Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial Ambato), 197-204, 2024
https://doi.org/10.62574/a3d3sv70
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La criminalización del consumidor ante el tráfico de drogas
The criminalisation of consumers in relation to drug trafficking
Geovanny Leopoldo Borja-Martinez
ua.geovannyborja@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0007-3615-2937
Jhossthin Manolo Llerena-Llerena
da.jhossthinmll24@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0004-5453-2501
Ronald Alexander Alomaliza-Garcés
ronaldag31@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0006-0202-5238
Frida Alejandra Villamarín-Chumaña
fridavc79@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0005-3037-8463
RESUMEN
La criminalización del consumo de sustancias sujetas a fiscalización en Ecuador evidencia deficiencias
normativas y sociales que vulneran principios constitucionales como la proporcionalidad, la legalidad
y el derecho a la salud. Se presenta como objetivo analizar la criminalización del consumidor ante el
tráfico de drogas. Este artículo, desarrollado bajo un enfoque cualitativo y un diseño documental-
analítico, revisa 15 fuentes para identificar las problemáticas jurídicas y sociales asociadas a la falta
de delimitación entre consumo y tráfico. La ambigüedad en herramientas como la tabla de consumo
de drogas ha generado sanciones desproporcionadas y exclusión social de los consumidores. A
partir del análisis crítico, se concluye que es urgente reformar el marco normativo, particularmente
el Código Orgánico Integral Penal, y diseñar políticas inclusivas que prioricen la salud pública, la
prevención y la reintegración social, en consonancia con los estándares internacionales y los
mandatos constitucionales ecuatorianos.
Descriptores: estupefaciente; tráfico de estupefacientes; política sobre drogas. (Fuente: Tesauro
UNESCO).
ABSTRACT
The criminalisation of the consumption of controlled substances in Ecuador highlights regulatory and
social deficiencies that violate constitutional principles such as proportionality, legality and the right
to health. The objective of this article is to analyse the criminalisation of consumers in relation to
drug trafficking. This article, developed using a qualitative approach and a documentary-analytical
design, reviews 15 sources to identify the legal and social problems associated with the lack of
distinction between consumption and trafficking. Ambiguity in tools such as the drug consumption
table has led to disproportionate penalties and social exclusion of consumers. Based on a critical
analysis, it is concluded that there is an urgent need to reform the regulatory framework, particularly
the Comprehensive Organic Criminal Code, and to design inclusive policies that prioritise public
health, prevention and social reintegration, in line with international standards and Ecuadorian
constitutional mandates.
Descriptors: narcotic drugs; drug traffic; drug policy. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 21/11/2024.
Sección artículos de investigación
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La criminalización del consumidor ante el tráfico de drogas
The criminalisation of consumers in relation to drug trafficking
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Jhossthin Manolo Llerena-Llerena
Ronald Alexander Alomaliza-Garcés
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INTRODUCCIÓN
En el ámbito jurídico ecuatoriano, la criminalización del consumo de sustancias
sujetas a fiscalización constituye un tema de análisis recurrente debido a las
implicaciones normativas y sociales que conlleva. En este sentido, Freire-Cueva
(2017) sostiene que la ausencia de una delimitación precisa entre el consumo
personal y el tráfico ilícito de drogas ha derivado en una aplicación
desproporcionada de sanciones penales, lo que vulnera principios fundamentales
como la proporcionalidad y la legalidad, consagrados en la Constitución de la
República del Ecuador. Este vacío normativo genera incertidumbre jurídica y afecta
directamente a los derechos de los consumidores.
Por otro lado, es importante destacar que las políticas públicas implementadas en
Ecuador han sido objeto de críticas por su enfoque eminentemente punitivo. Al
respecto, Cedeño-Morales & Cedeño-Pinargote (2024) argumentan que estas
políticas, lejos de abordar el consumo de drogas como un problema de salud
pública, lo tratan como un delito, lo que perpetúa la estigmatización de los
consumidores y contraviene el mandato constitucional de garantizar el derecho a la
salud (artículo 32 de la Constitución). Este enfoque punitivo no solo resulta ineficaz,
sino que también profundiza las desigualdades sociales.
