Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial4), 223-233, 2024
https://doi.org/10.62574/w6maf991
223
Corte constitucional: Limitación de su facultad de selección y revisión de
sentencias sobre garantías jurisdiccionales
Constitutional Court: Limitation of its power of selection and review of
judgments on jurisdictional guarantees
Bermeo Regalado Margareth-Dalila
margarethbr69@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Ecuador
https://orcid.org/0009-0008-1048-9715
Bianka Valentina Campoverde-Lalangui
biankacl71@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Ecuador
https://orcid.org/0009-0003-4908-9472
Damaris Susana Solis-Amay
damarissa76@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Ecuador
https://orcid.org/0009-0003-1540-8287
Wilson Alfredo Cacpata-Calle
us.wilsoncacpata@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-0615-2908
RESUMEN
Se presenta como objetivo de investigación analizar la corte constitucional en cuanto a la imitación
de su facultad de selección y revisión de sentencias sobre garantías jurisdiccionales desde el caso
de Santo Domingo de los Tsáchilas en Ecuador. Se adoptó un enfoque cualitativo, con un diseño
documental y analítico. La Corte Constitucional del Ecuador enfrenta limitaciones en su facultad de
selección y revisión de sentencias ejecutoriadas debido al incumplimiento en su remisión, como se
evidenció en el caso del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas. Factores como desconocimiento,
negligencia y dolo afectan su capacidad para establecer precedentes vinculantes, uniformar la
interpretación de derechos constitucionales y garantizar la tutela efectiva de los derechos. Aunado
a la falta de integración tecnológica entre los sistemas SATJE y SACC y la débil coordinación
institucional generan vacíos en el control constitucional, afectando la predictibilidad y seguridad
jurídica.
Descriptores: derecho constitucional; derecho público; derecho penal. (Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the constitutional court in terms of the imitation of its
power of selection and review of sentences on jurisdictional guarantees from the case of Santo
Domingo de los Tsáchilas in Ecuador. A qualitative approach was adopted, with a documentary and
analytical design. The Constitutional Court of Ecuador faces limitations in its power of selection and
review of enforceable judgments due to the lack of compliance in their referral, as evidenced in the
case of the canton of Santo Domingo de los Tsáchilas. Factors such as ignorance, negligence and
malice affect its capacity to establish binding precedents, standardize the interpretation of
constitutional rights and guarantee the effective protection of rights. In addition to the lack of
technological integration between the SATJE and SACC systems and the weak institutional
coordination generate gaps in constitutional control, affecting predictability and legal certainty.
Descriptors: constitutional law; public law; criminal law. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 23/11/2024. Revisado: 29/11/2024. Aprobado: 17/07/2024. Publicado: 20/12/2024.
Sección artículos de investigación
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Bianka Valentina Campoverde-Lalangui
Damaris Susana Solis-Amay
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INTRODUCCIÓN
La Corte Constitucional del Ecuador constituye el máximo órgano de control,
interpretación y garantía de la supremacía constitucional, desempeñando un papel
esencial en la protección de los derechos fundamentales y en la consolidación de
un sistema de justicia que garantice la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley.
Su facultad de selección y revisión de sentencias ejecutoriadas en materia de
garantías jurisdiccionales es clave para cumplir con este rol, por cuanto permite
establecer precedentes vinculantes y uniformar la interpretación de los derechos
constitucionales. Sin embargo, el ejercicio efectivo de esta función puede verse
limitado por factores como el incumplimiento en la remisión de sentencias
ejecutoriadas, lo que genera vacíos en el control constitucional y afecta la capacidad
de la Corte para intervenir en casos relevantes.
En este sentido, Pazmiño-Carrera (2021) advierte que la facultad de selección y
revisión de la Corte Constitucional puede desnaturalizarse cuando no se ejerce de
manera adecuada, lo que repercute negativamente en la protección de los derechos
fundamentales. Este problema se agrava cuando las sentencias ejecutoriadas no son
remitidas oportunamente, por cuanto, como señalan Guerrero-Salgado & Macías-
Quisaguano (2019), la eficacia de la Corte depende en gran medida de la
coordinación entre las instituciones judiciales y de la implementación de tecnologías
que faciliten el acceso a la información. La falta de remisión de sentencias no solo
limita la capacidad de la Corte para supervisar y controlar el cumplimiento de los
derechos constitucionales, sino que también afecta la predictibilidad y la seguridad
jurídica, elementos esenciales para un sistema de justicia eficiente (Saltos-Orrala et
al., 2023).
