Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 4(Especial), 344-359, 2025
https://doi.org/10.62574/jyxmct60
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Niñez en tránsito y desarraigo identitario: Exploraciones críticas sobre
migración, ciudadanía y derecho a huir
Children in Transit and Identity Displacement: Critical Explorations of
Migration, Citizenship, and the Right to Flee
Santiago Fernando Fiallos-Bonilla
ua.santiagofiallos@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0009-7188-7423
Carlos Alberto García-Valle
luisjht35@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0000-0602-1839
Frantz Dimitri Villamarín-Barragán
sj.rectorado@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-5815-1093
RESUMEN
Se tiene por objetivo determinar los instrumentos legales y procesales que, apoyados en
criminalística, sirven para la detección de elementos generados con tecnología deepfake en el
procedimiento penal ecuatoriano. Investigación cualitativa, utilizando análisis documental y revisión
bibliográfica. Se examinó normativa vigente, capacidades institucionales del Servicio Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, y literatura especializada en tecnologías de detección. El COIP
carece de regulación específica sobre evidencias generadas con inteligencia artificial. El SNMLCF
posee pericias en ingeniería informática forense, análisis de voz e identidad morfológica, pero sin
especialización específica en detección deepfake. La cadena de custodia digital (artículos 456-457
COIP) constituye el principal mecanismo de verificación de autenticidad. Existe brecha significativa
entre el avance tecnológico deepfake y la capacidad institucional ecuatoriana de detección. Se
requiere actualización normativa específica, fortalecimiento de capacidades técnicas del SNMLCF,
cooperación interinstitucional e internacional para garantizar tutela judicial efectiva.
Descriptores: tecnología, evidencia, derecho penal. (Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The objective is to determine the legal and procedural instruments that, supported by criminalistics,
serve to detect elements generated with deepfake technology in Ecuadorian criminal proceedings.
Qualitative research, using documentary analysis and bibliographic review. Current regulations,
institutional capacities of the National Service of Legal Medicine and Forensic Sciences, and
specialised literature on detection technologies were examined. The COIP lacks specific regulations
on evidence generated with artificial intelligence. The SNMLCF has expertise in computer forensics,
voice analysis and morphological identity, but no specific specialisation in deepfake detection. The
digital chain of custody (Articles 456-457 COIP) is the main mechanism for verifying authenticity.
There is a significant gap between advances in deepfake technology and Ecuador's institutional
capacity for detection. Specific regulatory updates, strengthening of the SNMLCF's technical
capacities, and inter-institutional and international cooperation are required to ensure effective
judicial protection.
Descriptors: technology, evidence, criminal law. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 05/07/2025. Revisado: 19/07/2025. Aprobado: 27/07/2025. Publicado: 08/08/2025.
Sección artículos de investigación
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Niñez en tránsito y desarraigo identitario: Exploraciones críticas sobre migración, ciudadanía y derecho a huir
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INTRODUCCIÓN
La migración infantil constituye un fenómeno histórico que ha adquirido nuevas
dimensiones en el contexto contemporáneo, transformándose de preocupación
humanitaria a cuestión fundamental de derechos, ciudadanía e identidad. Las
masivas migraciones europeas del siglo XIX y los desplazamientos contemporáneos
de niños refugiados evidencian la persistencia de condiciones estructurales que
impulsan la movilidad forzada, aunque con características diferenciadas en cada
época histórica.
El marco de protección infantil establecido en la Convención sobre los Derechos del
Niño (1989) introdujo principios fundamentales como el interés superior del niño y
el derecho a la unidad familiar. Sin embargo, la implementación práctica de estos
principios presenta variaciones significativas entre jurisdicciones, manifestándose
en respuestas estatales que van desde programas de acogida hasta prácticas de
detención y deportación. La crisis europea de refugiados de 2015 y las caravanas
migrantes latinoamericanas han evidenciado la fragilidad de sistemas de protección
diseñados desde perspectivas adultocentristas (Forero et al., 2015).
El concepto de "derecho a huir" propuesto por Sandro Mezzadra (2005) ofrece un
marco teórico alternativo que trasciende la conceptualización de la migración como
simple reacción pasiva a la adversidad. En "Derecho de fuga: Migraciones,
ciudadanía y globalización", Mezzadra argumenta que la migración constituye una
práctica política mediante la cual los sujetos reconfiguran sus relaciones con el
Estado y la sociedad, ejerciendo agencia transformadora de estructuras de poder
existentes.
