Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial Ambato), 139-148, 2024
https://doi.org/10.62574/bcang012
139
El rol del consejo de participación ciudadana en el nombramiento de
funcionarios de control
The role of the citizen participation council in the appointment of control
officials
Pablo Joel Álvarez-Resabala
Pabloar25@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0000-8637-2822
Jonathan Alexander Tapia-Ayala
jonathanta37@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0006-7405-8784
Gabriel Alexander Ortiz-Álvarez
Gabrieloa86@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0004-9077-4487
Iruma Alfonso-González
ua.irumaalfonzo@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-6866-4944
RESUMEN
El articulo tuvo por objetivo analizar el rol del consejo de participación ciudadana en el
nombramiento de funcionarios de control en Ecuador. A través de un enfoque cualitativo y un análisis
documental, se examinaron aspectos como la legitimidad, la politización y la efectividad del Consejo
en el cumplimiento de su mandato constitucional. Los resultados evidencian que, aunque el CPCCS
fue concebido como un mecanismo para fortalecer la participación ciudadana y garantizar procesos
transparentes, su desempeño ha estado marcado por problemas de politización, falta de
independencia y cuestionamientos sobre su legitimidad. Se concluye que, para cumplir con su
propósito, el CPCCS requiere reformas estructurales que fortalezcan la transparencia, la meritocracia
y el control social en los procesos de designación de autoridades.
Descriptores: desarrollo participativo; gobernabilidad; poder político. (Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The article aimed to analyse the role of the citizen participation council in the appointment of control
officials in Ecuador. Through a qualitative approach and documentary analysis, aspects such as the
legitimacy, politicisation and effectiveness of the Council in fulfilling its constitutional mandate were
examined. The results show that, although the CPCCS was conceived as a mechanism to strengthen
citizen participation and guarantee transparent processes, its performance has been marked by
problems of politicisation, lack of independence and questions about its legitimacy. It is concluded
that, in order to fulfil its purpose, the CPCCS requires structural reforms that strengthen transparency,
meritocracy and social control in the processes of appointing authorities.
Descriptors: participatory development; governance; political power. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 21/11/2024.
Sección artículos de investigación
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El rol del consejo de participación ciudadana en el nombramiento de funcionarios de control
The role of the citizen participation council in the appointment of control officials
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INTRODUCCIÓN
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en Ecuador,
concebido como un mecanismo innovador para fortalecer la participación ciudadana
y garantizar el control social, ha sido objeto de intensos debates jurídicos y políticos
desde su creación. Este organismo, establecido en la Constitución de 2008, fue
diseñado como un "quinto poder" dentro del sistema democrático ecuatoriano, con
competencias clave como la designación de funcionarios de control, la promoción
de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, su
desempeño ha generado controversias significativas, especialmente en torno a su
legitimidad, politización y efectividad.
En este sentido, Soto & Sánchez (2021) destacan que la participación ciudadana,
como principio constitucional, busca garantizar la inclusión de la sociedad en la
toma de decisiones públicas, promoviendo un Estado de derecho pluralista. No
obstante, en el caso del CPCCS, este principio se ha visto limitado por problemas
estructurales y políticos que han afectado su funcionamiento. Así, la
institucionalización de la participación ciudadana a través del CPCCS no ha logrado
consolidar un sistema efectivo de control social, lo que ha llevado a
cuestionamientos sobre su relevancia y viabilidad.
Por otro lado, es importante señalar que Moncayo-Vives (2020) y Gordón-Posligua
(2022) coinciden en que la politización del CPCCS ha sido uno de los principales
factores que han debilitado su legitimidad y su capacidad para actuar de manera
independiente. Esta politización se refleja, entre otros aspectos, en los procesos de
designación de funcionarios de control, los cuales han sido objeto de críticas por
su falta de transparencia y por estar influenciados por intereses partidistas. En
consecuencia, la percepción pública del CPCCS como un organismo imparcial se ha
visto gravemente afectada, lo que ha generado un impacto negativo en su
credibilidad institucional.
