Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial3), 74-80, 2024
https://doi.org/10.62574/2qpvgw31
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Debate jurídico: Inclusión de la pena de muerte en la legislación
ecuatoriana
Legal debate: Inclusion of the death penalty in Ecuadorian legislation
Yamileth Carolina Ormaza-Díaz
di.yamilethcod44@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-8137-2954
Josía Jeseff Isea-Argüelles
ui.josiaia82@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-8921-6446
María Elena Infante-Miranda
ui.mariainfante@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-0828-1383
RESUMEN
La pena de muerte ha sido históricamente uno de los temas más polémicos en el ámbito jurídico,
enfrentando argumentos que apelan a su legitimidad como herramienta de justicia con aquellos que
la consideran una práctica incompatible con los derechos humanos fundamentales. Se presenta como
objetivo analizar la inclusión de la pena de muerte en la legislación ecuatoriana. Se trabajó en base
a una revisión documental de 14 artículos científicos. Desde una perspectiva jurídica, ética y práctica,
la pena de muerte representa un retroceso incompatible con los compromisos internacionales y los
valores constitucionales del Ecuador.
Descriptores: pena de muerte; sanción penal; derecho penal. (Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The death penalty has historically been one of the most controversial issues in the legal field,
confronting arguments that appeal to its legitimacy as a tool of justice with those who consider it a
practice incompatible with fundamental human rights. The objective of this paper is to analyze the
inclusion of the death penalty in Ecuadorian legislation. The work was based on a documentary
review of 14 scientific articles. From a legal, ethical and practical perspective, the death penalty
represents a step backward incompatible with international commitments and Ecuador's
constitutional values.
Descriptors: death penalty; penal sanctions; criminal law. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 09/11/2024.
Sección artículos de investigación
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INTRODUCCIÓN
La pena de muerte ha sido históricamente uno de los temas más polémicos en el
ámbito jurídico, enfrentando argumentos que apelan a su legitimidad como
herramienta de justicia con aquellos que la consideran una práctica incompatible
con los derechos humanos fundamentales. Este debate se intensifica en contextos
sociales marcados por altos índices de criminalidad, donde el clamor ciudadano por
medidas más severas parece colisionar con los principios éticos y legales que
promueven la protección de la vida y la dignidad humana (Burki, 2021; García-
Ramírez, 2005). En Ecuador, donde el derecho a la vida está consagrado en la
Constitución como inviolable, la discusión sobre la posible incorporación de la pena
de muerte a la legislación penal plantea interrogantes complejas sobre la viabilidad,
legitimidad y consecuencias de una medida de esta naturaleza.
El sistema jurídico ecuatoriano, alineado con estándares internacionales de
derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
prohíbe expresamente la pena capital. No obstante, la creciente inseguridad, el
incremento de delitos violentos y la percepción de impunidad han generado un
debate social y político que cuestiona si las sanciones actualmente vigentes son
suficientes para enfrentar el fenómeno delictivo. Mientras algunos sectores ven en
la pena de muerte una respuesta punitiva y disuasoria ante delitos de extrema
gravedad, críticos de esta medida advierten sobre los riesgos de discriminación,
errores judiciales y la incapacidad de esta para abordar las causas estructurales del
crimen (Esparza-Calva & Maldonado-Ruiz, 2022; Jerade, 2020).
Este debate no solo pone en tensión el principio fundamental del derecho a la vida,
sino que también expone las debilidades del sistema de justicia ecuatoriano,
marcado por desigualdades y deficiencias que podrían comprometer la aplicación
justa y equitativa de la pena capital (Kashiwagi & Hirabayashi, 2018), el análisis de
experiencias internacionales, como las de Estados Unidos y Japón, revela que la
implementación de la pena de muerte no garantiza una reducción significativa de la
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criminalidad, y en muchos casos perpetúa desigualdades sistémicas (Cuneo-Nash,
2021; Kashiwagi & Hirabayashi, 2018).
Basado en lo expuesto, se presenta como objetivo analizar la inclusión de la pena
de muerte en la legislación ecuatoriana.
MÉTODO
Se trabajó en base a una revisión documental de 14 artículos científicos publicados
entre 1992 y 2024 en revistas arbitradas de acceso abierto. Se utilizaron las
palabras clave:
“pena de muerte”
,
“legislación ecuatoriana”
,
“derecho a la vida”
,
“derechos humanos”
y
“justicia penal”
, empleando operadores booleanos como
"AND", "OR" y "NOT" para ampliar y delimitar la búsqueda, garantizando una
cobertura temática exhaustiva y relevante para el objetivo de la investigación.
La información recopilada se organizó en ideas primeras y secundarias, aplicándose
análisis de contenido para su procesamiento analítico documental, presentado en
la sección resultados.
