Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial3), 280-290, 2024
https://doi.org/10.62574/3yvnkh25
280
Acción penal pública sobre tráfico ilícito de sustancias controladas en la
unidad judicial penal Ecuador
Public criminal action on illicit trafficking of controlled substances in the
criminal judicial unit Ecuador
Letty Bolivia De-La-Cruz-Calberto
dvaleriacp97@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0009-0004-0105-7639
Priscila Elizabeth De-La-Cruz-Calberto
prisciladl95@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0009-0003-1098-3274
Richard David Romero-Ayala
richardra32@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0009-0009-6118-6770
Josué Ramón Limaico-Mina
ui.josuelimaico@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-7178-4119
RESUMEN
La investigación se estructuró bajo un diseño metodológico basado en la revisión documental
sistemática, con el objetivo de analizar la acción penal pública sobre el tráfico ilícito de sustancias
controladas en la Unidad Judicial Penal de Ecuador. Para ello, se seleccionaron 14 artículos
científicos. El análisis de la acción penal pública sobre el tráfico ilícito de sustancias controladas en
la Unidad Judicial Penal de Ecuador evidencia la necesidad de equilibrar la eficacia procesal con el
respeto a los derechos fundamentales, especialmente en la aplicación de mecanismos como el
Procedimiento Directo. Si bien este procedimiento y las penas privativas de libertad establecidas en
el Código Orgánico Integral Penal buscan combatir de manera contundente el narcotráfico, su
implementación debe ser revisada constantemente para garantizar proporcionalidad, justicia y
equidad.
Descriptores: política sobre drogas; lucha contra la toxicomanía; tráfico de estupefacientes. (Fuente:
Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The research was structured under a methodological design based on a systematic documentary
review, with the aim of analysing public criminal action on the illicit trafficking of controlled
substances in the Criminal Judicial Unit of Ecuador. To this end, 14 scientific articles were selected.
The analysis of public criminal prosecution of illicit trafficking in controlled substances in Ecuador's
Criminal Judicial Unit shows the need to balance procedural efficiency with respect for fundamental
rights, especially in the application of mechanisms such as the Direct Procedure. Although this
procedure and the custodial sentences established in the Comprehensive Organic Criminal Code seek
to combat drug trafficking in a forceful manner, its implementation must be constantly reviewed to
ensure proportionality, justice and equity.
Descriptors: drug policy; drug control; drug traffic. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 09/11/2024.
Sección artículos de investigación
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INTRODUCCIÓN
El tráfico ilícito de sustancias controladas es uno de los problemas más complejos
y desafiantes que enfrenta el sistema judicial ecuatoriano. Este fenómeno no solo
tiene un impacto significativo en la seguridad pública, sino que también afecta
profundamente el tejido social y económico del país. Según Santillán-Molina,
Vinueza-Ochoa et al. 2022), el narcotráfico y el crimen organizado han
incrementado los niveles de violencia y corrupción, debilitando las instituciones
públicas y exacerbando la crisis carcelaria en Ecuador. En este contexto, la acción
penal pública desempeña un papel crucial en la lucha contra este delito, ya que
permite al Estado perseguir y sancionar a los responsables de estas actividades
ilícitas.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece un marco normativo que regula
la acción penal pública en Ecuador, incluyendo procedimientos específicos como el
Procedimiento Directo, diseñado para agilizar la resolución de casos de flagrancia
o con pruebas contundentes (Cando-García, 2022). Sin embargo, la aplicación de
este procedimiento y la proporcionalidad de las penas privativas de libertad han
generado debates en torno a su eficacia y justicia. Por un lado, algunos autores,
como Benavides-Vanegas (2017), destacan la importancia de garantizar que las
penas sean proporcionales y equitativas en comparación con otros delitos. Por otro
lado, Arrias-Añez et al. (2021) argumentan que la severidad de las sanciones es
necesaria para combatir un problema de gran magnitud como el narcotráfico.
El impacto social y económico del tráfico ilícito de sustancias controladas es
multifacético. Según Escobar-Jiménez (2024), este delito no solo fomenta la
desintegración social y la violencia, sino que también desvía recursos económicos
hacia actividades ilícitas, afectando el desarrollo económico del país. En este
sentido, la cooperación internacional, la prevención y la rehabilitación son
estrategias clave para abordar tanto las causas como las consecuencias de este
fenómeno (Labiano, 2020; Cango-Cobos & Suárez-Monzón, 2021).
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Partiendo de lo anterior, se presenta como objetivo analizar la acción penal pública
sobre tráfico ilícito de sustancias controladas en la unidad judicial penal Ecuador.
