Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial Ambato), 205-212, 2024
https://doi.org/10.62574/m06w7r15
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La educación para niños migrantes un derecho constitucional ecuatoriano
Education for migrant children: a constitutional right in Ecuador
Ángelo Javier Luna-Izurieta
angeloli38@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0003-1263-166X
Erick Fernando Sánchez-Aldas
ericksa51@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0009-7377-3657
Johann Vinicio Sánchez-Carrasco
johannsc58@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-5558-2894
Iruma Alfonso-González
ua.irumaalfonzo@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-6866-4944
RESUMEN
Se destaca como objetivo analizar la educación para niños migrantes un derecho constitucional
ecuatoriano. A través de un enfoque cualitativo-interpretativo, en 15 documentos académicos se
examinaron cinco dimensiones fundamentales: marco constitucional, desafíos de inclusión, políticas
públicas, enfoques curriculares y perspectiva de derechos humanos. Los resultados evidencian una
significativa brecha entre las garantías constitucionales formales y su implementación efectiva,
identificando barreras administrativas, prácticas discriminatorias y limitaciones en adaptaciones
curriculares como principales obstáculos. Se constata una evolución positiva en el reconocimiento
normativo, contrastada con deficiencias en la articulación territorial de políticas educativas. El estudio
concluye que, pese a contar con un marco constitucional garantista, Ecuador enfrenta el desafío de
fortalecer mecanismos de exigibilidad y desarrollar modelos pedagógicos interculturales que
trasciendan enfoques asimilacionistas, para garantizar efectivamente este derecho fundamental a la
población infantil migrante.
Descriptores: política social; política migratoria; derecho de migración. (Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The objective of this study is to analyse education for migrant children as a constitutional right in
Ecuador. Using a qualitative-interpretative approach, 15 academic documents were examined to
assess five fundamental dimensions: the constitutional framework, challenges to inclusion, public
policies, curricular approaches and the human rights perspective. The results reveal a significant gap
between formal constitutional guarantees and their effective implementation, identifying
administrative barriers, discriminatory practices, and limitations in curricular adaptations as the main
obstacles. Positive progress has been made in regulatory recognition, contrasted with deficiencies
in the territorial coordination of educational policies. The study concludes that, despite having a
constitutional framework that guarantees rights, Ecuador faces the challenge of strengthening
enforcement mechanisms and developing intercultural pedagogical models that transcend
assimilationist approaches in order to effectively guarantee this fundamental right to migrant
children.
Descriptors: social policy; migration policy; migration law. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 21/11/2024.
Sección artículos de investigación
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INTRODUCCIÓN
La movilidad humana constituye uno de los fenómenos sociales más complejos y
desafiantes del siglo XXI, particularmente en el contexto latinoamericano donde
Ecuador se ha convertido en un importante país receptor de población migrante. En
este escenario, el derecho a la educación de niños y niñas en situación de movilidad
emerge como un imperativo constitucional que demanda respuestas integrales del
Estado ecuatoriano. Como señala Grijalva (2006), la protección de los derechos
humanos de las personas migrantes representa un indicador fundamental del
compromiso democrático de las naciones, siendo la educación un pilar esencial para
garantizar la integración efectiva y el desarrollo pleno de esta población vulnerable.
Durante la última década, Ecuador ha experimentado un incremento significativo de
flujos migratorios, principalmente provenientes de Venezuela, Colombia y otros
países de la región. Frente a esta realidad, Panizo Toapanta (2019) destaca que el
sistema educativo ecuatoriano ha debido adaptarse progresivamente para
responder a las necesidades específicas de los estudiantes migrantes, enfrentando
desafíos estructurales que trascienden la mera cobertura educativa. En efecto, la
Constitución de Montecristi establece un marco garantista que reconoce
explícitamente el derecho a la educación como universal e inalienable,
independientemente de la condición migratoria de las personas.
No obstante, Aldana-Zavala e Isea-Argüelles (2024) advierten sobre la persistencia
de brechas significativas entre el reconocimiento formal de derechos y su
materialización efectiva en los territorios, particularmente en zonas fronterizas
donde la presión migratoria resulta más intensa. Esta situación demanda un análisis
crítico de las políticas públicas implementadas y su capacidad para garantizar no
solo el acceso, sino también la permanencia y calidad educativa para los niños
migrantes.
