Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial3), 461-467, 2024
https://doi.org/10.62574/ecj7ep43
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Derechos de participación en la legislación ecuatoriana
Participation rights in Ecuadorian legislation
Eymmy Madeline Paguay-Chuquimarca
jeymmypc08@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0009-0004-8441-6317
Camily Gissel Valencia-Salazar
camilyvs96@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0009-0004-5866-5862
Michael Christopher Cuasque-Peñafiel
michaelcp68@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0009-0000-8043-472X
Carlos Javier Lizcano-Chapeta
ui.carloslizcano@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-1265-9465
RESUMEN
La participación ciudadana es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de Ecuador de
2008, que establece un modelo de democracia participativa, inclusiva y plurinacional. Partiendo de
lo considerado se presenta como objetivo analizar los derechos de participación en la legislación
ecuatoriana. Se seleccionaron y analizaron 13 artículos académicos publicados entre 2018 y 2024.
En Ecuador, los derechos de participación reconocidos en la Constitución de 2008 abarcan una
gama de mecanismos que buscan garantizar la intervención activa de los ciudadanos en la vida
política, social y ambiental del país. Entre ellos, se encuentra el derecho a participar directamente en
la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas, así como en la planificación del desarrollo
nacional, regional y local (Art. 95), lo que incluye procesos como la consulta popular, mediante la
cual los ciudadanos pueden decidir sobre temas de interés nacional, regional o local (Art. 104).
Descriptores: derechos de la mujer; derechos de grupos especiales; derechos del niño. (Fuente:
Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
Citizen participation is a fundamental right enshrined in the 2008 Constitution of Ecuador, which
establishes a model of participatory, inclusive and plurinational democracy. Based on what is
considered, the objective is presented as an objective to analyze the rights of participation in
Ecuadorian legislation. Thirteen academic articles published between 2018 and 2024 were selected
and analyzed. In Ecuador, the participation rights recognized in the 2008 Constitution encompass a
range of mechanisms that seek to guarantee the active intervention of citizens in the political, social
and environmental life of the country. These include the right to participate directly in the formulation,
implementation and evaluation of public policies, as well as in national, regional and local
development planning (Art. 95), which includes processes such as popular consultation, through
which citizens can decide on issues of national, regional or local interest (Art. 104).
Descriptors: womens rights; rights of special groups; rights of the child. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 09/11/2024.
Sección artículos de investigación
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Camily Gissel Valencia-Salazar
Michael Christopher Cuasque-Peñafiel
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INTRODUCCIÓN
La participación ciudadana es un derecho fundamental consagrado en la
Constitución de Ecuador de 2008, que establece un modelo de democracia
participativa, inclusiva y plurinacional (Ortiz-Ortiz, 2018; Moncayo-Vives, 2020).
Este marco normativo busca garantizar que todos los sectores de la sociedad,
especialmente aquellos históricamente marginados, como mujeres, pueblos
indígenas, niños, niñas y adolescentes, puedan incidir en la toma de decisiones
públicas y en la construcción de políticas que reflejen sus necesidades e intereses
(León-Loza, 2023; Limaico-Mina et al., 2022; Gil-Osuna, 2023).
Sin embargo, la implementación de este derecho enfrenta múltiples desafíos, como
la desigualdad estructural, la politización institucional y la falta de mecanismos
efectivos de inclusión (Moncayo Vives, 2020; Ortiz & Carrión-Yaguana, 2023; Pérez-
Cárdenas, 2018). En este contexto, el presente análisis aborda el alcance y las
limitaciones de los derechos de participación en la legislación ecuatoriana,
explorando su impacto en la gobernanza, la representación de grupos vulnerables
y la formulación de políticas ambientales (Alcívar Catagua et al., 2024; Vejo-Mora
et al., 2023).
Partiendo de lo considerado se presenta como objetivo analizar los derechos de
participación en la legislación ecuatoriana.