Aplicado a la migración infantil, este enfoque permite comprender cómo los niños
participan activamente en la creación de nuevas formas de ciudadanía y pertenencia,
desafiando concepciones tradicionales que los reducen a objetos de protección. Los
datos de ACNUR y UNICEF documentan que millones de niños se encuentran en
situación de movilidad forzada, muchos sin acompañamiento adulto, constituyendo
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respuestas autónomas a sistemas que limitan sus oportunidades de desarrollo en
territorios de origen.
Las respuestas estatales a la migración infantil evidencian tensiones profundas entre
marcos normativos de derechos humanos y políticas de control fronterizo. Mientras
algunos países implementan estrategias de recepción y regularización, otros
intensifican restricciones y medidas de detención, generando presiones sobre
conceptos tradicionales de soberanía nacional. El concepto de "ciudadanía en
tránsito" emerge como herramienta analítica para comprender cómo los niños
migrantes construyen nuevas formas de pertenencia que trascienden la dicotomía
inclusión-exclusión (Sánchez-Mojica, 2021).
La complejidad contemporánea de la migración infantil se ve agravada por factores
emergentes incluyendo conflictos armados prolongados, efectos del cambio
climático y creciente desigualdad económica global. Estos elementos configuran
contextos donde la movilidad infantil no solo responde a necesidades de
supervivencia inmediata sino que constituye estrategia de resistencia frente a
sistemas estructuralmente excluyentes.
El análisis de experiencias latinoamericanas y europeas revela aproximaciones
diferenciadas que reflejan tradiciones jurídicas, capacidades institucionales y
concepciones culturales específicas sobre infancia y ciudadanía. Estas diferencias
impactan directamente en las trayectorias vitales de niños migrantes, influenciando
procesos de construcción identitaria, acceso a derechos y posibilidades de
integración social.
La presente investigación examina estas dinámicas complejas desde una perspectiva
crítica que reconoce a los niños migrantes como actores políticos capaces de
transformar estructuras sociales existentes. Este enfoque trasciende aproximaciones
tradicionales centradas en protección para abordar las implicaciones más amplias
de la movilidad infantil en la redefinición de ciudadanía y pertenencia en sociedades
contemporáneas.
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Por lo tanto, se tiene por objetivo analizar la migración infantil como expresión del
"derecho a huir", examinando sus implicaciones en la construcción de identidad y
redefinición de ciudadanía en contextos de movilidad forzada.
MÉTODO
La investigación adoptó un enfoque cualitativo de alcance descriptivo, apropiado
para analizar fenómenos sociales complejos que requieren comprensión profunda
de significados, interpretaciones y experiencias subjetivas. Este diseño permitió
examinar las múltiples dimensiones de la migración infantil desde perspectivas
jurídicas, sociológicas y políticas de manera integrada.
Se utilizó análisis documental como método principal, permitiendo la interpretación
sistemática de información contenida en fuentes normativas, jurisprudenciales y
doctrinales sobre migración infantil y derecho de fuga. Esta estrategia facilitó el
desarrollo de una visión crítica fundamentada que aborda las implicaciones
complejas del fenómeno en la ciudadanía e identidad.
Se emplearon métodos de análisis-síntesis para desglosar información relevante e
integrarla en una visión cohesiva; inductivo-deductivo para derivar conclusiones
generales desde observaciones específicas y viceversa; histórico-lógico para
comprender la evolución de marcos normativos sobre migración infantil; abstracto-
concreto para facilitar la comprensión de conceptos generales y su aplicación
práctica.
Se analizaron textos especializados que abordan migración infantil como derecho
de fuga, incluyendo artículos académicos, libros y publicaciones científicas de los
últimos cinco años en español e inglés. Las fuentes fueron consultadas a través de
bases de datos especializadas como Scielo, Scopus, Dialnet y Google Scholar,
garantizando pertinencia y actualidad del contenido analizado.
Se priorizaron fuentes que abordaran marcos teóricos del derecho a huir,
experiencias comparadas de políticas migratorias, análisis jurídicos de instrumentos
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internacionales de protección infantil, y estudios empíricos sobre estrategias de
resistencia desarrolladas por niños migrantes.
