Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial3), 177-184, 2024
https://doi.org/10.62574/maae8258
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Recuperación por retención indebida del menor incumpliendo el principio
de celeridad
Recovery for wrongful retention of the child in breach of the principle of
expeditiousness
Paola Viviana Villarreal-Pérez
di.paolavvp76@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-3156-5421
Josía Jeseff Isea-Argüelles
ui.josiaia82@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-8921-6446
Tanya Tupamara Camargo-Martínez
ui.tanyacamargo@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0003-4108-6261
RESUMEN
La protección de los derechos fundamentales de los menores es un eje prioritario dentro de los
sistemas constitucionales modernos, donde el principio de interés superior del menor se erige como
un mandato jurídico de carácter vinculante. Se prescribe el objetivo de analizar la recuperación por
retención indebida del menor incumpliendo el principio de celeridad. Se revisaron inicialmente 35
documentos, de los cuales se seleccionaron 12 artículos científicos. Aplicándose el análisis de
contenido como técnica para el procesamiento de la información recopilada. La falta de celeridad no
solo prolonga la afectación emocional y jurídica de los niños, sino que también genera un
incumplimiento estatal en su obligación constitucional de garantizar el interés superior del menor y
la tutela judicial efectiva, como lo exigen los artículos 44 y 75 de la Constitución ecuatoriana.
Descriptores: relación padres-hijos; violencia doméstica; derechos del niño. (Fuente: Tesauro
UNESCO).
ABSTRACT
The protection of the fundamental rights of minors is a priority in modern constitutional systems,
where the principle of the best interests of the child is a binding legal mandate. The objective of this
study is to analyse the recovery of the wrongful retention of the child in breach of the principle of
celerity. Thirty-five documents were initially reviewed, from which 12 scientific articles were selected.
Content analysis was applied as a technique for processing the information collected. The lack of
celerity not only prolongs the emotional and legal affectation of the children, but also generates a
failure of the State to comply with its constitutional obligation to guarantee the best interests of the
child and effective judicial protection, as required by articles 44 and 75 of the Ecuadorian
Constitution.
Descriptors: parent child relationship; domestic violence; rights of the child. (Source: UNESCO
Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 09/11/2024.
Sección artículos de investigación
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Recuperación por retención indebida del menor incumpliendo el principio de celeridad
Recovery for wrongful retention of the child in breach of the principle of expeditiousness
Paola Viviana Villarreal-Pérez
Josía Jeseff Isea-Argüelles
Tanya Tupamara Camargo-Martínez
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INTRODUCCIÓN
La protección de los derechos fundamentales de los menores es un eje prioritario
dentro de los sistemas constitucionales modernos, donde el principio de interés
superior del menor se erige como un mandato jurídico de carácter vinculante. Este
principio, consagrado en instrumentos internacionales como la Convención sobre
los Derechos del Niño y en el artículo 44 de la Constitución del Ecuador, exige que
todas las decisiones judiciales que involucren a menores sean tramitadas con
prioridad y celeridad, asegurando su bienestar integral. Sin embargo, en casos de
retención indebida, el incumplimiento del principio de celeridad pone en riesgo no
solo los derechos de los menores, sino también la eficacia del sistema judicial para
garantizar una tutela efectiva y oportuna.
El régimen de celeridad procesal, establecido como garantía constitucional en el
artículo 75 de la Constitución ecuatoriana, debe ser entendido no solo como un
principio técnico, sino como un mecanismo esencial para evitar la revictimización
institucional de los menores afectados por conflictos familiares. Tal como señalan
Célleri-Alvear (2024) y Granda-Torres y Herrera-Abrahan (2020), la falta de
celeridad en estos procesos no solo prolonga el daño emocional causado por la
separación indebida, sino que también constituye una omisión estatal en el
cumplimiento de sus obligaciones de protección reforzada hacia la niñez.
Por otro lado, el equilibrio entre celeridad e imparcialidad, como lo plantean Durán-
Chávez y Henríquez-Jiménez (2021), se convierte en un desafío esencial en casos
de retención indebida, donde los conflictos familiares suelen intensificarse. Este
equilibrio debe garantizarse mediante decisiones judiciales fundamentadas y
expeditas, evitando que los recursos procesales, analizados por Proaño-Tamayo et
al. (2021), sean utilizados como estrategias dilatorias que obstaculicen la resolución
efectiva de los casos. En este contexto, la corresponsabilidad y la responsabilidad
proactiva de los actores judiciales, propuestas por Lepin-Molina (2014) y
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Santamaría-Ramos (2020), adquieren relevancia al exigir una actuación anticipada
que priorice la protección de los menores.
Desde lo anterior, se prescribe el objetivo de analizar la recuperación por retención
indebida del menor incumpliendo el principio de celeridad.
