Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial Ambato), 266-271, 2024
https://doi.org/10.62574/pwwz2389
266
Política criminal en el Ecuador y la prevención del delito
Criminal policy in Ecuador and crime prevention
Geovanny Leopoldo Borja-Martínez
ua.geovannyborja@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0007-3615-2937
Camila Nicole Tenelanda-Avila
camilata10@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0006-5853-1906
Domenika Sabel Bravo-Hurtado
da.domenikadvz88@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0000-4151-5842
Viviana Lizbeht Vargas-Curipallo
vivianavc49@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0003-3876-230X
RESUMEN
En cuanto al objetivo de investigación se estructura analizar la política criminal en el Ecuador y la
prevención del delito. A través de una metodología descriptivo-documental, se revisaron fuentes
académicas y documentales que abordan temas como el impacto de las políticas públicas, la crisis
penitenciaria, los delitos contra la libertad sexual y la violencia de género. Los resultados evidencian
que, aunque existen esfuerzos por implementar estrategias preventivas, persisten limitaciones
estructurales y operativas que afectan su efectividad. Se concluye que es necesario un enfoque
integral que combine la prevención, la participación comunitaria y la protección de los derechos
ciudadanos, garantizando un equilibrio entre la seguridad pública y las garantías constitucionales.
Este análisis busca contribuir al fortalecimiento de las políticas criminales en el contexto ecuatoriano,
promoviendo un sistema de justicia más inclusivo y eficiente.
Descriptores: legislación de las comunicaciones; derecho a la justicia; derechos civiles. (Fuente:
Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The research objective is to analyse criminal policy in Ecuador and crime prevention. Using a
descriptive-documentary methodology, academic and documentary sources were reviewed that
address issues such as the impact of public policies, the prison crisis, crimes against sexual freedom,
and gender-based violence. The results show that, although efforts are being made to implement
preventive strategies, structural and operational limitations persist that affect their effectiveness. It
is concluded that a comprehensive approach is needed that combines prevention, community
participation, and the protection of citizens' rights, ensuring a balance between public safety and
constitutional guarantees. This analysis seeks to contribute to the strengthening of criminal policies
in the Ecuadorian context, promoting a more inclusive and efficient justice system.
Descriptors: communication legislation; right to justice; civil and political rights. (Source: UNESCO
Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 21/11/2024.
Sección artículos de investigación
Verdad y Derecho
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Vol. 3(Especial Ambato), 266-271, 2024
Política criminal en el Ecuador y la prevención del delito
Criminal policy in Ecuador and crime prevention
Geovanny Leopoldo Borja-Martínez
Camila Nicole Tenelanda-Avila
Domenika Sabel Bravo-Hurtado
Viviana Lizbeht Vargas-Curipallo
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INTRODUCCIÓN
En el Ecuador, la política criminal constituye un eje fundamental para enfrentar los
desafíos que plantea la criminalidad en sus diversas manifestaciones, este concepto,
estrechamente vinculado con el derecho penal, no solo busca la sanción de
conductas ilícitas, sino también la prevención de delitos mediante estrategias que
respeten los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Según
Velástegui-Mariño (2021), la política criminal del Estado ecuatoriano ha tenido un
impacto directo en los delitos contra la libertad sexual, evidenciando la necesidad
de fortalecer las herramientas normativas y operativas que permitan una respuesta
más efectiva frente a estas conductas, lo cual se pone de manifiesto que las políticas
actuales requieren ajustes para garantizar una protección integral de las víctimas y
una adecuada persecución penal.
Por su parte, Crespo-Berti (2017) sostiene que la política criminal debe estar
intrínsecamente ligada al derecho penal, ya que este último actúa como el
mecanismo jurídico que materializa las decisiones estratégicas del Estado en
materia de prevención y sanción. En este sentido, el autor enfatiza que la política
criminal no puede limitarse a la represión, sino que debe orientarse hacia la
construcción de un sistema que equilibre la seguridad pública con el respeto a los
derechos humanos, evitando excesos punitivos que puedan vulnerar las garantías
constitucionales.
Asimismo, Valdivieso & Chávez (2024) destacan que las políticas públicas deben
ser concebidas como una garantía constitucional y, al mismo tiempo, como una
herramienta estratégica para la prevención del delito, este enfoque resalta la
necesidad de diseñar políticas integrales que no solo se enfoquen en la represión
de conductas ilícitas, sino también en la creación de condiciones sociales que
reduzcan los factores criminógenos. En el contexto ecuatoriano, esto implica una
articulación efectiva entre las instituciones del sistema de justicia penal y las
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políticas sociales, con el objetivo de abordar las causas estructurales de la
criminalidad.
En cuanto al objetivo de investigación se estructura analizar la política criminal en
el Ecuador y la prevención del delito.
