Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial3), 131-140, 2024
https://doi.org/10.62574/bxp0me32
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Derecho a la salud mental, Cotacachi, Ecuador
Right to mental health, Cotacachi, Ecuador
Danny Sebastián Herrera-Méndez
di.dannyshm13@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-7144-5937
Josía Jeseff Isea-Argüelles
ui.josiaia82@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-8921-6446
Tanya Tupamara Camargo-Martínez
ui.tanyacamargo@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0003-4108-6261
RESUMEN
El derecho a la salud, reconocido en la Constitución del Ecuador, constituye un pilar fundamental del
desarrollo humano y social. Se desarrolló como objetivo de investigación describir el derecho a la
salud mental, Cotacachi, Ecuador. Se trabajo con un enfoque metodológico mixto. El 90% (216
personas) de los encuestados coincidieron en que existen circunstancias que vulneran el derecho a
la salud mental. Se identificaron cuatro categorías relacionadas con el acceso y los desafíos en el
tratamiento de la salud mental. La insuficiencia de recursos públicos, la escasa integración de
servicios de salud mental en la atención primaria y la dependencia del sector privado refuerzan las
desigualdades, contraviniendo el mandato de gratuidad y universalidad. Aunado a la desprotección
de grupos vulnerables como mujeres, niños y adultos mayores pone en evidencia la falta de un
enfoque diferenciado y de género, en contraposición a los deberes estatales establecidos en el
artículo 35.
Descriptores: derecho a la salud; derechos sociales y económicos; igualdad de oportunidades.
(Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The right to health, recognised in the Constitution of Ecuador, constitutes a fundamental pillar of
human and social development. The research objective was to describe the right to mental health in
Cotacachi, Ecuador. A mixed methodological approach was used. Ninety per cent (216 people) of
those surveyed agreed that there are circumstances that violate the right to mental health. Four
categories related to access and challenges in mental health treatment were identified. Insufficient
public resources, poor integration of mental health services in primary care and dependence on the
private sector reinforce inequalities, contravening the mandate of free and universal care. Together
with the lack of protection for vulnerable groups such as women, children and older adults, this
highlights the lack of a differentiated and gendered approach, in contrast to the state's duties
established in article 35.
Descriptors: right to health; social and economic rights; equal opportunity. (Source: UNESCO
Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 09/11/2024.
Sección artículos de investigación
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INTRODUCCIÓN
El derecho a la salud, reconocido en la Constitución del Ecuador, constituye un pilar
fundamental del desarrollo humano y social. Sin embargo, en el ámbito de la salud
mental, este derecho enfrenta barreras significativas relacionadas con factores
económicos, sociales, culturales e institucionales (Malo-Serrano & Malo-Corral,
2014). A pesar de los avances normativos y el reconocimiento del derecho a la
salud como un eje del Buen Vivir (
Sumak Kawsay
), la implementación efectiva de
políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a los servicios de salud mental
sigue siendo limitada, especialmente en contextos rurales como Cotacachi (Vera-
Viteri et al., 2022).
La salud mental, definida como un estado de bienestar psicológico, social y
emocional, no solo influye en la calidad de vida individual, sino que también es un
componente esencial para el desarrollo de sociedades justas y equitativas (Manwell
et al., 2015). En Ecuador, estudios recientes han destacado la correlación entre el
bienestar subjetivo y la salud mental, subrayando la necesidad de abordar esta
problemática desde una perspectiva interdisciplinaria (Mena-Freire et al., 2023;
Moreta-Herrera et al., 2018). Sin embargo, el país enfrenta desafíos estructurales,
como la insuficiencia de psiquiatras en el sistema público y la desigualdad en la
distribución de recursos para la atención especializada (Wong-Ayoub et al., 2022).
Durante la pandemia de COVID-19, estas debilidades se hicieron aún más evidentes,
exacerbando las desigualdades en el acceso a los servicios de salud mental y
revelando cómo la corrupción y la mala gestión impactan negativamente en la
gobernanza del sistema de salud (Chugá-Quemac et al., 2021; Molina-Guzmán,
2019), la atención primaria en salud, que debería ser un eje articulador para la
prevención y tratamiento oportuno de enfermedades mentales, no ha sido
suficientemente fortalecida, como lo destacan Vignolo et al. (2011) y Suárez-Aldaz
et al. (2021).
