Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial Ambato), 190-196, 2024
https://doi.org/10.62574/pg76pj92
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Adolescentes de 16 a 18 años en los delitos de asesinato, violación, sicariato
y narcotráfico
Adolescents aged 16 to 18 involved in murder, rape, contract killings and
drug trafficking
Geovanny Leopoldo Borja-Martinez
ua.geovannyborja@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0007-3615-2937
Mayra Esthefania Gavilanez-Curay
mayragc12@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0005-3784-325X
Rodolfo Joel Muñoz-Altamirano
rodolfoma43@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0003-1322-808X
Clara Giuliana Ojeda-Gómez
clarago41@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0005-7029-5339
RESUMEN
La comisión de delitos graves por adolescentes de 16 a 18 años revela tensiones entre la
imputabilidad prevista en el artículo 143 del COIP y las particularidades del desarrollo psicosocial.
Teniéndose como objetivo analizar la imputabilidad de adolescentes de 16 a 18 años en los delitos
de asesinato, violación, sicariato y narcotráfico. Se empleó un enfoque cualitativo descriptivo,
mediante revisión documental y análisis de contenido de 17 artículos científicos publicados entre
2018 y 2024. Se identificó que factores como exposición a violencia, consumo de sustancias,
desestructuración familiar y limitaciones neurocognitivas contribuyen a conductas delictivas. Se
constató insuficiencia de programas socioeducativos y tribunales de drogas con apoyo psicosocial,
así como brechas en la proporcionalidad de sanciones. Es imprescindible un modelo integrado que
valore madurez psicosocial, fortalezca protocolos del artículo 143, capacite operadores y garantice
apoyo terapéutico para equilibrar justicia y protección evolutiva.
Descriptores: derechos civiles; estatus jurídico; derecho penal. (Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The commission of serious crimes by adolescents aged 16 to 18 reveals tensions between the
criminal responsibility provided for in Article 143 of the COIP and the particularities of psychosocial
development. The objective was to analyse the criminal responsibility of adolescents aged 16 to 18
in crimes of murder, rape, contract killing, and drug trafficking. A descriptive qualitative approach
was used, through document review and content analysis of 17 scientific articles published between
2018 and 2024. Factors such as exposure to violence, substance use, family breakdown and
neurocognitive limitations were identified as contributing to criminal behaviour. The study found
insufficient socio-educational programmes and drug courts with psychosocial support, as well as
gaps in the proportionality of penalties. An integrated model that assesses psychosocial maturity,
strengthens Article 143 protocols, trains operators and guarantees therapeutic support is essential
to balance justice and developmental protection.
Descriptors: civil and political rights; legal status; criminal law. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 21/11/2024.
Sección artículos de investigación
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Adolescents aged 16 to 18 involved in murder, rape, contract killings and drug trafficking
Geovanny Leopoldo Borja-Martínez
Mayra Esthefania Gavilanez-Curay
Rodolfo Joel Muñoz-Altamirano
Clara Giuliana Ojeda-Gómez
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INTRODUCCIÓN
La comisión de delitos graves tales como asesinato, violación, sicariato y
narcotráfico por adolescentes de dieciséis a dieciocho años reivindica la aplicación
de un régimen de responsabilidad penal juvenil que equilibre el principio de
legalidad con la protección de la etapa de desarrollo propia de la adolescencia. En
virtud del artículo 143 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), estos jóvenes son
plenamente imputables, lo cual impone al operador judicial la obligación de
individualizar la medida sancionadora y adecuarla a la madurez psicosocial del
infractor (Murgueytio-Estupiñán & Montaño-Hurtado, 2023). A este respecto,
Pincay-Aguilar et al. (2023) identifican que el “miedo a morir” derivado de la
exposición a entornos de violencia genera impulsividad extrema y disminuye la
capacidad de valoración de riesgos, aspectos que deben ser ponderados en la fase
de formulación de cargos y en la evaluación del grado de culpabilidad.
Asimismo, el consumo de sustancias psicoactivas emerge como factor coadyuvante
en la perpetración de conductas delictivas, por lo tanto, Rosero-Ordóñez,
Flores-Brito & Goyes-Guerra (2024) advierten que el consumo de alcohol no solo
potencia la agresividad, sino que actúa como circunstancia agravante cuando media
en la comisión de delitos violentos, lo que subraya la necesidad de incorporar
programas de reducción de daños en el esquema de medidas socioeducativas. En
el mismo sentido, Vélez-Sabando (2023) describe la proliferación de casos de
sicariato cometidos por adolescentes en el Cantón Guayaquil durante 2022,
señalando deficiencias en los mecanismos de prevención situacional y ausencia de
protocolos de supervisión comunitaria eficaces.
Por último, la experiencia de los tribunales de tratamiento de drogas muestra un
camino prometedor para la justicia restaurativa juvenil. Por su parte, Belenko et al.
(2022) demuestran que estos tribunales reducen significativamente tanto el
consumo de sustancias como la reincidencia, lo que respalda la adopción de
modelos híbridos que combinen sanción y tratamiento terapéutico en el proceso
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penal juvenil. Complementariamente, Chamba-Becerra & León-Castillo (2023)
enfatizan que, pese a los avances normativos en Ecuador, persisten brechas en la
provisión de apoyo psicosocial continuo, situación que limita la eficacia de los
planes de reintegración y vulnera el principio de interés superior del adolescente.
En conformidad a lo anterior, se presenta como objetivo analizar la imputabilidad
de adolescentes de 16 a 18 años en los delitos de asesinato, violación, sicariato y
narcotráfico.
