Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial3), 263-279, 2024
https://doi.org/10.62574/w9ekk905
263
Acción extraordinaria de protección presentada por destitución de un juez
Extraordinary action for protection filed for removal of judge
Valeria Estefania Carranco-Posso
dvaleriacp97@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-7752-8685
Nathaly Maribel Chimarro-Pasmay
di.nathalymcp63@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0003-4445-2730
Tannia Yaqueline Valarezo-Palacios
di.tanniayvp55@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-6576-3146
Carlos Javier Lizcano-Chapeta
ui.carloslizcano@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-1265-9465
RESUMEN
La investigación se estructuró bajo un diseño metodológico basado en la revisión documental
sistemática con el objetivo de estudiar la acción extraordinaria de protección presentada por
destitución de un juez. Se seleccionaron 22 fuentes relevantes. El caso de la destitución del juez "JV"
y la acción extraordinaria de protección presentada en su defensa evidencia la necesidad de un
equilibrio entre la aplicación de sanciones disciplinarias y la garantía de los derechos fundamentales
de los operadores de justicia, resaltándose la importancia de la motivación adecuada de las
decisiones judiciales, la proporcionalidad en las sanciones y el respeto al debido proceso como
pilares esenciales de un sistema judicial justo y transparente.
Descriptores: administración de justicia; procedimiento legal; profesión jurídica. (Fuente: Tesauro
UNESCO).
ABSTRACT
The research was structured under a methodological design based on a systematic documentary
review with the objective of studying the extraordinary action for protection filed due to the dismissal
of a judge. Twenty-two relevant sources were selected. The case of the dismissal of judge ‘JV’ and
the extraordinary action for protection filed in his defence demonstrates the need for a balance
between the application of disciplinary sanctions and the guarantee of the fundamental rights of
justice operators, highlighting the importance of the adequate motivation of judicial decisions, the
proportionality of sanctions and respect for due process as essential pillars of a fair and transparent
judicial system.
Descriptors: administration of justice; legal procedure; legal profession. (Source: UNESCO
Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 09/11/2024.
Sección artículos de investigación
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Acción extraordinaria de protección presentada por destitución de un juez
Extraordinary action for protection filed for removal of judge
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Tannia Yaqueline Valarezo-Palacios
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INTRODUCCIÓN
El acceso a la justicia es un derecho esencial en el marco de los derechos humanos
y constituye un pilar fundamental en los sistemas legales de numerosos países. Este
derecho garantiza que todas las personas, sin distinción alguna, puedan acceder a
mecanismos legales para resolver conflictos, proteger sus derechos y recibir un trato
justo e imparcial. En este sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos,
en su artículo 8, numeral 1, establece que:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter (Convención Americana de Derechos Humanos, 1969, p.4).
Este principio subraya la relevancia del derecho a la justicia como un mecanismo
que protege los derechos fundamentales, permitiendo a las personas buscar
reparación ante violaciones de sus derechos. Por ello, es indispensable que los
sistemas legales garanticen este derecho, promoviendo la igualdad y previniendo la
discriminación.
En el caso de Ecuador, la Constitución de 2008 establece un sistema integral de
garantías para proteger los derechos constitucionales, regulados en los artículos 84
al 94. Estos mecanismos están diseñados para prevenir violaciones de derechos,
repararlos en caso de ser vulnerados, exigir su cumplimiento efectivo y garantizar
la protección frente a omisiones del poder público, permitiendo a las personas,
colectivos, pueblos, nacionalidades e incluso a la naturaleza, contar con
herramientas legales para su defensa y reparación.
En cuanto a la Acción de Protección, su conocimiento y resolución corresponde a
los jueces de primera instancia, mientras que las apelaciones son competencia de
los jueces de las Cortes Provinciales. Este recurso procede únicamente contra actos
u omisiones de autoridades públicas o particulares que vulneren o amenacen
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derechos fundamentales. En estos casos, la acción se dirige contra la máxima
autoridad o representante del órgano responsable de la violación, siendo el Estado
el encargado de reparar el derecho vulnerado si se comprueba la afectación. La
normativa es clara al establecer tanto los derechos de las personas como las
obligaciones del Estado en estos casos.
