Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial3), 245-253, 2024
https://doi.org/10.62574/2ecyqg83
245
Vulneración del debido proceso frente al principio de inocencia
Infringement of due process versus the principle of innocence
Johnny Vladimir Casalombo-Mantilla
da.johnnyvcm38@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0003-2212-6678
Cristoval Fernando Rey-Suquilanda
us.cristovalrey@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-0812-1814
Nemis García-Arias
us.nemisgarcia@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-5757-2964
RESUMEN
El principio de presunción de inocencia y el debido proceso constituyen garantías fundamentales del
derecho penal. Se representa como objetivo de investigación describir la vulneración del debido
proceso frente al principio de inocencia. Se seleccionaron 13 artículos científicos que abordan
distintos aspectos relacionados con el tema. La vulneración del debido proceso frente al principio
de presunción de inocencia en el contexto ecuatoriano refleja profundas tensiones entre la práctica
judicial y los mandatos constitucionales establecidos en el artículo 76 de la Constitución de la
República. Si bien la normativa ecuatoriana reconoce la presunción de inocencia como una garantía
fundamental, su implementación en casos concretos, como la aplicación desproporcionada de la
prisión preventiva, los procedimientos abreviados y las audiencias telemáticas, ha revelado
inconsistencias que afectan tanto la imparcialidad como la legitimidad del sistema de justicia penal.
Descriptores: derecho penal; derecho constitucional; imperio de la ley. (Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The principle of presumption of innocence and due process are fundamental guarantees of criminal
law. The objective of the research is to describe the violation of due process in relation to the
principle of innocence. Thirteen scientific articles dealing with different aspects related to the subject
were selected. The violation of due process vis-à-vis the principle of the presumption of innocence
in the Ecuadorian context reflects profound tensions between judicial practice and the constitutional
mandates established in article 76 of the Constitution of the Republic. While Ecuadorian law
recognises the presumption of innocence as a fundamental guarantee, its implementation in concrete
cases, such as the disproportionate application of pre-trial detention, abbreviated procedures and
telematic hearings, has revealed inconsistencies that affect both the impartiality and legitimacy of
the criminal justice system.
Descriptors: criminal law; constitutional law; rule of law. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 09/11/2024.
Sección artículos de investigación
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Infringement of due process versus the principle of innocence
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INTRODUCCIÓN
El principio de presunción de inocencia y el debido proceso constituyen garantías
fundamentales del derecho penal, esenciales para la protección de los derechos
humanos frente al ejercicio del poder punitivo del Estado. Estos principios están
consagrados tanto en la Constitución de la República del Ecuador (2008, art. 76)
como en instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración
Universal de Derechos Humanos (art. 11) y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art. 14). Sin embargo, aunque el marco normativo ofrece un
respaldo sólido, la práctica judicial a menudo revela tensiones que comprometen su
implementación efectiva. Estas tensiones emergen especialmente en contextos
donde la eficiencia procesal, las medidas precautorias y las herramientas de
modernización judicial entran en conflicto con las garantías individuales.
En Ecuador, la Ley Orgánica Integral Penal (COIP) regula diversas herramientas
procesales, como el procedimiento abreviado y la prisión preventiva, diseñadas para
optimizar la gestión judicial y garantizar la celeridad procesal (Luque-González &
Arias, 2020; Siguencia-Montero & Proaño-Reyes, 2022). Sin embargo, la aplicación
desproporcionada de estas medidas ha generado críticas, señalando que, en
algunos casos, estas figuras procesales se transforman en mecanismos que debilitan
la presunción de inocencia y el debido proceso, por lo tanto, el uso extensivo de la
prisión preventiva se ha convertido en una forma de pena anticipada, afectando no
solo al acusado sino también la percepción pública sobre su culpabilidad (Ruiz-
Cabrera, 2024; Floriano-Rodríguez & Contreras-Horna, 2024).