MÉTODO
La investigación se estructuró bajo un diseño metodológico basado en la revisión
documental sistemática, con el objetivo de analizar la acción penal pública sobre el
tráfico ilícito de sustancias controladas en la Unidad Judicial Penal de Ecuador. Para
ello, se seleccionaron 14 artículos científicos.
Se emplearon palabras clave relacionadas con los principales ejes temáticos de la
investigación, tales como: “acción penal pública en Ecuador”, “tráfico ilícito de
sustancias controladas”, “procedimiento directo en el sistema penal ecuatoriano”,
“proporcionalidad de las penas en el COIP” y “cooperación internacional y
prevención del narcotráfico”. Estas palabras clave permitieron identificar fuentes
pertinentes y actualizadas, garantizando un análisis integral y multidimensional del
fenómeno estudiado. La selección de documentos se basó en su relevancia,
actualidad y aporte teórico, asegurando una diversidad de enfoques normativos,
doctrinales y jurisprudenciales que enriquecen la comprensión del tema.
RESULTADOS
Se llevaron a cabo entrevistas con dos profesionales del derecho especializados en
el ámbito penal, quienes actualmente se desempeñan en el ejercicio libre de la
profesión. Estos expertos fueron seleccionados como informantes clave debido a su
destacada trayectoria y amplia experiencia en el campo laboral, lo que los convierte
en fuentes relevantes para los objetivos de la investigación. Los resultados
obtenidos a través de la guía de entrevista son los siguientes:
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Tabla 1. Información sobre el procedimiento directo
Pregunta 1
Informante A
Informante B
¿A qué hace referencia el
Procedimiento directo y en
qué situación se la puede
aplicar?
El Procedimiento Directo en
Ecuador se refiere a un
proceso judicial que se utiliza
en casos de flagrancia o
delitos que no admiten
investigación previa. Es una vía
rápida para llevar a juicio a una
persona que ha sido detenida
en el acto de cometer un delito
o cuando existen pruebas
contundentes que lo
incriminan.
El Procedimiento Directo es
una herramienta legal que
permite acelerar el proceso
judicial al evitar la etapa de
instrucción. Se aplica en
situaciones donde la evidencia
es clara y no requiere una
investigación exhaustiva. Esto
agiliza la administración de
justicia y permite que los casos
se resuelvan de manera
expedita, especialmente en
delitos graves o flagrantes.
Fuente: Elaboración propia.
El Procedimiento Directo, según los informantes, es un mecanismo procesal en el
sistema judicial ecuatoriano diseñado para agilizar la resolución de ciertos casos
penales. Ambos informantes coinciden en que este procedimiento se aplica en
situaciones específicas, como en casos de flagrancia o cuando existen pruebas claras
y contundentes que no requieren una investigación previa exhaustiva.
El Informante A destaca que el Procedimiento Directo se utiliza principalmente en
casos donde una persona es detenida en el acto de cometer un delito o cuando las
pruebas incriminatorias son evidentes, permitiendo llevar al acusado rápidamente a
juicio.
Por su parte, el Informante B complementa esta idea al señalar que este
procedimiento elimina la etapa de instrucción, lo que acelera significativamente el
proceso judicial, resalta que su aplicación es especialmente útil en delitos graves o
flagrantes, por cuanto contribuye a una administración de justicia más eficiente y
expedita.
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Tabla 2. Opinión sobre las penas privativas de libertad estipuladas en el COIP
Pregunta 2
Informante A
Informante B
¿Considera que las penas
privativas de libertad
estipuladas dentro del
Código Orgánico Integral
Penal son proporcionales
en comparación a otros
delitos en el Ecuador?
En general, las penas
privativas de libertad
estipuladas en el Código
Orgánico Integral Penal
de Ecuador son resultado
de un proceso de análisis
y consideración de
diversos factores,
incluyendo la gravedad
del delito, el contexto
social y la jurisprudencia.
Sin embargo, hay casos
donde se podría
cuestionar la
proporcionalidad de las
penas, especialmente en
comparación con otros
delitos.
Sí, estoy de acuerdo. La
proporcionalidad de las penas es un
tema complejo y relativo. En algunos
casos, se ha argumentado que las penas
pueden ser excesivas o insuficientes,
dependiendo de la gravedad del delito y
las circunstancias específicas del caso. Es
importante que el sistema judicial revise
continuamente las penas para asegurar
que sean justas y proporcionales en
comparación con otros delitos similares.
Fuente: Elaboración propia.
La opinión de los informantes sobre la proporcionalidad de las penas privativas de
libertad estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) refleja una visión
crítica y matizada sobre este aspecto del sistema penal ecuatoriano. Ambos
coinciden en que, aunque las penas establecidas en el COIP son producto de un
análisis que considera factores como la gravedad del delito, el contexto social y la
jurisprudencia, existen casos en los que la proporcionalidad de las sanciones puede
ser cuestionada.
