Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial3), 141-149, 2024
https://doi.org/10.62574/g6mted33
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Avances y desafíos en políticas públicas para la protección de la niñez y
adolescencia, Ecuador
Advances and challenges in public policies for the protection of children
and adolescents, Ecuador
Mayvelline Odalys Moran-Velasco
meivevelasco29@gmail.com
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0003-1044-5508
Josía Jeseff Isea-Argüelles
ui.josiaia82@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-8921-6446
Tanya Tupamara Camargo-Martínez
ui.tanyacamargo@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0003-4108-6261
RESUMEN
La niñez y adolescencia son grupos prioritarios en el marco de los derechos fundamentales, según
la Constitución de la República del Ecuador (2008), que establece el interés superior del niño
(artículo 44) y la protección integral (artículo 46). Este estudio descriptivo-documental analiza los
avances y desafíos en las políticas públicas para su protección, revisando 15 artículos científicos. Se
identifican insuficiencias en los espacios de participación infantil, que son limitados y simbólicos, lo
cual restringe su rol activo en la construcción de políticas inclusivas. Persisten desafíos estructurales
y operativos, como la insuficiencia de recursos, falta de articulación interinstitucional, desigualdad
en el acceso a servicios básicos en zonas rurales y la persistencia de violencia contra menores.
Aunque la normativa reconoce la participación infantil, su implementación efectiva requiere mayor
esfuerzo para garantizar un desarrollo integral y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
Descriptores: derechos del niño; bienestar de la infancia; derechos sociales y económicos. (Fuente:
Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
Children and adolescents are priority groups in the framework of fundamental rights, according to
the Constitution of the Republic of Ecuador (2008), which establishes the best interests of the child
(article 44) and comprehensive protection (article 46). This descriptive-documentary study analyses
the advances and challenges in public policies for their protection, reviewing 15 scientific articles.
Insufficiencies are identified in the spaces for child participation, which are limited and symbolic,
which restricts their active role in the construction of inclusive policies. Structural and operational
challenges persist, such as insufficient resources, lack of inter-institutional coordination, unequal
access to basic services in rural areas and the persistence of violence against children. Although
regulations recognise children's participation, their effective implementation requires greater efforts
to guarantee their comprehensive development and the full exercise of their fundamental rights.
Descriptors: rights of the child; child welfare; social and economic rights. (Source: UNESCO
Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 09/11/2024.
Sección artículos de investigación
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INTRODUCCIÓN
La niñez y la adolescencia constituyen grupos de atención prioritaria en el marco
de los derechos fundamentales, tal como lo establece la Constitución de la República
del Ecuador (2008), que consagra el interés superior del niño (artículo 44) y la
protección integral (artículo 46). Esta propuesta en cooperación de instrumentos
internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el
Ecuador (Freites-Barros, 2008), sitúa a los niños, niñas y adolescentes como sujetos
de derechos plenos, lo que exige políticas públicas orientadas a garantizar su
bienestar, desarrollo integral y participación activa.
En el contexto ecuatoriano, las políticas públicas para la protección de la niñez y
adolescencia han avanzado significativamente en términos normativos, pero su
implementación práctica enfrenta desafíos importantes. Estudios recientes han
destacado la persistencia de desigualdades en el acceso a servicios esenciales,
especialmente en zonas rurales, donde factores como la pobreza y la falta de
infraestructura limitan la efectividad de las políticas (Almeida et al., 2024; Rivera-
Vásquez & Tamayo, 2024), fenómenos como la violencia infantil, las desigualdades
de género y la exclusión social continúan vulnerando los derechos fundamentales
de estos grupos (Acurio-Hidalgo et al., 2021; Ochoa-Escobar et al., 2021).
