Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 4(Especial), 386-397, 2025
https://doi.org/10.62574/6zdhbj03
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Retos legales por falta de comprensión práctica constitucional y su impacto
en la contribución social
Legal challenges due to a lack of practical understanding of the
constitution and their impact on social contributions
Josselyn Bryggitte Vilela-Verdezoto
ub.josselynvv41@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Babahoyo, Los Ríos, Ecuador
https://orcid.org/0009-0000-4563-593X
Esther Maricela Coello-Avilés
ub.estherca32@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Babahoyo, De Los Ríos, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-0045-0883
Jason Humberto Ruiz-Silva
ub.jasonrs34@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Babahoyo, De Los Ríos, Ecuador
https://orcid.org/0009-0009-5288-9757
RESUMEN
Se tiene por objetivo analizar la importancia del Derecho Constitucional en la educación jurídica y
evaluar la necesidad de implementar prácticas constitucionales en el currículo académico. Se empleó
un enfoque mixto con diseño no experimental y alcance descriptivo, aplicando encuestas a 41
estudiantes de Derecho de quinto y sexto semestre, complementado con análisis documental y
método exegético-jurídico. El 51% de estudiantes reconoce tener conocimiento medio sobre la
Constitución pero dificultades para aplicarlo prácticamente. El 88% considera fundamental incluir
Práctica Constitucional en el currículo, prefiriendo metodologías basadas en casos reales (71%) y
desarrollo en múltiples semestres (71% sugiere tres niveles). La incorporación de módulos prácticos
de Derecho Constitucional es esencial para formar profesionales competentes capaces de aplicar
principios constitucionales efectivamente, fortaleciendo la democracia y garantizando el ejercicio de
derechos ciudadanos.
Descriptores: derecho constitucional; educación jurídica; formación profesional. (Fuente: Tesauro
UNESCO).
ABSTRACT
The objective is to analyse the importance of constitutional law in legal education and assess the
need to implement constitutional practices in the academic curriculum. A mixed approach with a non-
experimental design and descriptive scope was used, applying surveys to 41 fifth- and sixth-semester
law students, complemented by documentary analysis and an exegetical-legal method. Fifty-one per
cent of students acknowledge having average knowledge of the Constitution but difficulties in
applying it in practice. Eighty-eight per cent consider it essential to include constitutional practice in
the curriculum, preferring methodologies based on real cases (71%) and development over multiple
semesters (71% suggest three levels). The incorporation of practical modules on constitutional law
is essential to train competent professionals capable of applying constitutional principles effectively,
strengthening democracy and guaranteeing the exercise of citizens' rights.
Descriptors: constitutional law; legal education; vocational training. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 05/07/2025. Revisado: 19/07/2025. Aprobado: 27/07/2025. Publicado: 08/08/2025.
Sección artículos de investigación
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Retos legales por falta de comprensión práctica constitucional y su impacto en la contribución social
Legal challenges due to a lack of practical understanding of the constitution and their impact on social
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INTRODUCCIÓN
El conocimiento del derecho constitucional es esencial para garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos y deberes de los ciudadanos en cualquier sociedad
democrática. Sin embargo, en la práctica persiste una brecha significativa entre la
complejidad del marco constitucional y la capacidad de comprensión por parte de
la ciudadanía general, e incluso de ciertos factores clave dentro del sistema jurídico.
Por consiguiente, esta falta cognitiva, entendida como la limitada comprensión o
desconocimiento de los principios constitucionales y su aplicación, plantea serios
desafíos legales y prácticos.
En este contexto, un hecho que marca un punto histórico en el ámbito del derecho
constitucional es la consulta popular realizada el 21 de abril de 2024 por el actual
presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Azín. Dentro de esta consulta
se propuso la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional tanto
en primera como en segunda instancia para la procedibilidad y aplicación de las
garantías jurisdiccionales, enmendando la Constitución y reformando la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Secretaría General
de Comunicaciones, 2024).
A partir de lo anterior, las reformas legales indicadas implican un reto para los
cursantes de la carrera de Derecho, puesto que existirían modificaciones respecto a
la jurisdicción y competencia en materia constitucional y, por otro lado, la
rigurosidad de los procesos y procedimientos aplicables en garantías
jurisdiccionales. Asimismo, el plazo para la aplicación de la reforma antes
mencionada fue de un año, aspecto que implica un riesgo referente al conocimiento
que debe tener el estudiante con base en cada una de las garantías jurisdiccionales
y control constitucional. Tomando en consideración que, de acuerdo con la malla
curricular rediseño de 8 semestres, la materia de práctica constitucional es abordada
solo en segundo semestre, tiempo en el que el estudiante inicia una etapa de
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acoplamiento y entendimiento de la amplitud de las ramas inmersas en el mundo
del derecho y su evolución.