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El reconocimiento del derecho a la salud mental desde un enfoque constitucional y
de derechos humanos exige superar barreras estructurales que perpetúan la
exclusión. Esto incluye la necesidad de políticas públicas que prioricen la atención
digna, universal y equitativa, especialmente para los grupos más vulnerables como
mujeres, niños y comunidades rurales (Patel, 2023; Pazmiño Márquez et al., 2022).
Asimismo, es imprescindible adoptar un enfoque crítico, como señalan Sotelo y
Centeno (2022), que permita cuestionar las desigualdades existentes en la
prestación de servicios y avanzar hacia la justicia social.
En correspondencia lo planteado, se desarrolló como objetivo de investigación
describir el derecho a la salud mental, Cotacachi, Ecuador.
MÉTODO
Se trabajo con un enfoque metodológico mixto, integrando resultados cualitativos
y cuantitativos para obtener una comprensión integral de los factores que limitan el
derecho a la salud mental en el cantón Cotacachi. La metodología utilizada se
fundamentó en una investigación de tipo descriptivo y transversal, permitiendo
recopilar información en un momento determinado y analizar las percepciones,
experiencias y datos cuantitativos relevantes para el tema investigado.
La población objetivo incluyó a ciudadanos del cantón Cotacachi, distribuidos entre
las zonas urbanas y rurales, con un énfasis especial en la región de Intag. La muestra
estuvo conformada por 240 personas seleccionadas mediante un muestreo
aleatorio simple, garantizando una representación equitativa de las características
sociodemográficas. Asimismo, se realizó una entrevista en profundidad con un
profesional clave del área de salud del distrito 10D03, cuya experiencia aportó un
análisis experto sobre las problemáticas identificadas.
Para los datos cuantitativos, se diseñó y aplicó una encuesta estructurada, así como
instrumento tipo cuestionario que incluyó preguntas cerradas y de opción múltiple,
orientadas a identificar barreras en el acceso a la salud mental, como factores
económicos, sociales y geográficos. Se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach para
evaluar la consistencia interna del cuestionario, obteniendo un valor de 0.83, lo que
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indica un nivel de confiabilidad adecuado para los fines del estudio. Este análisis
garantizó que las respuestas fueran consistentes y reflejaran de manera confiable
las percepciones y experiencias de los participantes.
Paralelamente, se utilizó una entrevista semiestructurada para obtener datos
cualitativos, abordando temas relacionados con la percepción de necesidades en
salud mental, la experiencia profesional en la atención de pacientes con
enfermedades mentales y las barreras institucionales presentes en el sistema de
salud local.
La recolección de datos se llevó a cabo en dos fases: en la primera, se aplicaron las
encuestas de manera presencial en las comunidades seleccionadas, respetando los
principios éticos de confidencialidad y consentimiento informado. En la segunda
fase, se realizó la entrevista con el informante clave, que fue grabada y transcrita
para su posterior análisis. Se aplicaron criterios metodológicos para garantizar la
validez y fiabilidad de los instrumentos utilizados.
Los datos cuantitativos fueron procesados mediante estadística descriptiva,
calculando frecuencias y porcentajes para identificar tendencias en las respuestas
obtenidas. Para los datos cualitativos, se utilizó un análisis temático basado en la
codificación de categorías emergentes, lo que permitió interpretar las percepciones
y experiencias reportadas en la entrevista.
RESULTADOS
Se presentan los resultados de investigación:
Resultados cuantitativos (Encuestas)
El 90% (216 personas) de los encuestados coincidieron en que existen
circunstancias que vulneran el derecho a la salud mental, mientras que el 10% (24
personas) consideraron que no enfrentan barreras significativas en este ámbito. Esto
refleja una percepción mayoritaria sobre la existencia de problemas en el acceso a
este derecho fundamental.