Por otra parte, la participación de los niños, niñas y adolescentes en la formulación
de políticas públicas, garantizada en el artículo 61 de la Constitución, sigue siendo
simbólica y carece de mecanismos efectivos para integrar sus voces en los procesos
de toma de decisiones (Valle-Robayo, 2024). Esta brecha evidencia la necesidad de
un enfoque intersectorial que articule los esfuerzos del Estado con la sociedad civil
y los organismos internacionales, promoviendo una mayor equidad territorial y una
implementación más eficiente de las políticas de protección (Palacios-Jurado et al.,
2022; Peirano, 2019).
De ese modo, se plantea como objetivo analizar los avances y desafíos en políticas
públicas para la protección de la niñez y adolescencia, Ecuador.
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MÉTODO
Se fundamentó desde una investigación descriptiva documental, orientado a
analizar los avances y desafíos de las políticas públicas para la protección de la
niñez y adolescencia en Ecuador desde una perspectiva jurídica y social.
Como población documental se revisaron 15 articulos científicos que abordaran de
manera explícita la relación entre los principios constitucionales como el interés
superior del niño, la protección integral y la equidad territorial, así como la
implementación de políticas públicas.
El análisis se llevó a cabo a través de una matriz temática que permitió organizar la
información de forma estructurada y sistemática, siendo presentada en la tabla 1.
La información recopilada fue analizada y procesada mediante técnica de análisis
de contenido.
RESULTADOS
El análisis de los avances y desafíos en las políticas públicas para la protección de
la niñez y adolescencia en Ecuador, desde la perspectiva del derecho constitucional,
refleja un panorama complejo, en el que las garantías establecidas en la Constitución
de la República del Ecuador de 2008 no siempre se materializan en acciones
efectivas. La Constitución reconoce a la niñez y adolescencia como un grupo de
atención prioritaria (artículo 35), asegurando derechos fundamentales como la
protección integral (artículo 46), el interés superior del niño (artículo 44), y la
participación activa en las políticas públicas (artículo 61). Sin embargo, la
implementación de estas garantías enfrenta barreras relacionadas con
desigualdades estructurales, falta de articulación institucional y recursos
insuficientes, estructurándose en la tabla 1, una descripción analítica de trabajos
científicos relacionados con el tema.
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Tabla 1. Protección de la niñez y adolescencia desde el derecho constitucional.
Autor(es) y Año
Tema desde el Derecho
Constitucional
Conclusión desde el Derecho
Constitucional
Acurio-Hidalgo et al. (2021)
Análisis de la protección a la niñez
frente a la violencia como un
derecho garantizado en la
Constitución del Ecuador, artículo
45.
La protección frente a la violencia
es una obligación estatal para
garantizar el desarrollo integral de
la niñez.
Almeida et al. (2024)
Relevancia de la atención primaria
en salud como un derecho
fundamental vinculado a los
artículos 32 y 361 de la
Constitución.
La atención primaria en salud es
un derecho que debe fortalecerse
mediante políticas públicas
equitativas y universales.
Bedón-Cueva et al. (2023)
Restricción de menores en
espectáculos públicos bajo el
principio del interés superior del
niño, artículo 44 de la
Constitución.
La prohibición de espectáculos
públicos garantiza el desarrollo
integral y protección psicológica
de la niñez.
Buaiz-Valera (2021)
Abordaje conceptual de las
políticas públicas como
instrumentos para garantizar
derechos constitucionales.
Las políticas públicas son
herramientas esenciales para la
implementación efectiva de los
derechos constitucionales.
Cabrolié-Vargas et al. (2022)
Derechos de participación,
cuidado y protección de la niñez y
adolescencia, enmarcados en los
artículos 45 y 46 de la
Constitución.
La protección integral de la niñez
requiere un enfoque articulado
entre derechos constitucionales y
políticas públicas.
Freites-Barros (2008)
La Convención sobre los Derechos
del Niño como marco
internacional ratificado por la
Constitución ecuatoriana, artículo
424.
La Convención y su incorporación
en la Constitución fortalecen el
marco normativo para la niñez.