MÉTODO
La investigación se desarrolló metodológicamente mediante una revisión
documental, donde se revisaron inicialmente 35 documentos, de los cuales se
seleccionaron 12 artículos científicos. Aplicándose el análisis de contenido como
técnica para el procesamiento de la información recopilada, siendo organizada en
la tabla 1 como matriz sintética teórica.
Para llevar a cabo la revisión documental, se emplearon palabras clave que
facilitaron la identificación de fuentes relevantes en bases de datos especializadas.
Estas palabras se seleccionaron considerando los ejes principales del análisis: el
principio de celeridad, la recuperación de menores y los derechos fundamentales en
contextos judiciales. Entre las palabras clave utilizadas se incluyen: "retención
indebida de menores", "principio de celeridad procesal", "derecho a la tutela judicial
efectiva", "interés superior del menor", "derecho de familia en Ecuador", "ineficiencia
judicial", "justicia constitucional y derechos del menor" y "procesos de familia y
celeridad".
RESULTADOS
En el contexto constitucional, la celeridad no puede entenderse únicamente como
un principio técnico o procesal; constituye un mandato jurídico que asegura la
vigencia real de los derechos humanos, en especial de los menores como sujetos
de protección prioritaria. Los autores analizados coinciden en que el sistema judicial
debe ser fortalecido mediante reformas estructurales que incorporen herramientas
procesales más eficaces, sanciones a prácticas dilatorias y mecanismos
interdisciplinarios que permitan abordar los casos de retención indebida con una
visión integral. Solo de esta manera se garantizará que el sistema de justicia opere
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no solo en cumplimiento de los plazos procesales, sino en plena consonancia con
el mandato constitucional de proteger a los más vulnerables.
Tabla 1. Retención indebida del menor e incumplimiento del principio de celeridad.
AUTOR(ES) Y AÑO
PRINCIPIO DE CELERIDAD
CONCLUSIONES
Aguirrezabal-Grünstein et al.
(2009)
La celeridad en los procesos es
esencial para garantizar derechos
en contextos sensibles como el
familiar.
La justicia individualizada
promueve una resolución
adecuada en casos que afectan a
menores de edad.
Célleri-Alvear (2024)
Evidencia que la falta de celeridad
judicial agrava la vulneración de
los derechos del menor.
Propone mecanismos procesales
específicos para priorizar casos de
retención indebida en el sistema
judicial.
Durán-Chávez & Henríquez-
Jiménez (2021)
Resalta la importancia de la
imparcialidad judicial en conflictos
familiares complejos.
La imparcialidad debe combinarse
con celeridad para garantizar una
tutela judicial efectiva en procesos
de familia.
Granda-Torres & Herrera-Abrahan
(2020)
La reparación integral incluye
procesos eficaces y rápidos en
casos que afecten a menores de
edad.
La celeridad es parte esencial para
asegurar la reparación integral en
casos de retención indebida.
Herrera-Carbuccia (2008)
Destaca que las sentencias deben
ser claras y oportunas en casos
que involucren menores de edad.
Las demoras en la emisión de
sentencias impactan
negativamente en los derechos
del menor.
Jadán-Heredia (2018)
La tutela efectiva depende de la
correcta interpretación y celeridad
judicial.
Propone fortalecer la celeridad
como componente clave para
proteger derechos fundamentales.
Jarama-Castillo et al. (2019)
Identifica deficiencias en la
aplicación práctica del principio de
celeridad en audiencias.
La celeridad debe fortalecerse con
reformas procesales que prioricen
los derechos de los menores.
Lepin-Molina (2014)
La celeridad y la
corresponsabilidad son
fundamentales para garantizar el
interés superior del menor.
Propone un enfoque integral que
incorpore la celeridad como un
principio rector en conflictos
familiares.
Pérez-Yauli et al. (2022)
La ineficiencia administrativa
afecta la resolución rápida de
casos de retención indebida de
menores.
La optimización administrativa es
esencial para garantizar la
celeridad en procesos judiciales.
Proaño-Tamayo et al. (2021)
Los recursos judiciales pueden ser
utilizados como estrategia
dilatoria en procesos familiares.
Propone medidas procesales para
evitar dilaciones indebidas en
casos de retención de menores.
Remache-Suarez et al. (2024)
Resalta que la falta de celeridad
impacta negativamente en la
efectividad de las decisiones
judiciales.
Propuesta de mecanismos
específicos para garantizar el
principio de celeridad en
conflictos relacionados con
menores.
Santamaría-Ramos (2020)
La responsabilidad proactiva debe
aplicarse también en procesos de
La proactividad de jueces y
operadores judiciales es clave
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familia para prevenir retenciones
indebidas.
para garantizar la celeridad y
efectividad en estos casos.