Desde esta perspectiva conceptual, el derecho constitucional es una disciplina cuyo
estudio es fundamental para los cursantes de la carrera de Derecho. Se trata de una
rama derivada del derecho público que orienta a las demás ramas y establece las
pautas para la regulación de los diferentes procesos y procedimientos establecidos
en la estructura jurídica. En consecuencia, la práctica constitucional aborda y estudia
el conjunto de principios y reglas que determinan la organización y funcionamiento
de un Estado, así como también las instituciones, la organización territorial, los
derechos y garantías de los ciudadanos. Por tanto, el enfoque del ámbito
constitucional es proteger que los preceptos establecidos en la Constitución se
cumplan y contribuyan a asegurar una convivencia pacífica; esto quiere decir que
contribuye a la estabilidad y supervivencia del sistema democrático haciendo uso
de mecanismos que garanticen la plena vigencia de los derechos de las personas y
de la sociedad.
En relación con esta importancia, Henao et al. (2012) señalan que se trata de una
de las áreas más importantes dentro de los estudios jurídicos, esto debido a que
las demás especialidades del derecho empiezan a ser comprendidas desde el
enfoque constitucional. Del mismo modo, su relevancia se ve acompañada de la
necesidad de los actores jurídicos de robustecer su presencia en el derecho
constitucional y la internacionalización del mismo, de manera que, de la misma
forma en que se ha vuelto más próspero, también se ha vuelto más complejo, ya
que la Constitución se integra, además de la norma constitucional, también por la
jurisprudencia y las disposiciones del derecho.
Considerando la perspectiva internacional, el Tribunal Constitucional Federal de
Alemania establece que, a diferencia del derecho procesal civil, el derecho procesal
constitucional no contiene un modo general de iniciar los litigios, que a su vez estos
se desarrollan a través del principio de enumeración, que su competencia es
atribuida en razón de vulneración de derechos fundamentales, inconstitucionalidad
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de partidos políticos, conflictos constitucionales y medidas preventivas, los mismos
que ejercen jurisdicción solo en materia constitucional, por lo cual se habla de un
tribunal especializado donde su procedimiento es más riguroso e implica una mayor
comprensión (Tribunal Constitucional Federal, 2016).
En la misma línea, en países como Bolivia, en el año 2019 se posesionaron los 30
vocales que ocuparán las 22 salas especializadas en materia constitucional, las
mismas que fueron creadas con el objetivo de marcar una nueva historia en la
justicia con el propósito de que las funciones jurisdiccionales referentes a la libertad
(Justicia, 2019).
Como corolario de lo expuesto, en el marco internacional, el derecho constitucional
no solo es un pilar fundamental en la organización de los Estados, sino también un
eje que conecta los sistemas jurídicos nacionales con los estándares internacionales
de derechos humanos, democracia y Estado de derecho, donde la falta cognitiva
sobre los principios constitucionales y su aplicación práctica es un fenómeno que
trasciende fronteras, generando grandes vulneraciones de derechos, por lo que es
importante incluso conocer las fuentes formales y materiales que involucra el
derecho constitucional (Monroy, 2008).
Por consiguiente, se tiene por objetivo analizar los retos legales por falta de
comprensión práctica constitucional y su impacto en la contribución social.
MÉTODO
Se adoptó un enfoque metodológico mixto con diseño no experimental de carácter
transversal, combinando elementos cualitativos y cuantitativos para obtener una
comprensión integral del fenómeno estudiado. El alcance es descriptivo, procurando
brindar información detallada sobre la problemática sin priorizar la explicación
causal del fenómeno.
Como método teórico se empleó el analítico-sintético, que combina el análisis
detallado de componentes específicos con lantesis para comprender la totalidad
del problema. Este método resultó fundamental para definir conceptos como
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"carencia cognitiva", "derecho constitucional" y "práctica jurídica", estableciendo
bases conceptuales claras para delimitar el problema de investigación.
Se aplicó el método exegético-jurídico para la interpretación precisa de textos
legales, incluyendo la Constitución de 2008, la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, y normativa relacionada. Este método
permitió una comprensión rigurosa de la importancia curricular de la práctica
constitucional.
El método empírico se implementó a través de la observación directa, análisis de
casos reales y aplicación de instrumentos de recolección de datos. La población
estuvo conformada por estudiantes de quinto y sexto semestre de la carrera de
Derecho de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, sede Babahoyo.
La muestra fue de 41 estudiantes seleccionados de manera no probabilística por
conveniencia. Se aplicó una encuesta estructurada con 14 preguntas cerradas de
opción múltiple y una pregunta abierta, diseñada para evaluar el nivel de
conocimiento sobre derechos constitucionales y la percepción sobre la necesidad
de prácticas constitucionales en el currículo.