Desde una perspectiva pedagógica, Magendzo (2021) propone la implementación
de un currículum problematizador como estrategia para abordar la diversidad
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cultural en las aulas y promover una educación verdaderamente inclusiva. Este
enfoque resulta particularmente relevante en contextos de alta diversidad
migratoria, donde la interculturalidad debe trascender el discurso para convertirse
en práctica educativa transformadora. Como sostienen Collahuaso & Arroyo (2025),
la tutela constitucional de este derecho fundamental requiere no solo marcos
normativos robustos, sino también mecanismos efectivos de exigibilidad y políticas
públicas coherentes que garanticen su pleno ejercicio en condiciones de igualdad y
no discriminación.
En consecución de lo planteado, se destaca como objetivo analizar la educación
para niños migrantes un derecho constitucional ecuatoriano.
MÉTODO
Se procedió metodológicamente desde un enfoque metodológico cualitativo de tipo
documental-interpretativo, orientado al análisis crítico del derecho constitucional a
la educación para niños migrantes en Ecuador. Se realizó una revisión bibliográfica
en bases especializadas (Scopus, Web of Science, Scielo y Redalyc) utilizando
descriptores específicos, con criterios de inclusión temporales (2006-2025) y
temáticos, obteniéndose 15 documentos escrutados mediante análisis de contenido
para el procesamiento de los resultados.
RESULTADOS
Desde los resultados escrutados se sintetizan en la tabla 1 los principales aportes
académicos sobre esta temática, abordándose cinco dimensiones fundamentales: el
marco constitucional que sustenta este derecho, los desafíos persistentes para la
inclusión efectiva, las políticas públicas implementadas, los enfoques curriculares
propuestos y la perspectiva de derechos humanos que fundamenta la protección
educativa de esta población vulnerable. Esta sistematización permite comprender la
complejidad del fenómeno migratorio en el contexto educativo ecuatoriano y las
respuestas institucionales desarrolladas para garantizar el acceso, permanencia y
calidad educativa de los niños y niñas en situación de movilidad humana dentro del
territorio nacional.
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Tabla 1. Educación para niños migrantes como derecho constitucional ecuatoriano.
Aspecto
Características
Autores
Marco
Constitucional
Reconocimiento de la educación como derecho
fundamental para niños migrantes. Principio de
universalidad en el acceso educativo. Tutela
constitucional que garantiza protección especial.
Collahuaso & Arroyo
(2025), Grijalva (2006),
Vinueza-Arroyo & Urrutia-
Guevara (2024)
Desafíos de
Inclusión
Barreras administrativas para matriculación.
Adaptación curricular insuficiente. Discriminación
y xenofobia en entornos escolares.
Panizo (2019), Arandia et
al. (2021), Villa-Guardiola
et al. (2023)
Políticas Públicas
Evolución de políticas migratorias (2017-2022).
Implementación desigual de programas
inclusivos. Necesidad de articulación
interinstitucional.
Páliz (2024), Aldana-
Zavala (2024), Ochoa-
Escobar et al. (2021)
Enfoque
Curricular
Propuesta de currículum problematizador.
Educación intercultural como respuesta.
Adaptaciones pedagógicas necesarias.
Magendzo (2021), Aldana
et al. (2023), Rangel
(2023)
Perspectiva de
Derechos
Humanos
Protección especial basada en interés superior
del niño. Obligaciones estatales derivadas de
tratados internacionales. Derecho a la educación
como vía de integración.
Aldana-Zavala & Isea-
Argüelles (2024), Herrera
& Santiago (2024),
Centeno & Restrepo
(2022)
Fuente: Elaboración propia.
En el análisis del derecho constitucional a la educación para niños migrantes en
Ecuador, emergen contrastes profundos entre los diversos autores que han
abordado esta problemática. Por un lado, Vinueza-Arroyo & Urrutia-Guevara (2024)
sostienen que el marco constitucional ecuatoriano proporciona garantías sólidas
para la protección educativa de esta población, destacando la existencia de
mecanismos de tutela constitucional específicos. No obstante, Panizo (2019)
cuestiona la efectividad de estas disposiciones normativas al documentar
sistemáticamente barreras administrativas que obstaculizan la matriculación y
permanencia escolar. En consecuencia, esta contradicción fundamental revela una
disociación preocupante entre el reconocimiento formal de derechos y su
materialización en la cotidianidad educativa, fenómeno que, cabe destacar, Grijalva
(2006) ya había identificado como una constante histórica en la relación del Estado
ecuatoriano con las poblaciones migrantes.