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Asimismo, resulta pertinente mencionar que Rauber-Lema (2021) menciona que la
falta de legitimidad democrática del CPCCS ha generado un proceso de
deslegitimación que afecta no solo al organismo, sino también a la percepción
pública de la participación ciudadana como un mecanismo efectivo de control. Este
autor enfatiza que la percepción de que el Consejo actúa como un instrumento
político, más que como un organismo independiente, ha erosionado su capacidad
para cumplir con los objetivos establecidos en la Constitución.
De igual manera, en el ámbito de la lucha contra la corrupción, Gutiérrez-Magaña
(2021) señala que, a pesar de las amplias competencias del CPCCS, su impacto en
este ámbito ha sido limitado. Esto se debe, en parte, a la ausencia de mecanismos
adecuados para garantizar la independencia de los funcionarios designados y a la
falta de coordinación con otros órganos del Estado. En este contexto, la falta de
resultados concretos en la lucha contra la corrupción ha sido uno de los principales
factores que han contribuido a la pérdida de confianza en el CPCCS.
Por lo tanto, cabe destacar que Villagómez-Mejía (2016) resalta que el Consejo no
ha cumplido con las expectativas en términos de transparencia y rendición de
cuentas, lo que ha llevado a propuestas de reforma constitucional para redefinir o
incluso eliminar este organismo, estas propuestas reflejan la necesidad de abordar
los problemas estructurales que enfrenta el CPCCS y de garantizar que la
participación ciudadana y el control social se ejerzan de manera efectiva en el marco
del Estado de derecho.
En este contexto, el articulo tuvo por objetivo analizar el rol del consejo de
participación ciudadana en el nombramiento de funcionarios de control en Ecuador.
MÉTODO
El artículo se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño de investigación
documental y analítico, orientado a examinar el papel del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el proceso de designación de funcionarios
de control en Ecuador. Para ello, se llevó a cabo una revisión de fuentes
bibliográficas, normativas y doctrinarias que abordaron las competencias,
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actuaciones y controversias jurídicas relacionadas con este organismo.
En primer lugar, se seleccionaron 16 referencias académicas, entre las cuales se
incluyeron artículos científicos y tesis de grado. Estas fuentes fueron elegidas por
su pertinencia en el análisis del CPCCS, considerando aspectos como su legitimidad,
politización, impacto en el control social y propuestas de reforma.
Se realizó una lectura crítica de las fuentes seleccionadas, identificando los
principales argumentos y resultados relacionados con el CPCCS. En esta etapa, se
clasificaron las referencias en categorías temáticas, tales como legitimidad,
politización, control social y lucha contra la corrupción.
Luego se llevó a cabo un contraste entre las diferentes posturas doctrinarias y
normativas, con el objetivo de identificar puntos de convergencia y divergencia en
torno al desempeño del CPCCS; posteriormente se integraron los hallazgos en una
discusión crítica que abordó las implicaciones del CPCCS en el sistema democrático
ecuatoriano.
RESULTADOS
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en Ecuador ha sido
objeto de un amplio debate jurídico y político desde su creación, especialmente en
lo que respecta a su rol en el nombramiento de funcionarios de control. Este
organismo, concebido como un "quinto poder" dentro del sistema democrático
ecuatoriano, enfrenta desafíos significativos relacionados con su legitimidad,
politización y efectividad. A partir del análisis comparativo de las fuentes revisadas,
se pueden identificar varios puntos que permiten una discusión profunda sobre su
impacto y las controversias que lo rodean:
Legitimidad y Legalidad del CPCCS
En primer lugar, uno de los temas más recurrentes en la doctrina es la tensión entre
la legitimidad y la legalidad de las actuaciones del CPCCS, especialmente durante
el periodo del Consejo Transitorio. Según Bimos & Caguana (2018), las decisiones
adoptadas por el Consejo Transitorio generaron un debate intenso sobre su
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constitucionalidad. Aunque el Consejo fue creado con el objetivo de fortalecer la
participación ciudadana y garantizar un control social efectivo, sus actuaciones han
sido percibidas como excesivas y, en algunos casos, contrarias al marco normativo
vigente. Este conflicto entre legitimidad y legalidad ha debilitado la confianza
pública en el organismo y ha puesto en duda su capacidad para cumplir con sus
objetivos constitucionales.
