Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 4(Especial), 373-385, 2025
https://doi.org/10.62574/7crd3k30
373
Ausencia de sanción al prevaricato y su incidencia en delitos contra tutela
judicial efectiva
Absence of penalties for malfeasance and its impact on crimes against
effective judicial protection
José Milton Jiménez-Montenegro
ur.josejimenez@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Riobamba, Chimborazo, Ecuador
https://orcid.org/0000-0003-2395-9663
Elvis Adrián Jiménez-Iglesias
elvisji60@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Riobamba, Chimborazo, Ecuador
https://orcid.org/0009-0009-5675-4200
Janneth Ximena Iglesias-Quintana
ur.jannetiglesias@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Riobamba, Chimborazo, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-7861-4676
RESUMEN
Se tiene por objetivo analizar la ausencia de sanción al prevaricato y su incidencia en delitos contra
tutela judicial efectiva. Se empleó una metodología jurídica de enfoque mixto, utilizando análisis
documental, hermenéutico y comparativo de normativas, jurisprudencia y estadísticas judiciales. La
investigación evidencia que el prevaricato, tipificado en los artículos 268 y 269 del Código Orgánico
Integral Penal, se ha convertido en una figura inoperante debido a la influencia política, corrupción
y falta de mecanismos efectivos de sanción. La impunidad en casos de prevaricato ha erosionado la
confianza ciudadana en el sistema judicial, requiriéndose reformas legislativas que endurezcan las
penas y fortalezcan los organismos de control para garantizar la seguridad jurídica.
Descriptores: prevaricato; tutela judicial efectiva; corrupción judicial. (Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The objective is to analyse the absence of penalties for malfeasance and its impact on crimes against
effective judicial protection. A mixed legal methodology was used, employing documentary,
hermeneutic and comparative analysis of regulations, case law and judicial statistics. The research
shows that malfeasance, defined in Articles 268 and 269 of the Comprehensive Organic Criminal
Code, has become ineffective due to political influence, corruption and the lack of effective
punishment mechanisms. Impunity in cases of malfeasance has eroded public confidence in the
judicial system, requiring legislative reforms to toughen penalties and strengthen control bodies to
ensure legal certainty.
Descriptors: prevarication; effective judicial protection; judicial corruption. (Source: UNESCO
Thesaurus).
Recibido: 05/07/2025. Revisado: 19/07/2025. Aprobado: 27/07/2025. Publicado: 08/08/2025.
Sección artículos de investigación
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Ausencia de sanción al prevaricato y su incidencia en delitos contra tutela judicial efectiva
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INTRODUCCIÓN
Con el trabajo a desarrollarse buscaremos conseguir un amplio y suficiente
contenido histórico, la relación del origen del prevaricato para ser tratado y
vinculado al Derecho, al Estado, los Jueces en este gran campo de la aplicación de
la norma jurídica establecida, porque se dan las violaciones a ley expresa, que
aspectos o circunstancias los lleva a los jueces a cometer el delito de prevaricato,
son errores humanos o existe influencia de tercer que los obligan actuar de espaldas
a la ley, como confiar en quienes tienen la obligación y el deber moral de actuar con
la verdad y la justicia protegiendo los derechos de las partes procesales en base a
las pruebas y los hechos presentados en los procesos.
Considerar los diferentes criterios de estudiosos del delito, considerando los puntos
de vista según las concepciones desde el ámbito jurídico, político y social, la
incidencia que tienen en la responsabilidad y credibilidad del Estado para garantizar
a los ciudadanos, con el ordenamiento jurídico con el cual se protege los derechos
y garantías constitucionales, la tutela judicial efectiva, el acceso a la administración
de justicia y principios supraconstitucionales orientados a los derechos humanos
fundamentales de la sociedad (Jiménez-Martínez et al. 2021).