Por lo tanto, un caso relevante de estudio es la sentencia 2901-19-EP/23, que
aborda la destitución del juez “JV”, quien desempeñaba funciones en la Unidad
Judicial Civil y Mercantil de Otavalo en Ecuador. La Dirección Provincial del Consejo
de la Judicatura inició un expediente disciplinario en su contra, alegando que
incurrió en un error inexcusable al tramitar durante más de dos años un caso en el
que no tenía competencia por razón de la materia. Ante esta situación, el juez “JV”
presentó una acción de protección, argumentando que se habían vulnerado sus
derechos al debido proceso, a la defensa, a la motivación y a la presunción de
inocencia.
La jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer de Otavalo aceptó la
acción de protección y ordenó la restitución del juez en su cargo. Sin embargo, el
Consejo de la Judicatura y la Procuraduría General del Estado apelaron esta decisión,
y la Corte Provincial de Imbabura dejó sin efecto la sentencia inicial. Posteriormente,
el 22 de octubre de 2019, el juez “JV” presentó una acción extraordinaria de
protección ante la Corte Constitucional, solicitando que se declarara la vulneración
de sus derechos y se dejara sin efecto la decisión de la Corte Provincial. No obstante,
la Corte Constitucional desestimó la acción, argumentando que el caso ya había sido
impugnado en la vía ordinaria con las mismas alegaciones y que la sentencia
impugnada estaba debidamente motivada, sin evidenciarse una vulneración de
derechos.
Este caso pone de manifiesto los límites entre la justicia ordinaria y la justicia
constitucional. La primera se encarga de resolver casos civiles, penales, laborales,
familiares y otros asuntos no relacionados directamente con la interpretación de la
Constitución. Por su parte, la justicia constitucional tiene como función principal
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garantizar el respeto de los derechos fundamentales y las garantías establecidas en
la Constitución, interpretándola y aplicándola cuando sea necesario. Superponer
ambas vías puede generar conflictos y constituye una falta, por lo que es
fundamental comprender las competencias de cada una.
El análisis de la sentencia 2901-19-EP/23 permite reflexionar sobre las razones por
las cuales se desestimó la acción extraordinaria de protección en este caso, así como
sobre la correcta aplicación de los principios constitucionales y legales en los
procesos judiciales. Este análisis se sustenta en la Constitución de la República del
Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial y otras normativas relevantes,
destacando la importancia de garantizar un sistema judicial que respete los
derechos fundamentales y actúe conforme a los principios de justicia y equidad.
En consideración a lo planteado, la investigación tiene por objetivo estudiar la
acción extraordinaria de protección presentada por destitución de un juez.
MÉTODO
La investigación se estructuró bajo un diseño metodológico basado en la revisión
documental sistemática, con el objetivo de analizar la acción extraordinaria de
protección presentada por la destitución de un juez en el contexto del sistema
judicial ecuatoriano, desde una perspectiva constitucional y disciplinaria. Para ello,
se seleccionaron 22 fuentes relevantes, incluyendo artículos científicos, normativas,
jurisprudencia y textos doctrinales.
Se emplearon palabras clave relacionadas con los principales ejes temáticos de la
investigación, tales como: “acción extraordinaria de protección en Ecuador”, “debido
proceso y motivación judicial”, “sanciones disciplinarias a jueces”, “justicia
constitucional y derechos fundamentales” y “ética judicial y responsabilidad
disciplinaria”. Estas palabras clave permitieron identificar fuentes pertinentes y
actualizadas, garantizando un análisis integral y multidimensional del caso
estudiado. La selección de documentos se basó en su relevancia, actualidad y aporte
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teórico, asegurando una diversidad de enfoques normativos, doctrinales y
jurisprudenciales.
RESULTADOS
Se llevaron a cabo entrevistas con dos jueces y un abogado, quienes cuentan con
un amplio conocimiento sobre el tema de investigación, además de una extensa
trayectoria tanto en el ámbito laboral como académico. Los resultados obtenidos a
través de la guía de entrevista fueron los siguientes:
Tabla 1. Faltas disciplinarias en los operadores de justicia.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 2. Principio de motivación.