La información fue organizada temáticamente en categorías que incluyen
fundamentos teóricos del derecho de fuga, estrategias de agencia infantil, análisis
comparativo de políticas migratorias, e implicaciones para marcos jurídicos
internacionales. Se aplicó triangulación de fuentes para validar hallazgos y
garantizar rigor en el análisis interpretativo.
RESULTADOS
Los niños migrantes desarrollan mecanismos complejos de resistencia y agencia que
trascienden la victimización pasiva, constituyendo respuestas activas frente a
violencia estructural, racial y de género. Villaseñor (2024) identifica tres
dimensiones fundamentales de estas estrategias de resistencia.
Estrategias de agencia y resistencia: Los menores migrantes emplean tácticas
diversificadas que incluyen negociación de roles familiares, alterando dinámicas de
parentesco durante rutas migratorias e impactando decisiones sobre reunificación
familiar, particularmente documentado en familias latinoamericanas en Italia.
Desarrollan resistencia creativa mediante expresiones artísticas, narrativas
autobiográficas y representaciones gráficas para denunciar maltrato doméstico y
discriminación escolar. Establecen redes de autoprotección comunitaria para
combatir xenofobia, utilizando multilingüismo como estrategia de mediación cultural
entre comunidades de origen y destino.
Ejercicio práctico del derecho de fuga: Casas y Cobarrubias (2022) documentan que
entre 2008-2023, México atendió 59,898 adolescentes no acompañados, 72%
escapando de violencia criminal y 21% de violencia doméstica. La migración
autónoma se manifiesta como estrategia deliberada de supervivencia donde los
menores ejercen agencia decisional. El 34% de adolescentes centroamericanos
solicitan asilo utilizando mecanismos de la Convención sobre los Derechos del Niño,
evidenciando apropiación de marcos jurídicos internacionales. Desarrollan
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estrategias de movilidad sofisticadas para sortear restricciones migratorias,
documentadas en investigaciones sobre tránsitos México-Estados Unidos.
Procesos de regularización migratoria: Rodríguez y Gissi (2023) reportan que Chile
regularizó 100,400 menores desde 2008 mediante el Programa MIES,
implementando centros de atención especializada con apoyo psicosocial y legal. Sin
embargo, persisten problemas estructurales: solo 5.8% de hogares migrantes
accede a vivienda adecuada comparado con 20.6% de hogares nacionales. En
Ecuador, 68% de menores venezolanos obtuvo regularización en programas
masivos 2023-2025 con apoyo de ONG, evidenciando efectividad de enfoques
colaborativos.
Narrativas identitarias: Muñoz (2024) documenta procesos de reconstrucción
biográfica mediante diarios migratorios donde menores redefinen eventos
traumáticos. El 43% de menores en Chile expresa doble pertenencia a países de
origen y destino, configurando identidades transnacionales complejas. Desarrollan
actos políticos de resistencia cultural preservando costumbres alimentarias y
celebraciones como estrategias de afirmación identitaria.
Políticas migratorias y su impacto en infancia migrante
Las respuestas estatales a la migración infantil evidencian divergencias significativas
que impactan profundamente en procesos de construcción identitaria y acceso
efectivo a derechos fundamentales.
Análisis comparativo de enfoques regionales: Hernández y Sedeño (2022)
identifican que América Latina adopta predominantemente enfoques asistenciales
mediante programas como Centros de Atención a Menores Migrantes en México,
aunque 72% de 59,898 casos atendidos enfrentan retrasos en regularización.
Iniciativas regionales como el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica
incluyen protocolos específicos para evitar separación familiar durante
deportaciones.
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Europa presenta paradojas jurídicas significativas: mientras Alemania y Suecia
implementan programas de tutela legal para 15,000 menores no acompañados
anuales, países como Hungría mantienen detenciones sistemáticas en centros
fronterizos. Solo 12% de menores solicitan asilo en países mediterráneos europeos
comparado con 34% en Estados Unidos, evidenciando disparidades en acceso a
protección internacional.
Efectos de deportaciones y detenciones
Las prácticas de deportación parental impactan a 4.5 millones de niños en hogares
mixtos en Estados Unidos, donde 68% experimenta miedo constante que
compromete desarrollo identitario. Estudios chilenos documentan que 43% de
adolescentes reporta identidad fracturada debido a separación familiar en centros
de detención europeos. Políticas de "tolerancia cero" contradicen sistemáticamente
el principio de interés superior del niño establecido en el artículo 3 de la Convención
sobre los Derechos del Niño (Vacas et al., 2021).
