Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial3), 94-105, 2024
https://doi.org/10.62574/tj8dd791
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Eficacia de medidas de protección en violencia intrafamiliar en familias,
Ibarra, Ecuador
Effectiveness of protection measures in domestic violence in families,
Ibarra, Ecuador
María Daniela Rosero-Almeida
di.mariadra06@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-4185-7583
Josía Jeseff Isea-Argüelles
ui.josiaia82@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-8921-6446
María Elena Infante-Miranda
ui.mariainfante@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-0828-1383
RESUMEN
Se desarrolló como objetivo de investigación analizar la eficacia de medidas de protección en
violencia intrafamiliar en familias en Ibarra – Ecuador. Se diseñó un estudio con enfoque mixto que
integró metodología cualitativa y cuantitativa. A partir del análisis de entrevistas se identificaron
cinco categorías clave: i) respeto a los mecanismos para dictar medidas de protección, ii) derechos
reconocidos a las víctimas, iii) procedimientos para dictar medidas de protección, iv) protección de
los derechos de las víctimas, y v) vacíos legales y limitaciones. El 45,2% de los encuestados
identificaron la desconfianza en el sistema judicial como la principal barrera, seguida del estigma
social y la dependencia económica del agresor. Desde la perspectiva penal, resulta imperativo
fortalecer los mecanismos procesales y administrativos que garanticen una tutela efectiva,
priorizando no solo la emisión de medidas de protección, sino también su cumplimiento y
supervisión continua.
Descriptores: violencia doméstica; desintegración de la familia; derecho penal. (Fuente: Tesauro
UNESCO).
ABSTRACT
The objective of the research was to analyze the effectiveness of protection measures in domestic
violence in families in Ibarra - Ecuador. The study was designed with a mixed approach that integrated
qualitative and quantitative methodology. Based on the analysis of interviews, five key categories
were identified: i) respect for the mechanisms for issuing protection measures, ii) rights recognized
for victims, iii) procedures for issuing protection measures, iv) protection of victims' rights, and v)
legal gaps and limitations. Mistrust of the judicial system was identified by 45.2% of respondents
as the main barrier, followed by social stigma and economic dependence on the aggressor. From a
criminal perspective, it is imperative to strengthen procedural and administrative mechanisms that
guarantee effective protection, prioritizing not only the issuance of protection measures, but also
their enforcement and continuous monitoring.
Descriptors: domestic violence; family disorganization; criminal law. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 09/11/2024.
Sección artículos de investigación
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INTRODUCCIÓN
La violencia intrafamiliar es un fenómeno que trasciende el ámbito doméstico y
adquiere relevancia como un problema estructural en el campo del derecho penal,
dado su impacto en los derechos fundamentales de las víctimas. Este tipo de
violencia se encuentra vinculado a factores económicos, culturales y sociales que
perpetúan relaciones desiguales de poder dentro del núcleo familiar, afectando
especialmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes (Ortega-Pérez & Peraza-de-
Aparicio, 2021; Docal-Millán et al., 2022). En el contexto ecuatoriano, esta
problemática se enfrenta a un marco jurídico que, aunque sólido en sus
disposiciones normativas, presenta desafíos significativos en su implementación,
derivados de la insuficiencia de recursos y la limitada articulación interinstitucional
(Rodrigues et al., 2016).
La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer
constituye un avance normativo al establecer medidas administrativas y judiciales
de protección inmediata, como la boleta de auxilio, acompañadas de programas de
apoyo técnico liderados por instituciones como el Centro de Atención Especializada
Psicoterapéutica para Víctimas de Violencia (CATEVIV). Sin embargo, estudios como
los de Sumra et al. (2023) y Hui y Maddern (2021) han evidenciado que, en la
práctica, las víctimas enfrentan barreras significativas para acceder a estos
mecanismos, debido a la desconfianza en el sistema de justicia, la estigmatización
social y la dependencia económica hacia sus agresores.
