Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial Ambato), 176-182, 2024
https://doi.org/10.62574/kqd4t363
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Implementación y regulación sobre el uso de la inteligencia artificial en el
sistema judicial
Implementation and regulation of the use of artificial intelligence in the
judicial system
Nathaly Nicole Palate-Ayme
Nathalypa32@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0004-2612-3014
Jimmy Fernando Ramírez-Coque
Jimmyrc18@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0000-0547-3120
Pablo Emerly Espinosa-Pico
jurisprudencia@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0009-2768-5912
Iruma Alfonso-González
ua.irumaalfonzo@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-6866-4944
RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo analizar la implementación y regulación sobre el uso de la
inteligencia artificial en el sistema judicial con énfasis en Ecuador. A través de un estudio jurídico de
enfoque cualitativo, se revisaron quince fuentes académicas y normativas relevantes. Los resultados
revelan riesgos de precarización laboral, posibles sesgos algorítmicos y debilidades en las garantías
procesales, así como la necesidad de supervisión humana y auditorías éticas continuas. Se propone
un marco regulatorio adaptado al contexto ecuatoriano que incluya políticas de reconversión
profesional, medidas cautelares para preservar el debido proceso y criterios de transparencia
basados en experiencias internacionales. Asimismo, se enfatiza la importancia de la participación
ciudadana y mecanismos independientes de rendición de cuentas para fortalecer la legitimidad
judicial, se concluye que un diseño normativo integral permitirá equilibrar eficiencia y respeto al
Estado de derecho.
Descriptores: sistema de información jurídica; inteligencia artificial; derecho. (Fuente: Tesauro
UNESCO).
ABSTRACT
This article aims to analyse the implementation and regulation of artificial intelligence in the judicial
system, with a focus on Ecuador. Through a qualitative legal study, fifteen relevant academic and
regulatory sources were reviewed. The results reveal risks of job insecurity, possible algorithmic
biases and weaknesses in procedural guarantees, as well as the need for human supervision and
ongoing ethical audits. A regulatory framework adapted to the Ecuadorian context is proposed,
including professional retraining policies, precautionary measures to preserve due process, and
transparency criteria based on international experiences. Likewise, the importance of citizen
participation and independent accountability mechanisms to strengthen judicial legitimacy is
emphasised. It is concluded that a comprehensive regulatory design will allow for a balance between
efficiency and respect for the rule of law.
Descriptors: legal information systems; artificial intelligence; law. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 21/11/2024.
Sección artículos de investigación
Verdad y Derecho
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Implementación y regulación sobre el uso de la inteligencia artificial en el sistema judicial
Implementation and regulation of the use of artificial intelligence in the judicial system
Nathaly Nicole Palate-Ayme
Jimmy Fernando Ramírez-Coque
Pablo Emerly Espinosa-Pico
Iruma Alfonso-González
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INTRODUCCIÓN
En primera instancia, la adopción de sistemas de inteligencia artificial (IA) en el
ámbito judicial latinoamericano ha recorrido un camino experimental, donde
inicialmente se han implementado plataformas de apoyo a la toma de decisiones
bajo supervisión judicial directa. Por lo tanto, Hernández, Font & Santiago (2020)
documentan que estos prototipos han permitido evaluar la viabilidad técnica de la
IA en la gestión de expedientes, sin desprender la responsabilidad última del juez,
lo cual resulta fundamental para garantizar el control humano sobre las resoluciones
(Hernández, Font & Santiago, 2020).
Asimismo, la vertiente laboral no puede soslayarse, en este orden, Aguilera-Durán
(2019) advierte que, en ausencia de programas robustos de actualización
profesional y reconversión de tareas, la automatización podría traducirse en
procesos masivos de desempleo o en la relegación de funciones complejas a meros
operadores de software, contraviniendo el principio constitucional del trabajo como
derecho y deber social (Aguilera-Durán, 2019).
Por añadidura, la esfera procesal enfrenta retos de gran envergadura, en este
sentido, Buján (2023) enfatiza que la opacidad intrínseca de los algoritmos exige la
creación de medidas cautelares específicas para preservar la presunción de
inocencia y el derecho al debido proceso, pues la delegación total de decisiones a
máquinas sin criterios de explicabilidad podría socavar la legitimidad de las
sentencias (Buján, 2023).
Por otro lado, el modelo europeo brinda un referente normativo relevante, ante lo
cual, Espín (2023) describe el Reglamento de la Unión Europea para sistemas de
IA, que clasifica las aplicaciones según niveles de riesgo y establece obligaciones
de transparencia reforzada en aquellas vinculadas a derechos fundamentales, de
manera que se impone la divulgación de parámetros de funcionamiento antes de su
despliegue judicial (Espín, 2023).
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De igual manera, los dilemas éticos asociados al sesgo de datos y la discriminación
algorítmica no pueden pasarse por alto, en este sentido, Dávila-Morán &
Agüero-Corzo (2023) argumentan que, sin protocolos de auditoría continua ni
criterios éticos claros, los conjuntos de datos históricos replican patrones de
desigualdad por género, etnia o nivel socioeconómico impactando de forma
diferencial a distintos grupos poblacionales (Dávila-Morán & Agüero-Corzo, 2023).
En concordancia con lo anterior, este artículo tiene como objetivo analizar la
implementación y regulación sobre el uso de la inteligencia artificial en el sistema
judicial con énfasis en Ecuador.
MÉTODO
Desde el contexto metodológico se trabajó sobre la base de un análisis jurídico de
enfoque cualitativo, con el propósito de examinar en detalle las quince publicaciones
empleadas en la discusión.
