Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial Ambato), 20-31, 2024
https://doi.org/10.62574/4spk3j59
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Estrategias para mejorar la eficacia del sistema penitenciario en Ecuador
Strategies to improve the efficiency of the prison system in Ecuador
Geovanny Leopoldo Borja-Martinez
ua.geovannyborja@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0007-3615-2937
Luis Josué Henríquez-Tubon
luisjht35@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0007-2478-1998
María José Pante-Morales
mariapm58@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0001-1477-394X
Clara Juliana Gómez-Ojeda
clarago41@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0005-7029-5339
RESUMEN
Este ensayo investigativo aborda los desafíos del sistema penitenciario ecuatoriano, como el
hacinamiento, la violencia y la corrupción, que vulneran los derechos humanos y dificultan la
rehabilitación social. De ese modo, tiene como proposito de investigación analizar las estrategias
para mejorar la eficacia del sistema penitenciario en Ecuador. A través de una metodología cualitativa
y documental, se analizaron 16 fuentes académicas para identificar estrategias aplicables al contexto
ecuatoriano. Los resultados destacan la necesidad de implementar el Modelo de Riesgo-Necesidad-
Responsividad (RNR), fortalecer programas de rehabilitación, reducir el hacinamiento y adoptar un
enfoque diferenciado para grupos vulnerables. Asimismo, se destaca la importancia de políticas
públicas sólidas, la modernización de la infraestructura y la lucha contra la corrupción, estas medidas
son esenciales para garantizar un sistema penitenciario justo, seguro y respetuoso de los derechos
humanos, promoviendo la reinserción social y una justicia penal más equitativa en Ecuador.
Descriptores: seguridad humana; seguridad del Estado, derechos humanos. (Fuente: Tesauro
UNESCO).
ABSTRACT
This research essay addresses the challenges of the Ecuadorian prison system, such as overcrowding,
violence and corruption, which violate human rights and hinder social rehabilitation. Thus, the
purpose of the research is to analyse strategies to improve the effectiveness of the prison system in
Ecuador. Using a qualitative and documentary methodology, 16 academic sources were analysed to
identify strategies applicable to the Ecuadorian context. The results highlight the need to implement
the Risk-Need-Responsivity (RNR) Model, strengthen rehabilitation programmes, reduce
overcrowding and adopt a differentiated approach for vulnerable groups. Likewise, the importance
of solid public policies, the modernisation of infrastructure and the fight against corruption are
highlighted, as these measures are essential to guarantee a fair, safe prison system that respects
human rights, promoting social reintegration and a more equitable criminal justice system in Ecuador.
Descriptors: human security; state security; human rights. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 21/11/2024.
Sección artículos de investigación
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Estrategias para mejorar la eficacia del sistema penitenciario en Ecuador
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Geovanny Leopoldo Borja-Martinez
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INTRODUCCIÓN
En este ensayo investigativo, exploraremos los desafíos que enfrenta el sistema
penitenciario ecuatoriano y analizaremos propuestas concretas para mejorar la
seguridad, la rehabilitación y las condiciones de privación de libertad. Además,
examinaremos la reciente política pública presentada por el Gobierno, con un
enfoque en los Derechos Humanos y el debido proceso que se debe dar a estos
para transformar el Sistema de Rehabilitación Social. La búsqueda de soluciones
efectivas es esencial para garantizar una justicia penal más equitativa y respetuosa
de los derechos humanos en nuestro país (Jiménez-Arias et al., 2023).
El sistema penitenciario ecuatoriano constituye un área crítica del derecho que
demanda una evaluación profunda y la implementación de reformas estructurales.
La situación de las cárceles en Ecuador se ve caracterizada por el hacinamiento, la
violencia intramuros y la falta de programas efectivos de rehabilitación, desafiando
así los principios fundamentales del derecho penal y los derechos humanos
(González-Malla, 2024). El aumento continuo de la población carcelaria agrava estas
condiciones, colocando a los internos en una situación de vulnerabilidad constante
y comprometiendo su dignidad y bienestar (Villamarín-Rodríguez & López-Moya,
2023).