A nivel local, el cantón Ibarra representa un caso de estudio relevante para evaluar
la eficacia de las medidas de protección en un contexto donde las denuncias de
violencia intrafamiliar reflejan un problema persistente y multifactorial. Los
resultados obtenidos en investigaciones recientes destacan que, aunque los
mecanismos de protección se implementan dentro de plazos rápidos en muchos
casos, en menos de 48 horas, su sostenibilidad depende de la capacidad del sistema
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judicial para garantizar un seguimiento adecuado y recursos suficientes para el
acompañamiento integral de las víctimas (Maimon-Blau, 2024; Schubert, 2022).
Por otra parte, los vacíos legales y la limitada difusión del marco normativo vigente
impiden que las víctimas comprendan plenamente sus derechos y los
procedimientos disponibles para garantizar su protección (Espinosa-Cevallos, 2023;
Muluneh et al., 2022). Este desconocimiento perpetúa una percepción de ineficacia
en el sistema, desincentivando la denuncia y aumentando el riesgo de reincidencia
de la violencia (Oram et al., 2017).
Desde una perspectiva internacional, autores como Gokdemir et al. (2022) y Walker-
Descartes et al. (2021) han señalado que la eficacia de las medidas de protección
radica no solo en su implementación inmediata, sino en la adopción de un enfoque
integral que combine medidas legales con programas de rehabilitación, educación
y prevención. Estos elementos son esenciales para garantizar la seguridad de las
víctimas y promover un cambio cultural que erradique las dinámicas de violencia
dentro del núcleo familiar.
Partiendo de los destacados aportes de los autores, se desarrolla como objetivo de
investigación analizar la eficacia de medidas de protección en violencia intrafamiliar
en familias en Ibarra – Ecuador.
MÉTODO
El objetivo de esta investigación fue analizar la eficacia de las medidas de protección
en casos de violencia intrafamiliar en las familias del cantón Ibarra, Ecuador. Para
lograr este propósito, se diseñó un estudio con enfoque mixto que integró
metodología cualitativa y cuantitativa, lo cual permitió comprender de manera
integral tanto las experiencias de los profesionales involucrados como las
percepciones de la ciudadanía y las víctimas.
Se utilizó un diseño metodológico descriptivo y exploratorio que combinó el análisis
de información cualitativa obtenida de entrevistas con abogados penalistas, y datos
cuantitativos provenientes de encuestas aplicadas a la población afectada por
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violencia intrafamiliar, lo cual permitió examinar no solo los procedimientos y
mecanismos legales, sino también los factores sociales y culturales que influyen en
la implementación y percepción de estas medidas.
La investigación contó con dos grupos principales de participantes:
Abogados y técnicos especializados: La muestra cualitativa incluyó tres abogados
penalistas con experiencia en casos de violencia intrafamiliar y competencias
específicas en la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Ibarra.
Ciudadanía y víctimas de violencia intrafamiliar: La muestra cuantitativa estuvo
compuesta por 60 personas, seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico
por conveniencia, abarcando tanto víctimas de violencia que reciben atención en
programas especializados como miembros de la comunidad que han tenido
contacto con las instituciones responsables.
Para la recolección de información se empleó entrevistas semiestructuradas, las
cuales se diseñaron a partir de las experiencias de los abogados penalistas. Estas
entrevistas incluyeron preguntas relacionadas con la implementación de medidas
de protección, las barreras en su ejecución y las posibles mejoras en los
procedimientos actuales.
Para la fase cuantitativa, se aplicó encuesta y cuestionario, estas herramientas
permitieron obtener datos sobre la percepción de eficacia de las medidas de
protección, el conocimiento de las leyes aplicables y las barreras encontradas al
buscar justicia.
La recolección de datos se llevó a cabo en dos etapas:
En la primera etapa, se realizaron las entrevistas a los abogados en un entorno
confidencial y respetando la privacidad de los participantes. Las respuestas fueron
grabadas y transcritas con su consentimiento, garantizando la voluntariedad de su
participación.
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En la segunda etapa, se aplicaron las encuestas y cuestionarios a víctimas y
ciudadanos, tanto de forma presencial como en línea, para garantizar la
accesibilidad y representatividad de los datos obtenidos.
Los datos recolectados se procesaron de la siguiente manera:
Análisis cualitativo: Se utilizó un método de análisis temático para identificar
patrones en las respuestas de las entrevistas, organizándolas en categorías clave
como respeto a los mecanismos de protección, derechos de las víctimas,
procedimientos administrativos y vacíos legales.
