Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 4(1), 34-52, 2025
https://doi.org/10.62574/f7mmrf15
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Modernización de la justicia desde unidades especializadas para el control
constitucional en Ecuador
Modernisation of the justice system through specialised units for
constitutional control in Ecuador
Lidia Lorena Coello-Piguave
lidia.coello@unach.edu.ec
Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Chimborazo, Ecuador
https://orcid.org/0009-0003-0751-029X
Oswaldo Vinicio Ruiz-Falconi
oruizf@yahoo.com
Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Chimborazo, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-9831-7433
RESUMEN
El articulo científico tiene por objetivo analizar la propuesta de modernización de la justicia desde
unidades especializadas para el control constitucional en Ecuador. Se gestionó metodológicamente
desde el enfoque cualitativo de método hermeneútico. Se realizó una interpretación del Dictamen
No. 1-24-RC/24 de la Corte Constitucional y entrevista a dos informantes clave, así como el análisis
documental de 19 articulos científicos. La propuesta de modernización de la justicia a través de la
creación de Unidades Especializadas para el control constitucional en Ecuador constituye un avance
significativo en la búsqueda de un sistema judicial más eficiente, técnico y accesible, en cumplimiento
de los principios de celeridad, especialización y acceso a la justicia consagrados en la Constitución.
Estas unidades, fundamentadas en los artículos 167 y 172 de la Carta Magna, tienen el potencial de
fortalecer las garantías jurisdiccionales, descongestionar la Corte Constitucional y mejorar la calidad
de las decisiones judiciales.
Descriptores: derecho constitucional; constitución; sistema político. (Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The objective of the scientific article is to analyse the proposal to modernise justice through the
creation of specialised units for constitutional control in Ecuador. It was methodologically managed
from the qualitative approach of hermeneutic method. An interpretation of Ruling No. 1-24-RC/24
of the Constitutional Court and interviews with two key informants were carried out, as well as a
documentary analysis of 19 scientific articles. The proposal to modernise the justice system through
the creation of Specialised Units for constitutional control in Ecuador constitutes a significant step
forward in the search for a more efficient, technical and accessible judicial system, in compliance with
the principles of speed, specialisation and access to justice enshrined in the Constitution. These units,
based on articles 167 and 172 of the Constitution, have the potential to strengthen jurisdictional
guarantees, reduce the Constitutional Court's workload and improve the quality of judicial decisions.
Descriptors: constitutional law; constitutions; political systems. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 04/09/2024. Revisado: 28/09/2024. Aprobado: 13/10/2024. Publicado: 14/01/2025.
Sección artículos de investigación
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Modernización de la justicia desde unidades especializadas para el control constitucional en Ecuador
Modernisation of the justice system through specialised units for constitutional control in Ecuador
Lidia Lorena Coello-Piguave
Osvaldo Vinicio Ruiz-Falconi
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INTRODUCCIÓN
La justicia constitucional es un pilar fundamental para la protección de los derechos
humanos y el mantenimiento del Estado de derecho en los sistemas democráticos;
en este sentido, en el contexto ecuatoriano, el sistema de justicia enfrenta serios
retos estructurales, como la sobrecarga procesal, la falta de especialización y la
lentitud en la resolución de los casos. Diversos estudios han examinado críticamente
el papel del sistema de justicia constitucional en Ecuador, resaltando la coexistencia
de componentes garantistas, participativos y republicanos en la Constitución
ecuatoriana, así como los retos que enfrenta el sistema judicial (Navas-Alvear,
2013).