Por lo tanto, es necesario identificar los vacíos legales y las deficiencias sistémicas
que afectan al sistema penitenciario, así como proponer recomendaciones jurídicas
concretas y viables para una apropiada rehabilitación y las condiciones de
encarcelamiento, evaluando su coherencia con los estándares internacionales de
derechos humanos y el marco legal nacional (Morales-Nivelo & Pérez-Reina, 2022).
La necesidad de estas reformas es imperativa para establecer un marco legal
robusto que garantice el cumplimiento de los derechos fundamentales de todas las
personas privadas de libertad en el país (Carrasco-Carrillo & Paredes-Fuertes,
2023).
En el Ecuador, el "conflicto armado interno en Ecuador" se desencadenó el 9 de
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enero de 2024, debido a una escalada de violencia vinculada a grupos del crimen
organizado. En este contexto, el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de
este conflicto, lo que implica la movilización inmediata y la intervención de las
fuerzas armadas de seguridad dentro del territorio nacional contra estas
organizaciones. En su decreto, se califica como "terroristas y actores no estatales
beligerantes" a 22 organizaciones, incluyendo Los Choneros, Los Tiguerones y
otras, esto hace notoria la vulnerabilidad de las cárceles en Ecuador, revelando
debilidades significativas en el sistema penitenciario, exacerbadas por la influencia
operativa de grupos criminales, tales debilidades son descritas por (Guevara &
Subía-Cabrera, 2024; Pontón & Espín, 2023).
Es de conocimiento público que desde el interior de estos establecimientos se han
planeado atentados y emitido órdenes, resaltando una preocupante falta de control
y seguridad. Este fenómeno no solo pone en riesgo la estabilidad interna de las
instituciones carcelarias, sino que también tiene repercusiones directas en la
seguridad pública y la administración de justicia en el país (Mancheno-Salazar et al.,
2022).
Actualmente, Ecuador enfrenta el desafío de fortalecer su infraestructura
penitenciaria y mejorar los protocolos de seguridad para mitigar estas amenazas.
La colaboración interinstitucional y la implementación de medidas efectivas de
control son imperativas para enfrentar esta problemática de manera integral.
Asimismo, se requiere una revisión exhaustiva de las políticas penitenciarias y la
capacitación del personal encargado, así como una evaluación constante de los
factores que contribuyen a la vulnerabilidad del sistema (Casanova-Casanova,
2022). La sociedad civil y los organismos internacionales también desempeñan un
papel crucial en la promoción de reformas que garanticen condiciones penitenciarias
adecuadas y una gestión penitenciaria eficaz en Ecuador (Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2016).
De ese modo, el actual papel de trabajo presenta como proposito de investigación
analizar las estrategias para mejorar la eficacia del sistema penitenciario en Ecuador.
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MÉTODO
Para la elaboración de los resultados presentados, se empleó una metodología de
corte cualitativo y de carácter documental, sustentada en el análisis de fuentes
primarias y secundarias relacionadas con el sistema penitenciario ecuatoriano y
comparaciones puntuales con experiencias internacionales, particularmente la de El
Salvador. Inicialmente, se procedió a una revisión de la literatura académica,
normativa y doctrinal, incluyendo artículos científicos indexados, textos legales
nacionales e internacionales, y documentos institucionales emitidos por organismos
especializados en derechos humanos y política criminal (Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2016; Palomo-
Rando et al., 2004).