MÉTODO
El estudio adoptó un enfoque cualitativo descriptivo cuyo propósito fue explorar en
la revisión documental de 17 articulos científicos relacionados al tema de
investigación, aplicándose análisis de contenido documental jurídico para el
procesamiento de la información presentada en la sección de resultados.
RESULTADOS
Es imprescindible destacar que la vinculación de adolescentes de 16 a 18 años con
delitos de extrema gravedad como asesinato, violación, sicariato y narcotráfico
obedece a una confluencia de factores estructurales y dinámicas individuales. En
este sentido, Crespo-Berti (2024) advierte que las bandas criminales ofrecen no
solo incentivos económicos, sino también un sentido de identidad y pertenencia que
resulta especialmente atractivo para jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
De manera paralela, Loor-Briones et al. (2018) señalan que el consumo de
sustancias adictivas, a menudo motivado por la precariedad económica y la ausencia
de redes de apoyo, incrementa la exposición de estos adolescentes al ámbito
delictivo.
Por otro lado, la oferta educativa y formativa dentro del sistema penal juvenil en
Ecuador resulta insuficiente, lo cual agrava la probabilidad de recaída, en este
sentido, Cortés (2023) identifica que los programas de intervención carecen de un
enfoque pedagógico diferenciado, lo que limita la adquisición de competencias
básicas necesarias para la reinserción. Por su parte, Chamba-Becerra & León-Castillo
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(2023) comentan que las medidas socioeducativas implementadas presentan
deficiencias en la atención psicosocial, al no considerar el apoyo psicológico
continuo necesario para abordar traumas previos al ingreso al sistema penal.
Por otro lado, el desarrollo neurocognitivo propio de la adolescencia implica una
menor capacidad de autocontrol y una alta susceptibilidad a la presión de pares, en
este sentido, Mercurio et al. (2020) explican que la maduración incompleta del
córtex prefrontal dificulta la valoración de consecuencias a largo plazo, situación
que se agrava en contextos de violencia intrafamiliar. En consonancia, Hu et al.
(2021) demostraron que las intervenciones centradas en el fortalecimiento de
habilidades sociales y emocionales pueden reducir significativamente la conducta
delictiva en adolescentes, sobre todo en entornos de cuidado alternativo.
Igualmente, resulta imprescindible analizar la aplicación práctica del artículo 143
del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece la imputabilidad penal
para adolescentes desde los 16 años, por lo tanto, Murgueytio-Estupiñán &
Montaño-Hurtado (2023) sostienen que una interpretación estricta de este precepto
puede vulnerar el principio de proporcionalidad, al no considerar la realidad
psicosocial del infractor. De manera complementaria, Mendoza-Chávez &
Posligua-Loor (2024) documentan un aumento en las imputaciones por asesinato y
sicariato entre 2021 y 2023, sin que exista una oferta proporcional de programas
de resocialización.
Respecto a los factores individuales y sociales, Novillo-Nieto et al. (2024) identifican
que la desestructuración familiar, la exposición continua a la violencia y la falta de
oportunidades laborales configuran predictores sólidos de conducta delictiva. A su
vez, Vallejo-Valdivieso et al. (2022) aportan evidencia de una relación
estadísticamente significativa entre el abuso infantil y comportamientos antisociales
en adolescentes privados de libertad, lo cual indica la urgencia de políticas públicas
integrales que incluyan la protección de la infancia como estrategia de prevención.
En ese sentido, los resultados obtenidos por Belenko et al. (2022) en tribunales de
tratamiento de drogas para menores muestran reducciones notables en la
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reincidencia y en el consumo de sustancias, lo que respalda la implementación de
modelos híbridos que combinen sanciones con componentes terapéuticos.
Asimismo, Rizzo et al. (2023) demuestran la eficacia de intervenciones mixtas,
terapia cognitivo-conductual y mentoría comunitaria en la prevención de la violencia
de pareja entre adolescentes vinculadas al sistema de justicia juvenil.
Para cerrar, la revisión de la política criminal y de los mecanismos normativos ratifica
la necesidad de un enfoque comparado, por lo tanto, López-Torres (2023) critica
que las reformas recientes no han logrado equilibrar adecuadamente la salvaguarda
de derechos y la sanción efectiva, mientras que Orosco-Aguilar & Pineda-Cando
(2023) proponen adoptar estándares internacionales que reconozcan las
particularidades del desarrollo adolescente. En conjunto, estos estudios abogan por
un modelo integral educativo, psicosocial y jurídico que promueva la prevención
temprana, la intervención multidisciplinaria y ajustes normativos proporcionales a la
madurez y contexto del adolescente infractor.
CONCLUSION
Se evidencia que la aplicación del régimen penal juvenil a adolescentes de dieciséis
a dieciocho años imputados por asesinato, violación, sicariato y narcotráfico exige
un tratamiento que conjure la proporcionalidad sancionadora con la protección de
su etapa evolutiva; la valoración de la madurez psicosocial, el abordaje de factores
contextuales (adicciones, entornos violentos, desestructuración familiar) y la
efectividad de tribunales de drogas y modelos restaurativos demuestran que solo
un enfoque multidisciplinario que integre intervención jurídica, psicosocial y
educativa podrá cumplir el principio de interés superior del adolescente y reducir la
reincidencia, por lo que se recomienda reformular protocolos de aplicación del
artículo 143 del COIP, robustecer la formación de operadores judiciales y garantizar
apoyo psicosocial continuo como pilar de la resocialización.
FINANCIAMIENTO
No monetario
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CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
REFERENCIAS
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