Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial3), 44-52, 2024
https://doi.org/10.62574/t9fb2b59
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Ordenanza municipal sobre el acceso de las personas con discapacidad al
transporte público urbano, Ecuador
Municipal ordinance on the access of persons with disabilities to urban
public transport, Ecuador
Verónica Maricela Girón-Ontaneda
di.veronicamgo13@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0009-0001-4458-6301
Josía Jeseff Isea-Argüelles
ui.josiaia82@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-8921-6446
María Elena Infante-Miranda
ui.mariainfante@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-0828-1383
RESUMEN
La regulación del acceso de las personas con discapacidad al transporte público urbano en el ámbito
municipal es un desafío jurídico y social de alta complejidad, que demanda la integración de los
principios fundamentales de igualdad, inclusión y accesibilidad en la formulación y ejecución de
políticas públicas locales. Se tiene como objetivo describir desde un aspecto jurídico los elementos
pertinentes para el diseño de una ordenanza municipal sobre el acceso de las personas con
discapacidad al transporte público urbano en Ecuador. De tipo descriptiva en revisión de 12 articulos
científicos. La participación activa de los gobiernos municipales, en conjunto con la ciudadanía y
organizaciones de personas con discapacidad, es esencial para garantizar la efectividad y aceptación
de la normativa. Asimismo, se debe asegurar la sostenibilidad a través de una planificación financiera
adecuada, fomentando alianzas estratégicas y estableciendo mecanismos de fiscalización claros.
Descriptores: derechos civiles; política de transporte; planificación del transporte. (Fuente: Tesauro
UNESCO).
ABSTRACT
Regulating the access of persons with disabilities to urban public transport at the municipal level is
a highly complex legal and social challenge that requires the integration of the fundamental principles
of equality, inclusion and accessibility in the formulation and implementation of local public policies.
The objective is to describe, from a legal perspective, the relevant elements for the design of a
municipal ordinance on the access of persons with disabilities to urban public transport in Ecuador.
It is a descriptive study based on a review of 12 scientific articles. The active participation of
municipal governments, together with citizens and organisations of persons with disabilities, is
essential to guarantee the effectiveness and acceptance of the regulations. Sustainability must also
be ensured through adequate financial planning, fostering strategic alliances and establishing clear
oversight mechanisms.
Descriptors: civil and political rights; transport policy; transport planning. (Source: UNESCO
Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 09/11/2024.
Sección artículos de investigación
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Ordenanza municipal sobre el acceso de las personas con discapacidad al transporte público urbano, Ecuador
Municipal ordinance on the access of persons with disabilities to urban public transport, Ecuador
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INTRODUCCIÓN
La regulación del acceso de las personas con discapacidad al transporte público
urbano en el ámbito municipal es un desafío jurídico y social de alta complejidad,
que demanda la integración de los principios fundamentales de igualdad, inclusión
y accesibilidad en la formulación y ejecución de políticas públicas locales. Autores
como Ayala-Ayala et al. (2019) y Blogna-Tistuzza (2018) subrayan la importancia
de armonizar las normativas municipales con los estándares internacionales,
especialmente los contemplados en la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, para garantizar una regulación integral que no solo se
limite a cumplir disposiciones legales, sino que aspire a transformar las condiciones
de movilidad de las personas con discapacidad.
Por lo tanto, basado en contribuciones como las de Benabent-Fernández-de-
Córdoba (2017) y Ruiz-Demera & Pincay-Ponce (2023), identifica los elementos
esenciales que una ordenanza debe contener para abordar de manera efectiva el
acceso al transporte público. Entre estos elementos destacan: fundamentación
jurídica, diagnósticos situacionales, la implementación de estándares técnicos de
accesibilidad universal, estrategias de financiamiento sostenible y mecanismos de
fiscalización y sanción. Este análisis proyectivo también recoge las advertencias de
Flores-Juca et al. (2023) y Poveda-D’Otero et al. (2017), quienes destacan la
necesidad de desarrollar diagnósticos precisos y fomentar la participación activa de
las personas con discapacidad y sus organizaciones en los procesos de diseño
normativo y supervisión de políticas públicas.