La selección de fuentes se basó en su relevancia, actualidad y pertinencia para
abordar los problemas estructurales y las estrategias de rehabilitación social en los
centros penitenciarios. Se incluyeron 16 trabajos publicados entre el año 2010 y el
2024, con el fin de abarcar la evolución jurídica y doctrinal más reciente sobre el
tema, así como experiencias regionales de interés (Andrews & Bonta, 2010; Guevara
& Subía-Cabrera, 2024). Asimismo, se consideraron investigaciones que analizaran
la aplicación práctica de los principios constitucionales y legales en la gestión
penitenciaria, a fin de contrastar la normativa con la realidad de los centros de
rehabilitación en Ecuador (Morales-Nivelo & Pérez-Reina, 2022; Mancheno-Salazar
et al., 2022).
Posteriormente, se efectuó un análisis comparativo de la información recabada, para
ello, se categorizaron los resultados en torno a los ejes principales que afectan la
eficacia del sistema penitenciario: hacinamiento, programas de rehabilitación,
corrupción administrativa y violencia interna, incluyendo el rol de las bandas
criminales y el enfoque diferenciado para grupos vulnerables (Carrasco-Carrillo &
Paredes-Fuertes, 2023; Masaquiza-Chango et al., 2023). Esta clasificación permitió
identificar tanto las problemáticas comunes como las iniciativas de mejora
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evidenciadas en la literatura.
Con la finalidad de establecer referentes para el contexto ecuatoriano, se aplicó la
técnica de estudio de caso respecto a las reformas penitenciarias en El Salvador
bajo el gobierno de Nayib Bukele. Se recopilaron datos sobre políticas y medidas
adoptadas, como el “Régimen de Excepción”, el Centro de Confinamiento del
Terrorismo (Cecot) y el “Plan Cero Ocio”, contrastándolos con los postulados y
lineamientos de las normativas vigentes en Ecuador (Pontón & Espín, 2023; Guevara
& Subía-Cabrera, 2024).
A partir de la matriz de información obtenida, se sintetizaron los resultados en la
Tabla 1, misma que recoge de manera sistematizada las estrategias de mejora para
el sistema penitenciario. Dicho proceso implicó la triangulación de datos y fuentes,
contrastando la legislación ecuatoriana (Constitución, Código Orgánico Integral
Penal) con las observaciones y recomendaciones de estudios previos (Casanova-
Casanova, 2022; Jiménez-Arias et al., 2023). Esta aproximación metodológica
permitió generar un panorama integral de la situación penitenciaria en Ecuador.
RESULTADOS
Para que se configure un hecho ilícito, intervienen diversos factores y etapas en la
comisión de un delito. En primer lugar, se produce una acción u omisión que
contraviene la ley, lo que constituye un delito. Este acto puede ser positivo (realizar
algo prohibido) o negativo (no cumplir con una obligación legal), y su resultado es
una violación de la norma jurídica. Este comportamiento, que puede ser intencional
o no, da lugar a la intervención del poder punitivo del Estado, conocido como
ius
puniendi
, que sanciona el hecho con penas privativas de libertad para los
responsables, mediante una sentencia judicial (Mejía-Alcalá & Gil Osorio, 2021). Al
igual que en otros países, como Colombia, se establece que nadie puede ser privado
de su libertad sin una orden escrita emitida por una autoridad judicial competente,
cumpliendo con las formalidades legales y los motivos previamente definidos en la
ley (Sferrazza-Taibi, 2020).
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El sistema penitenciario ecuatoriano enfrenta una serie de desafíos críticos que
afectan tanto a los reclusos como a la sociedad en general. Entre los problemas más
graves se encuentran el hacinamiento, la falta de recursos y la violencia intramuros.
Estas condiciones generan un entorno inhumano para los reclusos, afectando su
dignidad y bienestar (Morán-Giler et al., 2022). La superpoblación dificulta el acceso
a servicios esenciales como atención médica, saneamiento, alimentación y
educación, lo que se traduce en celdas congestionadas, insalubridad y escasez de
recursos básicos (Villamarín-Rodríguez & López-Moya, 2023).
