Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial4), 281-289, 2024
https://doi.org/10.62574/3y9b2m65
281
Servicios públicos y derecho del Buen Vivir de los ciudadanos en Ecuador
Public services and citizens' right to Good Living in Ecuador
Daniela Lisbeth Tacle-Velasco
anielatacle@gmail.com
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Ecuador
https://orcid.org/0009-0009-9558-315X
Glendy Nohelia Erraez-Andrade
gnoheliae@gmail.com
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Ecuador
https://orcid.org/0009-0009-5694-6771
Pablo Daniel Baquerizo-Marzana
pablobama200@hotmail.com
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Ecuador
https://orcid.org/0009-0003-4390-7825
Diego Fernando Montalvan-Arevalo
us.diegomontalvan@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Ecuador
https://orcid.org/0000-0003-0839-4991
RESUMEN
Se presenta como objetivo de investigación analizar los servicios públicos y derecho del Buen Vivir
de los ciudadanos en Ecuador. La investigación se basó en una revisión documental en 12 artículos
científicos. En el ámbito jurídico ecuatoriano, los servicios públicos y el Buen Vivir (Sumak Kawsay)
constituyen derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 2008, que establecen un
marco normativo orientado a garantizar la dignidad humana, la equidad social y la sostenibilidad
ambiental. No obstante, su implementación enfrenta desafíos jurídicos significativos, como las
tensiones entre el estatismo y el liberalismo en la provisión de servicios, así como la falta de
mecanismos claros para la exigibilidad de los derechos colectivos asociados al Buen Vivir. La
pandemia de COVID-19 puso en evidencia vulneraciones a principios constitucionales como la
igualdad, la progresividad y la no regresividad, especialmente en sectores vulnerables.
Descriptores: derechos sociales y económicos; derechos humanos; derecho constitucional. (Fuente:
Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The objective of the research is to analyze public services and the right to Good Living of citizens in
Ecuador. The research was based on a documentary review of 12 scientific articles. In the Ecuadorian
legal sphere, public services and the Buen Vivir (Sumak Kawsay) constitute fundamental rights
enshrined in the 2008 Constitution, which establish a normative framework aimed at guaranteeing
human dignity, social equity and environmental sustainability. However, their implementation faces
significant legal challenges, such as tensions between statism and liberalism in the provision of
services, as well as the lack of clear mechanisms for the enforceability of collective rights associated
with Good Living. The COVID-19 pandemic revealed violations of constitutional principles such as
equality, progressivity and non-regressivity, especially in vulnerable sectors.
Descriptors: social and economic rights; human rights; constitutional law. (Source: UNESCO
Thesaurus).
Recibido: 23/11/2024. Revisado: 29/11/2024. Aprobado: 17/07/2024. Publicado: 20/12/2024.
Sección artículos de investigación
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Servicios públicos y derecho del Buen Vivir de los ciudadanos en Ecuador
Public services and citizens' right to Good Living in Ecuador
Daniela Lisbeth Tacle-Velasco
Glendy Nohelia Erraez-Andrade Pablo
Daniel Baquerizo-Marzana
Diego Fernando Montalvan-Arevalo
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INTRODUCCIÓN
En Ecuador, los servicios públicos y el derecho al Buen Vivir (Sumak Kawsay)
representan elementos esenciales para la construcción de un modelo de desarrollo
que priorice el bienestar humano, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.
Este modelo, consagrado en la Constitución de 2008, marca un hito en la historia
jurídica y política del país al incorporar principios que trascienden las nociones
tradicionales de desarrollo económico, colocando en el centro de las políticas
públicas la dignidad humana, los derechos colectivos y la armonía con la naturaleza
(Arteaga-Cruz, 2017; Figuera-Vargas & Cujilema-Quinchuela, 2018). En este marco,
los servicios públicos no solo son concebidos como instrumentos para satisfacer
necesidades básicas, sino como derechos fundamentales que garantizan
condiciones de vida dignas y promueven la cohesión social.