Por consiguiente, la Corte Constitucional de Ecuador, como el máximo órgano
encargado del control de la constitucionalidad, ha experimentado una acumulación
significativa de procesos, lo que pone en riesgo la tutela judicial efectiva establecida
en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador (2008). Este
escenario ha impulsado propuestas de reforma, como la presentada por el ex
presidente de la Corte Nacional de Justicia, Dr. Iván Saquicela, quien sugirió la
creación de Unidades Especiales para el Control Constitucional y las Garantías
Jurisdiccionales. Esta iniciativa tiene como objetivo aliviar la carga procesal del
sistema judicial y mejorar la eficiencia en la administración de la justicia
constitucional, por cuanto las Unidades Especiales se basan en los principios de
desconcentración judicial y especialización jurisdiccional, previstos en los artículos
167 y 172 de la Constitución, y podrían constituir un mecanismo para fortalecer el
acceso a la justicia y asegurar una protección más efectiva de los derechos
fundamentales
Desde lo anterior, se puede plantear que el sistema judicial ecuatoriano ha
enfrentado históricamente varios problemas que obstaculizan la efectividad de la
justicia constitucional. Entre estos, la acumulación de casos en la Corte
Constitucional ha sido uno de los más preocupantes, por cuanto este órgano,
encargado de garantizar la supremacía constitucional, ha visto cómo su capacidad
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operativa se ha visto sobrepasada por la cantidad de demandas que recibe, lo que
ha generado un retraso significativo en la resolución de los casos.
Lo planteado anteriormente no es un tema nuevo, por cuanto (Grijalva, 2011) señala
que la crisis del poder judicial es un tema recurrente en Ecuador, aunque la
Constitución del 2008 amplió las competencias de los jueces ordinarios para
conocer acciones inherentes a las garantías constitucionales, lo que ha
incrementado aún más la carga de trabajo en la Corte Constitucional. La sobrecarga
procesal y la falta de especialización en el tratamiento de los casos constitucionales
han comprometido la eficiencia del sistema de justicia en Ecuador. Esto evidencia
una brecha en el sistema judicial que justifica la necesidad de reformas estructurales,
como la creación de Unidades Especiales para el Control Constitucional y las
Garantías Jurisdiccionales.
De ese modo, en contexto a lo presentado, el articulo científico tiene por objetivo
analizar la propuesta de modernización de la justicia desde unidades especializadas
para el control constitucional en Ecuador.
Marco teórico referencial
Desde el estudio de la modernización de la justicia desde unidades especializadas
para el control constitucional en Ecuador, se presentan aspectos teóricos que
sustentan desde una óptica conceptual la puesta en marcha de acción judicial, en
este sentido, se formula:
Descongestión del sistema judicial
En este orden, Amaya-López & Juanes-Giraud (2020) describen que la mediación,
como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, constituye una herramienta
para descongestionar el sistema judicial, por cuanto en el ámbito constitucional, la
mediación podría ser adaptada para resolver conflictos de menor complejidad,
permitiendo que la Corte Constitucional se concentre en casos de mayor
trascendencia jurídica, esta perspectiva se fundamenta en el principio de economía
procesal, que busca optimizar los recursos del sistema judicial y garantizar una
tutela judicial efectiva, conforme al artículo 75 de la Constitución de la República
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del Ecuador (2008); la mediación, además, se alinea con el principio de celeridad
procesal, previsto en el artículo 169 de la misma norma, al reducir los tiempos de
resolución de los conflictos.
Impacto de la jurisprudencia constitucional
En este aspecto, Baldeón-Navarrete (2025) analiza cómo la jurisprudencia
constitucional ha transformado el derecho civil en Ecuador, evidenciando la
necesidad de jueces especializados en materia constitucional, por consiguiente, a
jurisprudencia, como fuente formal del derecho, adquiere un rol preponderante en
la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales. En este sentido, la
creación de Unidades Especiales para el Control Constitucional permitiría un análisis
más técnico y profundo de los casos, garantizando la uniformidad y coherencia en
la aplicación de la jurisprudencia constitucional, esto es especialmente importante
en un sistema jurídico como el ecuatoriano, donde la Corte Constitucional actúa
como garante de la supremacía constitucional y la protección de los derechos
fundamentales.
Descentralización y desconcentración del poder judicial
En este indicador, Cabascango-Hidrobo et al. (2024) comentan que la
descentralización y desconcentración del poder judicial son mecanismos esenciales
para garantizar el acceso a la justicia en un Estado constitucional de derechos y
justicia. Siendo importante recordar que la desconcentración, prevista en el artículo
227 de la Constitución, permite delegar competencias a instancias especializadas,
como las Unidades Especiales para el Control Constitucional, con el objetivo de
acercar la justicia a los ciudadanos y reducir las barreras geográficas y económicas,
lo cual también responde al principio de igualdad ante la ley, consagrado en el
artículo 11 de la Constitución, al garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso
a una justicia pronta y efectiva, independientemente de su ubicación geográfica.