Por otro lado, Rauber-Lema (2021) señala que la falta de legitimidad democrática
del CPCCS ha sido un factor determinante en su deslegitimación, la percepción de
que el Consejo actúa más como un instrumento político que como un organismo
independiente ha erosionado su credibilidad. Este problema se agrava si se
considera que el CPCCS tiene la facultad de designar a funcionarios clave, como el
Contralor General del Estado y el Fiscal General, lo que lo convierte en un actor
central en el sistema de control del país, en este sentido, la falta de legitimidad no
solo afecta la percepción pública, sino que también compromete la estabilidad
institucional.
Politización del Consejo
En segundo lugar, la politización del CPCCS constituye un eje central en la discusión
jurídica. Moncayo-Vives (2020) y Gordón-Posligua (2022) coinciden en que el
Consejo ha sido utilizado como una herramienta política, lo que ha limitado su
capacidad para actuar de manera imparcial. Esta politización se refleja en los
procesos de designación de funcionarios de control, que a menudo han sido
cuestionados por su falta de transparencia y por estar influenciados por intereses
partidistas. La politización no solo afecta la percepción blica del Consejo, sino
que también compromete la independencia de los funcionarios designados, lo que
a su vez debilita el sistema de control en su conjunto.
En este contexto, la propuesta de reforma constitucional para eliminar el CPCCS,
planteada por Morán (2022), surge precisamente como una respuesta a esta
politización. Según el autor, la eliminación del Consejo podría ser una solución para
reducir la influencia política en el nombramiento de funcionarios de control y
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fortalecer la institucionalidad democrática. Sin embargo, esta propuesta también
plantea interrogantes sobre cómo garantizar la participación ciudadana y el control
social en ausencia del CPCCS. Por lo tanto, cualquier reforma debe considerar los
efectos colaterales que podría generar la eliminación de este organismo.
Impacto en el Control Social y la Lucha contra la Corrupción
En tercer lugar, es importante destacar que el CPCCS fue creado con la intención de
fortalecer el control social y combatir la corrupción, pero su desempeño en estas
áreas ha sido ampliamente cuestionado, ante lo cual, Gutiérrez-Magaña (2021) y
Villagómez-Mejía (2016) destacan que el Consejo no ha logrado consolidarse como
un actor clave en la lucha contra la corrupción. A pesar de tener competencias
amplias, como la designación de funcionarios de control y la promoción de la
participación ciudadana, el CPCCS no ha cumplido con las expectativas en términos
de transparencia y rendición de cuentas.
La falta de efectividad del CPCCS en el control social también se refleja en el análisis
de Cortez & Aguirre (2022), quienes utilizan un enfoque de rastreo de procesos y
formalización bayesiana para evaluar la incidencia de la participación ciudadana en
el control social. Los autores concluyen que la participación ciudadana, tal como se
ha implementado en Ecuador, no siempre garantiza un control social efectivo. Esto
sugiere que el problema no radica únicamente en el CPCCS, sino también en las
estructuras y mecanismos que sustentan la participación ciudadana en el país. En
consecuencia, es necesario repensar los modelos de participación ciudadana para
garantizar su efectividad en el marco del Estado de derecho.