MÉTODO
El presente análisis se desarrolló a partir de una revisión bibliográfica de carácter
cualitativo, centrada en el estudio de los derechos de participación en la legislación
ecuatoriana. Para ello, se seleccionaron y analizaron 13 artículos académicos
publicados entre 2018 y 2024, los cuales abordan temas relacionados con la
participación ciudadana, la representación de grupos vulnerables, la gobernanza, y
la formulación de políticas públicas en Ecuador.
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El análisis se estructuró en tres etapas. En la primera, se realizó una búsqueda
sistemática de literatura utilizando palabras clave como "participación ciudadana",
"derechos de participación", "Constitución de 2008", "paridad de género", "pueblos
indígenas" y "políticas públicas en Ecuador". En la segunda etapa, se seleccionaron
los artículos, aplicando criterios de inclusión como la pertinencia temática, el
enfoque en el contexto ecuatoriano y la actualidad de las publicaciones. En la tercera
etapa, se llevó a cabo un análisis crítico de los textos, identificando los principales
avances, limitaciones y desafíos en la implementación de los derechos de
participación en Ecuador.
RESULTADOS
La legislación ecuatoriana, especialmente desde la Constitución de 2008, ha
establecido un marco normativo que promueve la participación ciudadana como un
derecho fundamental y un pilar de la democracia. Este modelo busca garantizar la
inclusión de diversos sectores sociales en la toma de decisiones públicas, con
énfasis en la equidad, la interculturalidad y la sostenibilidad. Sin embargo, el análisis
de la literatura evidencia tensiones y desafíos en la implementación efectiva de estos
derechos, particularmente en contextos de desigualdad estructural y exclusión
histórica.
Por consiguiente, la participación ciudadana en Ecuador ha sido concebida como un
mecanismo para fortalecer la gobernanza y la transparencia en la formulación de
políticas públicas, Moncayo-Vives (2020) analiza el papel del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), conocido como el "Quinto Poder",
que fue creado para institucionalizar la participación ciudadana. Sin embargo, su
funcionamiento ha estado marcado por la politización y la falta de independencia,
lo que ha generado desconfianza en la ciudadanía, mientras que Vejo-Mora et al.
(2023) destacan que, aunque la participación y el control social son herramientas
clave para la toma de decisiones públicas, su impacto real depende de la capacidad
de las instituciones para garantizar procesos inclusivos y transparentes. Por su
parte, Pérez-Yauli et al. (2022) subrayan que el derecho a una buena administración
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pública, reconocido en la legislación ecuatoriana, está estrechamente vinculado con
la participación ciudadana, por cuanto esta permite a los ciudadanos exigir mayor
eficiencia y rendición de cuentas.
La participación de grupos históricamente marginados, como mujeres, niños, niñas,
adolescentes e indígenas, es un aspecto central en el debate sobre los derechos de
participación. En el caso de las mujeres, León-Loza (2023), Ortiz y Carrión-Yaguana
(2023) analizan los avances en paridad de género, destacando el impacto de la
reforma electoral de 2020 en la representación política de las mujeres. Sin embargo,
Limaico-Mina et al. (2022) y Pérez-Cárdenas (2018) señalan que las mujeres
indígenas enfrentan barreras adicionales debido a la intersección de género,
etnicidad y clase, lo que limita su participación efectiva en espacios de poder. Este
análisis se complementa con el trabajo de Illicachi-Guzñay (2018), quien resalta que,
aunque la Constitución reconoce a Ecuador como un Estado plurinacional e
intercultural, las mujeres indígenas enfrentan desafíos específicos en la lucha por
sus derechos colectivos y su representación política.
En cuanto a los derechos de participación de niños, niñas y adolescentes, Gil-Osuna
(2023) y Ochoa-Escobar et al. (2021) enfatizan la importancia de garantizar su voz
en procesos que afectan su bienestar, como la mediación en litigios familiares. Estos
estudios destacan que la participación de este grupo debe estar alineada con el
principio del interés superior del niño, tal como lo establece la Constitución y los
estándares internacionales.