Como consta en Código Orgánico Integral Penal el cometimiento de prevaricato por
algunos actores en el accionar de la justicia, nos centraremos en el Art. 268, en
donde se refiere específicamente al actuar de los jueces o árbitros quienes les asiste
la responsabilidad de emitir los fallos o sentencias y cometan violación a ley expresa
perjudicando a una de las partes y favoreciendo a la otra parte. El Art. en mención
textualmente manifiesta: “Art. 268.- Prevaricato de las o los jueces o árbitros.- Las
o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional; las o los árbitros en derecho que
fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley
expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la
sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las
partes como abogadas o abogados, procuradoras o procuradores, serán
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sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Se impondrá
además la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por seis meses”.
En los últimos tiempos se ha cometido la violación a ley expresa convirtiéndose en
algo cotidiano, algo normal al momento de emitir los fallos, no se aplica esta figura
por el marcado índice de corrupción en la institución judicial, existiendo más bien
garantías para los operadores de justicia, habla de una sanción tan indeleble en el
caso que se llegara a violentar ley expresa por prevaricato; en cuanto a la sanción
debería reformarse, según la gravedad de la infracción cometida por los jueces o
árbitros, la pena debe ser la más alta del delito que se persigue y sin ningún
beneficio de la misma ley, de esta manera se trataría de frenar de alguna forma en
los excesos del cometimiento del prevaricato. (Atienza, 2001)
Por consiguiente, se tiene por objetivo analizar la ausencia de sanción al prevaricato
y su incidencia en delitos contra tutela judicial efectiva.
MÉTODO
Se adoptó un enfoque metodológico mixto de carácter jurídico-social, combinando
análisis cualitativos y cuantitativos para abordar la problemática del prevaricato
desde múltiples perspectivas. El diseño metodológico se estructuró en tres fases
complementarias que permitieron una comprensión integral del fenómeno
estudiado.
En la primera fase se implementó el método hermenéutico-jurídico para el análisis
documental de la normativa vigente, incluyendo el Código Orgánico Integral Penal,
jurisprudencia nacional e internacional, y doctrina especializada en derecho penal y
procesal. Esta fase contempló la revisión sistemática de resoluciones judiciales y
dictámenes fiscales emitidos entre 2008 y 2024, identificando patrones de
aplicación normativa y casos de presunto prevaricato.
La segunda fase utilizó el método histórico-lógico para examinar la evolución del
delito de prevaricato en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, analizando los
antecedentes legislativos, las reformas normativas y su impacto en la práctica
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judicial. Se realizó un análisis comparativo con legislaciones de países de la región
que han implementado mecanismos efectivos de control del prevaricato.
La tercera fase empleó técnicas de análisis de contenido para evaluar informes
institucionales del Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y
organismos de control, identificando estadísticas sobre investigaciones iniciadas,
procesos concluidos y sanciones efectivamente aplicadas por prevaricato. Se
complementó con el análisis de estudios de percepción ciudadana sobre la
administración de justicia.
El universo de estudio comprendió la normativa penal ecuatoriana vigente,
resoluciones judiciales de todas las instancias, y documentos oficiales de
instituciones del sistema de justicia. La muestra se delimitó a casos representativos
de presunto prevaricato documentados en fuentes oficiales durante el período
2008-2024.
RESULTADOS
La Importancia y Responsabilidad Penal de los Jueces en un Estado Democrático
La importancia y responsabilidad penal que se deriva de los jueces, especialmente
en un estado democrático como el nuestro, donde el ordenamiento jurídico y el
derecho son garantistas del cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, en
concordancia con los fiscales, son parte importante de un estado de derecho. La
conformación de este, compuesto por las funciones del estado como el ejecutivo,
legislativo y judicial, desempeña una función antagónica; esto es, que cada uno de
ellos debe actuar por separado, cumpliendo su rol asignado en la proyección del
desarrollo de las sociedades en un país de características democráticas (Bernal
Pulido, 2007).
Se ha mencionado constantemente sobre la independencia de la función judicial, en
relación de los jueces con la ley, la responsabilidad que deben considerar al
cumplimiento de la norma establecida en garantía del accionar en favor de los
ciudadanos de un estado democrático. La confianza y seguridad que deben impartir
en el cumplimiento de sus funciones se han convertido como parte estructural de la
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función judicial y del estado. En sus manos está el reconocimiento del derecho de
las partes con sus limitaciones, al alejarse del incumplimiento y violación al delito
de prevaricato que cometen los jueces y fiscales en el cumplimiento de sus funciones
como garantistas del derecho de los justiciables. El papel que cumplen los jueces
en la operatividad y jurisdiccional en el marco de lo que significa la función judicial
(Delgado Alarcón & Becerra Barrantes, 2024).