Reforma de la justicia constitucional
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En este parámetro teórico, Coello-Piguave (2025) analiza la propuesta de reforma
de la justicia constitucional en Ecuador, destacando que la creación de Unidades
Especiales constituye una medida estructural para abordar la sobrecarga procesal
de la Corte Constitucional, estas unidades, fundamentadas en los principios de
especialización y desconcentración, permitirían una distribución más equitativa de
la carga procesal, garantizando una resolución más ágil y técnica de los casos.
Siendo importante comprender que la reforma debe estar acompañada de un
fortalecimiento institucional, que incluya la capacitación de jueces y funcionarios
judiciales, así como la asignación de recursos adecuados, conforme al principio de
suficiencia presupuestaria previsto en el artículo 286 de la Constitución.
Estado situacional de la descentralización
En este sentido, Costa-Cevallos et al. (2022) estudian el estado situacional de la
descentralización en Ecuador, destacando que la desconcentración del poder
judicial es una herramienta esencial para mejorar la eficiencia administrativa y
garantizar el acceso a la justicia; mientras que en el ámbito constitucional, la
descentralización permitiría una distribución más equitativa de los recursos y
competencias, facilitando la resolución de casos en regiones alejadas de los centros
urbanos, lo cual se alinea con el principio de proximidad, que busca acercar la
administración de justicia a los ciudadanos, y con el principio de justicia territorial,
que garantiza una distribución equitativa de los recursos y servicios públicos.
Independencia judicial y derechos
Por consiguiente, Grijalva (2011) señala que la independencia judicial es un pilar
fundamental del Estado de derecho, por cuanto garantiza que los jueces puedan
ejercer sus funciones sin interferencias externas; en el contexto ecuatoriano, la
politización del sistema judicial ha comprometido su independencia, afectando la
protección de los derechos fundamentales. Por lo tanto, la creación de Unidades
Especiales para el Control Constitucional podría fortalecer la independencia judicial
al promover un enfoque técnico y especializado en la resolución de casos,
reduciendo la influencia política en el sistema judicial, lo cual se fundamenta en el
principio de imparcialidad, consagrado en el artículo 168 de la Constitución.
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Evolución y desafíos del derecho constitucional
En este sentido, Macías-Macías & Espinoza-Bravo (2024) analizan la evolución del
derecho constitucional en Ecuador, destacando que la Constitución de 2008
introdujo un enfoque garantista que busca proteger los derechos fundamentales de
los ciudadanos. Sin embargo, esta perspectiva ha generado una mayor carga de
trabajo para la Corte Constitucional, evidenciando la necesidad de reformas
estructurales. Por lo tanto, la creación de Unidades Especiales permitiría abordar
este desafío al garantizar un tratamiento técnico y especializado de los casos,
fortaleciendo la protección de los derechos fundamentales y la supremacía
constitucional.
Limitaciones de la corte constitucional
En este contexto, Margareth-Dalila et al. (2024) destacan que la Corte
Constitucional enfrenta limitaciones significativas en su capacidad para seleccionar
y revisar sentencias relacionadas con garantías jurisdiccionales. Estas restricciones
han contribuido a la acumulación de casos y al retraso en la resolución de estos,
por consiguiente, la creación de Unidades Especiales permitiría delegar parte de las
competencias de la Corte a instancias especializadas, aliviando su carga de trabajo
y garantizando una resolución más ágil y efectiva de los casos, lo cual se fundamenta
en el principio de subsidiariedad, que busca distribuir las competencias de manera
eficiente entre las distintas instancias del sistema judicial.