Asimismo, cabe señalar que la tabla de consumo de drogas, emitida por el CONSEP,
ha sido objeto de controversia en el ámbito jurídico. Según Chávez-Borja & Romero-
Romero (2024), esta herramienta normativa, diseñada para diferenciar entre
consumidores y traficantes, ha generado confusión en su aplicación judicial,
contribuyendo a la criminalización de sectores vulnerables. Esto evidencia la
necesidad de una reforma legal que garantice una interpretación uniforme y acorde
con los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Por lo tanto, resulta pertinente mencionar que la criminalización del consumo de
drogas no solo tiene implicaciones legales, sino también sociales. En este contexto,
Martínez et al. (2022) destacan que esta práctica dificulta la reintegración social de
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los consumidores, perpetuando su exclusión y vulnerando sus derechos
fundamentales. Este panorama exige un enfoque integral que priorice el tratamiento
del consumo como un problema de salud pública, en consonancia con los
estándares internacionales y los principios constitucionales.
Desde el contexto anterior; se presenta como objetivo analizar la criminalización del
consumidor ante el tráfico de drogas.
MÉTODO
El artículo se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño de tipo
documental y analítico, orientado al estudio de la criminalización del consumo de
sustancias sujetas a fiscalización en el contexto jurídico ecuatoriano. Se empleó una
población documental de 15 trabajos académicos a los cuales se les aplicó análisis
de contenido para el procesamiento de los resultados, sistematizados en la tabla 1
y discutidos posteriormente.
RESULTADOS
A partir de la tabla 1 se sintetizan los principales aportes de 15 estudios jurídicos
relacionados con la criminalización del consumo de sustancias sujetas a fiscalización
y su impacto en el ámbito normativo, social y de salud pública en el Ecuador. Aunque
las investigaciones analizadas se centran, principalmente, en el contexto
ecuatoriano, aunque también incluyen referencias a otros países de América Latina,
como Brasil y Colombia, permitiendo un análisis comparativo. Se abordan
cuestiones como la falta de delimitación jurídica entre el consumo y el tráfico de
drogas, las contradicciones normativas en la aplicación de la ley, y las implicaciones
de las políticas públicas punitivas en los derechos fundamentales de los
consumidores.
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Tabla 1. Aportes jurídicos sobre el consumo de drogas en Ecuador.
Autor(es) y Año
Aportes jurídicos
Aldaz-Vallejo, E. A. (2020)
La criminalización del consumo de drogas en Ecuador no distingue
adecuadamente entre consumo y tráfico.
Artiles-Santana, J. A. (2021)
Se requiere una reforma legal que clarifique los tipos penales
relacionados con el tráfico de drogas.
Campos, M. D. S. (2018)
La legislación brasileña refuerza desigualdades sociales al criminalizar
a los consumidores más vulnerables.
Cedeño-Morales, M. T., & Cedeño-
Pinargote, M. (2024)
La criminalización del consumo de drogas aborda un problema de
salud desde un enfoque punitivo inadecuado.
Cevallos-Sánchez, G., & Alvarado-
Moneada, Z. (2018)
Las políticas actuales son insuficientes y requieren un enfoque más
integral y preventivo.
Chávez-Borja, J. D., & Romero-
Romero, C. D. (2024)
La tabla de consumo genera confusión y contribuye a la criminalización
de los consumidores.
Delgado, O., & Muentes, B. (2018)
Las contradicciones legales afectan negativamente a los derechos de
los consumidores.
Erazo, J. L. (2024)
La educación y la intervención temprana son clave para prevenir el
microtráfico en escuelas.
Freire-Cueva, M. D. (2017)
La falta de distinción entre tráfico y consumo perpetúa la
criminalización de los consumidores.
Martínez, O. X. L., et al. (2022)
La criminalización tiene efectos negativos en los derechos humanos y
la reintegración social de los consumidores.
Pontón-Cevallos, D., & Jarrín-
Balarezo, M. D. (2023)
El castigo refuerza estructuras de poder que perpetúan la exclusión
social de los consumidores.
Riofrío Guillén, R., & Nascimento, L.
C. (2010)
Factores sociales y culturales influyen significativamente en el
consumo de drogas entre los jóvenes.
Saavedra-Guajardo, E., et al. (2019)
La resiliencia varía según el contexto cultural y social de cada país.
Tarqui-Silva, L. E., et al. (2023)
El modelo requiere mejoras en su implementación para ser más
efectivo y ético.
Fuente: Elaboración propia.
Desde lo expuesto en la tabla 1, se evidencia la falta de una delimitación clara entre
el consumo y el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización constituye uno de los
principales problemas identificados en la legislación ecuatoriana. En este sentido,
Freire-Cueva (2017) y Aldaz-Vallejo (2020) coinciden en que esta ambigüedad
normativa genera una criminalización desproporcionada de los consumidores,
vulnerando el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 76 de la
Constitución de la República del Ecuador.