El usuario del sistema judicial en un país como el nuestro se formula una percepción
al momento de la aplicación de la ley tanto por el juez como por los fiscales. Sobre
todo en los últimos tiempos, las decisiones emanadas de los actores judiciales han
creado un estereotipo de incumplimiento e irresponsabilidad de un gran grupo de
jueces y fiscales, convirtiéndose en un cúmulo de corrupción y violación a la ley
expresa, deteriorando la seguridad y confianza de los ciudadanos al momento de
hacer uso de la justicia violentada por las conductas inadecuadas en las que ha
incurrido un gran grupo de estas personas. La comunidad ha exigido que estas
personas se conviertan en un ejemplo, de un vasto conocimiento, que sean probos
en su accionar, lo que se entiende que son conocedores del derecho. La actuación
en contrario se consideraría como el abuso del poder, lo que se convierte en
imputable a los jueces deteriorando su autoridad (Jiménez-Martínez et al. 2021).
El Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano
Para realizar un análisis del delito de prevaricato debemos considerar la definición
que nos permitirá tener un conocimiento más profundo considerando diversos
modelos legislativos. Según diversas legislaciones consideran a este delito
históricamente como la aplicación perversa del derecho reconocido en legislaciones
europeas. Lo presentan como una resolución injusta como el retardo malicioso de
la causa. Encontramos dos formas del hecho punible: la primera cuando el juez actúa
con dolo, y segundo cuando el juez fue imprudente en favor o en contra de una de
las partes. El derecho penal suizo lo cataloga como el abuso de la autoridad pública;
el derecho francés lo define como ordenar o cumplir arbitrariamente un acto que
atenta en contra de la libertad de las personas; Italia lo reconoce como un delito de
corrupción y abuso del poder en un proceso para favorecer a una de las partes y
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perjudicar a la otra, incluso en los procesos civiles, penales y administrativos (Fiallos
Paredes, 2009).
Es importante analizar este delito desde dos puntos de vista: el prevaricato deforma
el sentido de la norma en la aplicación incongruente del juez con la presunción de
conocer el derecho, o que conozca que esta norma es inaplicable al momento de
resolver. Según Binding manifiesta que el prevaricato es:
Toda aplicación torcida, o arbitraria podríamos agregar, del derecho, consiste en
una falsa subsunción de los hechos juzgados bajo el derecho objetivo, lo que puede
tener lugar por una consciente ponderación falsa de los resultados de la prueba,
por una interpretación falsa de las normas aplicables o por la subsunción de los
hechos bajo una norma no aplicable o inexistente, lo que lleva consigo una falsa
interpretación de la norma.
Según la apreciación de este autor está orientado a la conducta del juez que está
intencionada deliberadamente a infringir la ley perjudicando a una de las partes y
favoreciendo a la otra, actuando en forma adversa a lo que dispone la ley expresa
(Cuenca Tayupanta, 2019).
Es reprochable la conducta de los jueces que están ligados a una conducta
delictuosa al momento de resolver en los procesos en el caso de los jueces y
presentar un dictamen en el caso de los fiscales. En nuestro país, en los últimos
quince años se ha pisoteado la norma jurídica por la intervención deliberada tanto
de los jueces como de los fiscales, actuaciones que deben sancionarse con el rigor
de la ley para dejar un precedente a quien pone en detrimento la garantía de la
justicia, la que debe actuar con todos los principios judiciales, garantizada por una
imparcialidad y una correcta aplicación de estos principios de justicia manifestando
seguridad y confianza de los usuarios del sistema judicial de nuestro país (Corte
Nacional de Justicia, 2019).