Gil-Osuna & Lizcano-Chapeta
(2024)
Mediación familiar bajo el interés
superior del niño, consagrado en
el artículo 44 de la Constitución.
El interés superior del niño guía la
mediación familiar y la protección
constitucional de la infancia.
López-Estrada (2017)
Análisis comparativo sobre cómo
la Constitución garantiza derechos
de cuidado infantil en distintos
países.
Los derechos de cuidado infantil
deben ser implementados de
manera equitativa para cumplir
con principios constitucionales.
Ochoa-Escobar et al. (2021)
Garantías constitucionales del
interés superior del niño en
Ecuador, artículo 44.
El interés superior de la niñez
debe ser priorizado en toda
política o medida administrativa.
Palacios-Jurado et al. (2022)
Revisión del ejercicio de medidas
administrativas desde el enfoque
constitucional de protección
integral, artículo 46.
La discrecionalidad en medidas
administrativas debe alinearse con
principios de justicia y equidad
constitucional.
Pasamonik (2009)
Prácticas de atención a niños en
situación de calle desde el
enfoque de derechos, artículos 32
y 45.
Las prácticas sociales deben
garantizar la protección integral
como lo establece la Constitución.
Peirano (2019)
Propuesta de marco regional para
políticas de niñez alineadas con
derechos constitucionales.
Las políticas regionales deben
alinearse con los principios
constitucionales para la
protección de la niñez.
Rivera-Vásquez & Tamayo (2024)
Rol de la sociedad civil en la
garantía del derecho a la
alimentación y salud, artículo 13
de la Constitución.
La sociedad civil desempeña un
rol complementario en la
materialización de derechos
fundamentales.
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Rozo-Gutiérrez & Vargas-Trujillo
(2018)
Análisis de políticas públicas en
Bogotá y su relevancia para la
interpretación de derechos en
Ecuador.
Los avances en políticas públicas
deben ser evaluados desde su
contribución a la realización de
derechos constitucionales.
Valle-Robayo (2024)
Espacios de participación de la
niñez como parte del ejercicio del
derecho a la participación, artículo
61 de la Constitución.
La participación de la niñez debe
ser garantizada como un ejercicio
pleno de sus derechos
constitucionales.
Fuente: Elaboración propia.
En consideración a lo descrito en la tabla 1, la violencia contra niños, niñas y
adolescentes vulnera no solo derechos fundamentales, sino también su dignidad
humana, reconocida como principio básico en el artículo 66 de la Constitución. Ante
esto, Acurio-Hidalgo et al. (2021) identifican deficiencias en las estrategias de
protección, incluyendo la falta de mecanismos preventivos y reactivos eficientes.
Desde una perspectiva constitucional, esto representa un incumplimiento del deber
estatal de proteger y garantizar el desarrollo integral de la niñez (artículo 45). Por
lo tanto, la ausencia de un enfoque preventivo recalca la necesidad de políticas
públicas que refuercen el acceso a servicios especializados y la capacitación de
profesionales en protección infantil.
El principio del interés superior del niño, consagrado en el artículo 44, debería ser
el eje transversal de todas las acciones relacionadas con la niñez. Sin embargo,
como argumentan Gil-Osuna & Lizcano-Chapeta (2024), en el ámbito de la
mediación familiar, este principio enfrenta limitaciones debido a la falta de
lineamientos claros y supervisión adecuada. Este vacío normativo puede dar lugar
a decisiones que no prioricen los derechos de la niñez, lo que contradice el mandato
constitucional de asegurar que el bienestar infantil sea la consideración principal en
todos los casos.
La prohibición del ingreso de menores a espectáculos públicos con contenido
inadecuado, analizada por Bedón-Cueva et al. (2023), es un ejemplo de cómo las
políticas públicas pueden alinearse con el interés superior del niño. No obstante,
este tipo de medidas requiere ser complementado con una regulación más amplia
que contemple entornos digitales y mediáticos, dado que estos representan nuevas
amenazas para la salud mental y emocional de los menores. El artículo 44 de la
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Constitución, que establece la obligación estatal de garantizar un desarrollo
integral, debe ser interpretado para incluir la protección frente a riesgos
emergentes, como el acceso a contenidos perjudiciales en plataformas digitales.
