Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial Ambato), 96-104, 2024
https://doi.org/10.62574/yx9kvb68
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Efectividad de las sanciones por delitos ambientales en el Código Orgánico
Integral Penal
Effectiveness of sanctions for environmental crimes in the Organic
Comprehensive Criminal Code
Stiven Omar Cuyo-Caisaguano
stivencc64@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0000-7040-8448
Josué Alexander Jiménez-Chango
josuejc37@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0002-2096-722X
Byron Javier Chulco-Lema
direccionderecho@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0000-0003-2584-9564
Iruma Alfonso-González
ua.irumaalfonzo@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-6866-4944
RESUMEN
Este estudio analiza la efectividad del marco sancionatorio ambiental en Ecuador, país pionero en
reconocer constitucionalmente los derechos de la naturaleza. Mediante una revisión sistemática de
19 referencias académicas (2015-2024), se examina la tensión entre el avanzado marco normativo
del COIP y los desafíos prácticos en su implementación. Los resultados revelan una significativa
brecha entre legislación y aplicación efectiva, con sanciones desproporcionadas respecto a la
magnitud de ciertos daños ambientales. Se identifica un predominio del enfoque reactivo sobre el
preventivo, dificultades técnicas para la reparación integral, y un desarrollo jurisprudencial limitado
por la escasez de sentencias condenatorias. La investigación concluye que, pese a contar con un
marco normativo robusto, su efectividad requiere fortalecer capacidades institucionales, aumentar la
proporcionalidad de las sanciones, desarrollar protocolos de reparación y priorizar enfoques
preventivos que articulen educación ambiental con el sistema sancionatorio.
Descriptores: legislación ambiental; derecho constitucional; procedimiento legal. (Fuente: Tesauro
UNESCO).
ABSTRACT
This study analyses the effectiveness of the environmental sanctions framework in Ecuador, a
pioneering country in constitutionally recognising the rights of nature. Through a systematic review
of 19 academic references (2015-2024), the tension between the advanced regulatory framework
of the COIP and the practical challenges in its implementation is examined. The results reveal a
significant gap between legislation and effective application, with sanctions disproportionate to the
magnitude of certain environmental damage. A predominance of the reactive over the preventive
approach is identified, as well as technical difficulties for comprehensive reparation and a limited
jurisprudential development due to the scarcity of convictions. The research concludes that, despite
having a robust regulatory framework, its effectiveness requires strengthening institutional
capacities, increasing the proportionality of sanctions, developing reparation protocols and
prioritising preventive approaches that link environmental education with the sanctioning system.
Descriptors: environmental legislation; constitutional law; legal procedure. (Source: UNESCO
Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 21/11/2024.
Sección artículos de investigación
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Efectividad de las sanciones por delitos ambientales en el Código Orgánico Integral Penal
Effectiveness of sanctions for environmental crimes in the Organic Comprehensive Criminal Code
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Josué Alexander Jiménez-Chango
Byron Javier Chulco-Lema
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INTRODUCCIÓN
La protección del medio ambiente se ha convertido en un tema prioritario en el
ámbito jurídico y social, especialmente en países como Ecuador, donde la
biodiversidad y los recursos naturales son fundamentales para el desarrollo
sostenible. En este contexto, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece un
marco normativo para sancionar los delitos ambientales, con el objetivo de
garantizar la conservación de los ecosistemas y el cumplimiento de los derechos de
la naturaleza, reconocidos constitucionalmente desde 2008.
Sin embargo, la efectividad de estas sanciones ha sido objeto de debate entre
académicos, juristas y actores sociales, quienes cuestionan si las disposiciones
legales actuales son suficientes para disuadir las conductas ilícitas que afectan al
medio ambiente. Estudios como los de Albán-Gómez (2017) y Antúnez-Sánchez &
Guanoquiza-Tello (2019) destacan la necesidad de fortalecer la legislación penal
ambiental, mientras que otros, como Barahona-Néjer & Añazco-Aguilar (2020),
subrayan la importancia de una interpretación intercultural y constitucional de los
derechos de la naturaleza.
En correspondencia a lo presentado, se articula como objetivo de investigación
analizar la efectividad de las sanciones por delitos ambientales en el Código
Orgánico Integral Penal en Ecuador.
MÉTODO
El estudio se estructuró mediante una revisión sistemática de literatura,
seleccionando un total de 19 referencias académicas. Estas referencias fueron
seleccionadas bajo criterios de inclusión específicos: (a) publicaciones entre 2015-
2024, (b) enfoque en delitos ambientales en Ecuador o estudios comparativos que
incluyan el caso ecuatoriano, (c) disponibilidad de texto completo, y (d) rigor
metodológico verificable. Este proceso permitió establecer el estado del
conocimiento sobre la temática y las principales perspectivas teóricas que orientan
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su comprensión.
RESULTADOS
Se examina la efectividad de las sanciones por delitos ambientales establecidas en
el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, evidenciando la tensión entre
el marco normativo avanzado y los desafíos prácticos en su implementación.
Ecuador, pionero en reconocer constitucionalmente los derechos de la naturaleza,
presenta un caso de estudio relevante sobre la efectividad del derecho penal
ambiental. Ver tabla 1.
