Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(especial Babahoyo), 1-11, 2024
https://doi.org/10.62574/axcwwb11
1
Responsabilidad legal del municipio de Babahoyo en casos de violencia de
género
Legal responsibility of the municipality of Babahoyo in cases of gender
violence
Norelys Karyme Montero-Piguave
norelysmp33@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Babahoyo, Los Ríos, Ecuador
https://orcid.org/0009-0001-7897-242X
Jorge Ederson Gonzáles-Jiménez
jorgegj78@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Babahoyo, Los Ríos, Ecuador
https://orcid.org/0009-0008-1842-7893
Alexandra Miranda-Paucar
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Babahoyo, Los Ríos, Ecuador
alexandramp59@uniandes.edu.ec
https://orcid.org/0009-0008-4221-8696
Vanessa Josefa Hernández-Alvarado
ub.vanessahernandez@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Babahoyo, Los Ríos, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-9396-994X
RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue analizar la responsabilidad legal del municipio de Babahoyo en
los casos de violencia de género. Para ello, se utilizó un enfoque mixto. La población estuvo
conformada por 218 personas, quienes participaron en una encuesta estructurada, se realizó una
entrevista semiestructurada a la fiscal Lisbeth Salmos Barsola, especialista en violencia de género.
Los resultados obtenidos reflejan percepciones mayoritariamente negativas o neutrales. La mayoría
de los encuestados considera que las normativas locales son insuficientes, las medidas de protección
resultan ineficaces y la coordinación entre las instituciones es deficiente. Asimismo, los programas
de capacitación y sensibilización sobre género y derechos humanos no son percibidos como
adecuados ni efectivos.
Descriptores: violencia de género; discriminación sexual; derechos de la mujer. (Fuente: Tesauro
UNESCO).
ABSTRACT
The objective of this research was to analyze the legal responsibility of the municipality of Babahoyo
in cases of gender violence. A mixed approach was used for this purpose. The population consisted
of 218 people, who participated in a structured survey, and a semi-structured interview was
conducted with prosecutor Lisbeth Salmos Barsola, a specialist in gender violence. The results
obtained reflect mostly negative or neutral perceptions. The majority of those surveyed consider that
local regulations are insufficient, protection measures are ineffective and coordination between
institutions is deficient. Likewise, training and awareness programs on gender and human rights are
not perceived as adequate or effective.
Descriptors: gender-based violence; gender discrimination; womens rights. (Source: UNESCO
Thesaurus)
Recibido: 19/10/2024. Revisado: 27/11/2024. Aprobado: 08/12/2024. Publicado: 20/12/2024.
Sección artículos de investigación
Verdad y Derecho
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Responsabilidad legal del municipio de Babahoyo en casos de violencia de género
Legal responsibility of the municipality of Babahoyo in cases of gender violence
Norelys Karyme Montero-Piguave
Jorge Ederson Gonzáles-Jiménez
Alexandra Miranda-Paucar
Vanessa Josefa Hernández-Alvarado
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INTRODUCCIÓN
La violencia de género constituye una problemática estructural que vulnera
derechos fundamentales y genera graves afectaciones tanto individuales como
colectivas, en este contexto, los municipios, como entes de gobierno local,
desempeñan un rol esencial en la prevención, atención y reparación de las víctimas,
en cumplimiento de los principios de debida diligencia y responsabilidad estatal. En
el caso del municipio de Babahoyo, Ecuador, la responsabilidad jurídica frente a los
casos de violencia de género adquiere especial relevancia, considerando el marco
normativo nacional e internacional que obliga a los Estados y sus subdivisiones a
garantizar la protección efectiva de los derechos humanos.