Un 85.4% (205 personas) reconoció que la calidad de vida, la edad y el entorno de
residencia son factores determinantes que afectan la salud mental, mientras que un
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14.6% (35 personas) consideró que estos aspectos no influyen de manera
relevante. Estos resultados identifican condiciones sociales como elementos clave
en la vulneración del acceso a la salud mental.
Un 84.2% (202 personas) manifestó que enfermedades como la depresión,
ansiedad y trastorno bipolar afectan en su mayoría a mujeres y niños. Por otro lado,
un 15.8% (38 personas) opinó que estas condiciones no tienen una relación directa
con el género o la edad. Este hallazgo subraya la importancia de abordar la salud
mental en grupos vulnerables.
El 94.2% (226 personas) indicó que las limitaciones económicas son un obstáculo
importante para acceder a tratamientos de salud mental, en tanto que solo el 5.8%
(14 personas) consideró que el aspecto económico no influye en el acceso. Este
resultado enfatiza la relevancia de garantizar tratamientos asequibles o gratuitos.
Resultados cualitativos (Entrevista)
De acuerdo con la información proporcionada por la Dra. Sophia Mena, se
identificaron cuatro categorías principales relacionadas con el acceso y los desafíos
en el tratamiento de la salud mental:
Tiempo y experiencia profesional: La entrevistada, con más de seis años de
experiencia en el área de salud, destacó la falta de personal especializado como un
problema recurrente en el cantón Cotacachi. Factores como la ubicación geográfica
y la distancia a los centros de atención, sumados a la falta de enfoque preventivo,
agravan la problemática.
Necesidad de servicios en primeros niveles de atención: La entrevistada enfatizó
que es esencial integrar los servicios de salud mental en los primeros niveles de
atención médica, como centros y subcentros de salud, para identificar, prevenir y
tratar oportunamente los problemas de salud mental.
Impacto del factor económico: Según la experiencia de la informante, el acceso a
tratamientos está altamente condicionado por la capacidad económica de los
pacientes. La falta de recursos asignados a la salud mental en el sistema público
obliga a muchos a buscar atención en el sector privado, lo cual limita el acceso para
poblaciones vulnerables.
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Grupos vulnerables: género y edad: Los niños, mujeres y adultos mayores son
identificados como los más afectados por enfermedades mentales. La carga de
responsabilidades familiares, laborales y sociales que enfrentan las mujeres, y la
vulnerabilidad inherente de los niños y adultos mayores, los colocan en una posición
de mayor riesgo frente a estas problemáticas.
DISCUSIÓN
El acceso a la salud mental, entendido como un componente esencial del derecho a
la salud, está consagrado en la Constitución del Ecuador (2008) en su artículo 32,
que garantiza el derecho a la salud como un derecho fundamental inherente al Buen
Vivir o
Sumak Kawsay
. En este contexto, los resultados obtenidos en la investigación
realizada en el cantón Cotacachi revelan una grave afectación a este derecho,
condicionada por factores estructurales como la insuficiencia económica, la ausencia
de infraestructura adecuada y la falta de políticas públicas efectivas para garantizar
su plena vigencia.
El 90% de los encuestados manifestó que existen factores que limitan el ejercicio
efectivo del derecho a la salud mental. Este hallazgo pone de manifiesto la
vulneración del principio de progresividad consagrado en el artículo 11 numeral 8
de la Constitución, el cual obliga al Estado a garantizar el desarrollo continuo y no
regresivo de los derechos fundamentales. La existencia de barreras económicas,
geográficas y sociales implica un incumplimiento de los deberes estatales de
respetar, proteger y garantizar este derecho, tal como se señala en la Observación
General N.º 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Autores como Sotelo & Centeno (2022) argumentan que el derecho a la salud debe
interpretarse bajo una perspectiva crítica que priorice la equidad, especialmente en
zonas rurales. En el caso de Cotacachi, esta desigualdad es particularmente
evidente, ya que el acceso a tratamientos de salud mental depende en gran medida
de los recursos individuales de los usuarios, violando el mandato constitucional de
igualdad y no discriminación recogido en el artículo 66 numeral 4.