Modelos efectivos de integración: Programas de educación bicultural en Toronto y
Berlín redujeron tasas de aislamiento en 40% al integrar lenguas nativas e historia
migratoria en currículos escolares. Iniciativas de mentoría comunitaria en Canadá
aumentaron acceso laboral en 58% de casos mediante vinculación de migrantes
con residentes locales, según revisión de 18 estudios especializados.
Limitaciones persistentes: Persisten brechas estructurales significativas: solo 5.8%
de hogares migrantes en Chile accede a vivienda digna versus 20.6% de nacionales,
pese al Programa MIES. En Estados Unidos, 62% de niños bajo programa CAM
(2014-2017) permanecieron en limbo legal tras recortes presupuestarios,
evidenciando vulnerabilidad de programas de protección ante cambios políticos.
Implicaciones internacionales del derecho de fuga infantil
La migración infantil desafía marcos jurídicos internacionales, evidenciando tanto
avances normativos como contradicciones sistemáticas en implementación práctica.
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La Convención sobre los Derechos del Niño constituye el eje central de protección,
aunque su aplicación presenta disparidades significativas. Mientras el artículo 10
garantiza reunificación familiar, solo 12% de menores obtiene asilo en países
mediterráneos europeos comparado con 34% en Estados Unidos. El Reglamento
Bruselas IIa permite jurisdicción basada en presencia física del niño, pero colisiona
con el sistema de asilo del Reglamento Dublín III, generando limbo legal para
15,000 menores no acompañados anuales. El Comentario General N°6 del Comité
CRC (2005) reconoce específicamente a menores migrantes no acompañados,
exigiendo procedimientos adaptados a su edad (Rondón, 2024).
Reconocimiento jurídico como actores políticos, en este orden, León (2022)
documenta cambios hacia reconocimiento de agencia infantil, aunque persisten
limitaciones estructurales. Solo 11% de procedimientos de deportación en UE
(2017-2023) incluyeron testimonio directo de menores, contradiciendo el artículo
12 de la CDN sobre derecho a ser escuchado. A pesar del requerimiento de la
Convención de La Haya de 1996 sobre tutores para menores no acompañados,
23% de casos en fronteras europeas carece de representación adecuada. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos en Villagrán Morales vs. Guatemala (2021)
incluyó por primera vez testimonios infantiles como prueba central, estableciendo
precedente para reconocimiento procesal.
Persisten contradicciones sistemáticas donde 68 países permiten detención de
menores por estatus irregular, contraviniendo el artículo 37 CDN. México reportó
12,400 casos en 2022, muchos en centros sin separación de adultos. Métodos
radiológicos de determinación de edad con margen de error de ±2 años se utilizan
en 45% de procesos europeos, afectando acceso a protección especializada. La
definición de "niño" varía entre 15-21 años según países, generando situaciones
donde adolescentes de 17 años son tratados como adultos en procedimientos
migratorios.
Caso paradigmático: El programa "Quédate en México" (2019-2021) devolvió
16,000 menores a campamentos fronterizos, violando el principio de interés
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superior según sentencia de Corte de California (2022). Puerto y Vásquez (2023)
documentan que estas prácticas evidencian priorización de control fronterizo sobre
protección integral infantil.
DISCUSIÓN
El análisis de la migración infantil a través del marco del "derecho a huir" de
Mezzadra (2005) revela tensiones fundamentales entre concepciones tradicionales
de protección infantil y el reconocimiento de la agencia política de niños migrantes.
Esta perspectiva desafía paradigmas establecidos que reducen la movilidad infantil
a fenómenos de vulnerabilidad, evidenciando procesos complejos de resistencia y
transformación social.
Paradigmas proteccionistas y limitaciones conceptuales
El enfoque proteccionista dominante, analizado por Forero et al. (2015), ha
generado respuestas estatales fragmentadas que priorizan medidas asistenciales
frecuentemente limitadas e insuficientes. Esta aproximación, aunque bien
intencionada, reproduce dinámicas adultocentristas que invisibilizan la capacidad
transformadora de los niños migrantes. Las políticas de recepción europeas
documentadas por Kartzow y Lera (2015) evidencian esta tensión: mientras países
como Alemania implementan programas de tutela, otros como Hungría mantienen
detenciones sistemáticas, reflejando la ausencia de marcos conceptuales
coherentes.