La doctrina y la jurisprudencia han desarrollado ampliamente el concepto de
responsabilidad estatal en materia de violencia de género, destacando la obligación
de los Estados de adoptar medidas concretas para prevenir, sancionar y erradicar
esta forma de violencia. Por lo tanto, Molina-Sánchez & García-Ortiz (2023) analizan
la responsabilidad del Estado desde la perspectiva del incumplimiento del deber de
debida diligencia, mientras que Wilson & Thompson (2022) abordan la
responsabilidad jurídica de los Estados en casos de violencia de género, enfatizando
la necesidad de garantizar mecanismos efectivos de protección y reparación. En el
ámbito ecuatoriano, estudios como el de Vacacela-Márquez & Mideros-Mora (2022)
identifican factores de riesgo específicos que deben ser considerados en la
formulación de políticas públicas locales.
Partiendo de lo anterior; se prescribe como objetivo de investigación analizar la
responsabilidad legal del municipio de Babahoyo en casos de violencia de género.
MÉTODO
La investigación metodológicamente fue bajo un enfoque mixto, combinando
métodos cuantitativos y cualitativos con el objetivo de obtener una comprensión
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integral de la problemática de la violencia de género en el municipio de Babahoyo
- Ecuador.
La población total estuvo conformada por 218 personas, quienes participaron en
una encuesta estructurada diseñada para evaluar la percepción ciudadana sobre la
efectividad de las leyes, normativas y acciones legales implementadas por el
municipio para prevenir y responder a la violencia de género. La encuesta utilizó
una escala de Likert de cinco niveles, donde 1 representaba una percepción muy
negativa y 5 una percepción muy positiva.
Posteriormente, se realizó una entrevista semiestructurada a la fiscal Lisbeth Salmos
Barsola, especialista en temas de violencia de género de la Fiscalía General del
Estado, este componente cualitativo permitió profundizar en los desafíos legales,
las estrategias implementadas y las percepciones sobre la efectividad de las
medidas legales desde una perspectiva institucional.
La recolección de datos se llevó a cabo en dos fases. En la primera, se aplicaron las
encuestas a los 218 participantes, seleccionados mediante un muestreo no
probabilístico por conveniencia, asegurando la inclusión de personas de diferentes
edades, géneros y contextos socioeconómicos. En la segunda fase, se realizó la
entrevista a la fiscal, la cual fue grabada y transcrita para su posterior análisis.
Los datos obtenidos fueron analizados de manera complementaria. Por un lado, los
resultados de las encuestas fueron procesados mediante estadística descriptiva,
utilizando frecuencias y porcentajes para identificar las tendencias en las
percepciones de la población, Por otro lado, la información cualitativa derivada de
la entrevista fue analizada mediante análisis de contenido.
RESULTADOS
En la primera pregunta, que indaga sobre la efectividad de las leyes y normativas
locales en la prevención y respuesta a la violencia de género, los resultados reflejan
una percepción neutral. La mayoría de los encuestados seleccionaron el nivel 3 de
la escala de Likert, con un 36,4% (50 personas). Sin embargo, un porcentaje
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significativo (54,6%) se distribuyó entre los niveles 1 y 2, lo que sugiere que existe
una percepción de insuficiencia en la efectividad de estas normativas.
En la segunda pregunta, que evalúa la coordinación entre las instituciones legales
del municipio para abordar casos de violencia de género, los resultados muestran
una percepción negativa. El nivel 2 fue el más seleccionado, con un 36,4% (17
personas), seguido por el nivel 1 con un 27,3% (6 personas). Esto indica que los
encuestados consideran que la coordinación entre las instituciones es deficiente.
En cuanto a la tercera pregunta, que analiza las medidas legales implementadas
para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia de género, los resultados
también reflejan una percepción negativa. Los niveles 2 y 3 fueron los más
seleccionados, con un 27,3% cada uno (24 personas en ambos casos). Esto sugiere
que las medidas legales no son percibidas como completamente efectivas para
proteger a las víctimas.
La cuarta pregunta, que aborda si las acciones legales del municipio respetan y
cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos en casos de
violencia de género, presenta una percepción mayoritariamente negativa. El nivel 1
fue el más seleccionado, con un 36,4% (23 personas), seguido por el nivel 2 con
un 27,3% (17 personas). Esto evidencia una falta de confianza en el cumplimiento
de los estándares internacionales por parte del municipio.