MÉTODO
El trabajo se abordó mediante una metodología descriptivo-documental, basado en
la revisión y análisis de 14 fuentes bibliográficas relacionadas con la política criminal
en el Ecuador. Se realizó una búsqueda sistemática de información en repositorios
académicos y bases de datos especializadas, seleccionando publicaciones
relevantes que abordaran la relación entre la política criminal, el derecho penal y la
prevención del delito, aplicándose análisis de contenido para refinamiento de la
información en la sección de resultados.
RESULTADOS
Se puede indicar que es importante señalar que la prevención del delito constituye
un eje central en las políticas criminales modernas. Según Camargo Martínez, Villa
Zura & Hurtado Lomas (2024), la implementación de métodos innovadores, como
el enfoque neutrosófico, permite diseñar estrategias más inclusivas y adaptadas a
las necesidades de las comunidades, esta perspectiva que integra múltiples
variables y perspectivas, resulta especialmente relevante en un contexto como el
ecuatoriano, donde las dinámicas sociales y culturales son diversas y complejas.
Asimismo, Égüez-Valdivieso & Durán-Chávez (2024) destacan que las políticas
públicas deben actuar como una garantía constitucional y, al mismo tiempo, como
una estrategia fundamental para prevenir el delito. En este sentido, los autores
subrayan que la prevención no solo debe enfocarse en la represión del delito, sino
también en la promoción de condiciones sociales que reduzcan los factores de
riesgo, en este sentido, Monteiro & Hidalgo (2022) abordan la prevención desde
una perspectiva específica, como el femicidio y las muertes violentas de mujeres, y
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enfatizan la necesidad de diagnósticos precisos que permitan diseñar políticas
criminales preventivas adaptadas a esta problemática.
Por otro lado, Mediavilla-Flores (2023) analiza las estrategias de política criminal
en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura, y concluye que las soluciones deben
adaptarse a las características específicas de cada región. Este resultado coincide
con las recomendaciones de Díaz-Basurto, Ronquillo-Riera, Molina-Mora & Arandia-
Zambrano (2022), quienes destacan la importancia de abordar las dinámicas de las
organizaciones criminales desde un enfoque territorial, en consecuencia, se puede
afirmar que la prevención del delito en Ecuador requiere de un enfoque integral que
combine estrategias nacionales con acciones locales.
Por otra parte, uno de los principales retos que enfrenta la política criminal en
Ecuador es la crisis penitenciaria. Según Pontón & Espín (2023), el hacinamiento y
la falta de recursos en el sistema penitenciario limitan la efectividad de las políticas
implementadas. De manera similar, Parreño Salgado (2020) señala que la respuesta
estatal ante el hacinamiento ha sido insuficiente, lo que evidencia la necesidad de
un replanteamiento estructural. En este contexto, resulta evidente que la política
criminal no puede centrarse únicamente en la represión, sino que debe incluir
medidas que garanticen la rehabilitación y reinserción social de las personas
privadas de libertad.
Asimismo, Crespo-Berti (2017) y Montaleza (2022) destacan la relación entre la
política criminal y el derecho penal, enfatizando que las estrategias actuales no
siempre logran un equilibrio entre la prevención del delito y la protección de los
derechos ciudadanos, este desequilibrio puede generar tensiones entre la seguridad
pública y las garantías constitucionales, lo que pone en evidencia la necesidad de
un enfoque más equilibrado y respetuoso de los derechos humanos.
En cuanto a la participación comunitaria, Camargo Martínez, Villa Zura & Hurtado
Lomas (2024) proponen que esta debe ser un eje central en las estrategias de
prevención del delito. Según los autores, la participación activa de la comunidad no
solo fortalece la cohesión social, sino que también permite identificar y abordar de
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manera más efectiva los factores de riesgo. Este enfoque es respaldado por López-
Torres (2023), quien analiza los desafíos de la política criminal en Ecuador y
concluye que la protección de los derechos ciudadanos debe ser una prioridad en
cualquier estrategia de prevención. Por tanto, Crespo (2024) aborda la necesidad
de una nueva política criminal para enfrentar delitos específicos, como la estafa, y
resalta que la participación de la sociedad civil es fundamental para garantizar la
efectividad de las políticas implementadas, en este sentido, se puede afirmar que la
participación comunitaria no solo es un complemento, sino un componente esencial
de cualquier estrategia de política criminal.
CONCLUSION
La política criminal en el Ecuador enfrenta importantes desafíos estructurales y
operativos, especialmente en la prevención del delito y la protección de los
derechos ciudadanos. Si bien se han implementado estrategias que buscan abordar
problemáticas específicas, como los delitos contra la libertad sexual, el hacinamiento
penitenciario y la violencia de género, persisten limitaciones en su diseño y
aplicación, lo que evidencia la necesidad de un enfoque más integral y coordinado.
Es fundamental que las políticas criminales no solo se enfoquen en la represión,
sino también en la promoción de condiciones sociales que reduzcan los factores
criminógenos, fortaleciendo la participación comunitaria y garantizando un
equilibrio entre la seguridad pública y las garantías constitucionales.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
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. Trabajo de grado.
https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/33006
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