La recolección de datos se realizó mediante Google Forms, garantizando el
anonimato de los participantes. Los datos cuantitativos fueron procesados mediante
estadística descriptiva, mientras que las respuestas cualitativas fueron analizadas
mediante categorización temática.
RESULTADOS
Análisis del marco normativo constitucional
La investigación evidencia que Ecuador cuenta con un marco constitucional robusto
establecido en la Constitución de 2008, que define al país como Estado
constitucional de derechos y justicia. Este marco se complementa con la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que regula los
mecanismos de protección de derechos fundamentales.
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La Constitución establece un catálogo amplio de derechos clasificados en: derechos
del Buen Vivir, derechos de libertad, derechos de participación, derechos de
protección, y derechos de grupos de atención prioritaria. Sin embargo, la efectividad
de estos derechos depende significativamente de la comprensión que tengan los
operadores jurídicos sobre su aplicación práctica.
Resultados de la encuesta aplicada
El análisis de las 41 encuestas aplicadas revela datos significativos sobre la
percepción estudiantil respecto al derecho constitucional. En cuanto al nivel de
conocimiento constitucional, el 51% de estudiantes reconoce tener conocimientos
medios con dificultades para la aplicación práctica, mientras que el 29% considera
tener conocimientos altos y el 20% reconoce un nivel bajo.
Respecto a la utilidad del conocimiento constitucional, el 98% de estudiantes
considera que es útil en la vida cotidiana porque permite ejercer derechos y cumplir
deberes, evidenciando una alta valoración de la disciplina. Sin embargo, el 51%
reconoce que existe un gran desconocimiento sobre el tema entre los estudiantes,
mientras que el 49% considera que falta más aplicación práctica.
La importancia de incluir Práctica Constitucional en el currículo es reconocida por el
88% de estudiantes, quienes la consideran fundamental para conocer la
Constitución y su aplicación. Solo el 12% condiciona su importancia al enfoque
metodológico que se le dé.
En cuanto a la metodología preferida, el 71% considera que debería impartirse con
casos prácticos y análisis de situaciones reales, el 22% prefiere debates y
simulaciones de procesos constitucionales, y únicamente el 7% opta por clases
teóricas tradicionales.
Los temas considerados más importantes incluyen todos los aspectos
constitucionales de manera integral (54%), aplicación de la Constitución en casos
reales (20%), derechos y deberes ciudadanos (17%), organización del Estado (7%)
y mecanismos de control constitucional (2%).
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Propuestas curriculares
Los resultados indican que la materia debería implementarse en múltiples
semestres, con el 71% de estudiantes sugiriendo tres niveles, el 27% dos niveles,
y solo el 2% un único semestre. En cuanto al momento más apropiado, existe
consenso en los semestres intermedios, con cuarto y quinto semestre recibiendo el
22% de preferencias cada uno.
Los principales desafíos identificados incluyen la resistencia institucional al cambio
curricular (76%) y la falta de interés estudiantil (24%). Las estrategias
metodológicas más efectivas según los estudiantes son el análisis de casos reales
(51%), simulación de juicios y debates (32%), y visitas a instituciones
gubernamentales (17%).
Análisis comparativo internacional
La investigación comparativa revela que países como Alemania han establecido
tribunales constitucionales especializados con procedimientos rigurosos que
requieren mayor comprensión técnica. Bolivia implementó en 2019 salas
especializadas en materia constitucional, marcando un precedente en la
especialización jurisdiccional constitucional en la región.
DISCUSIÓN
Los resultados evidencian una clara necesidad de fortalecer la enseñanza práctica
del derecho constitucional en la formación jurídica, confirmando los postulados
teóricos desarrollados por diversos autores. La discrepancia entre el conocimiento
teórico y la capacidad de aplicación práctica identificada en el 51% de estudiantes
refleja deficiencias curriculares que requieren atención inmediata, especialmente
considerando que la Constitución ecuatoriana de 2008 estableció un Estado
constitucional de derechos que demanda mayor especialización técnica (Asamblea
Nacional, 2008).
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La alta valoración que los estudiantes otorgan al derecho constitucional (98%
considera útil su conocimiento) contrasta con su autopercepción de preparación
insuficiente, sugiriendo que existe motivación para mejorar la formación en esta
área. Esta situación coincide con lo señalado por Ronquillo-Riera et al. (2021) sobre
la necesidad de fortalecer los derechos constitucionales desde una teoría necesaria
del derecho constitucional, y se alinea con la perspectiva de Henao et al. (2017),
quienes sostienen que el derecho constitucional es una de las áreas más
importantes de los estudios jurídicos, ya que las demás especialidades se
comprenden desde el enfoque constitucional.