En la quinta pregunta, que evalúa la calidad de los programas de capacitación legal
y sensibilización sobre género y derechos humanos en el municipio, los resultados
también son negativos. El nivel 2 fue el más seleccionado, con un 45,5% (110
personas), seguido por el nivel 3 con un 27,3% (30 personas). Esto indica que los
programas de capacitación y sensibilización no son percibidos como adecuados o
efectivos.
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Tabla 1. Entrevista a una fiscal de la fiscalía general del estado en temas de violencia
de genero Lisbeth Salmos Barsola.
Preguntas
Respuesta de la entrevistada
1. ¿Podría describir los principales enfoques y
estrategias que el municipio de Babahoyo
utiliza para abordar la problemática de la
violencia de género desde una perspectiva
legal?
El principal enfoque es que el municipio vela por la
violencia de género y a través de sus peticiones
realizada a los jueces de violencia se utiliza como
estrategia la solicitud de medidas para erradicar el
acercamiento del agresor a la víctima a fin de
contrarrestar cualquier ataque psicológico o físico,
precautelando a cabalidad la violencia de género.
2. ¿Cuáles son los desafíos legales más
significativos que ha identificado el
municipio al enfrentar casos de violencia de
género en la comunidad?
Los desafíos legales más significativo son los delitos
sexuales, violencia intrafamiliar, los principales
desafíos que toma el municipio es cuando existen
delitos sexual es a familiares en este caso cuando el
padrastro es el agresor y la madre de la víctima más
cree en su esposo que a su propia hija dando así a
la impunidad y es cuando interviene el consejo
cantonal de la niñez y adolescencia para su
tramitación de custodia de la madre ya que esto se
torna un tropiezo, un desafío para el municipio
3. Desde su perspectiva legal, ¿cómo evalúa
la efectividad de las medidas tomadas por
el municipio en la prevención y respuesta a
la violencia de género?
En mi perspectiva se puede evidenciar que las
medidas otorgadas y solicitadas entre fiscalía y
unidad judicial ayudan a prevenir y erradicar todo
tipo de violencia, en fin, trata de aislar al tipo agresor,
de ser posible identificarlo y llevarlo hasta la
autoridad competente para que responda por no
acatar la orden judicial, estar inmerso en el delito de
incumplimiento
4. ¿Hay aspectos específicos de la legislación
local que considera necesarios fortalecer
para mejorar la protección legal de las
víctimas de violencia de género?
La fiscalía protege a las personas que han sido
víctima de un tipo de delito porque en este caso de
la violencia de género es obteniendo una sentencia
a través de que el agresor vaya a la cárcel Y así pueda
tener una rehabilitación social o a su vez obtengan
medidas que otorgan charlas capacitaciones en
centros especializados de capacitación familiar para
estos eventos y así el agresor entienda a cabalidad
lo que es una violencia de género y erradicar de su
mente, de su forma de ser este tipo de violencia, ya
que lo único que causa es un temor a su familia y a
la sociedad entera de esta forma la fiscalía se
encuentra satisfecha no solamente de haber
obtenido una sentencia sino de haber logrado de que
la persona que fue responsable de este delito acuda
a centros especializados para para mejorar su tipo
de conducta
5. ¿Cómo se asegura el municipio de que las
acciones legales emprendidas respeten y
protejan los derechos humanos de todas
las partes involucradas en casos de
violencia de género?
Practicar todas las pericias correspondientes a fin de
que sean peritos especializados que opinen que
recomendaciones se deben tomar y que instituciones
pueden apoyar, para que no se cumpla violaciones
constitucionales para la víctima y el investigado.
Fuente: Elaboración propia.