En esta perspectiva, y alineado con las reflexiones de Rojas et al. (2017) y
Zambrano-Camacho & Orellana-Intriago (2018), se hace necesario anticipar los
retos derivados del crecimiento urbano, las disparidades socioeconómicas y los
avances tecnológicos, lo cual busca consolidar la accesibilidad universal como un
estándar normativo y cultural en el transporte urbano ecuatoriano. La
implementación de esta propuesta proyecta la transformación del transporte
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público en un vehículo de inclusión social, contribuyendo al desarrollo de ciudades
equitativas, sostenibles e inclusivas, garantizando el cumplimiento efectivo de los
derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Desde los planteamientos anteriores, se tiene como objetivo describir desde un
aspecto jurídico los elementos pertinentes para el diseño de una ordenanza
municipal sobre el acceso de las personas con discapacidad al transporte público
urbano en Ecuador.
MÉTODO
Se adoptó un trabajo metodológico de carácter descriptivo, basado en una
estrategia de revisión documental, lo cual permitió analizar, sintetizar y contrastar
información académica relevante sobre la accesibilidad al transporte público para
personas con discapacidad, específicamente en el contexto normativo ecuatoriano.
La revisión se sustentó en el análisis de 12 artículos científicos publicados en
revistas indexadas, seleccionados por su relevancia temática en torno a la movilidad
inclusiva, la accesibilidad urbana y el marco legal aplicable en Ecuador. Las fuentes
consultadas se obtuvieron de bases de datos académicas reconocidas como Scopus,
Redalyc, SciELO, priorizando investigaciones recientes y aquellas con un enfoque en
el contexto local y regional.
RESULTADOS
En el contexto del ordenamiento jurídico ecuatoriano, la promoción de la igualdad
de condiciones para las personas con discapacidad constituye un principio
fundamental consagrado en la Constitución de la República del Ecuador (2008) y
desarrollado en normativa secundaria, como la Ley Orgánica de Discapacidades y
el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD). Esta premisa adquiere particular relevancia en la elaboración de
ordenanzas municipales que, en su ejercicio de autonomía normativa, deben
garantizar la accesibilidad universal en el transporte público urbano como un
derecho inalienable de las personas con discapacidad.
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A continuación, se identifica y estructura los elementos esenciales que una
ordenanza municipal debe contener para abordar de manera integral el acceso de
las personas con discapacidad al transporte público urbano (Ver tabla 1). Este
análisis tiene como base una revisión jurídica y doctrinal de la normativa nacional e
internacional, incluyendo estándares como los establecidos en la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, así como
estudios de caso relacionados con experiencias de movilidad inclusiva en diferentes
jurisdicciones.
Tabla 1. Elementos jurídicos necesarios para una ordenanza municipal sobre el
acceso de las personas con discapacidad al transporte público Urbano en Ecuador.
ELEMENTO
JURÍDICO
DESCRIPCIÓN
REFERENCIAS
Base Legal
Fundamento normativo en la Constitución del
Ecuador (Art. 47 y 48 sobre derechos de
personas con discapacidad) y Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD).
Ayala-Ayala et al. (2019); Molina-
Guzmán & Vázquez-Martínez
(2022).
Definiciones Clave
Inclusión de términos como 'discapacidad',
'accesibilidad universal', 'transporte público
urbano', basados en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
(ONU).
Cañal-Fernández & Hernández
Muñiz (2014); Blogna-Tistuzza
(2018).
Objetivo General
Garantizar el acceso equitativo y seguro de las
personas con discapacidad al transporte público
urbano en el ámbito municipal.
Benabent-Fernández-de-Córdoba
(2017); Rojas et al. (2017).
Diagnóstico
Situacional
Análisis previo del estado de la accesibilidad y
movilidad en el transporte público, identificando
barreras físicas, tecnológicas y sociales.
Poveda-D’Otero et al. (2017);
Flores-Juca et al. (2023).
Regulación Técnica
Especificaciones sobre infraestructura (rampas,
paradas accesibles) y tecnología (buses con
señalización táctil, audio y visual).
Ruiz-Demera & Pincay-Ponce
(2023); Rojas et al. (2017).