El Buen Vivir, como paradigma alternativo al desarrollo, plantea una visión integral
que articula derechos individuales y colectivos, reconociendo la interdependencia
entre los seres humanos y su entorno. Este modelo, inspirado en cosmovisiones
indígenas y adaptado al contexto contemporáneo, redefine el rol del Estado como
garante de derechos y promotor de políticas públicas orientadas al bienestar común
(Anastasopoulos, 2017; Torres-Solis & Ramírez-Valverde, 2019). En este sentido,
los servicios públicos adquieren una dimensión estratégica, ya que su provisión
eficiente, equitativa y sostenible es fundamental para materializar los principios del
Buen Vivir en la vida cotidiana de los ciudadanos.
No obstante, la implementación de este modelo ha enfrentado múltiples desafíos,
tanto teóricos como prácticos. Por un lado, se han identificado tensiones entre
enfoques estatistas, que abogan por un control centralizado de los servicios
públicos, y perspectivas liberales, que promueven la participación del sector privado
en su gestión. Estas tensiones se agravan en un contexto de supremacía
constitucional, donde el marco jurídico establece estándares elevados para
garantizar derechos, pero cuya aplicación efectiva depende de factores políticos,
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económicos y administrativos (Albuja-Varela, 2021). Por otro lado, la percepción
ciudadana sobre la calidad y accesibilidad de los servicios públicos revela brechas
significativas en su provisión, especialmente en sectores vulnerables y en áreas
rurales, lo que pone en evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades
institucionales y mejorar la gestión pública (Urdaneta-Montiel et al., 2023; Arguello-
Núñez et al., 2022).
Asismismo, eventos recientes como la pandemia de COVID-19 han puesto a prueba
la capacidad del Estado ecuatoriano para garantizar el acceso a servicios públicos
esenciales en condiciones de crisis. La emergencia sanitaria evidenció tanto las
fortalezas como las debilidades del sistema, destacando la importancia de contar
con políticas públicas resilientes y adaptativas que respondan a las necesidades de
la población en contextos de alta incertidumbre (Castillo-Sánchez, 2022). En este
sentido, el análisis de los servicios públicos en Ecuador no solo implica evaluar su
desempeño en términos de eficiencia y cobertura, sino también su alineación con
los principios del Buen Vivir, que exigen un enfoque integral y multidimensional.
Basado en lo anterior; se presenta como objetivo de investigación analizar los
servicios públicos y derecho del Buen Vivir de los ciudadanos en Ecuador.
MÉTODO
La investigación se basó en una revisión documental en 12 artículos científicos. El
análisis se estructuró en torno a tres ejes temáticos: la percepción ciudadana sobre
la calidad de los servicios públicos, las implicaciones jurídicas del Buen Vivir y las
dinámicas institucionales que condicionan su provisión.
RESULTADOS
Se destacan los resultados de la investigación:
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Tabla 1. Servicios públicos y derecho del buen vivir en Ecuador.
Aspecto
Servicios Públicos
Derecho del Buen Vivir
Definición
Los servicios públicos son actividades esenciales
que el Estado garantiza para satisfacer necesidades
básicas de la población (Albuja-Varela, 2021).
El Buen Vivir (Sumak Kawsay) es un modelo
de vida basado en la armonía con la
naturaleza y la comunidad (Arteaga-Cruz,
2017).
Marco
Constitucional
La Constitución de Ecuador garantiza el acceso a
servicios públicos como un derecho fundamental
(Castillo-Sánchez, 2022).
El Buen Vivir está consagrado en la
Constitución como un principio rector del
desarrollo (Figuera-Vargas & Cujilema-
Quinchuela, 2018).
Tensiones y
desafíos
Existen tensiones entre estatismo, liberalismo y
supremacía constitucional en la provisión de
servicios públicos (Albuja-Varela, 2021).
El Buen Vivir enfrenta críticas por su
implementación y su relación con el
desarrollo sostenible (Arteaga-Cruz, 2017).
Percepción
ciudadana
La percepción de calidad de los servicios públicos
varía según la región y el contexto (Urdaneta-
Montiel et al., 2023).