Pregunta 2
Informante A. R
Informante R. C
Puede explicar ¿cómo
las juezas y jueces
aplican el principio de
motivación para emitir
resoluciones
judiciales?
El informante clave
manifestó que por lo general
acude a la base legal como
fundamento jurídico; para
posteriormente proceder a
desarrollar el criterio
personal, sobre la decisión
La motivación se
encuentra en el art. 76
de la Constitución, el
cual obliga a todo
servidor público que al
realizar un acto lo debe
motivar, relatar o
encajar con la norma
Pregunta 1
Informante A. R
Informante R. C
A su criterio como
profesional del
Derecho y
conocedor de este,
¿Qué consecuencias
se generan al
incurrir en una falta
disciplinaria dentro
de las competencias
que tienen ustedes
como operadores
judiciales?
El informante clave indicó
que como consecuencias
tenemos la inhabilidad de
ejercer un cargo público
por 2 años y la
imposibilidad de regresar a
la función judicial de por
vida.
Las sanciones van
dependiendo del tipo de
infracción que se haya
cometido como por ejemplo
la amonestación escrita,
suspensión y destitución. Y
cada operador de justicia
obtendrá en sanción de
acuerdo con el proceso
disciplinario.
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de fondo basado en la
normativa previa indicada.
jurídica y debe haber
concordancia.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 3. Sanción administrativa.
Pregunta 3
Informante R. C
¿Qué implica una
sanción
administrativa a las
juezas y jueces
dentro del ámbito de
sus competencias?
Implica que el servidor judicial
en este caso el juez pierda sus
derechos en cuanto a ocupar
un cargo público durante un
lapso de dos años por una
destitución y de por vida no
pueda ingresar a la función
judicial.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 4. Recurso de apelación.
Pregunta 4
Informante A. R
Informante R. C
¿En qué casos
considera usted,
que se debe
aplicar el recurso
de apelación?
El informante clave consideró
que el recurso de apelación se
debe interponer ante las
sentencias únicamente, y no
sobre los autos
interlocutorios que en
definitiva no resuelven el
fondo de la causa.
En todos los casos se debe
aplicar el recurso de
apelación o impugnación
porque es un derecho
constitucional, en el que se
puede recurrir a cualquier
fallo o sentencia cuando no
estemos conformes con lo
que hemos litigado.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 5. Vía ordinaria y vía constitucional
Pregunta 5
Informante A. R
Informante R. C
¿Qué piensa acerca
de que los
operadores de
justicia activen
El informante clave indica
que litigan sin el principio de
lealtad y buena fe procesal,
tratando incluso de inducir a
Los jueces al ser
sancionados podemos
activar sea la vía ordinaria a
través del contencioso
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simultáneamente la
vía ordinaria y
constitucional para
obtener una
resolución a su
favor?
un error judicial,
desconocimiento de la ley y
del procedimiento mismo
para cada trámite, llegando
al abuso del derecho.
administrativo, en este caso
a pesar de que exista dos
vías tanto ordinaria como
constitucional, siempre se
debe optar por recurrir a la
vía ordinaria y en el caso de
ser necesario recurrir a la
constitucional.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 6. Principios deontológicos (Ética y moral)
Pregunta 6
Informante R. C
Las juezas y jueces
deben regirse por los
principios
deontológicos (ética y
moral), dentro de la
aplicación de justicia.
¿Cuál es su opinión?
Todo profesional debe
someterse a estos principios
de deontológicos debido a
que le dan ese estándar de
calidad al realizar su trabajo,
en especial a los jueces al
momento de administrar
justicia.
Fuente: Elaboración propia.
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Entrevista Abogado
Tabla 7. Principios Deontológicos (Ética y moral)
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 8. Procedimientos administrativos disciplinarios y el derecho al debido
proceso.