Análisis cuantitativo: Los resultados de las encuestas fueron analizados con apoyo
de SPSS V25, organizándose en frecuencia y porcentaje, por cuanto se aplicó
estadística descriptiva.
La investigación se llevó a cabo bajo principios éticos, garantizando la
confidencialidad de la información proporcionada por los participantes y su
consentimiento informado. Se aseguró que la participación fuera voluntaria, sin
ningún tipo de coacción, y que los datos obtenidos se utilizaran exclusivamente con
fines académicos.
RESULTADOS
Se presentan resultados cualitativos producto de entrevistas semiestructuradas a
03 abogados penalistas en ejercicio, siendo organizados en la tabla1.
Tabla 1. Resultados cualitativos.
CATEGORÍA
DESCRIPCIÓN
SINTESIS
Respeto a los mecanismos para
dictar medidas de protección
Los entrevistados consideran que
se respetan los mecanismos
administrativos para dictar
medidas de protección.
- Equipos técnicos (CATEVIV)
especializados en
acompañamiento y seguimiento.
- Procedimientos rápidos, con
medidas emergentes dictadas en
un plazo de 48 horas.
Derechos reconocidos a las
víctimas
Los derechos protegidos incluyen
integridad física, psicológica y
sexual, acceso a justicia gratuita,
defensa técnica y el derecho a la
vida.
- Énfasis en la importancia del
derecho a la vida como
fundamento principal.
- Se garantiza la integridad de la
víctima y su entorno familiar
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mediante medidas
administrativas.
Procedimientos para dictar
medidas de protección
Incluye la recepción de denuncias,
investigaciones por CATEVIV y
DINAPEN, dictamen de medidas
emergentes, audiencias de
contestación y seguimiento
técnico.
- Los miembros de la Junta
Cantonal lideran el proceso.
- Las instituciones
gubernamentales colaboran en la
investigación y análisis técnico de
riesgos.
Protección de los derechos de las
víctimas
Enfatiza la sensibilización social y
el fortalecimiento de programas
preventivos para reducir la
violencia intrafamiliar.
- Charlas de prevención y
programas psicológicos.
- Capacitaciones para mejorar la
atención a las víctimas y
garantizar el cumplimiento de los
derechos.
Vacíos legales y limitaciones
Identificación de deficiencias
normativas y falta de recursos
para la aplicación efectiva de
medidas de protección.
- Necesidad de mejorar la
articulación entre instituciones.
- Limitaciones en recursos
económicos y humanos para
garantizar la protección integral.
Fuente: Elaboración propia.
A partir del análisis de entrevistas se identificaron cinco categorías clave: i) respeto
a los mecanismos para dictar medidas de protección, ii) derechos reconocidos a las
víctimas, iii) procedimientos para dictar medidas de protección, iv) protección de los
derechos de las víctimas, y v) vacíos legales y limitaciones.
Cada categoría aborda aspectos fundamentales del problema estudiado, se destacó
que los mecanismos administrativos, como los liderados por el Centro de Atención
Especializada Psicoterapéutica para Víctimas de Violencia (CATEVIV), se cumplen
dentro de plazos rápidos para garantizar la seguridad de las víctimas. Asimismo, se
reconoció la importancia de derechos fundamentales como la integridad física,
psicológica y sexual, y el derecho a la vida, los cuales son protegidos mediante
medidas de emergencia.
En cuanto a los procedimientos, se señaló el rol central de la Junta Cantonal de
Protección de Derechos, que articula denuncias, investigaciones y audiencias con el
apoyo de equipos especializados. Asimismo, se destacó la necesidad de fortalecer
programas preventivos y de sensibilización social, especialmente a través de
capacitaciones y charlas dirigidas a la ciudadanía.
Se identificaron vacíos legales y limitaciones en la asignación de recursos
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económicos y humanos, lo que afecta la eficacia de las medidas de protección. Este
análisis resalta la urgencia de mejorar la articulación institucional y los recursos
disponibles para garantizar una protección integral a las víctimas y prevenir futuros
hechos de violencia.
Resultados cuantitativos
Los resultados cuantitativos obtenidos a partir de las encuestas realizadas reflejan
importantes hallazgos relacionados con la violencia intrafamiliar en el cantón Ibarra.