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DISCUSIÓN
En la primera pregunta, relativa a la efectividad de las leyes y normativas locales,
los resultados reflejan una percepción predominantemente neutral, con un 36,4%
de los encuestados seleccionando el nivel 3 en la escala de Likert. Sin embargo, el
54,6% restante se distribuyó entre los niveles 1 y 2, lo que evidencia una
percepción de insuficiencia en la capacidad de estas normativas para prevenir y
responder eficazmente a la violencia de género. Este resultado pone de manifiesto
una posible omisión en el cumplimiento del deber de diligencia por parte del
municipio, lo que podría derivar en responsabilidad civil por inacción o insuficiencia
en la implementación de medidas preventivas.
Según Molina-Sánchez & García-Ortiz (2023), el incumplimiento de este deber
genera una brecha entre la normativa y su aplicación efectiva, afectando los
derechos de las víctimas. Asimismo, Vacacela-Márquez & Mideros-Mora (2022)
destacan que, en Ecuador, los factores de riesgo asociados a la violencia de género
no siempre son abordados de manera integral, lo que limita la eficacia de las
políticas públicas locales. Por otro lado, Vilela-Verdezoto et al. (2023) indican que
la presión social puede influir en la respuesta legislativa, lo que podría explicar la
percepción de insuficiencia en la efectividad de las normativas locales.
En cuanto a la segunda pregunta, que evalúa la coordinación entre las instituciones
legales del municipio, los resultados reflejan una percepción negativa, con el nivel
2 siendo el más seleccionado (36,4%), seguido por el nivel 1 (27,3%). Esto indica
que los encuestados consideran que la articulación entre las instituciones
encargadas de abordar la violencia de género es deficiente, lo que podría constituir
una vulneración del principio de cooperación interinstitucional, esencial en el marco
de la responsabilidad civil del Estado, Wilson & Thompson (2022) comentan que la
fragmentación institucional no solo dificulta la protección efectiva de las víctimas,
sino que también puede derivar en responsabilidad por daño antijurídico, al no
garantizarse una respuesta adecuada y oportuna. En el mismo sentido, Rueda
(2020) señala que la falta de articulación entre las instituciones puede perpetuar la
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revictimización y la impunidad, configurando un incumplimiento de las obligaciones
estatales de protección, asimismo, Ramírez-Veas & Villacres-López (2023) destacan
que la falta de coordinación puede atenuar la responsabilidad penal de los
agresores, lo que refuerza la necesidad de una respuesta institucional más sólida y
articulada.
Respecto a la tercera pregunta, que analiza la efectividad de las medidas legales
implementadas para garantizar la seguridad de las víctimas, los resultados también
son negativos. Los niveles 2 y 3 fueron los más seleccionados, con un 27,3% cada
uno, lo que sugiere que las medidas legales no son percibidas como completamente
efectivas. Este resultado es consistente con las declaraciones de la fiscal
entrevistada, quien destacó que, aunque las medidas como las órdenes de
alejamiento y la judicialización de los agresores son útiles, su implementación
enfrenta desafíos significativos, especialmente en casos de violencia intrafamiliar y
delitos sexuales.
Desde la perspectiva del derecho civil, esta situación podría interpretarse como una
omisión en el deber de protección, lo que genera responsabilidad por los daños
sufridos por las víctimas, Hasanbegovic (2016) señala que la efectividad de las
medidas legales depende no solo de su diseño normativo, sino también de su
correcta ejecución, lo que requiere recursos adecuados y personal capacitado. Por
su parte, Bustamante et al. (2019) enfatizan que la prevención efectiva de la
violencia de género debe incluir estrategias integrales que combinen medidas
legales con programas educativos y de sensibilización, lo que refuerza la obligación
del municipio de actuar con diligencia.