En el ámbito de las políticas ambientales, Alcívar Catagua et al. (2024) destacan el
papel de la participación ciudadana como un mecanismo para promover la
sostenibilidad y la justicia ambiental. Sin embargo, la implementación de estos
derechos enfrenta desafíos en un país plurinacional e intercultural, donde las
comunidades indígenas tienen demandas específicas relacionadas con la protección
de sus territorios y recursos naturales. Este análisis se conecta con el trabajo de
Polo-Pazmiño (2018), quien señala que los principios de aplicación de los derechos
en la Constitución ecuatoriana deben ser interpretados de manera coherente para
garantizar su efectividad en la práctica.
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A pesar de los avances normativos, la literatura evidencia que los derechos de
participación en Ecuador enfrentan desafíos significativos. Ortiz-Ortiz (2018)
argumenta que el hiperpresidencialismo y los problemas estructurales de la
Constitución de 2008 han limitado la consolidación de un modelo participativo
genuino, mientras que Illicachi-Guzñay (2018) y Pérez-Cárdenas (2018) coinciden
en que las desigualdades estructurales, especialmente en el caso de las mujeres
indígenas, dificultan la implementación efectiva de los derechos de participación.
Por otro lado, Ortiz & Carrión-Yaguana (2023) destacan que, aunque la reforma
electoral de 2020 ha mejorado la representación descriptiva de las mujeres en la
Asamblea Nacional, persisten desafíos para garantizar una representación
sustantiva que refleje sus intereses y necesidades.
En consideración, la legislación ecuatoriana establece un marco para la participación
ciudadana, pero su implementación enfrenta barreras relacionadas con la
desigualdad, la politización institucional y la falta de mecanismos efectivos de
inclusión, superar estos desafíos requiere un compromiso renovado por parte del
Estado y la sociedad civil para garantizar que los derechos de participación sean
una realidad tangible para todos los sectores de la población, como señala Alcívar-
Catagua et al. (2024), la participación ciudadana no solo es un derecho, sino
también una herramienta clave para construir un Ecuador más equitativo, sostenible
e inclusivo.
CONCLUSION
En Ecuador, los derechos de participación reconocidos en la Constitución de 2008
abarcan una gama de mecanismos que buscan garantizar la intervención activa de
los ciudadanos en la vida política, social y ambiental del país. Entre ellos, se
encuentra el derecho a participar directamente en la formulación, ejecución y
evaluación de políticas públicas, así como en la planificación del desarrollo nacional,
regional y local (Art. 95), lo que incluye procesos como la consulta popular,
mediante la cual los ciudadanos pueden decidir sobre temas de interés nacional,
regional o local (Art. 104).
Los ciudadanos tienen la posibilidad de presentar proyectos de ley o propuestas
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normativas a través de la iniciativa popular normativa (Art. 103) y de ejercer la
revocatoria del mandato, un mecanismo que permite destituir a autoridades de
elección popular mediante consulta (Art. 105). También se reconoce el derecho al
control social, que permite a la ciudadanía supervisar instituciones públicas,
empresas privadas que presten servicios públicos y organizaciones que manejen
recursos públicos, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
(Art. 204 y 207).
En cuanto a los derechos colectivos, los pueblos indígenas, afroecuatorianos y
montubios tienen derechos específicos, como la consulta previa, libre e informada
en proyectos que afecten sus territorios, y la gestión de sus propios sistemas de
gobierno y justicia (Art. 57). Asimismo, los ciudadanos tienen derecho a participar
en la gestión ambiental, incluyendo la formulación de políticas y la ejecución de
proyectos que puedan afectar el medio ambiente, en línea con los principios de
sostenibilidad y respeto a la naturaleza (Art. 395 y 398). La legislación también
promueve la paridad de género, garantizando la participación equitativa de mujeres
y hombres en los procesos de elección y en los órganos de poder público (Art. 65).
Por otro lado, se protege la participación de niños, niñas y adolescentes, quienes
tienen derecho a ser escuchados en los procesos que afecten su bienestar, conforme
al principio del interés superior del niño (Art. 44). También, se reconoce el derecho
a la resistencia, que permite a los ciudadanos organizarse y actuar frente a políticas
o decisiones que vulneren sus derechos o el interés colectivo (Art. 98).
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
REFERENCIAS
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