Fuente: Elaboración propia.
En concordancia con lo establecido en la tabla 1, se proyecta que la recuperación
de menores retenidos indebidamente y el cumplimiento del principio de celeridad
constituyen desafíos de relevancia constitucional, especialmente cuando se analizan
en el marco del interés superior del menor, consagrado como eje transversal en los
sistemas jurídicos modernos. Este principio, reconocido en el artículo 44 de la
Constitución del Ecuador, así como en tratados internacionales como la Convención
sobre los Derechos del Niño, demanda que todas las acciones judiciales que afecten
a menores se resuelvan con prioridad, garantizando tanto su desarrollo integral
como el pleno ejercicio de sus derechos. Sin embargo, los autores coinciden en que
la aplicación práctica de este mandato enfrenta importantes limitaciones que
comprometen su efectividad.
Por su parte, Célleri-Alvear (2024) aborda esta problemática desde una perspectiva
crítica, calificando la retención indebida de menores como una forma de maltrato
infantil que no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también perpetúa el
daño emocional. En este contexto, el principio de celeridad adquiere una dimensión
constitucional crucial: su incumplimiento no solo afecta la resolución oportuna del
conflicto, sino que también supone una omisión estatal en la protección reforzada
que los menores requieren. Este análisis encuentra respaldo en Granda-Torres &
Herrera-Abrahan (2020), quienes subrayan que la reparación integral debe incluir
procesos expeditos que aseguren la restitución inmediata de derechos, reflejando
un compromiso estatal con el principio de eficacia procesal.
Desde un contexto procesal, Jarama-Castillo et al. (2019) destacan que la falta de
celeridad no solo obstruye la tutela judicial efectiva, sino que también viola el
derecho al debido proceso, ambos pilares fundamentales de la Constitución
ecuatoriana. En este sentido, el incumplimiento de los plazos procesales no solo
genera dilaciones, sino que puede ser interpretado como una forma de
revictimización institucional, afectando tanto al menor como a los progenitores
afectados. Este planteamiento se conecta con el análisis de Proaño-Tamayo et al.
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(2021), quienes identifican que los recursos judiciales, aunque necesarios para
garantizar el derecho a la defensa, son frecuentemente utilizados como estrategias
dilatorias, exacerbando la problemática de las demoras en los procesos.
Un elemento clave en el contexto constitucional es la interrelación entre los
principios de celeridad e imparcialidad, en este sentido, Durán-Chávez & Henríquez-
Jiménez (2021) argumentan que los jueces deben equilibrar ambos principios para
garantizar decisiones fundamentadas y oportunas, respetando el marco del debido
proceso. Esta postura es reforzada por Remache-Suarez et al. (2024), quienes
señalan que la falta de celeridad no solo compromete la efectividad de las
decisiones judiciales, sino que también pone en entredicho la capacidad del sistema
para priorizar el interés superior del menor, tal como exige el artículo 11 de la
Constitución ecuatoriana.
Desde una perspectiva más amplia, Lepin-Molina (2014) y Santamaría-Ramos
(2020) abogan por enfoques que trasciendan la esfera judicial para incluir la
responsabilidad proactiva de todos los actores involucrados en los procesos de
familia, Lepin-Molina sitúa la celeridad como un principio rector del derecho de
familia, cuya omisión afecta la estabilidad emocional y jurídica de los menores. Por
su parte, Santamaría-Ramos introduce el concepto de responsabilidad proactiva
como una oportunidad para que jueces, abogados y operadores judiciales actúen
con anticipación, garantizando el cumplimiento de los plazos y la eficiencia procesal
como una obligación constitucional.
CONCLUSION
El análisis de la recuperación por retención indebida del menor evidencia que el
incumplimiento del principio de celeridad compromete gravemente los derechos
fundamentales de los menores y la efectividad del sistema judicial. La falta de
celeridad no solo prolonga la afectación emocional y jurídica de los niños, sino que
también genera un incumplimiento estatal en su obligación constitucional de
garantizar el interés superior del menor y la tutela judicial efectiva, como lo exigen
los artículos 44 y 75 de la Constitución ecuatoriana. A pesar de los avances
normativos, persisten prácticas dilatorias, ineficiencias administrativas y limitaciones
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procesales que obstaculizan la resolución oportuna de estos casos. Para abordar
este problema, es esencial implementar reformas que fortalezcan la eficiencia
procesal, promuevan la proactividad de los operadores judiciales y combinen la
celeridad con la imparcialidad, garantizando así decisiones ágiles, justas y
respetuosas del marco constitucional y de los estándares internacionales de
derechos humanos.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
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