El artículo 61 de la Constitución garantiza a los niños, niñas y adolescentes el
derecho a participar en la formulación de políticas públicas que los afectan. Sin
embargo, Valle-Robayo (2024) señala que los espacios de participación existentes
son insuficientes y, a menudo, simbólicos. Este déficit institucional limita la
posibilidad de que los menores sean agentes activos en la construcción de políticas
públicas, lo que no solo afecta su desarrollo como ciudadanos, sino que también
impide la generación de políticas verdaderamente inclusivas y adaptadas a sus
necesidades. Este desafío subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos
participativos mediante la creación de plataformas inclusivas y accesibles.
La atención primaria en salud, contemplada en los artículos 32 y 361 de la
Constitución, es esencial para garantizar el bienestar físico y mental de la niñez,
Almeida et al. (2024) destacan que, aunque la atención primaria es un componente
clave de las políticas de salud pública, en muchos casos enfrenta barreras
estructurales relacionadas con la falta de recursos humanos y financieros. En
Ecuador, estas limitaciones tienen un impacto desproporcionado en las zonas
rurales, donde la población infantil a menudo carece de acceso a servicios básicos.
Esto contradice el principio de equidad en la prestación de servicios, establecido en
el artículo 363 de la Constitución.
En este orden, Rivera-Vásquez & Tamayo (2024) resaltan que las organizaciones de
la sociedad civil desempeñan un papel crucial en la protección de la niñez,
particularmente en áreas donde el Estado no ha logrado garantizar el acceso a
derechos fundamentales. Sin embargo, el artículo 227 de la Constitución establece
que la administración pública debe regirse por principios de eficiencia y calidad, lo
que exige una mejor articulación entre las instituciones estatales y la sociedad civil.
Este enfoque colaborativo podría fortalecer las capacidades del Estado para atender
las necesidades de la niñez de manera más integral y eficaz.
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Por otro lado, Freites-Barros (2008) subraya que la Convención sobre los Derechos
del Niño, ratificada por Ecuador, constituye un pilar esencial para la protección de
la niñez. Sin embargo, su efectiva implementación en el ámbito local enfrenta retos
significativos. En este sentido, Palacios-Jurado et al. (2022) y Peirano (2019)
coinciden en que existe una brecha entre el marco normativo internacional y las
políticas públicas nacionales, lo que dificulta la garantía plena de los derechos. Para
superar esta brecha, es necesario que las políticas públicas sean diseñadas y
ejecutadas con un enfoque basado en derechos, alineado con los principios
constitucionales y las directrices internacionales.
CONCLUSION
El análisis de los avances y desafíos en las políticas públicas para la protección de
la niñez y adolescencia en Ecuador evidencia importantes logros, especialmente en
el fortalecimiento del marco normativo que consagra principios como el interés
superior del niño, la protección integral y la participación activa de niños, niñas y
adolescentes, alineados con los estándares internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, persisten desafíos estructurales y operativos que limitan la
implementación efectiva de estas políticas. Entre ellos destacan la insuficiencia de
recursos, la falta de articulación interinstitucional, las desigualdades en el acceso a
servicios básicos en zonas rurales y la persistencia de la violencia contra menores,
aunque la participación infantil está reconocida legalmente, sigue siendo limitada y
simbólica, sin mecanismos efectivos para integrar sus perspectivas en la toma de
decisiones. En este contexto, es fundamental que el Estado refuerce la asignación
de recursos, promueva la equidad territorial en los servicios y asegure una
participación real de la niñez, garantizando así el cumplimiento efectivo de sus
derechos fundamentales y su desarrollo integral.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
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AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
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