La incorporación de audiencias telemáticas, impulsada por la pandemia de COVID-
19, también plantea desafíos adicionales al principio de inmediación, una garantía
esencial del debido proceso (Vera-Ramírez & Ortega-Peñafiel, 2023). Estas
audiencias, aunque eficaces para la continuidad procesal, pueden limitar la
interacción directa entre las partes y los jueces, lo que compromete la capacidad de
valoración adecuada de pruebas y testimonios. En paralelo, figuras como las
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medidas de protección en casos de violencia familiar, analizadas por Antón-de-la-
Cruz et al. (2023), han sido criticadas por imponer restricciones que, aunque
necesarias para proteger a las víctimas, generan desequilibrios procesales que
afectan el derecho de defensa del acusado.
Otro aspecto relevante es el uso de figuras como el principio de oportunidad y el
procedimiento especial abreviado, que buscan resolver casos de manera expedita.
Según López-Torres (2023) y Asimbaya-Tacuri et al. (2024), estos mecanismos, si
bien útiles para descongestionar el sistema judicial, pueden generar presiones
indebidas sobre los acusados, quienes enfrentan decisiones entre aceptar
culpabilidad o arriesgar sanciones más severas en juicios prolongados. Estas
dinámicas reflejan un desequilibrio entre los objetivos de eficiencia procesal y la
protección de los derechos fundamentales.
Desde una perspectiva doctrinal, autores como Nogueira-Alcalá (2005) y Monar-
Puente (2024) subrayan que la presunción de inocencia opera no solo como una
garantía individual, sino también como un límite al poder punitivo del Estado. Este
principio exige un estándar probatorio riguroso y la aplicación de medidas
proporcionadas que respeten la dignidad y los derechos del acusado. Sin embargo,
las prácticas judiciales que priorizan la celeridad sobre la equidad ponen en
evidencia la necesidad de un fortalecimiento institucional y normativo que armonice
la eficiencia con los principios constitucionales.
Se representa como objetivo de investigación describir la vulneración del debido
proceso frente al principio de inocencia.
MÉTODO
La investigación se estructuró bajo un diseño metodológico basado en la revisión
documental sistemática, con el objetivo de analizar las vulneraciones al debido
proceso y al principio de presunción de inocencia en el contexto de la justicia penal
ecuatoriana. Para ello, se seleccionaron 13 artículos científicos que abordan
distintos aspectos relacionados con el tema, incluyendo enfoques doctrinales,
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normativos, procesales y jurisprudenciales, con un énfasis particular en las tensiones
entre la eficiencia procesal y la garantía de derechos fundamentales.
El proceso de búsqueda y selección de información se llevó a cabo utilizando bases
de datos especializadas como Scopus, Redalyc, Dialnet y Latindex, garantizando la
inclusión de investigaciones relevantes y actualizadas. Se emplearon palabras clave
relacionadas con los principales ejes temáticos de la investigación, tales como:
“debido proceso en Ecuador”, “presunción de inocencia”, “prisión preventiva”,
“audiencias telemáticas”, “procedimientos abreviados” y “derechos procesales en el
COIP”. Estas palabras clave permitieron identificar fuentes pertinentes, reflejando
una diversidad de perspectivas teóricas y metodológicas.
La información recopilada fue organizada y sintetizada en la tabla 1, que recoge las
principales contribuciones de los autores en función de los ejes temáticos
seleccionados. Esta matriz analítica proporciona una visualización ordenada de los
hallazgos, permitiendo identificar los puntos de convergencia y divergencia en torno
a la vulneración del debido proceso y el principio de inocencia, destacando los
enfoques normativos, jurisprudenciales y prácticos, así como sus implicaciones en
el sistema judicial ecuatoriano.
RESULTADOS
El principio de presunción de inocencia, consagrado como un derecho fundamental
en los sistemas jurídicos modernos, opera como un límite esencial al poder punitivo
del Estado. Su violación no solo afecta al individuo acusado, sino que compromete
la legitimidad del sistema judicial y del Estado de derecho. Este análisis identifica
cómo diversos mecanismos procesales, decisiones judiciales y marcos normativos
pueden vulnerar tanto la presunción de inocencia como el debido proceso,
profundizando en las tensiones que surgen entre la búsqueda de justicia expedita
y la garantía de derechos fundamentales, presentándose elementos teóricos en la
tabla 1.
