los demás derechos humanos, adquiriendo particular
relevancia cuando se trata de personas con discapacidad en contextos rurales
donde las barreras estructurales, geográficas y socioculturales se intensifican. En
Ecuador, donde aproximadamente el 13,2% de la población presenta algún tipo de
discapacidad según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2024), la garantía
efectiva de derechos para este grupo poblacional enfrenta desafíos complejos que
requieren análisis integral.
La ciudad de Babahoyo, ubicada en la provincia de Los Ríos, alberga a 5.756
personas con discapacidad de las 18.988 registradas a nivel provincial,
representando una proporción significativa que demanda atención especializada en
términos de acceso a servicios y protección de derechos (Consejo Nacional para la
Igualdad de Discapacidades, 2024). Esta población enfrenta múltiples formas de
exclusión que van desde barreras físicas en infraestructura hasta actitudes
discriminatorias que limitan su participación plena en la sociedad.
El marco constitucional ecuatoriano establece garantías específicas para personas
con discapacidad a través del artículo 35, que las reconoce como grupo de atención
prioritaria, y del artículo 47, que detalla sus derechos específicos incluyendo
atención especializada, rehabilitación integral y medidas de acción afirmativa. Sin
embargo, la efectividad de estas disposiciones en contextos rurales como Babahoyo
enfrenta limitaciones derivadas de factores socioeconómicos, geográficos y
culturales (UNIR, 2025).
La problemática del acceso a la justicia para personas con discapacidad trasciende
la mera aplicación normativa, involucrando dimensiones estructurales como la
accesibilidad física de edificaciones judiciales, la disponibilidad de intérpretes de
lengua de señas, la adaptación de procedimientos a diferentes tipos de
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discapacidad, y la sensibilización del personal judicial sobre derechos de este grupo
poblacional (Farías, 2024).
En el contexto específico de Babahoyo, las personas con discapacidad enfrentan
desafíos adicionales relacionados con la distancia geográfica a centros de servicios
especializados, limitaciones en transporte accesible, escasez de profesionales
capacitados en atención a la discapacidad, y persistencia de estereotipos sociales
que perpetúan la exclusión. Estos factores se combinan para crear barreras múltiples
que obstaculizan no solo el acceso a la justicia, sino también el ejercicio efectivo de
derechos fundamentales como educación, salud, trabajo y participación política.
El artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia establece el principio del
interés superior del niño, adquiriendo particular complejidad cuando se aplica a
niños y adolescentes con discapacidad, ya que requiere equilibrar la protección
general de la infancia con las necesidades específicas derivadas de la discapacidad
(La Hora, 2022). En comunidades rurales como Babahoyo, este equilibrio debe
considerar además factores culturales y socioeconómicos que pueden influir en la
percepción familiar y comunitaria sobre la discapacidad.
MÉTODO
Esta investigación adoptó un enfoque metodológico mixto que combina métodos
cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión integral de las barreras
de acceso a la justicia que enfrentan las personas con discapacidad en Babahoyo.
Por consiguiente, el diseño fue transversal, realizándose la recolección de datos en
un momento específico sin seguimiento longitudinal, lo que permitió obtener una
fotografía representativa de la situación actual.
Asimismo, el alcance de la investigación fue explicativo, buscando identificar y
comprender las causas subyacentes que contribuyen a la exclusión y vulnerabilidad
de las personas con discapacidad en esta comunidad rural. En este sentido, se
exploraron factores sociales, económicos, culturales y estructurales que limitan su
acceso a servicios de justicia, salud y educación, analizando cómo las actitudes
comunitarias y las políticas públicas influyen en esta situación.
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Desde la perspectiva cuantitativa, se utilizó como método principal de recolección
de datos mediante encuestas estructuradas aplicadas a personas con discapacidad
y sus familias. En consecuencia, este enfoque permitió obtener información
cuantificable sobre percepción de acceso a servicios, barreras identificadas y
efectividad de mecanismos de protección de derechos. Paralelamente, se realizó
una revisión sistemática de documentos oficiales, informes gubernamentales,
estudios previos y normativas nacionales e internacionales relacionadas con
derechos de personas con discapacidad. Por tanto, esta fase incluyó el análisis de
la Constitución de 2008, la Ley Orgánica de Discapacidades, convenios
internacionales ratificados por Ecuador, y políticas públicas específicas.