RESULTADOS
El debate jurídico sobre la inclusión de la pena de muerte en la legislación
ecuatoriana revela tensiones entre los principios de derechos humanos, la
funcionalidad del sistema penal y las demandas sociales de justicia. Aunque algunos
autores argumentan que podría ser una herramienta para combatir la criminalidad,
los riesgos de discriminación, errores judiciales y violaciones a la dignidad humana
superan cualquier posible beneficio. Desde una perspectiva jurídica, ética y práctica,
la pena de muerte representa un retroceso incompatible con los compromisos
internacionales y los valores constitucionales del Ecuador, en este orden se expone:
En este ámbito, Galiano-Maritan (2016) sostiene que el derecho a la vida, como
núcleo de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución ecuatoriana,
se opone categóricamente a la implementación de la pena de muerte. Este principio
se refuerza en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
según García-Ramírez (2005), donde la Convención Americana establece un límite
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estricto al uso de la pena capital, restringiéndola a delitos excepcionales en Estados
que no la han abolido y prohibiéndola por completo en aquellos que ya lo han
hecho. De esta manera, cualquier intento de introducir esta medida en Ecuador
contravendría tanto su normativa interna como sus compromisos internacionales.
Sin embargo, Esparza-Calva & Maldonado-Ruiz (2022) proponen que, en un
contexto de creciente inseguridad y delitos atroces, la pena de muerte podría ser
una herramienta legítima para disuadir el crimen. No obstante, este argumento es
cuestionado por Jerade (2020), quien argumenta que la aplicación de esta pena no
solo es ineficaz como herramienta disuasiva, sino que también representa un acto
de crueldad estatal que erosiona los valores democráticos al legitimar la violencia
institucionalizada.
Desde una perspectiva filosófica, Niceto-Blázquez (2024) aborda la postura
tradicional de Santo Tomás, quien defendía la pena de muerte en casos extremos
para salvaguardar el bien común. Sin embargo, señala que este planteamiento choca
con el abolicionismo moderno, que considera esta medida incompatible con la
dignidad humana. Por su parte, Monteverde-Sánchez (2013) aporta una visión
utilitarista, rescatando a Bentham, quien justificaba la pena de muerte únicamente
en casos donde su utilidad social fuese indiscutible, aunque reconocía los peligros
de su abuso y la arbitrariedad en su aplicación.
Desde un análisis contemporáneo, Moya-Valdivieso (2022) propone que el derecho
penal moderno debe orientarse hacia la prevención y la rehabilitación, no hacia la
retribución extrema. Este paradigma penal, que privilegia la anticipación de
conductas delictivas y la reinserción social, convierte a la pena de muerte en una
figura anacrónica y contradictoria con los avances del derecho penal en América
Latina.
Uno de los argumentos más críticos contra la pena de muerte es el riesgo de errores
judiciales. Por su parte, Kashiwagi & Hirabayashi (2018) describen cómo las
deficiencias en la evaluación psiquiátrica en Japón han llevado a condenas erróneas,
lo que plantea serios cuestionamientos sobre la irreversibilidad de esta sanción.
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Esta preocupación es especialmente relevante para Ecuador, considerando las
falencias de su sistema judicial, como lo subrayan Esparza-Calva & Maldonado-Ruiz
(2022). Estas limitaciones incluyen la falta de recursos, la corrupción y la
desigualdad estructural, que podrían llevar a que las poblaciones más vulnerables
sean desproporcionadamente afectadas por esta medida.
En este sentido, Cuneo-Nash (2021) analiza el caso de Estados Unidos, donde la
pena de muerte se aplica de manera desigual, afectando principalmente a minorías
étnicas y personas de bajos recursos. Este patrón de discriminación refuerza el
argumento de que la pena capital no es solo una cuestión jurídica, sino también un
reflejo de las inequidades sociales y económicas dentro de un sistema penal.
En complemento, Burki (2021) sostiene que, a nivel global, no existe evidencia
concluyente de que la pena de muerte reduzca significativamente las tasas de
criminalidad. Este punto es respaldado por Kluchin (2023), quien señala que, en
algunos contextos, esta medida se convierte en un símbolo político más que en una
herramienta efectiva de justicia. En Ecuador, un país con índices alarmantes de
criminalidad, este argumento plantea una contradicción: la pena de muerte podría
ser percibida como una respuesta inmediata a la inseguridad, pero su
implementación no abordaría las causas estructurales del delito, como la pobreza,
la desigualdad y la debilidad institucional.
La discusión sobre la pena de muerte también pone de manifiesto la
responsabilidad del Estado en proteger los derechos fundamentales, incluso frente
a los crímenes más atroces. Según Mendoza-Tejada (2024), la imposición de
sanciones extremas, como la pena de muerte, contradice los principios de
individualización de la pena y rehabilitación, que son pilares esenciales de un
sistema de justicia humanitario. Así mismo, Galiano-Maritan (2016) advierte que la
reintroducción de la pena capital en Ecuador no solo violaría los compromisos
internacionales asumidos, sino que también comprometería la legitimidad del
Estado como garante de los derechos humanos.
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CONCLUSION
La pena de muerte en la legislación ecuatoriana enfrenta serias objeciones jurídicas,
éticas y prácticas que la hacen incompatible con los principios fundamentales del
derecho a la vida y la dignidad humana, consagrados en la Constitución y
respaldados por los compromisos internacionales del país. Aunque algunos
argumentan que podría disuadir la criminalidad, la evidencia global muestra su
ineficacia y los riesgos asociados, como errores judiciales y discriminación
estructural, especialmente en un sistema penal con debilidades institucionales. En
lugar de recurrir a medidas extremas, el Estado ecuatoriano debe fortalecer su
sistema judicial, implementar políticas de prevención del delito y garantizar un
enfoque de justicia que priorice la rehabilitación, la equidad y el respeto por los
derechos humanos.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
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