El artículo 35 de la Constitución ecuatoriana reconoce a las personas privadas de
libertad como un grupo de atención prioritaria. Este artículo establece que deben
recibir atención especializada en los ámbitos público y privado, y que el Estado
debe brindar especial protección a quienes se encuentran en condiciones de doble
vulnerabilidad. Sin embargo, en la práctica, estas disposiciones suelen ser ignoradas
debido a múltiples factores que afectan al sistema penitenciario (Cevallos-Sánchez
& Alvarado-Moneada, 2018).
La rivalidad entre bandas criminales y la lucha por el control de actividades ilícitas
dentro de las prisiones agravan la situación. Estas disputas generan altos niveles
de violencia, que en muchos casos resultan mortales. Las bandas ejercen un poder
significativo dentro de las cárceles, lo que dificulta tanto la rehabilitación como la
seguridad (González-Malla, 2024). Aunque la rehabilitación es crucial para la
reinserción de los reclusos en la sociedad, los programas actuales no abordan
adecuadamente sus necesidades, como la educación, la capacitación laboral y el
apoyo psicológico (Carrasco-Carrillo & Paredes-Fuertes, 2023).
En este contexto, el libro
The Psychology of Criminal Conduct
de Don Andrews y
James Bonta resulta fundamental para comprender la conducta criminal y diseñar
estrategias de rehabilitación. Los autores proponen un enfoque basado en la
identificación de factores de riesgo individuales, como antecedentes criminales y
adicciones, así como en las necesidades criminógenas, que incluyen habilidades
sociales, empleo y educación. Este modelo busca reducir la reincidencia delictiva
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mediante intervenciones específicas que aborden estas problemáticas (Andrews &
Bonta, 2010).
El artículo 201 de la Constitución ecuatoriana establece como finalidad del Sistema
Nacional de Rehabilitación Social la rehabilitación integral de las personas
sentenciadas penalmente, con el objetivo de reinsertarlas en la sociedad y garantizar
sus derechos. Asimismo, prioriza el desarrollo de sus capacidades para que puedan
ejercer sus derechos y cumplir con sus responsabilidades al recuperar la libertad.
De manera complementaria, el artículo 203 señala que en los centros de
rehabilitación social deben promoverse planes educativos, de capacitación laboral,
de salud mental y física, y de recreación, con medidas afirmativas para proteger a
los grupos de atención prioritaria (Morales-Nivelo & Pérez-Reina, 2022).
Sin embargo, la corrupción dentro del sistema penitenciario ecuatoriano afecta
gravemente la administración de recursos y la toma de decisiones. La falta de
transparencia dificulta la rendición de cuentas y socava la confianza pública, dejando
de lado los principios establecidos en las normas legales sobre rehabilitación y
reinserción social (Mancheno-Salazar et al., 2022).
Al analizar experiencias internacionales, se observa que El Salvador ha enfrentado
problemas similares a los de Ecuador, como el hacinamiento y la violencia en las
cárceles. Durante el mandato del presidente Nayib Bukele, se implementaron
reformas significativas para combatir la influencia de las pandillas y mejorar la
seguridad en las prisiones. En marzo de 2022, Bukele declaró el "Régimen de
Excepción" como respuesta a un aumento en la violencia de las pandillas. Esta
medida permitió al gobierno tomar acciones drásticas, como la suspensión de
ciertos derechos civiles y la realización de operativos masivos que resultaron en la
detención de miles de presuntos pandilleros (Pontón & Espín, 2023).
Entre las reformas implementadas en El Salvador destaca la inauguración del Centro
de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), diseñado para albergar a líderes de
pandillas como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Además, se introdujo el "Plan
Cero Ocio", que involucra a los reclusos en actividades productivas como
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construcción, agricultura y confección de ropa. Estas medidas han reducido
significativamente la tasa de homicidios en el país, aunque también han sido objeto
de críticas por su falta de transparencia (Guevara & Subía-Cabrera, 2024).