Con respecto al ámbito de las políticas públicas, las divergencias interpretativas son
igualmente significativas. En primer lugar, Páliz (2024) presenta evidencia de una
evolución favorable en el período 2017-2022, destacando la creación de
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protocolos específicos para la atención educativa de niños en movilidad humana.
Sin embargo, esta visión optimista contrasta marcadamente con el análisis crítico
de Aldana-Zavala (2024), quien mediante estudios de caso demuestra la
implementación fragmentada y desigual de estos programas en distintos territorios
del país, particularmente en zonas fronterizas y rurales. Adicionalmente, Ochoa-
Escobar et al. (2021) adoptan una posición intermedia al reconocer avances
normativos pero señalar deficiencias estructurales en la articulación
interinstitucional, lo que genera vacíos en la protección integral. Por tanto, esta
triangulación de perspectivas evidencia la complejidad de evaluar el impacto real
de las políticas migratorias en el sistema educativo ecuatoriano.
En cuanto a las propuestas curriculares, también presentan contrastes significativos.
Inicialmente, Magendzo (2021) defiende un enfoque problematizador como
estrategia pedagógica transformadora, argumentando que permite visibilizar y
cuestionar las estructuras de exclusión que afectan a los estudiantes migrantes.
Frente a esta postura, Rangel (2023), desde una perspectiva más pragmática,
considera insuficiente este planteamiento teórico sin adaptaciones metodológicas
concretas, proponiendo ajustes específicos en evaluación y acompañamiento.
Mientras tanto, Aldana et al. (2023) posicionan la interculturalidad crítica como
paradigma educativo necesario, trascendiendo el mero reconocimiento de la
diversidad para promover transformaciones estructurales en las relaciones de poder
dentro del sistema educativo. En efecto, estas diferencias conceptuales reflejan
tensiones no resueltas sobre cómo debe configurarse un modelo pedagógico
verdaderamente inclusivo.
Desde la perspectiva de derechos humanos, se observan matices importantes. En
primera instancia, Aldana-Zavala e Isea-Argüelles (2024) fundamentan su análisis
en el principio del interés superior del niño como criterio interpretativo prioritario.
Paralelamente, Herrera & Santiago (2024) amplían esta mirada al vincular las
obligaciones estatales con el corpus iuris internacional de derechos humanos,
particularmente con la Convención sobre los Derechos del Niño y la jurisprudencia
interamericana. De manera complementaria, Centeno & Restrepo (2022), aunque
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analizan el caso colombiano, aportan elementos comparativos valiosos al examinar
cómo el principio de universalidad debe prevalecer sobre consideraciones
migratorias administrativas. Por consiguiente, esta complementariedad teórica
enriquece el debate sobre los fundamentos jurídicos de la protección educativa,
aunque persisten diferencias sobre los mecanismos óptimos para su
implementación efectiva.
Por lo tanto, los desafíos de inclusión identificados revelan quizás las
contradicciones más agudas. Por una parte, Villa-Guardiola et al. (2023)
documentan mediante investigación cualitativa patrones persistentes de
discriminación y xenofobia en entornos escolares ecuatorianos, particularmente
hacia población venezolana. En contraste, esta realidad difiere de la visión más
institucional de Arandia et al. (2021), quienes destacan avances significativos en
protocolos de protección y sensibilización. A modo de síntesis, Collahuaso & Arroyo
(2025) intentan reconciliar estas perspectivas al señalar que los avances
normativos, aunque importantes, no han logrado transformar suficientemente las
prácticas culturales discriminatorias arraigadas en comunidades educativas. En
definitiva, esta tensión evidencia la complejidad multidimensional del fenómeno,
donde factores estructurales, institucionales y socioculturales se entrelazan
configurando escenarios de inclusión/exclusión educativa para los niños migrantes
en Ecuador.
CONCLUSION
El análisis del derecho constitucional a la educación para niños migrantes en
Ecuador evidencia una tensión fundamental entre un marco normativo garantista y
desafíos persistentes en su implementación efectiva. Si bien la Constitución
ecuatoriana establece bases jurídicas sólidas que reconocen la universalidad de este
derecho independientemente de la condición migratoria, su materialización enfrenta
obstáculos estructurales manifestados en barreras administrativas, prácticas
discriminatorias y limitaciones curriculares. Las políticas públicas muestran avances
formales pero deficiencias en su articulación territorial, mientras que desde lo
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pedagógico urge trascender enfoques asimilacionistas hacia modelos interculturales
que reconozcan la diversidad como oportunidad.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
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