Autor(es) y Año
Tema
Aportes
Relación con el
debido proceso
Balcazar-
Chuquipiondo et
al. (2023)
Procedimiento
administrativo
disciplinario y
vulneración del
debido proceso.
Analiza cómo los
procedimientos
disciplinarios
pueden vulnerar
derechos
fundamentales.
Enfatiza la
importancia de
garantizar el
debido proceso en
procedimientos
administrativos.
Boutaud-
Scheuermann
(2022)
Sanciones y
medidas
Estudio sobre las
sanciones
administrativas y
Relaciona las
sanciones con la
necesidad de
Pregunta 1
Informante M. P
Las abogadas y
abogados en libre
ejercicio deben regirse
por los principios
deontológicos (ética y
moral), dentro de la
aplicación de Justicia.
¿Cuál es su opinión?
Los principios jurídicos de ética, moral y buena fe que
deben ser presentados dentro de todos los procesos
deben prevalecer en los profesionales del derecho y en
los futuros profesionales del derecho, es importante
actuar siempre con estos principios con la ética y la
moral principalmente actuando de una manera correcta
siendo coherentes con nuestras argumentaciones
actuar conforme a derecho ser honesto y responsable
de esta manera, saber sobrellevar las situaciones
jurídicas de la mejor manera y solventar el problema de
los patrocinados de la mejor manera para tener una
solución pronta y una resolución justa y de esta manera
poder acceder al ámbito judicial a fin de hacer
prevalecer los derechos correspondientes.
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administrativas
desfavorables.
su impacto en los
derechos de los
sancionados.
respetar garantías
procesales.
Centeno-
Maldonado et al.
(2021)
Error judicial como
causal de sanción
disciplinaria.
Reflexiona sobre
casos específicos
de errores
judiciales y su
impacto
disciplinario.
Vincula el error
judicial con la
vulneración del
debido proceso.
Chinchilla-Sandí
(2006)
Ética, moral y
deontología
jurídica.
Diferencia entre
ética y
deontología en el
ejercicio
profesional.
Relaciona la ética
profesional con el
respeto al debido
proceso.
Código Orgánico
de la Función
Judicial (2009)
Normativa sobre
procedimientos
judiciales y
administrativos.
Proporciona el
marco legal para
los
procedimientos
disciplinarios en
Ecuador.
Establece las
bases legales para
garantizar el
debido proceso.
Constitución de la
República del
Ecuador (2008)
Derechos
fundamentales y
garantías
constitucionales.
Define el debido
proceso como un
derecho
fundamental.
Es la base jurídica
para proteger el
debido proceso en
Ecuador.
Convención
Americana sobre
Derechos
Humanos (1978)
Derechos
humanos y
garantías
procesales.
Establece
estándares
internacionales
sobre el debido
proceso.
Marco
internacional que
protege el debido
proceso.
Corte
Constitucional del
Ecuador (2023)
Sentencia sobre
derechos
procesales.
Analiza un caso
específico
relacionado con el
debido proceso.
Refuerza la
interpretación
constitucional del
debido proceso.
Ferrer-Beltrán
(2011)
Motivación de
decisiones
judiciales.
Discute la
importancia de
justificar las
decisiones
judiciales.
La motivación
adecuada es
esencial para
garantizar el
debido proceso.
García-Leal
(2003)
Debido proceso y
tutela judicial
efectiva.
Explora la relación
entre el debido
proceso y el
acceso a la justicia.
Resalta la tutela
judicial como
parte del debido
proceso.
Guanoluisa-
Almache et al.
(2021)
Responsabilidad
judicial en
Ecuador.
Analiza la
responsabilidad
de los jueces en el
Vincula la
responsabilidad
judicial con la
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marco del debido
proceso.
protección del
debido proceso.
Mora-Bernal &
Rojas-Yerovi
(2023)
Cambio de
precedente y
motivación
judicial.
Estudia cómo los
cambios de
precedente
afectan la
motivación
judicial.
Relaciona la
motivación con el
respeto al debido
proceso.
Núñez Ojeda et al.
(2018)
Debido proceso y
eficiencia en
apelaciones
civiles.