El presente estudio tiene como objetivo analizar el desempeño de la Corte
Constitucional en relación con la remisión y registro de sentencias ejecutoriadas en
materia de garantías jurisdiccionales, tomando como caso de estudio el cantón
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Santo Domingo de los Tsáchilas. Este análisis se fundamenta en la identificación de
posibles causas del incumplimiento, como el desconocimiento, la negligencia y el
dolo, y en la evaluación de su impacto en el sistema de justicia ecuatoriano. Según
Chinga-Aspiazu (2022), la Corte Constitucional actúa como un "sexto poder del
Estado", lo que implica una responsabilidad significativa en la supervisión de las
garantías jurisdiccionales. Sin embargo, la falta de coordinación institucional y la
ausencia de un sistema automatizado eficiente, como se evidencia en el caso de las
sentencias no registradas, restringen su capacidad para ejercer esta función de
manera efectiva.
Por otro lado, Martínez-Moscoso et al. (2023) destacan cómo la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha sido clave en el reconocimiento de derechos
fundamentales, incluyendo los derechos de la naturaleza. La falta de remisión de
sentencias ejecutoriadas podría impedir que la Corte conozca casos relevantes en
esta materia, limitando su capacidad para consolidar avances en la protección de
estos derechos. Asimismo, Torres-Castillo, Rivera-Velasco & Ronquillo-Riera (2021)
subrayan la importancia de la acción extraordinaria de protección como un
mecanismo clave para garantizar los derechos constitucionales. La ausencia de
registro de sentencias ejecutoriadas limita la posibilidad de que la Corte revise estas
acciones y emita pronunciamientos que fortalezcan el sistema de justicia, dejando
sin respuesta casos que podrían sentar precedentes importantes.
En este contexto, el análisis de las sentencias ejecutoriadas en el cantón Santo
Domingo de los Tsáchilas durante el año 2022, y su registro hasta diciembre de
2023, permite identificar las debilidades estructurales del sistema judicial
ecuatoriano, como la falta de integración entre los sistemas SATJE (Sistema
Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano) y SACC (Sistema Automatizado de la
Corte Constitucional). Según Zambrano-Morán, Ronquillo-Riera & Moreno-Arvelo
(2022), estas deficiencias representan un retroceso en el proceso de consolidación
del control constitucional, ya que limitan la capacidad de la Corte para cumplir con
su rol de garante de los derechos fundamentales.
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Desde lo anterior; se presenta como objetivo de investigación analizar la corte
constitucional en cuanto a la imitación de su facultad de selección y revisión de
sentencias sobre garantías jurisdiccionales desde el caso de Santo Domingo de los
Tsáchilas en Ecuador.
MÉTODO
La investigación adoptó un enfoque cualitativo, con un diseño documental y
analítico. Se tomó como población las sentencias ejecutoriadas en materia de
garantías jurisdiccionales presentadas durante el año 2022 en el cantón Santo
Domingo, seleccionando aquellas con sentencia ejecutoriada hasta diciembre de
2023.
En total, se analizaron 306 sentencias, de las cuales 211 estaban registradas en el
sistema de la Corte Constitucional y 95 no lo estaban. La recolección de datos se
realizó mediante la consulta del buscador web de la Corte Constitucional en marzo
de 2024, complementada con el análisis de normativa legal, jurisprudencia
relevante y literatura académica.
Los datos fueron analizados mediante técnicas documentales y estadísticas,
identificando tres posibles causas del incumplimiento en la remisión de sentencias
(desconocimiento, negligencia y dolo) y evaluando su impacto en el sistema de
justicia, particularmente en la capacidad de la Corte Constitucional para ejercer su
rol de supervisión y control.
RESULTADOS
Como parte de la investigación, se tomó como referencia las acciones de garantías
jurisdiccionales presentadas durante el año 2022, considerando únicamente
aquellas que contaban con una sentencia ejecutoriada hasta diciembre de 2023.
Esto se debe a que la verificación en el buscador web de la Corte Constitucional del
Ecuador se realizó en marzo de 2024, otorgando un tiempo razonable para que los
servidores judiciales del cantón Santo Domingo remitieran las sentencias
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ejecutoriadas al máximo organismo de control constitucional. Cabe destacar que,
según los procedimientos habituales, la Corte registra las sentencias ejecutoriadas
en su sistema el mismo día de su recepción o al siguiente día hábil.
De los resultados obtenidos, se constató que 211 sentencias ejecutoriadas en
materia de garantías jurisdiccionales, equivalentes al 68,95% del total, estaban
debidamente registradas en el buscador web de la Corte Constitucional. Sin
embargo, 95 sentencias ejecutoriadas, que representan el 31,05%, no se
encontraban registradas en dicho sistema. Este resultado sugiere que estas
sentencias probablemente no fueron remitidas, ya que no constan en el buscador
web de la Corte Constitucional, lo que indica que no han sido conocidas por este
organismo.
Posibles causas del incumplimiento en la remisión de sentencias
Al evidenciar que 95 sentencias ejecutoriadas no se encuentran registradas en el
sistema de la Corte Constitucional, a pesar de haber transcurrido un tiempo
razonable para su remisión, se identificaron tres posibles causas del incumplimiento:
desconocimiento, negligencia y dolo.