Para una mejor comprensión de la tipología de este delito en sus diferentes formas
es necesario detallar de una manera más profunda así:
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a) Desacato a la Ley en Vigencia
Significa que cuando hay una ley en vigencia el juez o fiscal actúa contraviniendo la
disposición legal emanada de los órganos de control, lo que genera una
contradicción entre lo que está establecido y la resolución tomada sin conocimiento
jurídico (Fernández, 2014).
b) Cita de Pruebas Inexistentes o Hechos Falsos
Una de las formas más utilizadas es la falsificación de documentos con el objeto de
probar el hecho cometido, lo que se convierte en una falta grave ante la ley y ante
la moral deontológica. Estos fallos no deben incurrir ante los hechos dentro de un
proceso, lo que llevaría a una investigación por la autoridad competente denunciado
por la parte que ha sido perjudicada, y ser sancionados (Carro González, 2013).
c) Se Apoyan en Leyes Supuestas o Derogadas
Considerar leyes que ya no son vigentes, lo que puede ser por desconocimiento o
por mera aplicabilidad, lo que originaría el cometimiento del prevaricato. Por lo que
no deberían estar exentas en la ley ecuatoriana, debe sancionarse aun cuando el
juez ya haya pasado a ser un sujeto pasivo (García, 2020).
Haciendo un análisis de cómo se ejerce y qué autoridad debe realizar la aplicación
de la sanción a quienes violentan la norma jurídica expresa, encontramos que existe
una gran disputa entre los organismos rectores de la función judicial. No hay una
especificación normativa clara de quién debe sancionar a las autoridades que caen
en este tipo de delito o cometen el prevaricato, por lo que en los últimos tiempos
no ha existido sanciones severas que dejen un precedente a los presentes y futuros
funcionarios judiciales. Es prioridad realizar una estructura y reorganización de
organismos e instituciones sean encargadas de dar cumplimiento a las sanciones
de prevaricato (Benavides, 2022).
DISCUSIÓN
Para comprender y tener un conocimiento claro de lo que significa el prevaricato,
se realiza un análisis sobre la actuación de los jueces y fiscales en la correcta
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aplicación y funcionamiento de la justicia. Para ello, se citan algunos principios a los
cuales deben acogerse los encargados de impartir justicia, utilizando la
imparcialidad y la correcta aplicación de las leyes, evitando ser tentados por el
cometimiento del delito. Su actuación debe estar apegada a la ética y moralidad,
como lo manifiestan los principios de justicia y equidad. Existen diferentes formas
del delito de prevaricato, entre las cuales se citan:
Formas del Delito de Prevaricato
a) Aplicación de leyes no vigentes. La vigencia de la ley al momento de aplicarse
debe estar tanto en el tiempo como en el espacio. No cabe aplicar una norma o ley
que no se encuentre en vigencia, de lo contrario se violaría la disposición emanada
de las autoridades competentes, amparadas por los organismos de control
competentes (Gonzabay Tumbaco & Pincay Pilozo, 2024).
b) Falsificación de pruebas y documentos. En el afán de querer favorecer a una de
las partes, se citan pruebas inexistentes, se consideran hechos falsos, y lo que sería
más grave, se forjan documentos a través de la falsificación de los mismos. Con
todas estas actuaciones se comete una falta grave ante la ley expresa y la moralidad
pública, lo que conlleva la denuncia de quien se siente perjudicado y se inician las
respectivas investigaciones por los organismos competentes (Corte Nacional de
Justicia, 2022).
c) Citación de leyes inexistentes o derogadas. Al momento de resolver se consideran
leyes inexistentes o que ya se encuentran derogadas. Cuando un juez o fiscal
premeditadamente cita leyes que ya se encuentran derogadas —esto es, que ya no
pueden ser aplicadas en el tiempo ni en el espacio—, está cometiendo prevaricato
intencional por muchas razones, sea por soborno o cohecho. También puede darse
el caso de amenazas en contra de la autoridad o miembros de su familia; sin
embargo, esto no justifica el cometimiento del prevaricato. Muchos de ellos han
renunciado a sus cargos. Es lamentable que en Ecuador haya sido muy fácil caer en
este tipo de corrupción por la admisión de las primeras autoridades que permitieron
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que la violencia y la narcoviolencia se apoderaran de casi todas las instituciones del
país (Corte Constitucional del Ecuador, 2021).