Garantías jurisdiccionales y competencia ordinaria
En este orden, Montalvo-Jama & Baquerizo-Gutiérrez (2022), analizan el desafío de
contar con jueces constitucionales especializados en Ecuador, destacando que las
garantías jurisdiccionales son un mecanismo esencial para la protección de los
derechos fundamentales. Siendo importante tener en cuenta que la creación de
Unidades Especiales permitiría fortalecer este aspecto al garantizar un tratamiento
técnico y especializado de los casos, promoviendo una interpretación adecuada de
las garantías jurisdiccionales y una aplicación efectiva de los derechos
fundamentales.
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Justicia constitucional entre política y derecho
En este aspecto, Navas-Alvear (2013) aborda la interacción entre la política y el
derecho en la justicia constitucional ecuatoriana, destacando que la politización del
sistema judicial ha afectado su eficiencia y legitimidad, siendo necesario comprender
que la implementación de Unidades Especiales podría reducir esta influencia política
al promover un enfoque técnico y especializado en la resolución de casos,
fortaleciendo la independencia judicial y la confianza de los ciudadanos en el
sistema de justicia.
Interacción entre derecho constitucional y protección ciudadana
En este sentido, Ronquillo-Riera et al. (2021) analizan cómo el derecho
constitucional interactúa directamente con la protección de los ciudadanos,
destacando que un sistema judicial eficiente y accesible es esencial para garantizar
los derechos fundamentales, por consiguiente, la creación de Unidades Especiales
podría fortalecer esta interacción al garantizar una protección más efectiva de los
derechos fundamentales, promoviendo una administración de justicia más ágil y
técnica.
Definiciones de jurisprudencia constitucional
Por consiguiente, Saltos-Orrala et al. (2024), examinan las definiciones de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en Ecuador, destacando que estas
interpretaciones tienen un impacto significativo en la creación de reglas y
procedimientos, por cuanto la especialización de las Unidades Especiales permitiría
un análisis más técnico, así como profundo de estas definiciones, garantizando una
interpretación adecuada de la Constitución y una aplicación coherente de los
derechos fundamentales.
Sistema penal y derechos humanos
En este parámetro judicial, Segovia-Guillén et al. (2024), analizan los retos del
sistema penal ecuatoriano desde una perspectiva de derechos humanos,
destacando que un sistema judicial eficiente y equitativo es esencial para garantizar
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una justicia igualitaria, siendo importante considerar que la creación de Unidades
Especiales podría contribuir a este objetivo al garantizar una administración de
justicia más ágil y efectiva, promoviendo la protección de los derechos
fundamentales en el ámbito penal.
Derechos de la naturaleza y jurisprudencia constitucional
En este sentido, Solano-Paucay & Marín (2024), abordan la relación entre los
derechos de la naturaleza y la jurisprudencia constitucional en Ecuador, destacando
que un enfoque especializado es esencial para garantizar la protección de estos
derechos, en consideración, las Unidades Especiales podrían desempeñar un papel
clave en este ámbito al garantizar una interpretación adecuada de los derechos de
la naturaleza, promoviendo su protección efectiva.
Control de constitucionalidad
En este ámbito, Storini et al. (2022), promueven que el control de constitucionalidad
en Ecuador enfrenta problemas de eficiencia debido a la centralización excesiva y la
falta de recursos, por tanto, la desconcentración del sistema judicial, mediante la
creación de Unidades Especiales, podría ser una solución para mejorar la
administración de justicia y garantizar una protección más efectiva de los derechos
fundamentales.
Desconcentración del estado central
En este orden, Tamayo (2023), analiza la desconcentración del Estado central en
Ecuador, destacando que este proceso puede mejorar la eficiencia administrativa y
la distribución de competencias, siendo importante tener en cuenta que en el ámbito
judicial, la desconcentración permitiría una administración de justicia más accesible
y equitativa, fortaleciendo el acceso a la justicia en regiones alejadas de los centros
urbanos.