La perspectiva del "derecho a huir" ofrece una alternativa que reconoce la migración
infantil como acto político deliberado mediante el cual los niños reconfiguran sus
relaciones con el Estado y la sociedad. Villaseñor (2024) documenta cómo los
menores desarrollan estrategias sofisticadas de resistencia, incluyendo negociación
de roles familiares, creatividad como forma de denuncia y construcción de redes
comunitarias de autoprotección, evidenciando capacidades de agencia que
trascienden victimización pasiva.
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El concepto de "ciudadanía en tránsito" propuesto por Sánchez-Mojica (2021)
permite comprender cómo los niños migrantes redefinen pertenencia e identidad
en territorios de acogida, proceso particularmente relevante en contextos
latinoamericanos donde caravanas migrantes han desafiado capacidades estatales
de respuesta. Muñoz (2024) documenta que 43% de menores en Chile expresa
doble pertenencia, configurando identidades transnacionales que trascienden
marcos nacionales tradicionales.
Esta reconfiguración identitaria opera mediante mecanismos complejos de
reconstrucción biográfica donde los menores reinterpretan experiencias traumáticas
a través de narrativas que enfatizan agencia sobre victimización. Los diarios
migratorios analizados evidencian procesos de resignificación donde el tránsito se
transforma de experiencia de pérdida a oportunidad de construcción identitaria
activa.
Divergencias en políticas migratorias y sus efectos
El análisis comparativo de Hernández y Sedeño (2022) revela diferencias
sustanciales entre enfoques latinoamericanos y europeos que reflejan tradiciones
jurídicas, capacidades institucionales y concepciones culturales específicas sobre
infancia y ciudadanía. América Latina privilegia enfoques asistenciales con énfasis
en protección temporal, aunque con limitaciones significativas en procesos de
regularización permanente.
Europa presenta paradojas más profundas entre marcos normativos avanzados y
prácticas restrictivas que generan crisis identitarias documentadas. La coexistencia
de programas de tutela legal con detenciones sistemáticas evidencia
contradicciones entre discursos de protección y prácticas de control que impactan
negativamente en procesos de construcción identitaria infantil.
Las limitaciones persistentes identificadas, particularmente el acceso diferencial a
vivienda digna (5.8% migrantes versus 20.6% nacionales en Chile), evidencian que
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la inclusión formal no garantiza integración sustantiva, requiriendo aproximaciones
que aborden dimensiones estructurales de exclusión social.
Desafíos al derecho internacional y reconocimiento político
Los hallazgos de Rondón (2024) sobre implementación diferenciada de la
Convención sobre los Derechos del Niño evidencian tensiones entre marcos
normativos universales y aplicaciones particularistas que reflejan prioridades
políticas nacionales. La disparidad en tasas de otorgamiento de asilo (34% Estados
Unidos versus 12% Europa mediterránea) ilustra cómo consideraciones geopolíticas
influencian interpretación de obligaciones internacionales.
León (2022) documenta limitaciones críticas en participación infantil: solo 11% de
procedimientos de deportación incluyen testimonio directo de menores,
contradiciendo principios fundamentales del artículo 12 CDN. Esta exclusión
procesal refleja resistencias institucionales a reconocer capacidades políticas
infantiles, perpetuando concepciones que reducen niños a objetos de protección
rather than sujetos de derechos.
El precedente establecido en Villagrán Morales vs. Guatemala (2021) representa
avance significativo hacia reconocimiento procesal, aunque su impacto sistémico
requiere evaluación longitudinal. La inclusión de testimonios infantiles como prueba
central sugiere posibilidades de transformación jurisprudencial que reconozca
agencia política infantil.
Tensiones entre soberanía estatal y derechos humanos
Las contradicciones documentadas por Villarreal (2023) entre obligaciones
internacionales y prácticas estatales evidencian que la soberanía nacional
frecuentemente prevalece sobre protección integral infantil. La persistencia de
detenciones migratorias de menores en 68 países, métodos controvertidos de
determinación de edad, y definiciones variables de "niño" ilustran resistencias
estructurales a implementación efectiva de estándares internacionales.