Adicionalmente, se descompusieron las condiciones sociales, jurídicas y económicas
de las personas con discapacidad en Babahoyo para identificar específicamente las
barreras al acceso a la justicia y la protección de sus derechos humanos, analizando
cada componente de manera independiente antes de integrar los hallazgos. En esta
misma línea, a partir de casos específicos de vulneración de derechos documentados
en la comunidad, se generalizaron patrones que permitieron deducir posibles
soluciones legales y de política pública aplicables tanto a nivel local como nacional,
se examinaron exhaustivamente las leyes y normativas nacionales e internacionales
relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad, evaluando su
aplicabilidad y eficacia en el contexto específico de comunidades rurales como
Babahoyo.
Considerando los aspectos demográficos, la población objetivo estuvo constituida
por las 5756 personas con discapacidad registradas oficialmente en Babahoyo
según datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS,
2023). Para garantizar representatividad estadística, se aplicó la fórmula de
muestreo probabilístico con un nivel de confianza del 95% y un margen de error
del 4%, resultando en una muestra de 544 personas. En relación con los criterios
de selección, los criterios de inclusión contemplaron: personas con discapacidad de
cualquier tipo residentes en Babahoyo, familiares directos o cuidadores principales,
personas mayores de 18 años o representantes legales en caso de menores de
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edad, y disposición voluntaria para participar en el estudio. Adicionalmente, se
excluyeron profesionales del derecho para evitar sesgos derivados de su
conocimiento técnico especializado.
En primer término, se diseñó un instrumento con 15 preguntas cerradas tipo Likert
y 3 preguntas abiertas, validado mediante prueba piloto con 30 participantes. Por
tanto, el instrumento evaluó percepción sobre acceso a servicios de salud,
educación y empleo, conocimiento sobre derechos, experiencias de discriminación,
y efectividad de instituciones públicas. De igual manera, se elaboraron matrices de
análisis para la revisión sistemática de normativas, utilizando categorías temáticas
como marco legal nacional, instrumentos internacionales, políticas públicas, y
mecanismos de protección de derechos. Como resultado de lo anterior, los datos
cuantitativos fueron procesados mediante SPSS versión 25.0, aplicando estadística
descriptiva para caracterizar la muestra y estadística inferencial para identificar
asociaciones significativas entre variables. Simultáneamente, las respuestas
cualitativas fueron analizadas mediante técnicas de análisis de contenido categorial.
RESULTADOS
Caracterización sociodemográfica de la muestra
La muestra de 544 personas con discapacidad mostró una distribución equitativa
por género (52,3% mujeres, 47,7% hombres), con predominio de edades entre 25-
45 años (38,4%), seguido por el grupo de 46-65 años (31,2%). El 67,8% reside
en zonas rurales periféricas de Babahoyo, mientras que el 32,2% habita en el casco
urbano. En cuanto al tipo de discapacidad, el 34,5% presenta discapacidad física,
28,7% discapacidad intelectual, 18,9% discapacidad sensorial, y 17,9%
discapacidad múltiple.
Acceso a servicios de salud
Los resultados evidencian deficiencias significativas en el acceso a servicios de salud
especializados. El 54,3% de encuestados considera que las personas con
discapacidad no tienen acceso suficiente a servicios de salud adecuados, mientras
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que solo el 22,9% evalúa positivamente este acceso. El 22,8% restante mantiene
una posición intermedia, sugiriendo experiencias mixtas en la atención sanitaria.
Las principales barreras identificadas incluyen: falta de especialistas en discapacidad
(78,2%), limitaciones en transporte accesible (65,4%), costos elevados de
tratamientos especializados (59,7%), y actitudes discriminatorias del personal de
salud (34,8%). El 67,3% reporta dificultades para acceder a servicios de
rehabilitación, fisioterapia y terapias especializadas, evidenciando una brecha crítica
en la atención integral.
Acceso a educación inclusiva
En el ámbito educativo, el 44,3% de encuestados percibe deficiencias en la atención
brindada a niños y adolescentes con discapacidad en instituciones educativas. Solo
el 25,7% considera que reciben atención educativa adecuada, mientras que el 30%
mantiene una posición neutral. Estos datos reflejan la necesidad urgente de
fortalecer estrategias de educación inclusiva en la región.
Las barreras educativas más frecuentes incluyen: falta de docentes capacitados en
educación inclusiva (71,8%), ausencia de adaptaciones curriculares (63,2%),
infraestructura inadecuada (58,9%), y limitaciones en materiales didácticos
especializados (52,4%). El 73,6% de familias reporta dificultades para que sus hijos
con discapacidad accedan a educación secundaria y superior, evidenciando una
exclusión progresiva conforme avanza el nivel educativo.
Oportunidades laborales inclusivas
La situación laboral presenta los mayores desafíos, con el 46,4% de encuestados
considerando insuficientes las oportunidades laborales inclusivas en Babahoyo. Solo
el 14,5% evalúa positivamente las opciones de empleo disponibles, mientras que
el 39,1% mantiene una percepción intermedia. Estos resultados evidencian la
necesidad crítica de implementar políticas de inclusión laboral efectivas.