Uno de los factores principales identificados como causa de este problema son los
problemas económicos y familiares, los cuales tienen un alto índice de respuesta en
las encuestas, evidenciando su impacto significativo en los hogares.
En cuanto a la efectividad de las medidas de protección, el 37,5% de los
encuestados considera que la boleta de auxilio es la medida más efectiva para
garantizar la integridad física y psicológica de las víctimas, ya que previene que el
agresor se acerque a causar daño. Esta percepción subraya la importancia de estas
medidas como herramientas esenciales en la protección inmediata de las personas
afectadas.
Respecto al conocimiento de la población sobre las leyes y organismos jurídicos
encargados de proteger a las víctimas, el mismo porcentaje (37,5%) reconoce a la
Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer como la
normativa principal para salvaguardar los derechos de las víctimas. Este resultado
refleja un nivel moderado de conocimiento sobre las herramientas legales
existentes.
En cuanto a los tipos de violencia más comunes, los encuestados señalaron que la
violencia psicológica y verbal, son las formas predominantes de maltrato, las cuales
generan graves impactos en la autoestima y el bienestar emocional de las víctimas.
Este hallazgo resalta la necesidad de un enfoque integral que atienda las
consecuencias emocionales y psicológicas de la violencia.
Por otro lado, respecto a la atención de denuncias ante las autoridades, el 12,9%
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de las víctimas mencionaron que sus denuncias fueron atendidas con efectividad
inmediata. Este porcentaje pone de manifiesto la necesidad de mejorar la capacidad
de respuesta y accesibilidad de los sistemas de justicia para garantizar la atención
oportuna de estos casos.
Las barreras para acceder a la justicia fueron otro punto destacado. El 45,2% de
los encuestados identificaron la desconfianza en el sistema judicial como la principal
barrera, seguida del estigma social y la dependencia económica del agresor. Estos
factores dificultan que las víctimas denuncien y accedan a los mecanismos legales
de protección, perpetuando la problemática de la violencia intrafamiliar.
DISCUSIÓN
El cumplimiento de los mecanismos administrativos, como la boleta de auxilio y el
acompañamiento técnico especializado, evidencia un esfuerzo institucional por
garantizar la protección inmediata de las víctimas. Según Ortega-Pérez & Peraza-
de-Aparicio (2021), la reparación integral no solo debe enfocarse en medidas
reactivas, sino en la prevención y rehabilitación. Sin embargo, los recursos limitados
y la falta de capacitación para los equipos técnicos generan desafíos en la
implementación. Así mismo, Schubert (2022) resalta que los programas efectivos
incluyen una supervisión continua y un enfoque en el fortalecimiento psicológico de
las víctimas, aspectos que, aunque reconocidos en este estudio, no siempre se
aplican de manera uniforme.
La rapidez en la emisión de medidas emergentes dentro de un plazo de 48 horas,
identificada como una fortaleza en los resultados, se alinea con los estándares
internacionales establecidos por Maimon-Blau (2024). Este autor destaca que los
mecanismos rápidos son esenciales para reducir el riesgo inmediato, pero su eficacia
a largo plazo depende de una adecuada coordinación entre las instituciones
judiciales y los servicios de apoyo.
El estudio pone énfasis en la protección de derechos fundamentales como la
integridad física, psicológica y sexual, así como el acceso a justicia gratuita y el
derecho a la vida. Por su parte, Muluneh et al. (2022) afirman que el acceso a la
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justicia es un factor determinante en la percepción de seguridad de las víctimas,
pero este acceso puede verse comprometido por barreras económicas, sociales y
culturales. En el caso de Ecuador, Docal-Millán et al. (2022) resaltan que la falta de
conocimiento sobre los derechos legales y los procedimientos disponibles perpetúa
la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
En complemento, Oram et al. (2017) subrayan que garantizar los derechos de las
víctimas no solo debe enfocarse en evitar futuros episodios de violencia, sino en
atender las secuelas emocionales y psicológicas derivadas de estos eventos. Este
enfoque holístico, aunque reconocido en el contexto de Ibarra, requiere un
fortalecimiento institucional para garantizar su cumplimiento.