Los ciudadanos perciben el Buen Vivir como
un ideal que aún enfrenta barreras
estructurales (Torres-Solis & Ramírez-
Valverde, 2019).
Relación con la
sostenibilidad
Los servicios públicos deben alinearse con los
principios de sostenibilidad para ser efectivos
(Anastasopoulos, 2017).
El Buen Vivir promueve la sostenibilidad y el
respeto a los bienes comunes
(Anastasopoulos, 2017).
Impacto de la
pandemia
La pandemia de COVID-19 evidenció la necesidad
de fortalecer los servicios públicos (Castillo-
Sánchez, 2022).
La crisis sanitaria resaltó la importancia de
garantizar derechos del Buen Vivir como
salud y vivienda digna (Goyas-Céspedes et
al., 2018).
Estudios de caso
Análisis de la percepción de servicios públicos en
Quevedo y Machala muestra desafíos en la gestión
local (Arguello-Núñez et al., 2022; Urdaneta-
Montiel et al., 2023).
Estudios sobre el Buen Vivir destacan su
implementación en políticas públicas y su
impacto en comunidades indígenas (Arteaga-
Cruz, 2017).
Reconocimiento
internacional
Los servicios públicos en Ecuador son reconocidos
como esenciales para el desarrollo humano
(Cedeño-Alcívar & Jara-Iñiguez, 2019).
El Buen Vivir es visto como una alternativa al
desarrollo tradicional en América Latina
(Torres-Solis & Ramírez-Valverde, 2019).
Fuente: Elaboración propia.
La Constitución de la República del Ecuador de 2008 establece un marco normativo
que reconoce a los servicios públicos como derechos fundamentales y como
instrumentos esenciales para garantizar el Buen Vivir (Sumak Kawsay). En este
sentido, el artículo 314 de la Constitución dispone que el Estado es responsable de
la provisión de servicios públicos de calidad, mientras que el Buen Vivir, consagrado
en el Título II, Capítulo II, articula un modelo de desarrollo que prioriza la dignidad
humana, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.
Desde una perspectiva jurídica, los servicios públicos son considerados derechos
prestacionales, es decir, derechos que requieren una acción positiva del Estado para
su cumplimiento. Por otro lado, el Buen Vivir se configura como un derecho
colectivo y un principio rector del ordenamiento jurídico ecuatoriano, lo que implica
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que su realización depende de la articulación de políticas públicas integrales que
trasciendan la mera provisión de servicios básicos.
En razón de la revisión prevista en la tabla 2, se encuentra que Según Albuja-Varela
(2021), analiza las tensiones entre estatismo, liberalismo y supremacía
constitucional generan conflictos en la interpretación y aplicación de las normas
relacionadas con los servicios públicos. Por un lado, el estatismo promueve un
modelo en el que el Estado asume un rol central en la provisión de servicios,
mientras que el liberalismo aboga por la participación del sector privado y la
competencia como mecanismos para mejorar la eficiencia. Estas tensiones se
reflejan en la jurisprudencia constitucional, donde se han debatido casos sobre la
privatización de servicios esenciales y la responsabilidad del Estado en garantizar
su acceso universal.
En el caso del Buen Vivir, las críticas se centran en su carácter programático, lo que
significa que, aunque está consagrado en la Constitución, su implementación
depende de la voluntad política y de la capacidad del Estado para diseñar políticas
públicas efectivas. Esto genera un vacío entre el reconocimiento normativo y la
materialización de los derechos colectivos asociados al Buen Vivir, como el acceso
a un hábitat seguro, la soberanía alimentaria y la protección de los bienes comunes.
La percepción de los ciudadanos sobre la calidad de los servicios públicos es un
indicador clave para evaluar la eficacia del Estado en el cumplimiento de sus
obligaciones constitucionales. Estudios como los de Arguello-Núñez et al. (2022) y
Urdaneta-Montiel et al. (2023) evidencian que la gestión de los servicios públicos
en Ecuador enfrenta problemas de eficiencia, transparencia y equidad. Desde un
enfoque jurídico, esto puede interpretarse como una vulneración del principio de
progresividad de los derechos, establecido en el artículo 11 de la Constitución, que
obliga al Estado a garantizar una mejora continua en la calidad y el acceso a los
servicios públicos, así la falta de confianza en las instituciones públicas puede ser
vista como una violación del principio de seguridad jurídica, por cuanto los
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ciudadanos no perciben que el Estado cumpla con su deber de garantizar derechos
fundamentales de manera efectiva.