Marco legal actual y propuesta de reforma
Normativa Vigente
Artículo 268. Prevaricato de las o los jueces o árbitros. Las o los miembros de la
carrera judicial jurisdiccional; las o los árbitros en derecho que fallen contra ley
expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo
lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas
o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogadas o
abogados, procuradoras o procuradores, serán sancionados con pena privativa de
libertad de tres a cinco años. Se impondrá además la inhabilitación para el ejercicio
de la profesión u oficio por seis meses (Registro Oficial, 2014).
Propuesta de Reforma
Del análisis realizado en esta investigación, es necesario reformar el presente
artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal. Como propuesta a esta reforma se
presenta la siguiente:
Artículo 268. Prevaricato de las o los jueces o árbitros. Las o los miembros de la
carrera judicial jurisdiccional; las o los árbitros en derecho que fallen en contra de
ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la
sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las
partes como abogadas o abogados, procuradoras o procuradores, serán
sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años en delitos menores.
En delitos más graves se impondrá la pena más alta de la cual sea sancionado el
tipo de delito. Se impondrá además la inhabilitación para el ejercicio de la profesión
u oficio por dos años. Se prohíbe definitivamente ocupar cargos en el servicio
público en todos sus ámbitos.
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Justificación de la Reforma
De esta forma se dejará un precedente ejemplar para las autoridades en funciones
y los futuros profesionales que llegaren a ocupar estos cargos. Únicamente de esta
manera se puede reprimir esta corrupción, y para cometerla deberán pensar muy
detenidamente. Se necesita la voluntad política y patriótica de quienes deben
realizar estas reformas, contando con el cincuenta por ciento de los miembros de la
Asamblea Nacional, que deben ser abogados probos, honestos y éticos en sus
actuaciones. De esta manera se recuperará la confianza y seguridad jurídica en los
ciudadanos para el uso de las instituciones encargadas de impartir justicia y de
sentenciar de acuerdo con la ley.
El Estado debe convertirse en el modelo promotor y controlador mediante la
asignación de diferentes autoridades, toda vez que el delito de prevaricato está
relacionado con la mala intención de las autoridades de turno que atentan contra
la parte judicial, de gobierno y administrativa, convirtiéndose en una decisión injusta
en donde se incluye la carga dolosa de los hechos.
CONCLUSION
El prevaricato en Ecuador se ha convertido en una figura jurídica inoperante debido
a múltiples factores estructurales que incluyen deficiencias en los mecanismos de
control, influencia política y falta de voluntad institucional para aplicar sanciones
efectivas. Esta situación ha generado un impacto negativo directo en la tutela
judicial efectiva, erosionando la confianza ciudadana y debilitando el Estado de
derecho.
La ausencia de sanciones ejemplares ha creado un clima de impunidad que favorece
la perpetuación de conductas irregulares en el sistema judicial. La percepción
ciudadana de corrupción y arbitrariedad evidencia la necesidad urgente de reformas
estructurales que restituyan la credibilidad institucional.
Se requiere una reforma integral del marco normativo que incluya el endurecimiento
de las penas, la ampliación de las inhabilitaciones profesionales y la prohibición
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definitiva del ejercicio de funciones públicas para casos graves de prevaricato. Esta
reforma debe complementarse con el fortalecimiento de los organismos de control
y la implementación de mecanismos efectivos de transparencia.
La experiencia comparada demuestra que el control efectivo del prevaricato requiere
de organismos especializados con autonomía funcional y presupuestaria, criterios
técnicos precisos para la investigación, y sistemas de monitoreo continuo que
permitan la identificación temprana de irregularidades.
Es fundamental promover una cultura ética en el ámbito judicial a través de
programas de capacitación continua, códigos de conducta más estrictos y sistemas
de incentivos que reconozcan la probidad y el apego a la legalidad de los
operadores judiciales.
La participación activa de la sociedad civil en el control ciudadano del sistema
judicial constituye un elemento clave para la prevención del prevaricato y el
fortalecimiento de la democracia. La implementación de observatorios judiciales
independientes y plataformas de denuncia ciudadana puede contribuir
significativamente a la transparencia del sistema.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A UNIANDES.
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[The Criminal Code, concorded and
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