En cuanto al procedimiento descrito, que incluye la recepción de denuncias,
investigaciones técnicas y la emisión de medidas emergentes, refleja un esfuerzo
estructurado para abordar la violencia intrafamiliar. Sin embargo, los vacíos en
recursos humanos y económicos afectan la capacidad de respuesta. Por su parte,
Rodrigues et al. (2016) señalan que las demoras en la implementación de medidas
pueden agravar el riesgo para las víctimas, especialmente en contextos donde la
dependencia económica o emocional hacia el agresor es un factor significativo.
En Ecuador, las instituciones como la Junta Cantonal de Protección de Derechos y
CATEVIV cumplen un papel fundamental en la articulación de denuncias e
investigaciones. Sin embargo, la colaboración efectiva entre estas instituciones y la
judicatura no siempre es óptima, lo que afecta la percepción de confianza en el
sistema, como lo destacan Walker-Descartes et al. (2021). Este desafío estructural
se refleja en los resultados obtenidos, donde el 45,2% de los encuestados
mencionaron la desconfianza en el sistema como una barrera significativa.
La existencia de vacíos normativos y la falta de recursos adecuados son limitaciones
recurrentes en la lucha contra la violencia intrafamiliar, Ahinkorah et al. (2022)
destacan que la eficacia de las medidas de protección depende de una legislación
robusta y de su correcta aplicación. En Ecuador, aunque la Ley Orgánica Integral
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer establece mecanismos
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importantes, su implementación enfrenta desafíos debido a la falta de articulación
entre instituciones y la insuficiencia de recursos destinados a la prevención y
atención de la violencia.
El estigma social asociado a la denuncia, identificado en este estudio, coincide con
lo señalado por Hui & Maddern (2021), quienes indican que las víctimas a menudo
enfrentan barreras emocionales y sociales que limitan su disposición a buscar ayuda.
Este estigma se intensifica en contextos donde la dependencia económica hacia el
agresor es significativa, como lo señalan Sumra et al. (2023)
La percepción de efectividad de las medidas de protección, particularmente la
boleta de auxilio resalta su importancia como herramienta de prevención inmediata.
Sin embargo, Gokdemir et al. (2022) advierten que estas medidas deben
complementarse con programas de rehabilitación y seguimiento para garantizar un
cambio sostenible en las dinámicas familiares. El estudio en Ibarra destaca la
necesidad de un enfoque integral que combine medidas legales con programas de
apoyo psicológico y social, una recomendación que se alinea con los hallazgos de
Schubert (2022).
El reconocimiento de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer como una normativa clave para la protección de las víctimas es un
avance significativo, aunque su conocimiento sigue siendo limitado. En este orden,
Espinosa-Cevallos (2023) resalta la importancia de la educación legal para
empoderar a las víctimas y fomentar una cultura de denuncia. Este aspecto, aunque
identificado en el estudio, requiere una mayor inversión en campañas de
sensibilización y programas educativos dirigidos a la ciudadanía.
CONCLUSION
El análisis de la eficacia de las medidas de protección en casos de violencia
intrafamiliar en familias del cantón Ibarra permite afirmar que, aunque la normativa
penal ecuatoriana establece un marco para garantizar los derechos de las víctimas,
su implementación enfrenta desafíos. Medidas como la boleta de auxilio han
demostrado ser efectivas en la protección inmediata de las víctimas, reflejando una
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correcta interpretación de los principios de celeridad y eficacia que rigen el derecho
penal en contextos de urgencia. Sin embargo, la insuficiencia de recursos técnicos
y humanos, la limitada coordinación interinstitucional y la persistencia de barreras
socioculturales, como el estigma asociado a la denuncia y la desconfianza en el
sistema judicial, limitan su alcance real.
Desde la perspectiva penal, resulta imperativo fortalecer los mecanismos procesales
y administrativos que garanticen una tutela efectiva, priorizando no solo la emisión
de medidas de protección, sino también su cumplimiento y supervisión continua.
Asimismo, la articulación entre los actores del sistema de justicia penal y los
organismos administrativos, como las Juntas Cantonales de Protección de Derechos,
debe optimizarse para garantizar una respuesta integral y eficiente.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
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464. https://doi.org/10.1016/j.pcl.2020.12.011
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