La pandemia de COVID-19 puso a prueba la capacidad del Estado ecuatoriano para
garantizar los derechos fundamentales relacionados con los servicios públicos y el
Buen Vivir. Según Castillo-Sánchez (2022), la crisis sanitaria evidenció la fragilidad
del sistema de salud pública y la desigualdad en el acceso a servicios esenciales
como la educación y el agua potable. Desde una perspectiva jurídica, esto puede
interpretarse como una vulneración del principio de igualdad, consagrado en el
artículo 66 de la Constitución, por cuanto las poblaciones más vulnerables fueron
las más afectadas por la falta de acceso a servicios básicos.
Asimismo, la pandemia resaltó la importancia de los derechos colectivos asociados
al Buen Vivir, como el acceso a una vivienda digna y un hábitat seguro (Goyas-
Céspedes et al., 2018). Sin embargo, la implementación de estos derechos sigue
siendo desigual, lo que plantea desafíos para el cumplimiento del principio de no
regresividad, que prohíbe cualquier retroceso en la garantía de los derechos
fundamentales.
En cuanto al Buen Vivir, como principio rector del ordenamiento jurídico
ecuatoriano, promueve una relación armónica con la naturaleza y la protección de
los bienes comunes, como el agua, la biodiversidad y los recursos naturales. Según
Anastasopoulos (2017), los servicios públicos deben alinearse con estos principios
para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Esto implica que el Estado tiene la
obligación de diseñar políticas públicas que integren criterios de sostenibilidad
ambiental en la provisión de servicios esenciales.
Desde una perspectiva jurídico, esto se relaciona con el principio de responsabilidad
intergeneracional, consagrado en el artículo 395 de la Constitución, que obliga al
Estado a garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar de los mismos
recursos y derechos que las generaciones actuales. Sin embargo, la implementación
de este principio enfrenta desafíos debido a intereses económicos y políticos que
priorizan el desarrollo a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo.
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El Buen Vivir ha sido reconocido internacionalmente como una alternativa al modelo
de desarrollo tradicional, especialmente en América Latina (Torres-Solis & Ramírez-
Valverde, 2019). Sin embargo, su implementación en Ecuador ha sido desigual, con
avances significativos en el reconocimiento de derechos colectivos, pero con
limitaciones en su aplicación práctica, esto plantea preguntas sobre la eficacia de
los mecanismos de exigibilidad de los derechos del Buen Vivir, ya que muchos de
estos derechos carecen de instrumentos legales claros para su protección y garantía.
Por otro lado, los servicios públicos son vistos como esenciales para el desarrollo
humano, pero su calidad y acceso aún presentan desigualdades significativas
(Cedeño-Alcívar & Jara-Iñiguez, 2019). Esto evidencia la necesidad de fortalecer el
marco normativo y los mecanismos de supervisión para garantizar que los servicios
públicos cumplan con los estándares de calidad y universalidad establecidos en la
Constitución.
CONCLUSION
En el ámbito jurídico ecuatoriano, los servicios públicos y el Buen Vivir (Sumak
Kawsay) constituyen derechos fundamentales consagrados en la Constitución de
2008, que establecen un marco normativo orientado a garantizar la dignidad
humana, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. No obstante, su
implementación enfrenta desafíos jurídicos significativos, como las tensiones entre
el estatismo y el liberalismo en la provisión de servicios, así como la falta de
mecanismos claros para la exigibilidad de los derechos colectivos asociados al Buen
Vivir. La pandemia de COVID-19 puso en evidencia vulneraciones a principios
constitucionales como la igualdad, la progresividad y la no regresividad,
especialmente en sectores vulnerables.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
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AGRADECIMIENTOS
A la dirección nacional de investigación de UNIANDES.
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