Estado constitucional de derecho y justicia
En este ámbito, Vásquez-Alejandro & Esteves-Fajardo (2023) promueven el Estado
constitucional de derecho en Ecuador, destacando que un sistema judicial eficiente
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y accesible es esencial para garantizar la justicia en las relaciones entre individuos
y la sociedad, por lo tanto, plantean que la creación de Unidades Especiales podría
fortalecer este aspecto al promover una administración de justicia más ágil y
efectiva. En complemento a lo anterior, Zúñiga-Hurtado (2024), analiza la
participación política de la mujer desde una perspectiva constitucional, destacando
que un sistema judicial eficiente es esencial para garantizar la igualdad de derechos,
enfatizando que las Unidades Especiales podrían desempeñar un papel importante
en este ámbito al garantizar una protección más efectiva de los derechos
fundamentales.
MÉTODO
El actual artículo se gestionó metodológicamente desde el enfoque cualitativo de
método hermeneútico, gestionando del siguiente modo:
Se realizó una interpretación del Dictamen No. 1-24-RC/24 de la Corte
Constitucional, emitido por la jueza Dra. Karla Andrade Quevedo, como un texto
esencial para comprender los fundamentos y objetivos de las Unidades
Especializadas. Este análisis se complementó con la revisión de los artículos 167 y
172 de la Constitución ecuatoriana, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional (LOGJCC), y experiencias internacionales en países como
Colombia y España.
En segundo momento, se realizaron entrevistas semiestructuradas con dos
informantes clave, seleccionados por su experiencia en derecho constitucional y su
conocimiento del sistema judicial, ver tabla 1.
En tercer momento, se empleó en la recopilación, selección, organización y análisis
hermeneútico de 19 artículos científicos contextualizados a la realidad de estudio,
de modo secundario se tomó en cuenta la Constitución de la Republica del Ecuador
del 2008.
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RESULTADOS
En la sección de resultados se tiene en consideración dos aspectos fundamentales,
el primero relacionado al Dictamen No. 1-24-RC/24 de la Corte Constitucional;
mientras que el segundo, se justifica desde la tabla 1, donde se exponen categorías
de estudio procedentes de entrevistas a dos informantes clave, en este sentido:
El Dictamen No. 1-24-RC/24 de la Corte Constitucional, presentado por la jueza
Dra. Karla Andrade Quevedo, destaca la importancia de las Unidades Especializadas
como un paso innovador hacia una justicia constitucional más eficiente y accesible
en Ecuador. Estas unidades podrían fortalecer las garantías jurisdiccionales, mejorar
la calidad de las decisiones judiciales y servir como modelo para otros países de la
región. Sin embargo, su implementación efectiva dependerá de un abordaje integral
que contemple tanto los aspectos normativos como operativos.
Tabla 1. Pros y contras de la creación de unidades especializadas para el control
constitucional y garantías jurisdiccionales en Ecuador.
Aspecto
Pros
Contras
Eficiencia Judicial
Experto
1:
- Reducción de la carga procesal
en la Corte Constitucional.
Experto
1:
- Posible burocratización del
sistema judicial.
Experto
2:
- Resolución más ágil de casos
constitucionales.
Experto
2:
- Riesgo de demoras
iniciales por
reestructuración.
Especialización
Experto
1:
Jueces especializados en
derecho constitucional.
Experto
1:
Necesidad de formación
continua y capacitación
especializada.
Experto
2:
- Decisiones más técnicas y
fundamentadas.
Experto
2:
Acceso a la Justicia
Experto
1:
- Mejora en el acceso a la justicia
para casos urgentes.
Experto
1:
- Riesgo de desigualdad si
solo se crean en ciudades
principales.
Experto
2:
- Mayor cobertura territorial si
se desconcentran.
Experto
2:
Desconcentración
Judicial
Experto
1:
- Descentralización del sistema
judicial.
Experto
1:
- Riesgo de conflictos de
competencias con la Corte
Constitucional.
Experto
2:
- Distribución equilibrada del
trabajo.
Experto
2:
Transparencia y
Confianza
Experto
1:
- Mayor confianza ciudadana si
los casos se resuelven más
rápido.
Experto
1:
Posible resistencia interna
por intereses burocráticos.
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Experto
2:
- Posible reducción de la
percepción de corrupción.