Institucionalización de la Participación Ciudadana
En cuarto lugar, la institucionalización de la participación ciudadana a través del
CPCCS ha sido objeto de análisis crítico por parte de varios autores. Gavilanes-
Sánchez (2021) y González & Mballa (2017) señalan que, aunque la creación del
Consejo representó un avance en términos de institucionalización, no ha logrado
consolidar un sistema efectivo de rendición de cuentas. Esto se debe, en parte, a la
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falta de claridad en sus competencias y a la ausencia de mecanismos adecuados
para garantizar su independencia.
Asimismo, Landázuri-Yanzapanta (2015) destaca que la descentralización no ha
garantizado una participación ciudadana efectiva en el control social. Esto es
particularmente evidente en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados,
donde la implementación de ordenanzas de participación ciudadana ha enfrentado
múltiples desafíos. Este análisis sugiere que la institucionalización de la
participación ciudadana requiere no solo de un marco normativo adecuado, sino
también de un compromiso político y social para garantizar su efectividad. Por lo
tanto, es fundamental fortalecer los mecanismos de participación ciudadana desde
una perspectiva integral que considere tanto el ámbito nacional como el local.
Conflictos con Otros Órganos del Estado
En quinto lugar, el CPCCS también ha enfrentado conflictos con otros órganos del
Estado, como la Corte Constitucional, ante esto, Rengifo-Aispu (2019) analiza la
relación entre el Consejo y la Corte en el contexto del principio de autotutela
administrativa. Según el autor, estos conflictos han afectado la gobernabilidad y han
generado incertidumbre sobre el papel del CPCCS en el sistema democrático
ecuatoriano, mientras que la falta de coordinación y cooperación entre el CPCCS y
otros órganos del Estado ha limitado su capacidad para cumplir con sus funciones
y ha exacerbado las tensiones políticas en este sentido, es necesario establecer
mecanismos de articulación interinstitucional que permitan una relación armónica
entre el CPCCS y los demás poderes del Estado.
Propuestas de Reforma y Futuro del CPCCS
Dada la controversia que rodea al CPCCS, varios autores han propuesto reformas
para mejorar su funcionamiento o, en algunos casos, eliminarlo por completo, en
este senido, Morán (2022) y Parra-Freire (2018) plantean que una reforma
constitucional podría ser necesaria para abordar los problemas estructurales del
Consejo. Estas propuestas incluyen la redefinición de sus competencias, la
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implementación de mecanismos para garantizar su independencia y la creación de
sistemas alternativos de participación ciudadana y control social.
Sin embargo, la eliminación del CPCCS también plantea desafíos significativos.
Como señala Rauber-Lema (2021), el Consejo fue concebido como un mecanismo
para fortalecer la legitimidad democrática y garantizar la participación ciudadana en
el control social. Su eliminación podría generar un vacío en estas áreas, lo que
requeriría la creación de nuevas instituciones o mecanismos para llenar ese vacío.
Por lo tanto, cualquier reforma debe ser cuidadosamente diseñada para garantizar
que no se comprometan los principios fundamentales de la participación ciudadana
y el control social.
CONCLUSION
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) cumple un rol
esencial en el sistema democrático ecuatoriano al ser el encargado de designar a
los principales funcionarios de control, como el Contralor General del Estado, el
Fiscal General y el Defensor del Pueblo. Este mandato busca garantizar procesos
transparentes, participativos y basados en la meritocracia. Sin embargo, en la
práctica, su desempeño ha estado marcado por problemas de legitimidad,
politización y falta de independencia, lo que ha generado cuestionamientos sobre
su efectividad.
La politización de los procesos de designación ha sido uno de los principales
factores que han debilitado la confianza pública en el CPCCS. Las decisiones del
Consejo han sido percibidas como influenciadas por intereses partidistas, lo que
compromete la independencia de los funcionarios designados y afecta
negativamente el sistema de control del país. Asimismo, la falta de mecanismos
claros para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en estos procesos
ha limitado su capacidad para cumplir con su mandato constitucional.
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FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
REFERENCIAS
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