Analiza la
compatibilidad
entre el debido
proceso y la
eficiencia judicial.
Propone un
equilibrio entre
garantías
procesales y
eficiencia.
Ortiz-Millán
(2016)
Distinción entre
ética y moral.
Reflexiona sobre
las diferencias
conceptuales
entre ética y
moral.
Relaciona la ética
con el respeto a
los derechos
procesales.
Paredes-Chiluisa
et al. (2022)
Tipificación de
infracciones
administrativas.
Analiza problemas
en la tipificación
de infracciones en
procesos
disciplinarios.
Relaciona la
deficiente
tipificación con la
vulneración del
debido proceso.
Ramos-Pozón et
al. (2019)
Ética, legislación y
deontología.
Define conceptos
clave para el
ejercicio
profesional.
Relaciona la
deontología con el
respeto al debido
proceso.
Ried-Undurraga
(2015)
Sanciones
procesales y
disciplinarias.
Estudia las
sanciones por
infracciones
procesales.
Relaciona las
sanciones con la
necesidad de
respetar el debido
proceso.
Rivera-Silva &
Correa-Calderón
(2021)
Motivación de
sentencias
constitucionales.
Analiza la
motivación como
garantía del
debido proceso.
Refuerza la
importancia de la
motivación en el
respeto al debido
proceso.
Soto-Delgado
(2016)
Sanciones
administrativas en
el derecho
ambiental.
Propone un
enfoque funcional
y responsivo para
las sanciones.
Relaciona las
sanciones con el
cumplimiento del
debido proceso.
Zambrano-Moran
et al. (2022)
Evolución del
control
constitucional en
Ecuador.
Analiza el
desarrollo del
control
Relaciona el
control
constitucional con
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constitucional en
Ecuador.
la protección del
debido proceso.
Zapata-Flórez
(2017)
Tipos
sancionatorios en
blanco.
Estudia los
problemas de los
tipos
sancionatorios en
blanco.
Relaciona la falta
de claridad
normativa con la
vulneración del
debido proceso.
Fuente: Elaboración propia.
Faltas disciplinarias en los operadores de justicia
Las faltas disciplinarias cometidas por los operadores de justicia tienen
consecuencias graves que afectan tanto su carrera profesional como la confianza
pública en el sistema judicial. Según los informantes, las sanciones varían
dependiendo de la gravedad de la infracción. Estas pueden ir desde una
amonestación escrita hasta la suspensión temporal de funciones o incluso la
destitución definitiva del cargo.
En los casos más severos, como la destitución, el operador judicial puede enfrentar
la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante dos años y la imposibilidad
de regresar a la función judicial de por vida. Estas medidas buscan garantizar la
integridad del sistema judicial y prevenir conductas que puedan comprometer la
imparcialidad y la justicia en el ejercicio de sus funciones. Cada sanción se aplica de
acuerdo con un proceso disciplinario que evalúa la naturaleza de la falta y su
impacto en el desempeño del operador judicial.
Principio de motivación
El principio de motivación es un pilar fundamental en la emisión de resoluciones
judiciales, ya que garantiza la transparencia y la legalidad de las decisiones tomadas
por juezas y jueces. Según los informantes, este principio implica que las
resoluciones deben estar fundamentadas en una base legal clara, desarrollando un
criterio personal que se ajuste a la normativa aplicable. La Constitución, en su
artículo 76, establece que todo acto de un servidor público debe estar motivado, lo
que significa que debe haber una relación lógica y coherente entre los hechos, las
pruebas y la norma jurídica aplicada. Este principio no solo asegura que las
decisiones sean comprensibles y justificadas, sino que también protege los derechos
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de las partes involucradas al permitirles conocer las razones detrás de las
resoluciones judiciales.