Experto
2:
Autonomía Judicial
Experto
1:
Potencial para reforzar la
independencia de los jueces
especializados.
Experto
1:
Riesgo de interferencia
política si no se garantiza
autonomía efectiva.
Experto
2:
Experto
2:
Impacto
Internacional
Experto
1:
Alineación con experiencias
exitosas en países como
Colombia y España.
Experto
1:
Desajuste con la realidad
ecuatoriana si no se adapta
adecuadamente.
Experto
2:
Experto
2:
Marco Jurídico
Experto
1:
- Fundamentado en los artículos
167 y 172 de la Constitución.
Experto
1:
- Requiere reformas legales
a la LOGJCC y otras leyes
procesales.
Experto
2:
- Alineado con reformas
aprobadas en la Consulta
Popular.
Experto
2:
Costo y Recursos
Experto
1:
- Inversión inicial justificada por
el fortalecimiento del sistema
judicial.
Experto
1:
- Altos costos operativos en
infraestructura y personal.
Experto
2:
-Garantizar presupuesto para la
ejecución adecuada de las
Unidades Especializadas
Experto
2:
- Dificultad para asegurar
presupuesto sostenible.
Fuente: Elaboración propia.
El análisis de los aspectos relacionados con la implementación de Unidades
Especializadas en el sistema judicial, presentado en la tabla 1, evidencia una serie
de ventajas y desafíos que deben ser evaluados:
a) En cuanto a la eficiencia judicial, se resalta la posibilidad de reducir la carga
procesal en la Corte Constitucional y agilizar la resolución de casos
constitucionales, aunque ello podría derivar en riesgos de burocratización y
demoras iniciales debido a los procesos de reestructuración administrativa.
b) Respecto a la especialización, la designación de jueces con formación
específica en derecho constitucional permitiría decisiones más técnicas y
fundamentadas, pero exige un compromiso constante con la capacitación y
actualización profesional, conforme a los principios de idoneidad y excelencia
judicial.
c) En materia de acceso a la justicia, se proyectan mejoras significativas,
especialmente en la atención de casos urgentes, siempre que se garantice
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una desconcentración efectiva que evite desigualdades territoriales, en
cumplimiento del principio de igualdad ante la ley.
d) La desconcentración judicial podría contribuir a la descentralización del
sistema y a una distribución más equilibrada de la carga laboral, aunque
plantea el riesgo de conflictos de competencias con la Corte Constitucional,
lo que requeriría un marco normativo claro para delimitar atribuciones.
e) En relación con la transparencia y confianza, la resolución expedita de los
casos podría fortalecer la legitimidad del sistema judicial y reducir la
percepción de corrupción, aunque podría enfrentarse a resistencias internas
derivadas de intereses burocráticos.
f) La autonomía judicial constituye una oportunidad para reforzar la
independencia de los jueces especializados, en línea con el principio de
separación de poderes, pero plantea el desafío de evitar interferencias
políticas que comprometan su imparcialidad.
g) En el ámbito del impacto internacional, la implementación de estas unidades
podría alinearse con experiencias exitosas en jurisdicciones como Colombia
y España, siempre que se adapten a las particularidades del ordenamiento
jurídico ecuatoriano, evitando desajustes normativos o estructurales.
En consecuencia, el marco jurídico de estas unidades encuentra sustento en los
artículos 167 y 172 de la Constitución, pero requiere reformas legales a la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) y otras
normas procesales. En cuanto a los costos y recursos, si bien la inversión inicial
podría justificarse por el fortalecimiento del sistema judicial, se plantea el reto de
garantizar un presupuesto sostenible que permita la operatividad adecuada de
estas unidades, en observancia de los principios de eficiencia y sostenibilidad
financiera.
Análisis hermeneútico
El análisis hermenéutico de los resultados presentados se centró en interpretar los
significados jurídicos y normativos subyacentes en los dos aspectos fundamentales
abordados:
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El Dictamen No. 1-24-RC/24 de la Corte Constitucional
El dictamen, emitido por la jueza Dra. Karla Andrade Quevedo, constituye un
pronunciamiento de relevancia constitucional que destaca la necesidad de crear
Unidades Especializadas como un mecanismo para optimizar la justicia
constitucional en Ecuador. Desde una perspectiva hermenéutica, este dictamen no
solo se limita a proponer una reforma estructural, sino que también refleja un
esfuerzo por materializar los principios de eficiencia, accesibilidad y especialización
judicial consagrados en la Constitución.