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Tabla 1. Vulneración del debido proceso frente al principio de inocencia.
Tema
Aspectos Analizados
Referencias
Derecho de defensa y medidas de
protección
Análisis de cómo las medidas de
protección por violencia familiar
pueden vulnerar el derecho de
defensa, limitando el principio de
inocencia.
Antón-de-la-Cruz et al. (2023).
Procedimiento especial abreviado
Reflexión sobre las implicaciones
del procedimiento abreviado en la
vulneración de la presunción de
inocencia, especialmente bajo
fallos de la Corte Constitucional.
Asimbaya-Tacuri et al. (2024);
Ojeda-López & Medina-Medina
(2024).
Presunción de inocencia en delitos
específicos
Estudio del principio de inocencia
en el juzgamiento de conductores
en estado de embriaguez,
destacando prejuicios que afectan
el debido proceso.
Carrasco-Vargas & Proaño-Reyes
(2022).
Prisión preventiva y
proporcionalidad
Evaluación crítica de la prisión
preventiva y su impacto en la
presunción de inocencia, con
enfoque en su proporcionalidad y
aplicación indebida.
Floriano-Rodríguez & Contreras-
Horna (2024); Luque-González &
Arias (2020).
Impacto de figuras jurídicas en
Ecuador
Estudio sobre cómo la
implementación de figuras
jurídicas afecta los principios
procesales, incluidos el debido
proceso y la presunción de
inocencia.
García-Sánchez (2023).
Principio de oportunidad en
justicia penal
Revisión del impacto del principio
de oportunidad en la justicia penal
ecuatoriana, destacando su
relación con la garantía de
derechos fundamentales.
López-Torres (2023).
Revisión del derecho penal
ecuatoriano
Sistematización de los principios
fundamentales del derecho penal,
con énfasis en la aplicación del
debido proceso y la presunción de
inocencia.
Monar-Puente (2024).
Fundamento del principio de
inocencia
Consideraciones teóricas y
constitucionales sobre el derecho
fundamental a la presunción de
inocencia.
Nogueira-Alcalá (2005).
Privación de la libertad en sentido
del fallo
Impacto de la privación de libertad
en la presunción de inocencia,
evaluando decisiones judiciales y
su alineación con el debido
proceso.
Ruiz-Cabrera (2024).
Prohibición de autoincriminación
Impacto del procedimiento
abreviado en la vulneración del
principio de no autoincriminación
y su relación con el principio de
inocencia.
Siguencia-Montero & Proaño-
Reyes (2022).
Inmediación en audiencias
telemáticas
Análisis de cómo las audiencias
telemáticas afectan la
inmediación, vulnerando el debido
proceso y el principio de
presunción de inocencia.
Vera-Ramírez & Ortega-Peñafiel
(2023).
Fuente: Elaboración propia.
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Las medidas precautorias, como las órdenes de protección en casos de violencia
familiar, ilustran un dilema entre la necesidad de proteger a las víctimas y garantizar
un proceso justo para los acusados. Según Antón-de-la-Cruz et al. (2023), estas
medidas suelen ser impuestas sin una evaluación exhaustiva, limitando el derecho
de defensa del acusado y creando una percepción implícita de culpabilidad. Esta
práctica refleja una disonancia entre la finalidad protectora de estas medidas y los
principios procesales de imparcialidad, afectando especialmente casos donde las
evidencias preliminares son débiles o inconsistentes.
En contraste, Asimbaya-Tacuri et al. (2024) analizan el procedimiento especial
abreviado, diseñado para agilizar procesos penales. Sin embargo, este mecanismo
puede convertirse en una herramienta de presión sobre los acusados, quienes se
ven obligados a aceptar la culpabilidad para evitar sanciones más severas. Esta
práctica, lejos de fortalecer el sistema judicial, mina la presunción de inocencia al
priorizar la eficiencia procesal sobre las garantías individuales.