En contraste, aunque Ecuador enfrenta problemas de hacinamiento, no se encuentra
entre los países con las cárceles más abarrotadas de la región. Según un estudio de
la BBC, la tasa de ocupación carcelaria en Ecuador es del 133%. Sin embargo, el
país tiene la tasa de presos per cápita más alta de América Latina y el Caribe, lo
que evidencia la necesidad de reformas urgentes para garantizar los derechos
fundamentales de las personas privadas de libertad (Villamarín-Rodríguez & López-
Moya, 2023).
Por lo tanto, Castro-Valdebenito destaca la importancia de adoptar una visión
contextualizada y multidisciplinaria para comprender la criminalidad en América
Latina. Según este autor, factores como la cultura, la sociedad, la identidad y la
religión influyen significativamente en la conducta humana y, por ende, en las tasas
de criminalidad. Este enfoque puede ser clave para diseñar políticas públicas más
efectivas y adaptadas a las realidades de la región (Casanova-Casanova, 2022).
El artículo 673 del Código Orgánico Integral Penal refuerza estas ideas al establecer
que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social debe garantizar la protección de
los derechos de las personas privadas de libertad, atender sus necesidades
especiales, promover su rehabilitación integral y facilitar su reinserción social y
económica. Sin embargo, para que estas disposiciones se cumplan, es necesario
superar los desafíos actuales del sistema penitenciario ecuatoriano mediante
reformas estructurales y una gestión más transparente y eficiente (Morales-Nivelo &
Pérez-Reina, 2022).
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Tabla 1. Estrategias para mejorar la eficacia del sistema penitenciario en Ecuador
Estrategia
Descripción
Referencias
Modelo de Riesgo-
Necesidad-
Responsividad (RNR)
Evaluar el riesgo de reincidencia, identificar
necesidades criminógenas y diseñar
intervenciones adaptadas a las
características individuales de las PPL.
Andrews & Bonta
(2010)
Fortalecimiento de
programas de
rehabilitación social
Incluir educación, capacitación laboral,
atención psicológica y programas de
reinserción social para facilitar la transición
post-penitenciaria.
Casanova-Casanova
(2022); Morales-
Nivelo & Pérez-Reina
(2022)
Reducción del
hacinamiento
carcelario
Promover penas alternativas, modernizar
infraestructura penitenciaria y agilizar
procesos judiciales para evitar prisión
preventiva prolongada.
Mancheno-Salazar et
al. (2022); Pontón &
Espín (2023)
Enfoque diferenciado
para grupos
vulnerables
Diseñar programas específicos para
mujeres, jóvenes y población indígena,
respetando su diversidad cultural y
necesidades particulares.
Masaquiza-Chango et
al. (2023)
Fortalecimiento de
políticas públicas
Garantizar derechos humanos, implementar
sistemas de monitoreo y fomentar la
colaboración interinstitucional para mejorar
la rehabilitación social.
Jiménez-Arias et al.
(2023); Cevallos-
Sánchez & Alvarado-
Moneada (2018)
Adopción de buenas
prácticas
internacionales
Aprender de modelos exitosos como el
sueco, priorizando la rehabilitación sobre el
castigo y capacitando al personal
penitenciario en derechos humanos y
manejo de crisis.
Guevara & Subía-
Cabrera (2024)
Prevención de la
violencia y protección
de derechos
Implementar controles estrictos para evitar
el ingreso de armas y drogas, y garantizar
que las PPL no sean sometidas a torturas,
tratos crueles o ejecuciones extrajudiciales.
González-Malla
(2024); Morales-
Nivelo & Pérez-Reina
(2022)
Promoción de la
reinserción social
Reducir el estigma hacia las PPL mediante
programas de sensibilización comunitaria y
crear redes de apoyo post-penitenciario que
incluyan asesoramiento, empleo y vivienda.