La preferencia estudiantil por metodologías basadas en casos reales (71%)
evidencia la importancia de conectar la teoría constitucional con situaciones
prácticas, lo que refuerza la propuesta de Cooter & Gilbert (2021) sobre la
necesidad de comprender los procesos constitucionales fundamentales como la
negociación y votación para iluminar las leyes que producen. Esta orientación
práctica es fundamental considerando que, como establece Balaguer Callejón
(2022), la constitución se configura no solo como fuente de derecho sino también
como norma que disciplina el resto de las fuentes del ordenamiento jurídico.
El marco normativo ecuatoriano, conformado por la Constitución y la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Asamblea Nacional, 2009),
requiere que los futuros operadores jurídicos comprendan la complejidad de los
mecanismos de protección de derechos. Como señala Reyes Mendoza (2012), el
derecho objetivo comprende desde la carta magna hasta las ordenanzas
municipales, regulando la conducta de las personas en un territorio determinado, lo
que demanda una formación integral y progresiva.
La propuesta de implementar la materia en múltiples semestres responde a la
complejidad inherente del derecho constitucional y su carácter transversal en la
formación jurídica. Como señala Martínez Dalmau (2016), la interpretación
constitucional debe garantizar la correcta aplicación de los derechos, lo que
requiere una formación sólida y progresiva que considere tanto el derecho interno
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como el internacional. Esta perspectiva se complementa con los aportes de Arrubla
Sánchez (2024), quien destaca la evolución histórica del constitucionalismo desde
Grecia y Roma hasta el constitucionalismo liberal y de posguerra, evidenciando la
complejidad acumulada de la disciplina.
La resistencia institucional identificada como principal desafío (76%) es común en
procesos de reforma curricular y requiere estrategias de gestión del cambio que
involucren a todos los actores educativos. La experiencia internacional, como la del
Tribunal Constitucional Federal de Alemania (2016), demuestra que la
especialización en materia constitucional requiere procedimientos más rigurosos e
implica mayor comprensión técnica. Similarmente, la experiencia boliviana de 2019
con la creación de salas especializadas (Justicia, 2019) evidencia una tendencia
regional hacia la especialización constitucional que Ecuador debe considerar.
Los hallazgos sobre la consulta popular de 2024 propuesta por el gobierno
ecuatoriano (Secretaría General de Comunicaciones, 2024) refuerzan la urgencia de
esta formación especializada, ya que las modificaciones en la jurisdicción
constitucional requerirán profesionales mejor preparados. Como establece Cevallos
Gorozabel & Castillo Cevallos (2019), el derecho constitucional ecuatoriano ha
evolucionado desde el Estatuto de 1978 hasta la Constitución de 2008,
fortaleciendo la diferencia entre derechos fundamentales y constitucionales, lo que
demanda una comprensión más profunda de los operadores jurídicos.
La integración del derecho internacional como fuente del derecho constitucional,
según lo analizado por Monroy (2008), añade otra dimensión de complejidad que
justifica la necesidad de una formación práctica más robusta. La pirámide normativa
de Kelsen (2025) establece la jerarquía constitucional que los estudiantes deben
comprender no solo teóricamente sino en su aplicación práctica, lo que refuerza la
necesidad de las reformas curriculares propuestas.
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CONCLUSION
El derecho constitucional constituye una disciplina fundamental en la formación
jurídica que requiere una aproximación práctica para garantizar la preparación
efectiva de futuros profesionales del derecho. La investigación demuestra que existe
una brecha significativa entre el conocimiento teórico y la capacidad de aplicación
práctica entre los estudiantes de derecho.
La incorporación de módulos prácticos de Derecho Constitucional en el currículo
académico es esencial para formar profesionales competentes capaces de aplicar
los principios constitucionales en el ejercicio de sus funciones. Esta necesidad se
fundamenta en la complejidad creciente del derecho constitucional y su rol
orientador de las demás disciplinas jurídicas.
La metodología de enseñanza debe priorizarse en el análisis de casos reales y
situaciones prácticas que permitan a los estudiantes comprender la aplicación
efectiva de los principios constitucionales. La implementación debe realizarse de
manera progresiva a lo largo de múltiples semestres para garantizar una formación
integral.
Los principales desafíos para la implementación incluyen la resistencia institucional
al cambio curricular y la necesidad de capacitar docentes especializados en la
materia. Estos obstáculos requieren estrategias institucionales coordinated que
involucren a todos los actores del proceso educativo.
La formación práctica en derecho constitucional contribuirá significativamente al
fortalecimiento del Estado democrático, garantizando que los futuros operadores
jurídicos cuenten con las competencias necesarias para proteger los derechos
ciudadanos y aplicar efectivamente los principios constitucionales.
La experiencia internacional evidencia la importancia de la especialización en
materia constitucional, tendencia que Ecuador debe considerar en sus reformas
educativas y judiciales. La creación de judicaturas especializadas propuesta en la
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consulta popular de 2024 refuerza la necesidad de formar profesionales con sólida
preparación constitucional.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A UNIANDES.
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