Tabla 1. Efectividad de las sanciones por delitos ambientales en el COIP.
Aspecto
Fortalezas
Debilidades
Observaciones
Marco legal
Reconocimiento
constitucional de los
derechos de la
naturaleza
Tipificación específica
de delitos ambientales
en el COIP
Inclusión de sanciones
administrativas y
penales
Dispersión normativa
Vacíos legales en
ciertos tipos penales
Falta de claridad en
algunos conceptos
jurídicos
El COIP (2014) representa un avance
significativo al tipificar
específicamente los delitos contra el
ambiente y la naturaleza (Albán-
Gómez, 2017)
Sanciones
• Penas privativas de
libertad para delitos
graves
• Multas económicas
proporcionales al daño
• Reparación integral
obligatoria
• Penas insuficientes
para delitos de gran
impacto
• Dificultad para
cuantificar el daño
ambiental
• Falta de criterios
uniformes para la
reparación
Las sanciones oscilan entre 1-5 años
para la mayoría de delitos
ambientales, consideradas
insuficientes por algunos expertos
(Antúnez-Sánchez & Guanoquiza-
Tello, 2019)
Aplicación
• Creación de fiscalías
especializadas
• Desarrollo de
jurisprudencia
constitucional
• Participación de
peritos ambientales
• Limitada capacidad
técnica y operativa
• Escasez de
recursos para
investigación
• Baja tasa de
sentencias
condenatorias
Existe una brecha significativa entre la
normativa y su aplicación efectiva
(Zambrano-Noles et al., 2018)
Prevención
• Enfoque preventivo
en algunas
disposiciones
• Educación ambiental
como política pública
• Medidas cautelares
disponibles
• Énfasis reactivo
más que preventivo
• Insuficiente difusión
de normas
ambientales
• Limitada
coordinación
interinstitucional
La prevención sigue siendo un desafío
mayor que la sanción (Durán-Chávez
et al., 2019)
Reparación
• Reconocimiento del
principio de
restauración
• Dificultades
técnicas para la
restauración
La reparación integral es un mandato
constitucional pero enfrenta desafíos
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• Obligación de
reparación integral
• Medidas de
compensación
• Falta de
seguimiento a largo
plazo
• Ausencia de
protocolos
estandarizados
prácticos (Narváez-Álvarez &
Escudero-Soliz, 2021)
Casos
emblemáticos
• Desarrollo de
precedentes judiciales
• Visibilización de
problemáticas
ambientales
• Avances en
interpretación
constitucional
• Pocos casos llegan
a sentencia firme
• Largos tiempos
procesales
• Presiones políticas
y económicas
Los casos emblemáticos han
contribuido al desarrollo
jurisprudencial pero son
excepcionales (Vernaza-Arroyo &
Cutié-Mustelier, 2022)
Desafíos
actuales
• Mayor conciencia
social y ambiental
• Desarrollo de
jurisprudencia
constitucional
• Cooperación
internacional
• Conflicto entre
desarrollo
económico y
protección
• Criminalidad
organizada
ambiental
• Limitaciones
presupuestarias
Los delitos contra la biodiversidad
representan un desafío creciente
(Romero-Noboa et al., 2024)
Fuente: Elaboración propia.
En función de lo planteado en la tabla 1, se presenta que el COIP representa un
avance significativo al tipificar específicamente los delitos contra el ambiente y la
naturaleza (Albán-Gómez, 2017). Sin embargo, persiste una brecha considerable
entre la normativa y su aplicación efectiva (Zambrano-Noles et al., 2018). Esta
dicotomía refleja un fenómeno común en el derecho ambiental latinoamericano:
marcos legales progresistas con limitada eficacia práctica debido a restricciones
institucionales y operativas.
Proporcionalidad de las sanciones
Las sanciones establecidas (1-5 años para la mayoría de delitos ambientales)
resultan insuficientes considerando la magnitud e irreversibilidad de ciertos daños
ambientales (Antúnez-Sánchez & Guanoquiza-Tello, 2019). Esta desproporción
cuestiona el efecto disuasorio del régimen sancionatorio, especialmente cuando los
beneficios económicos de actividades ilícitas superan ampliamente los costos de las
posibles sanciones.
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Enfoque reactivo versus preventivo
El sistema muestra un predominio del enfoque reactivo sobre el preventivo, a pesar
de que la prevención constituye un principio fundamental del derecho ambiental. La
educación ambiental como política pública (Durán-Chávez et al., 2019) representa
un esfuerzo preventivo, pero su articulación con el sistema sancionatorio resulta
insuficiente para generar cambios estructurales.
Retos en la reparación integral
La reparación integral, mandato constitucional en Ecuador, enfrenta desafíos
prácticos significativos (Narváez-Álvarez & Escudero-Soliz, 2021). La ausencia de
protocolos estandarizados y las dificultades técnicas para la restauración
ecosistémica comprometen la materialización del principio de restitutio in integrum,
fundamental en materia ambiental.