El dictamen indica que la implementación de estas unidades debe ser abordada de
manera integral, considerando tanto los aspectos normativos como operativos. Esto
implica que su interpretación no puede ser reducida a un simple cambio
administrativo, sino que debe ser entendida como un proceso de transformación
institucional que busca garantizar el acceso efectivo a la justicia constitucional, en
cumplimiento de los artículos 167 y 172 de la Constitución. Asimismo, se advierte
que su éxito dependerá de la capacidad del sistema judicial para superar desafíos
estructurales, como la burocratización y la posible interferencia política.
Análisis de la Tabla 1: Pros y Contras
La tabla 1 sintetiza las percepciones de los informantes clave sobre las ventajas y
desafíos de las Unidades Especializadas. Desde un enfoque hermenéutico jurídico,
cada aspecto analizado (eficiencia judicial, especialización, acceso a la justicia,
desconcentración judicial, transparencia y confianza, autonomía judicial, impacto
internacional, marco jurídico, y costos y recursos) revela tensiones entre los
principios constitucionales y las limitaciones prácticas de su implementación.
Eficiencia judicial
La reducción de la carga procesal en la Corte Constitucional y la agilización de la
resolución de casos constitucionales se interpretan como una materialización del
principio de celeridad procesal. Sin embargo, los riesgos de burocratización y las
demoras iniciales derivadas de la reestructuración administrativa evidencian una
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posible contradicción con el principio de eficiencia, lo que exige un diseño
institucional que minimice estos efectos adversos.
Especialización
La designación de jueces especializados en derecho constitucional responde al
principio de idoneidad y busca garantizar decisiones más técnicas y fundamentadas.
No obstante, la necesidad de formación continua y actualización profesional plantea
un desafío para el cumplimiento del principio de excelencia judicial, especialmente
en un contexto de recursos limitados.
Acceso a la justicia
La mejora en el acceso a la justicia, particularmente en casos urgentes, se alinea
con el principio de igualdad ante la ley. Sin embargo, la posible concentración de
estas unidades en ciudades principales podría generar desigualdades territoriales,
lo que contravendría el mandato constitucional de garantizar un acceso equitativo
a la justicia en todo el territorio nacional.
Desconcentración judicial
La descentralización del sistema judicial se interpreta como un mecanismo para
equilibrar la carga laboral y acercar la justicia a las regiones, en cumplimiento del
principio de desconcentración administrativa. Sin embargo, los posibles conflictos
de competencias con la Corte Constitucional indican la necesidad de un marco
normativo claro que delimite las atribuciones de estas unidades, evitando
duplicidades o vacíos legales.
Transparencia y confianza
La resolución expedita de los casos y la reducción de la percepción de corrupción
se interpretan como un esfuerzo por fortalecer la legitimidad del sistema judicial y
garantizar el principio de transparencia. Sin embargo, las resistencias internas
derivadas de intereses burocráticos reflejan una tensión entre la innovación
institucional y la inercia administrativa.
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Osvaldo Vinicio Ruiz-Falconi
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Autonomía judicial
La posibilidad de reforzar la independencia de los jueces especializados se alinea
con el principio de separación de poderes y la garantía de imparcialidad judicial. No
obstante, el riesgo de interferencia política subraya la necesidad de diseñar
mecanismos que protejan la autonomía de estas unidades, en cumplimiento del
artículo 168 de la Constitución.
Impacto internacional
La alineación con experiencias exitosas en países como Colombia y España se
interpreta como un intento de incorporar buenas prácticas internacionales en el
sistema judicial ecuatoriano. Sin embargo, la necesidad de adaptar estas
experiencias al contexto normativo y estructural del Ecuador refleja una tensión
entre la globalización de las reformas y las particularidades del ordenamiento
jurídico nacional.