Sanción administrativa
Las sanciones administrativas aplicadas a juezas y jueces dentro de sus
competencias tienen un impacto significativo en su carrera y en su capacidad para
ejercer funciones públicas. Estas sanciones pueden incluir desde la suspensión
temporal de funciones hasta la destitución definitiva del cargo. En los casos más
graves, como la destitución, el juez pierde el derecho a ocupar un cargo público
durante un período de dos años y queda inhabilitado de por vida para regresar a
la función judicial. Estas medidas buscan mantener la disciplina y la ética en el
ejercicio de la justicia, asegurando que los operadores judiciales actúen con
responsabilidad y dentro del marco legal. La aplicación de estas sanciones depende
de la gravedad de la falta cometida y del proceso disciplinario correspondiente.
Recurso de apelación
El recurso de apelación es un mecanismo esencial dentro del sistema judicial, ya
que permite a las partes inconformes con una resolución judicial impugnarla y
buscar una revisión por parte de una instancia superior. Según los informantes, este
recurso debe aplicarse principalmente en casos de sentencias, ya que estas
resuelven el fondo de la causa, mientras que los autos interlocutorios, que no tienen
un impacto definitivo, no deberían ser objeto de apelación. Sin embargo, también
se destaca que el recurso de apelación es un derecho constitucional que puede ser
ejercido en cualquier fallo o sentencia cuando una de las partes no está conforme
con el resultado. Este derecho garantiza la posibilidad de corregir errores judiciales
y refuerza la confianza en el sistema de justicia.
Vía ordinaria y vía constitucional
El uso simultáneo de la vía ordinaria y la vía constitucional por parte de los
operadores de justicia es un tema que genera debate. Según los informantes, esta
práctica puede interpretarse como una falta de lealtad y buena fe procesal, ya que
podría inducir a errores judiciales o al abuso del derecho. En general, se considera
que los operadores de justicia deben optar primero por la vía ordinaria, como el
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contencioso administrativo, y recurrir a la vía constitucional solo cuando sea
estrictamente necesario. Este enfoque busca evitar la duplicidad de procesos y
garantizar que cada caso sea tratado de manera adecuada dentro del marco legal
correspondiente. La correcta elección de la vía procesal es fundamental para
preservar la eficiencia y la coherencia del sistema judicial.
Principios deontológicos (ética y moral)
Los principios deontológicos, como la ética y la moral, son esenciales en la labor de
juezas, jueces y abogados, ya que establecen un estándar de calidad y
responsabilidad en la administración de justicia. Según los informantes, los
operadores de justicia deben aplicar estos principios en sus decisiones, siempre y
cuando no entren en conflicto con la normativa legal, un juez no puede dejar de
resolver un caso basándose únicamente en sus creencias personales, ya que su
deber es actuar conforme a derecho y garantizar una resolución justa basada en
pruebas y fundamentos legales.
Asimismo, los abogados en libre ejercicio deben actuar con honestidad,
responsabilidad y coherencia, buscando siempre el bienestar de sus patrocinados y
la solución justa de los conflictos. Estos principios no solo fortalecen la confianza
en el sistema judicial, sino que también promueven una práctica profesional ética y
responsable.
DISCUSIÓN
El principio de motivación de las decisiones judiciales es esencial para garantizar el
derecho al debido proceso, ya que permite a las partes comprender las razones
detrás de una resolución judicial. Según Ferrer-Beltrán (2011), la motivación no solo
asegura la transparencia en la administración de justicia, sino que también refuerza
la legitimidad de las decisiones judiciales. En el caso del juez "JV", la Corte
Constitucional argumentó que la sentencia impugnada estaba debidamente
motivada, lo que llevó a desestimar la acción extraordinaria de protección. Sin
embargo, Rivera-Silva & Correa-Calderón (2021) sostienen que la motivación debe
ser analizada desde una perspectiva garantista, asegurando que no se vulneren
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derechos fundamentales, incluso en casos donde las decisiones aparenten estar
fundamentadas.
Por otro lado, García-Leal (2003) enfatiza que el debido proceso no solo implica el
derecho a ser oído, sino también la garantía de que las decisiones judiciales sean
justas y razonadas. En este sentido, la destitución del juez "JV" plantea interrogantes
sobre si el procedimiento disciplinario cumplió con estas garantías, especialmente
considerando las alegaciones de vulneración al derecho de defensa y a la presunción
de inocencia.