En correspondencia Delgado & Muentes (2018) refuerzan esta crítica al señalar que
las contradicciones legales en la aplicación de la tabla de consumo de drogas,
emitida por el Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes
(CONSEP), han derivado en interpretaciones judiciales inconsistentes que afectan
los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este contexto, Artiles-Santana
(2021) propone una reforma integral al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que
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permita diferenciar de manera precisa el consumo personal del tráfico ilícito, en
cumplimiento del principio de legalidad y tipicidad penal.
Por lo tanto, Cedeño-Morales & Cedeño-Pinargote (2024) argumentan que la
criminalización del consumo de drogas en Ecuador aborda un problema de salud
pública desde un enfoque eminentemente punitivo, lo que contraviene el mandato
constitucional de garantizar el derecho a la salud (artículo 32 de la Constitución).
Esta postura es respaldada por Martínez et al. (2022), quienes destacan que la
criminalización no solo vulnera derechos humanos fundamentales, como el derecho
a la rehabilitación y reintegración social, sino que también perpetúa la
estigmatización de los consumidores. Por su parte, Cevallos-Sánchez & Alvarado-
Moneada (2018) critican la insuficiencia de las políticas públicas actuales, señalando
que estas carecen de un enfoque integral que combine prevención, tratamiento y
reinserción social, en contravención de los estándares internacionales establecidos
por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En este
sentido, Erazo (2024) propone estrategias específicas para prevenir el microtráfico
en entornos escolares, destacando la necesidad de políticas educativas que
promuevan la prevención temprana y el fortalecimiento del tejido social.
Por otro lado, desde un enfoque sociológico, Pontón-Cevallos & Jarrín-Balarezo
(2023) analizan cómo el castigo y el poder pastoral, entendido como una forma de
control social, refuerzan estructuras de exclusión y marginalización de los
consumidores. Este análisis se alinea con el principio de igualdad y no
discriminación (artículo 11 de la Constitución), al evidenciar que las políticas
punitivas afectan de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la
población. Por su parte, Riofrío Guillén & Nascimento (2010) complementan esta
perspectiva al identificar factores sociales y culturales que influyen
significativamente en el consumo de drogas entre los jóvenes de Guayaquil,
destacando la necesidad de políticas públicas que aborden las causas estructurales
del consumo. Por su parte, Saavedra-Guajardo et al. (2019) subrayan que la
resiliencia de los consumidores varía según el contexto cultural y social, lo que
sugiere la necesidad de diseñar políticas diferenciadas que respeten las
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particularidades de cada comunidad, en consonancia con el principio de
interculturalidad (artículo 1 de la Constitución).
En el ámbito de la rehabilitación, Tarqui-Silva et al. (2023) evalúan el modelo
ecuatoriano de rehabilitación residencial para adicciones, concluyendo que este
requiere mejoras significativas en su implementación para garantizar su efectividad
y respeto a los derechos humanos. Este análisis se enmarca en el artículo 364 de
la Constitución, que establece que el consumo de drogas debe ser tratado como un
problema de salud pública y no como un delito. Campos (2018), al analizar la
legislación brasileña, refuerza esta perspectiva al evidenciar cómo las políticas
punitivas refuerzan desigualdades sociales y económicas, afectando principalmente
a los consumidores más vulnerables. En este sentido, los autores coinciden en la
necesidad de adoptar un enfoque de salud pública que priorice la prevención, el
tratamiento y la reintegración social, en lugar de la criminalización.
CONCLUSION
La criminalización del consumo de sustancias sujetas a fiscalización en Ecuador
presenta serias deficiencias normativas y sociales que vulneran principios
constitucionales como la proporcionalidad, la legalidad y el derecho a la salud. La
falta de una delimitación clara entre consumo y tráfico, junto con la ambigüedad en
la aplicación de herramientas como la tabla de consumo de drogas, ha derivado en
sanciones desproporcionadas que perpetúan la exclusión y estigmatización de los
consumidores, especialmente de los sectores más vulnerables. Las políticas públicas
actuales, centradas en un enfoque punitivo, han demostrado ser ineficaces para
abordar el consumo como un problema de salud pública, contraviniendo estándares
internacionales de derechos humanos. Por ello, resulta imprescindible reformar el
marco normativo, particularmente el Código Orgánico Integral Penal, y diseñar
políticas públicas integrales que prioricen la prevención, el tratamiento y la
reintegración social, garantizando así el respeto a los derechos fundamentales y
promoviendo una sociedad más equitativa e inclusiva.
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FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
REFERENCIAS
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Derechos de autor: 2024 Por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y
condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC
BY-NC-SA 4.0)
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