El Informante A señala que, en términos generales, las penas privativas de libertad
responden a un proceso deliberado, pero reconoce que en ciertos casos podrían no
ser proporcionales, especialmente al compararlas con las sanciones impuestas por
otros delitos. Esto sugiere que, aunque el sistema busca ser equilibrado, hay
situaciones en las que las penas podrían percibirse como desproporcionadas.
Por su parte, el Informante B coincide en que la proporcionalidad es un tema
complejo y relativo, destacando que las penas pueden ser vistas como excesivas o
insuficientes dependiendo de la gravedad del delito y las circunstancias específicas,
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enfatizándose la importancia de una revisión constante por parte del sistema judicial
para garantizar que las penas sean justas y equitativas en relación con delitos
similares.
Tabla 3. Medidas adicionales para mejorar la eficacia de la legislación y las políticas
relacionadas con el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Pregunta 4
Informante A
¿Qué medidas
adicionales sugeriría
para mejorar la
eficacia de la
legislación y las
políticas relacionadas
con el tráfico ilícito de
sustancias en
Ecuador?
Una medida adicional para mejorar
la eficacia de la legislación y las
políticas relacionadas con el tráfico
ilícito de sustancias en Ecuador
sería fortalecer la cooperación
internacional en la lucha contra el
narcotráfico. Esto implicaría
colaborar estrechamente con otros
países en la interdicción de drogas,
el intercambio de información y la
capacitación de personal
especializado en técnicas de
investigación y combate al tráfico
de drogas a nivel internacional.
Fuente: Elaboración propia.
El Informante A sugiere que una de las principales estrategias para mejorar la
eficacia de las políticas contra el narcotráfico es fortalecer la cooperación
internacional. Esto incluye trabajar de manera conjunta con otros países en áreas
clave como la interdicción de drogas, el intercambio de información y la capacitación
de personal especializado en técnicas avanzadas de investigación y combate al
tráfico de sustancias.
Por otro lado, el Informante B enfatiza la necesidad de abordar las causas
subyacentes del tráfico ilícito de sustancias mediante la inversión en programas de
prevención y rehabilitación. Propone implementar campañas de concientización y
programas educativos en escuelas y comunidades, así como ofrecer servicios de
tratamiento y rehabilitación para personas con problemas de adicción.
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Tabla 4. Opinión sobre el impacto social y económico del tráfico ilícito de sustancias
sujetas a fiscalización en Ecuador.
Pregunta 5
Informante A
Informante B
¿Cuál es su opinión sobre el
impacto social y económico del
tráfico ilícito de sustancias sujetas a
fiscalización en Ecuador?
El tráfico ilícito de sustancias
sujetas a fiscalización tiene un
impacto devastador tanto a nivel
social como económico en Ecuador.
En el ámbito social, contribuye a la
desintegración de comunidades,
aumenta la violencia y promueve la
delincuencia organizada. Además,
el consumo de drogas puede llevar
a problemas de salud pública,
como adicciones y enfermedades
relacionadas con el uso de
sustancias.
Desde el punto de vista económico,
el tráfico ilícito de drogas puede
socavar el desarrollo económico al
desviar recursos hacia actividades
criminales en lugar de invertir en
sectores productivos legítimos.
Además, la corrupción asociada con
el narcotráfico puede debilitar las
instituciones públicas y minar la
confianza en el Estado de derecho,
lo que a su vez afecta
negativamente la inversión y el
crecimiento económico. En
resumen, el tráfico ilícito de drogas
tiene consecuencias profundas y
multifacéticas que afectan tanto a
nivel social como económico en
Ecuador.
Fuente: Elaboración propia,
El Informante A destaca el impacto social del tráfico ilícito de drogas, señalando que
este fenómeno contribuye a la desintegración de comunidades, fomenta la violencia
y fortalece la delincuencia organizada, resalta que el consumo de sustancias ilícitas
genera problemas de salud pública, como adicciones y enfermedades relacionadas
con el uso de drogas, lo que agrava aún más la situación social.
Por su parte, el Informante B se enfoca en las repercusiones económicas, señalando
que el tráfico ilícito de drogas desvía recursos hacia actividades criminales, lo que
impide su inversión en sectores productivos legítimos. Asimismo, menciona que la
corrupción asociada al narcotráfico debilita las instituciones públicas y erosiona la
confianza en el Estado de derecho, lo que afecta negativamente la inversión y el
crecimiento económico.