Marco jurídico
El sustento normativo de estas unidades en los artículos 167 y 172 de la
Constitución evidencia una base jurídica sólida. Sin embargo, la necesidad de
reformas legales a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional (LOGJCC) y otras normas procesales plantea un desafío para
garantizar la coherencia y efectividad del marco normativo.
Costo y recursos
La inversión inicial en infraestructura y personal se interpreta como un compromiso
con el fortalecimiento del sistema judicial, en cumplimiento del principio de
eficiencia. Sin embargo, si legase a existir dificultad para garantizar un presupuesto
sostenible, generaría tensión entre los ideales de sostenibilidad financiera y las
limitaciones presupuestarias del Estado.
Interpretación hermenéutica
Desde una perspectiva hermenéutica jurídica, los resultados evidencian que la
implementación de Unidades Especializadas no solo constituye una reforma técnica,
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sino también un proceso profundamente normativo y político. Los aspectos
positivos, como la mejora en la eficiencia judicial, la especialización y el acceso a la
justicia, reflejan un compromiso con los principios de equidad, transparencia y
legitimidad consagrados en la Constitución. Sin embargo, los desafíos identificados,
como la burocratización, los conflictos de competencias y la sostenibilidad
financiera, indican la necesidad de un abordaje integral que contemple tanto las
dimensiones normativas como operativas.
En este sentido, la implementación de estas unidades debe interpretarse como un
proceso dinámico que requiere la participación activa de todos los actores del
sistema judicial, incluyendo jueces, legisladores y la sociedad civil. Solo a través de
un diálogo constante y una evaluación crítica de los avances y desafíos será posible
garantizar que estas unidades cumplan con su objetivo de fortalecer la justicia
constitucional en Ecuador, en estricto apego a los principios de eficiencia, igualdad,
autonomía e independencia judicial.
CONCLUSION
La propuesta de modernización de la justicia a través de la creación de Unidades
Especializadas para el control constitucional en Ecuador constituye un avance
significativo en la búsqueda de un sistema judicial más eficiente, técnico y accesible,
en cumplimiento de los principios de celeridad, especialización y acceso a la justicia
consagrados en la Constitución. Estas unidades, fundamentadas en los artículos 167
y 172 de la Carta Magna, tienen el potencial de fortalecer las garantías
jurisdiccionales, descongestionar la Corte Constitucional y mejorar la calidad de las
decisiones judiciales.
No obstante, su implementación enfrenta desafíos sustanciales, como la necesidad
de un marco normativo claro que delimite competencias, la sostenibilidad financiera
para garantizar su operatividad, y la formación continua de jueces especializados,
todo ello en un contexto que exige evitar riesgos como la burocratización, la
desigualdad territorial y la interferencia política. Si bien la experiencia comparada
de países como Colombia y España ofrece referentes valiosos, su adaptación al
ordenamiento jurídico ecuatoriano requiere un abordaje contextualizado que
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respete las particularidades estructurales y normativas del país. En este sentido, la
creación de estas unidades no debe ser entendida únicamente como una reforma
técnica, sino como un proceso de transformación institucional que demanda un
diseño sólido y sostenible, capaz de consolidar un sistema de justicia constitucional
más equitativo, transparente y legítimo.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la Universidad Nacional de Chimborazo.
APORTE DE LOS AUTORES
Lidia Lorena Coello-Piguave: Responsable del diseño metodológico y del análisis
teórico, con abordaje en el marco normativo y los principios constitucionales que
sustentan la propuesta de modernización de la justicia en Ecuador. Asimismo,
participó en la redacción del manuscrito, la integración de fuentes doctrinales y
jurisprudenciales, en la revisión final del contenido para garantizar su precisión
jurídica.
Osvaldo Vinicio Ruiz-Falconi: Encargado del análisis hermenéutico de los resultados,
con especial atención a la interpretación jurídica de las categorías de estudio y su
vinculación con los principios constitucionales. Contribuyó en la estructuración del
artículo, la discusión de los resultados y la revisión final del texto.
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