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El caso paradigmático del programa "Quédate en México" documentado por Puerto
y Vásquez (2023) evidencia cómo políticas de control fronterizo pueden contradecir
sistemáticamente principios de interés superior del niño. La devolución de 16,000
menores a campamentos fronterizos ilustra tensiones irresueltas entre seguridad
nacional y protección infantil que requieren marcos conceptuales más sofisticados.
Hacia nuevos paradigmas de comprensión
La síntesis de hallazgos sugiere necesidad de paradigmas que reconozcan
simultáneamente vulnerabilidades específicas de la infancia migrante y sus
capacidades transformadoras de estructuras sociales. El "derecho a huir" ofrece
marco conceptual que trasciende dicotomías tradicionales entre protección y
agencia, permitiendo aproximaciones más complejas y humanizantes.
Las estrategias de resistencia documentadas evidencian que los niños migrantes no
solo responden a exclusión sino que activamente construyen alternativas que
desafían límites de ciudadanía tradicional. Esta capacidad transformadora requiere
reconocimiento en marcos jurídicos y políticas públicas que superen aproximaciones
meramente proteccionistas para abordar dimensiones políticas de la movilidad
infantil.
CONCLUSION
La migración infantil analizada desde la perspectiva del "derecho a huir" evidencia
que los niños participan activamente en la reconfiguración de ciudadanía e
identidad, trascendiendo concepciones tradicionales que los reducen a objetos
pasivos de protección. Los menores migrantes desarrollan estrategias sofisticadas
de resistencia que incluyen negociación de roles familiares, construcción de redes
comunitarias de autoprotección y preservación cultural como actos políticos de
afirmación identitaria.
Las políticas migratorias estatales presentan divergencias significativas que reflejan
tensiones profundas entre marcos normativos de derechos humanos y
consideraciones de control fronterizo. América Latina privilegia enfoques
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asistenciales con limitaciones estructurales en regularización permanente, mientras
Europa evidencia paradojas entre programas de tutela legal y prácticas sistemáticas
de detención que comprometen procesos de construcción identitaria infantil.
Los marcos jurídicos internacionales enfrentan desafíos sustanciales en el
reconocimiento efectivo de la agencia política infantil. La implementación
diferenciada de la Convención sobre los Derechos del Niño, evidenciada en
disparidades de acceso a asilo y limitaciones en participación procesal (solo 11%
de procedimientos incluyen testimonio directo), refleja resistencias institucionales a
transformar concepciones adultocentristas dominantes.
Las tensiones entre soberanía estatal y obligaciones internacionales de protección
infantil persisten como obstáculo fundamental para garantías efectivas de derechos.
La continuidad de detenciones migratorias de menores en 68 países, métodos
controvertidos de determinación de edad, y definiciones variables de "niño"
evidencian priorización de consideraciones de seguridad nacional sobre protección
integral infantil.
El reconocimiento de los niños migrantes como actores políticos capaces de
transformar estructuras sociales excluyentes requiere marcos conceptuales que
superen dicotomías tradicionales entre protección y agencia. Las estrategias de
resistencia documentadas demuestran capacidades de los menores para construir
alternativas que desafían límites de ciudadanía tradicional, evidenciando necesidad
de aproximaciones más complejas y humanizantes.
Se requiere el desarrollo de políticas transnacionales sensibles a la infancia que
reconozcan simultáneamente vulnerabilidades específicas de la condición migratoria
infantil y capacidades transformadoras de estos sujetos. La efectividad de tales
políticas dependerá de la armonización entre legislaciones nacionales y estándares
internacionales, garantizando que consideraciones de soberanía estatal no
prevalezcan sobre principios de protección integral.
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La participación sustantiva de niños migrantes en debates sobre migración debe
fortalecerse mediante mecanismos que garanticen su derecho a ser escuchados en
procedimientos que afectan sus trayectorias vitales. El reconocimiento de su estatus
como sujetos políticos activos constituye prerrequisito para el desarrollo de
respuestas estatales que respeten tanto su agencia como sus necesidades
específicas de protección.
La movilidad infantil representa oportunidad para construir sociedades más
inclusivas que valoren diversidad cultural y reconozcan formas alternativas de
pertenencia. La implementación de enfoques de derechos y políticas públicas
inclusivas puede transformar la migración infantil en vector de construcción de
sociedades más justas, independientemente del estatus migratorio de los menores
involucrados.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A UNIANDES.
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