La prisión preventiva es una medida cautelar que evidencia de forma paradigmática
la vulneración del principio de inocencia. Por su parte, Floriano-Rodríguez &
Contreras-Horna (2024) critican su uso desproporcionado, señalando que en
muchos casos se convierte en una pena anticipada. En el contexto ecuatoriano,
Luque-González & Arias (2020) identifican que esta práctica refleja una tendencia a
priorizar la percepción de seguridad pública por encima de las garantías procesales,
contraviniendo los estándares internacionales que exigen que esta medida sea
excepcional y debidamente justificada.
Así mismo, Ruiz-Cabrera (2024) añade que la prisión preventiva no solo afecta al
acusado directamente, sino que también impacta la percepción social del caso,
generando una sensación de culpabilidad que influye en la imparcialidad de las
decisiones judiciales posteriores. Este efecto cascada compromete tanto el debido
proceso como la confianza pública en el sistema judicial.
Los procedimientos abreviados, analizados por López-Torres (2023; Siguencia-
Montero & Proaño-Reyes, 2022), plantean un desafío entre eficiencia y equidad.
Aunque estas figuras buscan descongestionar el sistema judicial, pueden derivar en
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decisiones judiciales que no reflejan la verdadera intención del acusado, vulnerando
la prohibición de autoincriminación y afectando la validez de los resultados
procesales.
Por su parte, Vera-Ramírez & Ortega-Peñafiel (2023) abordan las implicaciones de
las audiencias telemáticas, una herramienta modernizadora implementada durante
la pandemia. Si bien estas audiencias permiten la continuidad procesal en
situaciones extraordinarias, su uso inadecuado puede afectar el principio de
inmediación, un elemento clave del debido proceso. La falta de contacto físico con
el juez y las partes puede limitar la capacidad de los acusados para defenderse de
manera efectiva, comprometiendo la percepción de justicia.
Desde un enfoque doctrinal, Nogueira-Alcalá (2005) define la presunción de
inocencia como una garantía esencial que protege al individuo contra los excesos
del poder estatal. Este principio no solo establece un estándar probatorio riguroso,
sino que también actúa como un mecanismo de equilibrio que fortalece la
legitimidad de las decisiones judiciales. Mientras que Monar-Puente (2024) amplía
esta perspectiva al argumentar que el principio de inocencia requiere una
implementación uniforme y estricta en todos los niveles del sistema judicial,
evitando interpretaciones discrecionales que puedan desvirtuarlo.
La implementación de figuras jurídicas como el principio de oportunidad, analizado
por García-Sánchez (2023) y López-Torres (2023), representa una herramienta útil
para mejorar la eficiencia judicial. Sin embargo, su aplicación sin un marco de
proporcionalidad adecuado puede generar inequidades que afectan la percepción
de justicia. Estos autores coinciden en que, aunque estas figuras pueden resolver
casos de forma expedita, es necesario garantizar que no se utilicen como
mecanismos coercitivos que limiten las garantías del debido proceso.
CONCLUSION
La vulneración del debido proceso frente al principio de presunción de inocencia en
el contexto ecuatoriano refleja profundas tensiones entre la práctica judicial y los
mandatos constitucionales establecidos en el artículo 76 de la Constitución de la
República. Si bien la normativa ecuatoriana reconoce la presunción de inocencia
como una garantía fundamental, su implementación en casos concretos, como la
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aplicación desproporcionada de la prisión preventiva, los procedimientos
abreviados y las audiencias telemáticas, ha revelado inconsistencias que afectan
tanto la imparcialidad como la legitimidad del sistema de justicia penal. Estas
prácticas no solo contradicen los principios de proporcionalidad, razonabilidad y no
discriminación que sustentan el debido proceso, sino que también generan una
percepción anticipada de culpabilidad que socava la finalidad esencial del sistema
judicial: garantizar justicia imparcial y respetar la dignidad humana. Ante estas
tensiones, resulta imperativo que el Estado ecuatoriano fortalezca los mecanismos
de control constitucional, promueva la capacitación técnica de los operadores de
justicia y adopte criterios claros que armonicen la eficiencia procesal con la
protección efectiva de los derechos fundamentales.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
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Derechos de autor: 2024 Por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y
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