El corpus bibliográfico se obtuvo mediante búsqueda en bases de datos académicas
(Scopus, SciELO, REDALYC y Dialnet), limitando la muestra exclusivamente a los
quince documentos citados, todos ellos revisados por pares y publicados entre
2019 y 2025. Se descartaron materiales de opinión sin respaldo empírico, así como
textos anteriores a 2019. Posteriormente se aplicó análisis de contenido con
codificación temática.
RESULTADOS
La adopción de tecnologías de inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial
ecuatoriano despierta tanto expectativas de modernización como inquietudes sobre
la preservación de derechos fundamentales y la justicia laboral. En este sentido,
Aguilera-Durán (2019) advierte que, sin salvaguardas legales sólidas, la
automatización puede traducirse en despidos masivos o en la relegación de
funciones críticas a meros operadores de sistemas, erosionando el principio
constitucional del trabajo como derecho y deber social. Granados-Ferreira (2022)
complementa esta visión al mostrar cómo los algoritmos de gestión, si no son
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auditados, pueden aplicar criterios de desempeño sesgados, profundizando la
desigualdad entre empleados con distinto acceso a capacitación tecnológica. No
obstante, la misma autora reconoce que, con políticas regulatorias que promuevan
la reconversión profesional y la formación continua, la IA podría fungir como
catalizador de nuevas especializaciones dentro del poder judicial
(Granados-Ferreira, 2023).
En el terreno procesal, Buján (2023) enfatiza los riesgos de delegar decisiones
cautelares a sistemas automatizados, por cuanto la opacidad de los modelos
algorítmicos puede obstaculizar la verificación de la fundamentación de medidas
restrictivas. Por lo tanto, Cárdenas & Molano (2021) corroboran esta preocupación
a partir de casos en Brasil, donde la falta de explicabilidad de las decisiones
asistidas por IA generó impugnaciones y cuestionamientos sobre la equidad en la
asignación de penas. Hernández, Font & Santiago (2020) proponen, para el
contexto latinoamericano, un esquema de “doble garantía”: mantener el juicio
humano como instancia final y establecer comités de revisión algorítmica que
supervisen permanentemente los criterios de clasificación de riesgo (Hernández et
al., 2020).
Los desafíos éticos subyacentes trascienden la esfera judicial inmediata.
Dávila-Morán & Agüero-Corzo (2023) alertan sobre cómo los sesgos incorporados
en los datos de entrenamiento pueden reproducir discriminaciones históricas (por
etnia, género o nivel socioeconómico), socavando la confianza ciudadana. De forma
análoga, Peña (2021) analiza la utilización de big data en la administración
tributaria y sostiene que prácticas similares en el sistema judicial sin límites claros
vulneran el derecho a la privacidad y el debido proceso, al no garantizar a los
afectados el acceso a la lógica interna de los sistemas (Peña, 2021).
En el ámbito de la libertad de expresión y el acceso a la información, Larrondo &
Grandi (2021) señalan que los algoritmos de indexación utilizados en portales
judiciales en línea pueden privilegiar ciertos precedentes sobre otros, modulando
indirectamente la visibilidad de argumentos y criterios jurisprudenciales. Este
fenómeno, si se replica en Ecuador, podría distorsionar la percepción pública sobre
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la jurisprudencia “oficial” y limitar el escrutinio académico de fallos relevantes
(Larrondo & Grandi, 2021).
Frente a estos retos, diversos marcos regulatorios internacionales ofrecen modelos
de referencia. Espín (2023) describe la propuesta de la Unión Europea, que clasifica
las aplicaciones de IA según su nivel de riesgo y exige transparencia reforzada para
aquellas vinculadas a derechos fundamentales. Sin embargo, Xavier (2022) advierte
sobre la dificultad de adaptar estos estándares en países en vías de desarrollo,
donde las instituciones carecen de capacidad técnica y recursos financieros para
implementar sistemas de control y auditoría continuos (Xavier, 2022). En Colombia,
Fonseca (2024) documenta las consecuencias de la ausencia de regulaciones
específicas, que ha permitido vulneraciones sistemáticas de derechos en el uso de
IA por parte de la Fiscalía; Castro & Martínez (2025) analizan las recientes iniciativas
legislativas (sentencia T-323 y proyectos de ley) y concluyen que, si bien marcan un
avance, aún requieren mecanismos claros de supervisión independiente y de
participación ciudadana (Castro & Martínez, 2025; Fonseca, 2024).
Por lo tanto, Novillo (2023) y Villarreal (2023) indican la importancia de construir
confianza social mediante procesos participativos, evaluación de impacto previo y
auditorías éticas de los sistemas implementados. Estos autores coinciden en que la
legitimidad del poder judicial depende de que la ciudadanía comprenda y valide los
criterios automatizados, lo que implica no solo transparencia técnica, sino también
educación pública sobre el funcionamiento y los límites de la IA en la toma de
decisiones (Novillo, 2023; Villarreal, 2023).
CONCLUSION
La implementación de la IA en el sistema judicial ecuatoriano promete agilizar la
tramitación de causas y fortalecer la coherencia jurisprudencial; sin embargo, para
aprovechar sus beneficios sin sacrificar principios esenciales, resulta indispensable
diseñar un marco que proteja el empleo judicial mediante planes de formación y
reconversión, preserve las garantías procesales a través de supervisión humana y
medidas cautelares, e incorpore estándares éticos junto con sistemas de auditoría
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continua que reduzcan sesgos algorítmicos. Asimismo, es necesario adaptar
modelos internacionales de gestión de riesgos y transparencia a nuestra realidad
institucional e impulsar la participación ciudadana y la creación de instancias
independientes de rendición de cuentas. Solo así podrá equilibrarse la eficiencia
tecnológica con el respeto al Estado de derecho y la confianza pública.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
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