Villamarín-Rodríguez
& López-Moya (2023)
Fuente: Elaboración propia.
El sistema penitenciario en Ecuador enfrenta múltiples desafíos que requieren un
enfoque integral para garantizar su eficacia y promover la rehabilitación social de
las personas privadas de libertad (PPL). A partir de un análisis de las estrategias
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propuestas (tabla 1), se identifican ocho ejes fundamentales que abordan tanto las
necesidades estructurales como las individuales del sistema:
En primer lugar, el modelo de Riesgo-Necesidad-Responsividad (RNR) destaca como
una herramienta para personalizar las intervenciones, priorizando a las PPL con
mayor riesgo de reincidencia y abordando factores criminógenos específicos
(Andrews & Bonta, 2010). Este enfoque se complementa con el fortalecimiento de
programas de rehabilitación social, que incluyen educación, capacitación laboral y
atención psicológica, elementos esenciales para facilitar la reinserción post-
penitenciaria (Casanova-Casanova, 2022; Morales-Nivelo & Pérez-Reina, 2022).
Asimismo, la reducción del hacinamiento carcelario emerge como una prioridad,
dado que el uso de penas alternativas, la modernización de la infraestructura y la
agilización de los procesos judiciales son medidas necesarias para garantizar
condiciones dignas en los centros penitenciarios (Mancheno-Salazar et al., 2022;
Pontón & Espín, 2023). De igual manera, se resalta la importancia de un enfoque
diferenciado para grupos vulnerables, como mujeres, jóvenes e indígenas,
respetando su diversidad cultural y necesidades particulares (Masaquiza-Chango et
al., 2023). Este enfoque debe estar respaldado por políticas públicas sólidas que
garanticen los derechos humanos, fomenten la colaboración interinstitucional y
establezcan sistemas de monitoreo para evaluar la efectividad de las intervenciones
(Jiménez-Arias et al., 2023; Cevallos-Sánchez & Alvarado-Moneada, 2018).
Por otro lado, la adopción de buenas prácticas internacionales, como el modelo
sueco, menciona la necesidad de priorizar la rehabilitación sobre el castigo,
capacitando al personal penitenciario en derechos humanos y manejo de crisis
(Guevara & Subía-Cabrera, 2024). Por lo tanto, la prevención de la violencia y la
protección de derechos dentro de los centros penitenciarios son esenciales para
garantizar la seguridad y el respeto a la dignidad de las PPL (González-Malla, 2024;
Morales-Nivelo & Pérez-Reina, 2022). Por consiguiente, la promoción de la
reinserción social, mediante la sensibilización comunitaria y la creación de redes de
apoyo post-penitenciario, es crucial para reducir el estigma y facilitar la integración
de las PPL en la sociedad (Villamarín-Rodríguez & López-Moya, 2023).
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CONCLUSION
La situación del sistema penitenciario ecuatoriano demanda reformas estructurales
y operativas urgentes, pues el hacinamiento, la violencia intramuros y la corrupción
administrativa erosionan la eficacia de la rehabilitación y vulneran los derechos de
las personas privadas de libertad. Pese a que la legislación nacional contempla un
marco de garantías, su aplicación práctica revela una brecha entre la norma y la
realidad. Para cerrar dicha brecha, resultan fundamentales las estrategias referidas
en la tabla 1, como la adopción del Modelo de Riesgo-Necesidad-Responsividad
(RNR), el fortalecimiento de programas de rehabilitación social, la reducción del
hacinamiento, el enfoque diferenciado para grupos vulnerables, el fortalecimiento
de políticas públicas, la adopción de buenas prácticas internacionales, la prevención
de la violencia y la protección de derechos, así como la promoción de la reinserción
social. Estas medidas, unidas a la modernización de la infraestructura penitenciaria
y la lucha contra la corrupción, permitirán construir un sistema penitenciario capaz
de garantizar la seguridad, la justicia y el respeto de los derechos humanos.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
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