El 94.2% de los encuestados identificó el factor económico como la principal
barrera para acceder a tratamientos de salud mental. Este hallazgo reafirma lo
planteado por Molina-Guzmán (2019), quien señala que el sistema de salud
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ecuatoriano no garantiza una cobertura adecuada en servicios de salud mental, lo
que constituye una omisión en el cumplimiento del artículo 35 de la Constitución,
que reconoce a los grupos vulnerables como prioridad en la atención estatal.
Por tanto, el desfinanciamiento en salud mental contradice el artículo 363 numeral
7, que establece la obligación del Estado de garantizar el acceso universal y gratuito
a los servicios de salud integral. Como lo destaca Patel (2023), garantizar el derecho
a la salud mental requiere una política pública robusta que asigne recursos
suficientes para atender las necesidades de la población, especialmente en
contextos de exclusión como Cotacachi.
El estudio revela que el 84.2% de los encuestados identificó a mujeres y niños
como los principales afectados por enfermedades mentales. Desde una perspectiva
constitucional, esta situación contraviene los principios de igualdad sustantiva y
protección reforzada consagrados en los artículos 35 y 45 de la Constitución, que
garantizan prioridad a la niñez y a las mujeres en el acceso a derechos, incluidos
los de salud. Para Pazmiño-Márquez et al. (2022) destacan que la falta de enfoque
diferenciado en las políticas públicas de salud perpetúa la vulnerabilidad de estos
grupos. Aunado a la Observación General N.º 25 del Comité de los Derechos del
Niño refuerza la obligación estatal de garantizar el bienestar psicológico de la niñez
como un aspecto indispensable del derecho a la salud.
La necesidad de fortalecer la atención primaria de salud mental, reflejada en los
datos cualitativos, tiene una sólida base constitucional. Según el artículo 361, el
Estado debe priorizar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades
como estrategias fundamentales, Vignolo et al. (2011) argumentan que la atención
primaria es el pilar de cualquier sistema de salud equitativo y efectivo, un principio
que el Estado ecuatoriano ha incumplido al no integrar servicios de salud mental en
los niveles básicos de atención médica.
Por su parte, Wong-Ayoub et al. (2022) señalan que la escasez de profesionales
especializados en salud mental agrava este incumplimiento, lo que vulnera el
principio de calidad en la prestación de servicios establecido en el artículo 32 de la
Constitución.
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El análisis de los datos refleja un sistema de salud pública fragmentado y carente
de gobernanza efectiva. Este problema, identificado también por Chugá-Quemac et
al. (2021), está vinculado a la corrupción y a la mala gestión de recursos, lo que
limita la capacidad del Estado para garantizar el acceso a servicios de salud mental.
Según el artículo 227 de la Constitución, la administración pública debe regirse por
los principios de eficacia, eficiencia y calidad, principios que claramente no se
cumplen en la gestión de la salud mental en el cantón Cotacachi.
CONCLUSION
El análisis del derecho a la salud mental en el cantón Cotacachi evidencia una grave
contradicción entre los principios constitucionales y la realidad del acceso efectivo
a este derecho fundamental. Aunque la Constitución de la República del Ecuador
consagra en su artículo 32 la salud mental como parte integral del Buen Vivir
(
Sumak Kawsay
), factores económicos, sociales y estructurales continúan limitando
su cumplimiento, vulnerando los principios de progresividad (artículo 11 numeral
8) y de igualdad sustantiva (artículo 66 numeral 4).
La insuficiencia de recursos públicos, la escasa integración de servicios de salud
mental en la atención primaria y la dependencia del sector privado refuerzan las
desigualdades, contraviniendo el mandato de gratuidad y universalidad del artículo
363 numeral 7. Aunado a la desprotección de grupos vulnerables como mujeres,
niños y adultos mayores pone en evidencia la falta de un enfoque diferenciado y de
género, en contraposición a los deberes estatales establecidos en el artículo 35.
Para garantizar el derecho a la salud mental, es urgente implementar políticas
públicas inclusivas que prioricen la atención primaria, asignen recursos adecuados
y promuevan la rendición de cuentas, cumpliendo así con la supremacía
constitucional y avanzando hacia una sociedad más justa y equitativa.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
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AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
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