Responsabilidades
Municipales
Obligaciones de los gobiernos autónomos
descentralizados (GAD) para implementar,
supervisar y sancionar incumplimientos en
materia de accesibilidad al transporte.
Ayala-Ayala et al. (2019); Molina-
Guzmán & Vázquez-Martínez
(2022).
Participación
Ciudadana
Involucrar a las personas con discapacidad y
organizaciones sociales en la elaboración,
implementación y evaluación de la ordenanza.
Blogna-Tistuzza (2018);
Benabent-Fernández-de-Córdoba
(2017).
Indicadores de
Cumplimiento
Establecer mecanismos para medir la efectividad
de la ordenanza (e.g., porcentaje de paradas
accesibles, satisfacción de los usuarios con
discapacidad).
Moya-Puente et al. (2017); Ayala-
Ayala et al. (2019).
Sanciones por
Incumplimiento
Definir multas y medidas correctivas para
operadores de transporte y entidades
responsables que no cumplan con las
disposiciones de accesibilidad.
Molina-Guzmán & Vázquez-
Martínez (2022); Zambrano-
Camacho & Orellana-Intriago
(2018).
Plan de
Sensibilización
Estrategias educativas para operadores de
transporte y ciudadanía en general sobre los
derechos y necesidades de las personas con
discapacidad.
Ayala-Ayala et al. (2019); Poveda-
D’Otero et al. (2017).
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Financiamiento y
Recursos
Asignación presupuestaria municipal y
exploración de alianzas con el sector privado
para financiar mejoras en infraestructura y
tecnología inclusiva.
Flores-Juca et al. (2023); Ruiz-
Demera & Pincay-Ponce (2023).
Fiscalización y
Control
Creación de comités o departamentos
municipales encargados de monitorear y
garantizar el cumplimiento de la ordenanza.
Ayala-Ayala et al. (2019); Blogna-
Tistuzza (2018).
Coherencia con
Políticas
Nacionales
Alineación de la ordenanza con el Plan Nacional
de Movilidad y la Ley Orgánica de
Discapacidades, asegurando su
complementariedad y cumplimiento.
Molina-Guzmán & Vázquez-
Martínez (2022); Benabent-
Fernández-de-Córdoba (2017).
Fuente: Elaboración propia.
La implementación de una ordenanza municipal que regule el acceso inclusivo al
transporte público para personas con discapacidad no solo representa un mandato
legal, sino también una necesidad imperativa para cumplir con los principios de
igualdad y no discriminación. Un análisis más profundo de los elementos
identificados permite observar la complejidad del diseño e implementación de estas
normativas y el papel esencial de los gobiernos autónomos descentralizados en
Ecuador.
La Constitución del Ecuador (2008) y la Ley Orgánica de Discapacidades
proporcionan un fundamento legal sólido, pero su interpretación y aplicación a nivel
municipal suelen ser limitadas (Ayala-Ayala et al., 2019). Este problema es resaltado
por Benabent-Fernández-de-Córdoba (2017), quien argumenta que la falta de
articulación entre los niveles nacional y local de gobierno genera vacíos normativos
que afectan la efectividad de las políticas de accesibilidad, mientras el COOTAD
otorga competencias a los GAD para regular el transporte público, estas
disposiciones no siempre se alinean con la Ley de Discapacidades o con los
estándares internacionales, como la Convención de la ONU. Esta desarticulación
plantea la necesidad de diseñar ordenanzas locales que integren ambos niveles
normativos, armonizando el marco jurídico.
El diagnóstico previo de barreras es un aspecto esencial para garantizar que la
ordenanza responda a las necesidades reales de las personas con discapacidad. Por
consiguiente, Flores-Juca et al. (2023) subrayan que las zonas periurbanas
presentan desafíos particulares, como una infraestructura deficiente y transporte
limitado. Este contraste con áreas urbanas más desarrolladas requiere un análisis
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multiescala para evitar la exclusión de sectores vulnerables. En línea con esto,
Poveda-D’Otero et al. (2017) indican que la falta de datos desagregados sobre los
patrones de viaje y necesidades específicas de las personas con discapacidad
dificulta la planificación de medidas efectivas, un problema que puede abordarse
mediante la implementación de sistemas de información geográfica (Cañal-
Fernández & Hernández Muñiz, 2014).