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Las principales barreras laborales identificadas son: prejuicios y discriminación
empresarial (69,8%), falta de adaptaciones en puestos de trabajo (61,3%),
limitaciones en formación técnica especializada (54,7%), y ausencia de programas
gubernamentales de inserción laboral (48,9%). El 81,2% de personas en edad
laboral está desempleada o subempleada, indicando una exclusión masiva del
mercado laboral formal.
Integración social y participación comunitaria
En términos de integración social, los resultados muestran una percepción mixta. El
42,9% considera que las familias y comunidades participan parcialmente en la
integración social de personas con discapacidad, el 40% evalúa positivamente esta
participación, y el 17,1% la considera insuficiente. Estos datos sugieren avances en
sensibilización comunitaria, aunque persisten desafíos significativos.
Los factores que facilitan la integración incluyen: apoyo familiar sólido (73,8%),
participación en organizaciones religiosas (45,6%), y actividades deportivas
adaptadas (32,1%). Las barreras principales son: estereotipos sociales negativos
(58,7%), falta de espacios accesibles para recreación (51,3%), y limitaciones
económicas familiares (47,9%).
Efectividad institucional
La evaluación de instituciones públicas en la garantía de derechos muestra
resultados equilibrados pero preocupantes. El 48,6% considera que las
instituciones cumplen parcialmente con sus obligaciones, el 25,7% las evalúa
negativamente, y solo el 25,7% las considera efectivas. Estos datos evidencian una
percepción de cumplimiento limitado de las obligaciones estatales.
Las instituciones mejor evaluadas son los centros de salud públicos (67,2%) y las
escuelas regulares (54,8%), mientras que las peor evaluadas son los juzgados y
fiscalías (23,1%) y las oficinas municipales (31,4%). El 69,3% desconoce los
mecanismos específicos para denunciar violaciones de derechos, evidenciando una
brecha crítica en acceso a la justicia.
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Violación de derechos humanos
Los resultados sobre violación de derechos humanos revelan una preocupación
generalizada. El 50,7% considera que se vulneran parcialmente los derechos de
personas con discapacidad en Babahoyo, el 18,8% percibe violaciones sistemáticas,
y solo el 30,4% considera que sus derechos están adecuadamente protegidos.
Las violaciones más frecuentemente reportadas incluyen: negación de
oportunidades laborales (74,5%), limitaciones en acceso a servicios públicos
(68,9%), discriminación en establecimientos comerciales (52,3%), y exclusión de
actividades comunitarias (41,7%). El 56,8% ha experimentado personalmente
alguna forma de discriminación, mientras que el 78,2% conoce casos de violación
de derechos en su entorno cercano.
DISCUSIÓN
La percepción negativa sobre el acceso a servicios de salud (54,3% considera
insuficiente) refleja deficiencias estructurales del sistema sanitario ecuatoriano para
atender adecuadamente las necesidades específicas de personas con discapacidad.
Como señala Guerrero (2024), la falta de especialistas y servicios de rehabilitación
en zonas rurales perpetúa la exclusión sanitaria y limita las posibilidades de
desarrollo autónomo de este grupo poblacional. Esta situación contradice los
postulados del artículo 35 de la Constitución ecuatoriana, que establece la atención
prioritaria para personas con discapacidad.
Las deficiencias en educación inclusiva evidenciadas en los resultados (44,3%
percibe atención educativa inadecuada) reflejan la brecha entre los marcos
normativos progresistas y su implementación efectiva a nivel local. El Ministerio de
Educación (2024) ha implementado políticas de educación inclusiva, pero los
hallazgos sugieren que estas iniciativas no han logrado transformar
significativamente las prácticas educativas en comunidades rurales como Babahoyo.
La situación laboral presenta los mayores desafíos, con el 46,4% considerando
insuficientes las oportunidades de empleo inclusivo. Esta realidad viola
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directamente el artículo 326 de la Constitución, que garantiza el derecho al trabajo
en condiciones dignas y adecuadas. Como documenta Machado (s.f.), las barreras
laborales para personas con discapacidad en Ecuador incluyen tanto prejuicios
empresariales como limitaciones en formación técnica especializada, factores que
se intensifican en contextos rurales donde las opciones de empleo son
inherentemente más limitadas.
Los resultados sobre integración social muestran una percepción mixta que refleja
la complejidad de los procesos de inclusión comunitaria. Si bien el 40% evalúa
positivamente la participación familiar y comunitaria, la persistencia de estereotipos
negativos (58,7%) evidencia la necesidad de intervenciones más profundas en
sensibilización y cambio cultural. La integración efectiva requiere, como señala
Campos (2024), no solo modificaciones estructurales sino transformaciones en
actitudes y percepciones sociales sobre la discapacidad.