1. Desconocimiento
El desconocimiento de las disposiciones normativas podría ser una de las razones
por las cuales los servidores judiciales omiten el envío de sentencias ejecutoriadas.
Según el artículo 86, numeral 5, de la Constitución, y el artículo 25, numeral 1, de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (2018), todas
las sentencias ejecutoriadas deben ser remitidas a la Corte Constitucional en un
plazo de tres días desde su ejecutoría. Sin embargo, este desconocimiento no
constituye una justificación válida, ya que las normas jurídicas son publicadas en el
Registro Oficial, y se espera que las autoridades judiciales mantengan un
conocimiento actualizado de las disposiciones legales para cumplir con sus
funciones de manera adecuada.
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2. Negligencia
La negligencia también puede ser un factor determinante en el incumplimiento de
esta obligación. Según la Sentencia No. 964-17-EP/22 (2022) y la Ley Reformatoria
del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), la negligencia se manifiesta
cuando los servidores judiciales incumplen con el deber de diligencia en el trámite
y la ritualidad del proceso judicial. Esto puede deberse a desatención, olvido o
ignorancia de las obligaciones, tanto por parte de los jueces como de los secretarios
encargados de remitir las sentencias a la Corte Constitucional.
3. Dolo
No se puede descartar la posibilidad de dolo, que ocurre cuando un servidor judicial
actúa de manera deliberada, con conocimiento de que su conducta infringe un deber
jurídico. Según la Sentencia No. 3-19-CN/20 (2020), el dolo implica una acción u
omisión intencional que desnaturaliza las garantías jurisdiccionales. En este
contexto, algunos jueces podrían abstenerse de remitir las sentencias para evitar
que sean conocidas por la Corte Constitucional y, con ello, eludir posibles sanciones
relacionadas con infracciones.
Impacto del incumplimiento en el sistema de justicia
El incumplimiento en la remisión de sentencias ejecutoriadas afecta directamente el
funcionamiento de la Corte Constitucional y el sistema de justicia en general. Por
ejemplo, se verificó que el 60% de las sentencias no registradas en el sistema de
la Corte corresponden a acciones de protección, una garantía jurisdiccional clave
para la protección de derechos constitucionales. Esto limita la capacidad del máximo
órgano de control constitucional para pronunciarse sobre estos casos y establecer
parámetros que sirvan como referencia para casos futuros.
Casos emblemáticos, como la Sentencia No. 1438-20-JP/23 (2023), en la que la
Corte ordenó medidas de reparación por la vulneración del derecho a la educación
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de becarios colombianos, demuestran la importancia de que las sentencias
ejecutoriadas sean remitidas oportunamente. De igual manera, en la Sentencia No.
1256-18-JP/23 (2023), la Corte estableció reglas claras sobre el desistimiento de
acciones de protección, contribuyendo a la claridad del sistema de justicia.
Falta de coordinación institucional
Un análisis adicional reveló que el 40% de las sentencias no registradas provienen
de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras que
el 20% corresponde a la Unidad Judicial de Garantías Penales. Esto evidencia que,
aunque existen sistemas como el SATJE (Sistema Automático de Trámite Judicial
Ecuatoriano) y el SACC (Sistema Automatizado de la Corte Constitucional), no hay
una coordinación institucional que permita la interrelación automatizada entre
ambos sistemas. La falta de esta integración tecnológica dificulta el cumplimiento
de la obligación de remitir las sentencias ejecutoriadas y genera un vacío en el
control de su registro.
DISCUSIÓN
En este sentido, Pazmiño-Carrera (2021) señala que la facultad de selección y
revisión de la Corte Constitucional puede desnaturalizarse cuando no se ejerce de
manera adecuada, lo que genera un impacto negativo en la protección de derechos
fundamentales. En el caso analizado, la falta de remisión de 95 sentencias
ejecutoriadas limita la capacidad de la Corte para cumplir con su rol de supervisión
y control, afectando la uniformidad en la interpretación de los derechos
constitucionales.
Por su parte, Chinga-Aspiazu (2022) plantea que la Corte Constitucional actúa como
un "sexto poder del Estado", lo que implica una responsabilidad significativa en la
supervisión de las garantías jurisdiccionales. Sin embargo, la falta de coordinación
institucional y la ausencia de un sistema automatizado eficiente, como se evidencia
en el caso de las sentencias no registradas, restringen su capacidad para ejercer
esta función de manera efectiva. Mientras que Cárdenas-Revelo, Méndez-Cabrita &
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Chuga-Quemac (2024) destacan la importancia de la Corte Constitucional en la
salvaguarda de los derechos fundamentales, especialmente de grupos vulnerables
como los adultos mayores. Por consiguiente, la omisión en la remisión de sentencias
ejecutoriadas afecta directamente la capacidad de la Corte para intervenir en casos
de vulneración de derechos y establecer medidas de reparación, debilitando su rol
como garante de los derechos constitucionales.