Si bien las infraestructuras accesibles, como rampas y paradas adaptadas, son
fundamentales (Ruiz-Demera & Pincay-Ponce, 2023), Blogna-Tistuzza (2018)
argumenta que la accesibilidad debe ir más allá de lo físico para incluir tecnologías
inclusivas, como señalización táctil y sistemas de audio. Esto plantea un desafío
técnico y financiero para los GAD, que deben garantizar el cumplimiento de
estándares internacionales sin comprometer su sostenibilidad económica. Además,
la regulación técnica debe considerar la capacitación de operadores del transporte
para garantizar un trato adecuado a las personas con discapacidad, un aspecto
frecuentemente subestimado en las políticas locales.
La participación ciudadana, especialmente de personas con discapacidad, no debe
limitarse a un proceso consultivo. Según Blogna-Tistuzza (2018), las políticas
inclusivas solo pueden ser efectivas si las personas afectadas son codiseñadoras de
las soluciones. En el caso ecuatoriano, Ayala-Ayala et al. (2019) destacan la
necesidad de fortalecer las organizaciones locales de personas con discapacidad
para que puedan ejercer influencia en las decisiones municipales. Sin embargo, el
nivel de participación actualmente es insuficiente, debido a la falta de sensibilización
y a barreras sociales que perpetúan la exclusión.
Un punto de tensión en el debate es cómo financiar las medidas de accesibilidad.
Mientras Flores-Juca et al. (2023) ven las inversiones en accesibilidad como un
generador de beneficios económicos a largo plazo, como la integración laboral y
social de personas con discapacidad, Zambrano-Camacho & Orellana-Intriago
(2018) advierten que la falta de planificación presupuestaria puede derivar en el
incumplimiento de las normas. Esto implica la necesidad de explorar alianzas
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público-privadas y mecanismos de financiamiento alternativos, como fondos
nacionales de accesibilidad, para aliviar la presión sobre los GAD.
Un aspecto crítico es la implementación de mecanismos efectivos de control, Molina-
Guzmán & Vázquez-Martínez (2022) advierten que, sin una estructura de
fiscalización robusta, cualquier ordenanza corre el riesgo de quedar como un
instrumento declarativo. Esto se agrava en contextos donde los intereses
económicos de operadores de transporte pueden prevalecer sobre el cumplimiento
de normas inclusivas. Proponen, además, que las sanciones no solo sean
económicas, sino que incluyan la revocación de licencias en casos de incumplimiento
reiterado, lo que serviría como un incentivo para el cumplimiento.
Aunque la mayoría de los autores coinciden en la importancia de los elementos
técnicos y normativos, existen divergencias sobre el alcance de la responsabilidad
de los GAD. Mientras Blogna-Tistuzza (2018) aboga por una mayor intervención
estatal para garantizar la uniformidad en la implementación de políticas inclusivas,
Ayala-Ayala et al. (2019) destacan la autonomía municipal como una oportunidad
para adaptar las políticas a las realidades locales. Este contraste refleja la necesidad
de equilibrar la autonomía con la obligatoriedad de cumplir estándares nacionales
e internacionales.
CONCLUSION
El análisis de los elementos jurídicos para el diseño de una ordenanza municipal
sobre el acceso de las personas con discapacidad al transporte público urbano en
Ecuador permite estructurar un marco normativo integral. Este debe fundamentarse
en disposiciones constitucionales y legales nacionales, complementado con
definiciones clave que aseguren un entendimiento común de conceptos como
accesibilidad universal y discapacidad. Se requiere un diagnóstico situacional que
identifique barreras existentes y establezca especificaciones técnicas para
infraestructura y tecnología inclusiva. La participación activa de los gobiernos
municipales, en conjunto con la ciudadanía y organizaciones de personas con
discapacidad, es esencial para garantizar la efectividad y aceptación de la normativa.
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Asimismo, se debe asegurar la sostenibilidad a través de una planificación financiera
adecuada, fomentando alianzas estratégicas y estableciendo mecanismos de
fiscalización claros.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
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Derechos de autor: 2024 Por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y
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