DISCUSIÓN
El procedimiento directo, según los informantes, es una herramienta procesal que
busca agilizar la administración de justicia en casos de flagrancia o cuando las
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pruebas son contundentes, lo cual, coincide con lo señalado por Cando-García
(2022), quien destaca que este procedimiento permite una resolución más rápida
de los casos, eliminando etapas procesales como la instrucción fiscal. Sin embargo,
Gutiérrez-Campoverde et al. (2019) advierten que, aunque este mecanismo puede
ser eficiente, también puede vulnerar derechos fundamentales, como el debido
proceso, al limitar el tiempo para la defensa y la recopilación de pruebas.
En este sentido, mientras los informantes valoran la rapidez del procedimiento
directo, es necesario considerar las críticas de la doctrina, que sugieren que la
celeridad no debe comprometer la justicia ni los derechos de los procesados. Esto
plantea un dilema entre la eficiencia procesal y la garantía de derechos,
especialmente en casos de tráfico ilícito de sustancias controladas, donde las
pruebas suelen ser determinantes.
La proporcionalidad de las penas privativas de libertad estipuladas en el Código
Orgánico Integral Penal (COIP) es un tema que genera opiniones divididas. Los
informantes coinciden en que, aunque las penas son producto de un análisis
deliberado, en algunos casos pueden ser percibidas como desproporcionadas. Esta
visión es respaldada por Benavides-Vanegas (2017), quien argumenta que las
penas deben ser revisadas constantemente para garantizar su equidad y
proporcionalidad en relación con otros delitos.
Por otro lado, Arrias-Añez et al. (2021) señalan que la severidad de las penas en
delitos relacionados con el narcotráfico responde a la necesidad de combatir un
problema de gran impacto social y económico. Sin embargo, esta postura puede
entrar en conflicto con la perspectiva de Monar-Machoa (2024), quien aboga por
un enfoque más rehabilitador y menos punitivo, especialmente en contextos donde
las condiciones sociales y económicas influyen en la comisión de delitos.
Este contraste evidencia la necesidad de un equilibrio entre la severidad de las
penas y la implementación de políticas que promuevan la rehabilitación y la
reinserción social, especialmente en un sistema penal que enfrenta altos índices de
reincidencia.
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En cuanto a las medidas adicionales para mejorar la eficacia de la legislación y las
políticas contra el tráfico ilícito de sustancias, los informantes proponen fortalecer
la cooperación internacional y desarrollar programas de prevención y rehabilitación.
Estas propuestas están alineadas con lo planteado por Escobar-Jiménez (2024),
quien resalta la importancia de las estructuras internacionales en la lucha contra el
narcotráfico, y por Cango-Cobos & Suárez-Monzón (2021), quienes enfatizan la
necesidad de abordar las causas subyacentes del consumo de drogas mediante
programas educativos y de concienciación.
Asimismo, Labiano (2020) destaca que los modelos integrales que combinen la
prevención, la rehabilitación y la cooperación internacional, son fundamentales para
enfrentar el problema del narcotráfico de manera efectiva. Sin embargo, Rivera-Rhon
& Bravo-Grijalva (2020) advierten que la corrupción y la debilidad institucional
pueden limitar la eficacia de estas medidas, lo que subraya la necesidad de
fortalecer las instituciones públicas y garantizar la transparencia en la
implementación de políticas.
El impacto social y económico del tráfico ilícito de sustancias controladas en Ecuador
es un tema ampliamente documentado. Los informantes destacan que este
fenómeno contribuye a la desintegración social, el aumento de la violencia y la
corrupción, lo que coincide con lo señalado por Santillán-Molina et al. (2022),
quienes analizan cómo el narcotráfico y el crimen organizado han exacerbado la
crisis carcelaria en el país.
Desde una perspectiva económica, Machado-Abril & Herrera-Villacis (2024)
argumentan que el narcotráfico desvía recursos hacia actividades ilícitas, afectando
el desarrollo económico y la inversión en sectores productivos. Esta visión es
complementada por Crespo-Berti (2024), quien señala que el desempleo y la falta
de oportunidades económicas son factores que fomentan el microtráfico,
especialmente entre los jóvenes.
CONCLUSION
El análisis de la acción penal pública sobre el tráfico ilícito de sustancias controladas
en la Unidad Judicial Penal de Ecuador evidencia la necesidad de equilibrar la
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eficacia procesal con el respeto a los derechos fundamentales, especialmente en la
aplicación de mecanismos como el Procedimiento Directo. Si bien este
procedimiento y las penas privativas de libertad establecidas en el Código Orgánico
Integral Penal buscan combatir de manera contundente el narcotráfico, su
implementación debe ser revisada constantemente para garantizar
proporcionalidad, justicia y equidad.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
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Derechos de autor: 2024 Por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y
condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC
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