Asimismo, Torres-Castillo, Rivera-Velasco & Ronquillo-Riera (2021) analizan la
acción extraordinaria de protección como un mecanismo clave para garantizar los
derechos constitucionales. La falta de registro de sentencias ejecutoriadas limita la
posibilidad de que la Corte revise estas acciones y emita pronunciamientos que
fortalezcan el sistema de justicia, dejando sin respuesta casos que podrían sentar
precedentes importantes.
La falta de integración entre los sistemas SATJE (Sistema Automático de Trámite
Judicial Ecuatoriano) y SACC (Sistema Automatizado de la Corte Constitucional),
mencionada en el análisis, refleja una debilidad estructural en el sistema judicial
ecuatoriano. Según Guerrero-Salgado & Macías-Quisaguano (2019), la eficacia de
la Corte Constitucional depende en gran medida de la coordinación entre las
instituciones judiciales y de la implementación de tecnologías que faciliten el acceso
a la información. La ausencia de esta coordinación no solo dificulta el cumplimiento
de las obligaciones legales, sino que también genera un vacío en el control
constitucional.
Por su parte, Saltos-Orrala et al. (2023) analizan cómo la Corte Constitucional
interpreta o crea reglas a través de su jurisprudencia. En este sentido, la falta de
acceso a todas las sentencias ejecutoriadas limita la capacidad de la Corte para
desarrollar una doctrina jurídica coherente y adaptada a las necesidades del sistema
de justicia ecuatoriano. Esto afecta la predictibilidad y la seguridad jurídica,
elementos esenciales para un sistema de justicia eficiente. Por otro lado, Martínez-
Moscoso et al. (2023) destacan cómo la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha sido clave en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Sin embargo,
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la falta de remisión de sentencias ejecutoriadas podría impedir que la Corte conozca
casos relevantes en esta materia, limitando su capacidad para consolidar avances
en la protección de estos derechos.
En contraste, Asimbaya-Tacuri, Gil-Osuna & Ribadeneira-Grijalva (2024) proponen
la implementación de procedimientos especiales abreviados para mejorar la
eficiencia del sistema judicial. En el contexto de las sentencias no remitidas, esta
propuesta podría incluir la automatización del proceso de remisión y registro de
sentencias, lo que garantizaría un control más efectivo por parte de la Corte
Constitucional. De manera similar, Morocho-Guamo et al. (2024) analizan la
importancia de la tutela judicial efectiva y los derechos de progresividad y no
regresividad. La falta de registro de sentencias ejecutoriadas afecta directamente
estos principios, ya que impide que la Corte Constitucional supervise
adecuadamente el cumplimiento de los derechos garantizados en la Constitución.
Por consiguiente, Zambrano-Moran, Ronquillo-Riera & Moreno-Arvelo (2022)
analizan la evolución del control constitucional en el Ecuador, destacando la
importancia de la Corte Constitucional como garante de los derechos
fundamentales. Sin embargo, la falta de remisión de sentencias ejecutoriadas
representa un retroceso en este proceso, por cuanto limita la capacidad de la Corte
para consolidar su rol como máximo órgano de control constitucional. En contraste,
Pazmiño-Arteaga (2023) resalta cómo el desarrollo jurisprudencial de la Corte
Constitucional ha sido fundamental para la protección de los derechos de la
naturaleza. La falta de registro de sentencias ejecutoriadas podría impedir que la
Corte conozca casos relevantes en esta materia, afectando su capacidad para
establecer precedentes que fortalezcan la protección de estos derechos.
CONCLUSION
La Corte Constitucional del Ecuador enfrenta limitaciones en su facultad de selección
y revisión de sentencias ejecutoriadas debido al incumplimiento en su remisión,
como se evidenció en el caso del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas. Factores
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como desconocimiento, negligencia y dolo afectan su capacidad para establecer
precedentes vinculantes, uniformar la interpretación de derechos constitucionales y
garantizar la tutela efectiva de los derechos. Aunado a la falta de integración
tecnológica entre los sistemas SATJE y SACC y la débil coordinación institucional
generan vacíos en el control constitucional, afectando la predictibilidad y seguridad
jurídica. Estas deficiencias restringen la posibilidad de que la Corte conozca casos
relevantes, como los relacionados con derechos de la naturaleza o acciones
extraordinarias de protección, limitando su rol como garante de los derechos
fundamentales. Es esencial fortalecer la coordinación interinstitucional, automatizar
procesos y garantizar el cumplimiento normativo para consolidar un sistema de
justicia eficiente y efectivo.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección nacional de investigación de UNIANDES.
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