La cuarta pregunta, que aborda el cumplimiento de los estándares internacionales
de derechos humanos en las acciones legales del municipio, presenta una
percepción mayoritariamente negativa. El nivel 1 fue el más seleccionado (36,4%),
seguido por el nivel 2 (27,3%). Este resultado evidencia una falta de confianza en
la capacidad del municipio para garantizar el respeto de los derechos humanos en
los casos de violencia de género, lo que podría derivar en responsabilidad civil por
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incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado
ecuatoriano. Según Christia et al. (2023), el cumplimiento de los estándares
internacionales requiere no solo la existencia de normativas, sino también la
implementación de campañas de sensibilización y empoderamiento que fortalezcan
la confianza de las víctimas en las instituciones.
Por otro lado, Melguizo (2010) añade que la violencia de género no puede ser
abordada únicamente desde una perspectiva punitiva, sino que debe incluirse un
enfoque de derechos humanos que garantice la protección integral de las víctimas,
lo que implica una obligación reforzada de diligencia por parte de las autoridades
locales. Por consiguiente, Rea-Reinoso et al. (2024) destacan que la victimología
debe ser un eje central en la formulación de políticas públicas, por cuanto permite
comprender las necesidades específicas de las víctimas y garantizar su protección
efectiva.
En la quinta pregunta, que evalúa la calidad de los programas de capacitación legal
y sensibilización sobre género y derechos humanos, los resultados son igualmente
negativos. El nivel 2 fue el más seleccionado (45,5%), seguido por el nivel 3
(27,3%), lo que indica que los programas existentes no son percibidos como
adecuados o efectivos. Desde la perspectiva del derecho civil, la insuficiencia de
estos programas podría interpretarse como una omisión en el deber de prevención,
lo que genera responsabilidad por los daños derivados de la falta de formación
adecuada de los operadores de justicia y otros actores involucrados.
Por otro lado, Pérez-Martínez & Rodríguez-Fernández (2024) destacan que los
programas de capacitación deben ser diseñados con base en un enfoque
interdisciplinario que permita a los actores locales comprender las dinámicas de la
violencia de género y actuar de manera efectiva, así mismo, Friedberg et al. (2023)
refuerzan esta idea al señalar que la capacitación debe incluir componentes de salud
mental y apoyo psicosocial, especialmente en contextos donde las víctimas
enfrentan altos niveles de estrés y ansiedad.
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Por otro lado, la entrevista realizada a la fiscal Lisbeth Salmos Barsola, aporta
información valiosa sobre los desafíos legales que enfrenta el municipio de
Babahoyo. La entrevistada destacó que los principales obstáculos incluyen la
violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, especialmente en casos donde las
dinámicas familiares dificultan la denuncia y el acceso a la justicia. Esto coincide con
lo señalado por Sinchi-Sinchi et al. (2023), quienes analizan cómo las legislaciones
de Ecuador, Argentina y Colombia enfrentan desafíos similares en la judicialización
de casos de femicidio y violencia intrafamiliar.
Asimismo, Tapia-Villamarín et al. (2023) enfatizan la importancia de garantizar el
derecho a la no revictimización de las víctimas, lo que requiere un enfoque integral
que combine medidas legales con apoyo psicosocial. En complemento, tal como lo
señala Vélez-Vélez (2015), la responsabilidad jurídica de los municipios debe ser
entendida como un compromiso integral que articule los principios de justicia,
igualdad y no discriminación, en consonancia con los estándares internacionales y
las necesidades locales.
CONCLUSION
Los resultados evidencian que las acciones legales y normativas del municipio de
Babahoyo para prevenir y responder a la violencia de género presentan importantes
deficiencias, especialmente en términos de coordinación interinstitucional,
efectividad de las medidas de protección y cumplimiento de los estándares
internacionales de derechos humanos. La percepción negativa de la ciudadanía
refleja una posible omisión en el deber de diligencia, lo que podría configurar
responsabilidad civil por la insuficiencia en la implementación de políticas públicas
integrales. Aunado a la falta de programas de capacitación adecuados y la limitada
articulación entre las instituciones agravan la problemática, perpetuando la
revictimización y la impunidad.
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FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A dirección de investigación de UNIANDES.
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Derechos de autor: 2024 Por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y
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