Desarrollo jurisprudencial limitado
Los casos emblemáticos han contribuido al desarrollo jurisprudencial pero son
excepcionales (Vernaza-Arroyo & Cutié-Mustelier, 2022). La baja tasa de sentencias
condenatorias y los prolongados tiempos procesales limitan la consolidación de
criterios interpretativos uniformes, generando inseguridad jurídica tanto para
defensores ambientales como para operadores económicos.
DISCUSIÓN
El reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza en Ecuador ha
sido ampliamente reconocido como un hito en el constitucionalismo ecológico
(Cruz-Apaza, 2023; Vernaza-Arroyo & Cruel-Preciado, 2024). Sin embargo, como
señalan Solano-Paucay & Marín (2024), este reconocimiento formal no ha sido
suficiente para garantizar una protección efectiva, mientras que esta brecha entre
el marco normativo y su implementación, coincidiendo con lo planteado por
Zambrano-Noles et al. (2018) sobre las deficiencias en la aplicación práctica de las
normas ambientales.
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En cuanto a la tipificación de delitos ambientales, Albán-Gómez (2017) destaca la
importancia del COIP como avance significativo en la protección penal del ambiente.
No obstante, nuestro análisis revela que las sanciones establecidas resultan
insuficientes frente a la magnitud de ciertos daños ambientales, confirmando las
observaciones de Antúnez-Sánchez & Guanoquiza-Tello (2019) sobre la necesidad
de fortalecer el régimen sancionatorio.
La tensión entre desarrollo económico y protección ambiental emerge como un
factor determinante en la efectividad de las sanciones, en este sentido, Colmenares-
Zapata (2017) analiza cómo las políticas forestales ecuatorianas han intentado
equilibrar estos intereses, mientras que Subía-Cabrera & Subía-Cabrera (2022)
examinan esta misma tensión en el contexto de las políticas sobre cambio climático.
Nuestros resultados sugieren que esta tensión se manifiesta también en la
aplicación del derecho penal ambiental, donde intereses económicos pueden influir
en la efectividad de las sanciones.
Respecto a la reparación integral, Narváez-Álvarez & Escudero-Soliz (2021)
documentan los desafíos para implementar este principio en casos concretos.
Nuestro análisis confirma estas dificultades, evidenciando la necesidad de
desarrollar protocolos estandarizados y fortalecer capacidades técnicas para la
restauración ecosistémica, como sugieren Barahona-Néjer 6 Añazco-Aguilar (2020)
al analizar la interpretación constitucional de los derechos de la naturaleza.
El enfoque predominantemente reactivo del sistema sancionatorio contrasta con la
importancia de la prevención en materia ambiental, Durán-Chávez et al. (2019)
destacan el papel de la educación ambiental como política pública preventiva,
mientras que Ramírez-Ramírez et al. (2023) analizan metodologías específicas para
construir conciencia ambiental. Nuestros resultados sugieren que estas iniciativas
preventivas no están suficientemente articuladas con el sistema sancionatorio.
En el ámbito jurisprudencial, Vernaza-Arroyo & Cutié-Mustelier (2022) documentan
cómo los jueces ecuatorianos han interpretado los derechos de la naturaleza.
Nuestro análisis confirma que, si bien existen casos emblemáticos que han
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contribuido al desarrollo jurisprudencial, estos son excepcionales y enfrentan
obstáculos significativos, como largos tiempos procesales y presiones externas.
Los desafíos actuales identificados en nuestro análisis, particularmente la
criminalidad organizada ambiental, coinciden con las preocupaciones expresadas
por Romero-Noboa et al. (2024) sobre los delitos contra la biodiversidad. Asimismo,
las limitaciones institucionales identificadas reflejan problemas estructurales en la
gobernanza ambiental ecuatoriana, como señalan Osejos-Merino et al. (2022) al
analizar los problemas ambientales en Ecuador y América Latina.
La evolución de la legislación ambiental ecuatoriana, documentada por Alaña-
Castillo et al. (2017) y Velasco-Hurtado et al. (2022), muestra un progresivo
fortalecimiento normativo que, sin embargo, no ha sido acompañado por un
desarrollo equivalente de capacidades institucionales. Esta disparidad explica en
parte la limitada efectividad de las sanciones por delitos ambientales, en cuanto
sobre la importancia de la coordinación interinstitucional coinciden con lo planteado
por Cadena & Escobar (2023) respecto a las políticas públicas para la conservación
de áreas protegidas, donde la articulación entre diferentes actores resulta
fundamental para una implementación efectiva.
CONCLUSION
Si bien el COIP establece un marco normativo robusto para sancionar los delitos
ambientales, su efectividad está limitada por sanciones insuficientes, problemas en
la implementación práctica y un enfoque predominantemente reactivo. Para mejorar
su impacto, es necesario fortalecer las capacidades institucionales, aumentar la
proporcionalidad de las sanciones, desarrollar protocolos claros para la reparación
integral y priorizar un enfoque preventivo que articule la educación ambiental con
el sistema sancionatorio. Solo mediante estas acciones se podrá cerrar la brecha
entre el marco normativo y su aplicación efectiva, garantizando una protección real
y sostenible del medio ambiente en Ecuador.
FINANCIAMIENTO
No monetario
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CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
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