El caso también pone en evidencia la tensión entre la necesidad de sancionar a los
operadores de justicia que cometen errores y la obligación de respetar sus derechos
fundamentales. Según Centeno-Maldonado et al. (2021), los errores judiciales
pueden ser sancionados disciplinariamente, pero estas sanciones deben estar
debidamente fundamentadas y no pueden ser arbitrarias. En el caso del juez "JV",
la sanción se basó en un supuesto error inexcusable, lo que plantea la pregunta de
si este concepto fue aplicado de manera proporcional y conforme a los principios
deontológicos.
Por otro lado, Chinchilla-Sandí (2006) y Ortiz-Millán (2016) destacan la importancia
de la ética y la moral en el ejercicio de la función judicial, señalando que los jueces
deben actuar con integridad y responsabilidad. Sin embargo, Ramos-Pozón et al.
(2019) advierten que las sanciones disciplinarias no deben ser utilizadas como
herramientas de control político o administrativo, por cuanto esto podría socavar la
independencia judicial. En este contexto, la destitución del juez "JV" podría
interpretarse como un caso en el que la aplicación de sanciones disciplinarias entró
en conflicto con los principios de imparcialidad y justicia.
Por otro lado, la Corte Constitucional del Ecuador, al desestimar la acción
extraordinaria de protección, argumentó que el caso ya había sido resuelto en la vía
ordinaria. Este razonamiento refleja la necesidad de delimitar claramente las
competencias entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional. Según Zambrano-
Morán et al. (2022), la justicia constitucional tiene como objetivo principal
garantizar los derechos fundamentales, mientras que la justicia ordinaria se centra
Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial3), 263-279, 2024
Acción extraordinaria de protección presentada por destitución de un juez
Extraordinary action for protection filed for removal of judge
Valeria Estefania Carranco-Posso
Nathaly Maribel Chimarro-Pasmay
Tannia Yaqueline Valarezo-Palacios
Carlos Javier Lizcano-Chapeta
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en la resolución de conflictos específicos. Sin embargo, superponer ambas vías
puede generar conflictos y afectar la seguridad jurídica.
Así mismo. Boutaud-Scheuermann (2022) señala que las medidas administrativas
desfavorables, como las sanciones disciplinarias, deben ser revisadas
cuidadosamente en la justicia constitucional cuando se alega una vulneración de
derechos fundamentales. En este caso, la negativa de la Corte Constitucional a
intervenir podría interpretarse como una limitación al acceso a la justicia
constitucional, lo que contrasta con el enfoque garantista propuesto por la
Constitución de 2008.
El análisis de este caso revela la necesidad de fortalecer los mecanismos de control
y supervisión en el sistema judicial ecuatoriano, garantizando que las sanciones
disciplinarias sean aplicadas de manera justa y proporcional. Según Guanoluisa-
Almache et al. (2021), el principio de responsabilidad judicial debe ser equilibrado
con la protección de los derechos de los operadores de justicia, evitando que las
sanciones se conviertan en herramientas de presión o represalia.
En consideración a lo anterior, Mora-Bernal & Rojas-Yerovi (2023) destacan la
importancia de establecer precedentes claros en la aplicación de la garantía de
motivación, lo que contribuiría a una mayor coherencia y predictibilidad en las
decisiones judiciales. En este sentido, el caso del juez "JV" podría servir como un
punto de partida para reflexionar sobre la necesidad de reformas en el sistema
disciplinario y en la interpretación de los principios constitucionales.
CONCLUSION
El caso de la destitución del juez "JV" y la acción extraordinaria de protección
presentada en su defensa evidencia la necesidad de un equilibrio entre la aplicación
de sanciones disciplinarias y la garantía de los derechos fundamentales de los
operadores de justicia. Este análisis resalta la importancia de la motivación
adecuada de las decisiones judiciales, la proporcionalidad en las sanciones y el
respeto al debido proceso como pilares esenciales de un sistema judicial justo y
transparente.
FINANCIAMIENTO
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Acción extraordinaria de protección presentada por destitución de un juez
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No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
REFERENCIAS
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