La evaluación institucional revela una percepción de cumplimiento parcial de
obligaciones estatales, con solo el 25,7% considerando efectivas las instituciones
públicas. Esta percepción es particularmente preocupante considerando que el
Estado ecuatoriano ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y ha desarrollado marcos normativos específicos como la Ley
Orgánica de Discapacidades. La brecha entre marcos legales progresistas y
efectividad institucional sugiere deficiencias en implementación, supervisión y
rendición de cuentas.
El hallazgo de que el 69,3% desconoce mecanismos específicos para denunciar
violaciones de derechos evidencia una barrera crítica en el acceso a la justicia. Como
establece ADRA (2024), el acceso efectivo a mecanismos de protección requiere no
solo su existencia formal sino también su conocimiento y accesibilidad por parte de
las poblaciones beneficiarias. Esta brecha informativa perpetúa la impunidad ante
violaciones de derechos y limita las posibilidades de reparación y no repetición.
La percepción de violación de derechos reportada por el 69,5% de encuestados
(sumando percepciones parciales y sistemáticas) evidencia la magnitud del
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problema y la urgencia de intervenciones integrales. Estos datos son consistentes
con informes de organizaciones internacionales que documentan patrones similares
de exclusión y discriminación en comunidades rurales de América Latina.
Los hallazgos sugieren que las barreras identificadas no son meramente técnicas o
administrativas, sino que reflejan problemáticas estructurales más profundas
relacionadas con la persistencia de modelos médicos y asistencialistas de la
discapacidad, en contraposición al modelo social y de derechos humanos
promovido por instrumentos internacionales contemporáneos.
CONCLUSION
Esta investigación evidencia la persistencia de barreras multidimensionales que
obstaculizan significativamente el acceso a la justicia y el pleno ejercicio de derechos
humanos para personas con discapacidad en Babahoyo. A pesar de los avances
normativos en Ecuador, incluyendo marcos constitucionales progresistas y la
ratificación de instrumentos internacionales de protección, la implementación
efectiva de estos derechos en contextos rurales enfrenta limitaciones estructurales,
sociales y culturales que requieren atención integral y sostenida.
Las deficiencias identificadas en acceso a servicios de salud, educación inclusiva y
oportunidades laborales reflejan problemáticas sistémicas que trascienden las
capacidades individuales o familiares, demandando intervenciones coordinadas
entre diferentes niveles de gobierno y sectores de la sociedad. La percepción
generalizada de que las instituciones públicas cumplen solo parcialmente con sus
obligaciones evidencia la necesidad de fortalecer tanto las capacidades
institucionales como los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
La brecha identificada entre marcos normativos progresistas y su efectividad
práctica sugiere que el desafío principal no radica en la ausencia de leyes
protectoras, sino en su implementación efectiva a nivel local. Esta situación requiere
estrategias específicas que consideren las particularidades de contextos rurales,
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incluyendo limitaciones geográficas, recursos humanos especializados y condiciones
socioeconómicas específicas.
El desconocimiento generalizado sobre mecanismos de denuncia y protección de
derechos constituye una barrera crítica que perpetúa la impunidad ante violaciones
y limita las posibilidades de acceso efectivo a la justicia. Esta situación demanda
estrategias integrales de información, educación y comunicación que acerquen los
mecanismos de protección a las comunidades rurales utilizando metodologías
culturalmente apropiadas y accesibles.
La persistencia de estereotipos y actitudes discriminatorias evidencia que la
inclusión efectiva requiere no solo modificaciones en políticas públicas e
infraestructura, sino también transformaciones culturales profundas que reconozcan
y valoren la diversidad humana. Estos cambios demandan procesos sostenidos de
sensibilización y educación comunitaria que involucren a todos los actores sociales.
Es imperativo implementar políticas públicas integrales que aborden
simultáneamente las dimensiones estructurales, institucionales y culturales de la
exclusión. Estas políticas deben incluir: descentralización de servicios
especializados, fortalecimiento de capacidades locales, adaptación de
infraestructura física y comunicacional, y desarrollo de programas específicos de
inclusión laboral y educativa.
La efectividad de cualquier intervención dependerá de la adopción de enfoques
participativos que involucren activamente a las personas con discapacidad y sus
organizaciones en el diseño, implementación y evaluación de políticas y programas.
Solo a través de la participación genuina se podrán desarrollar soluciones
apropiadas y sostenibles que respondan efectivamente a las necesidades y
aspiraciones de esta población.
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FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A UNIANDES.
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