Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial3), 35-43, 2024
https://doi.org/10.62574/vssg4a94
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Protección del derecho a la integridad de menores migrantes: Propuesta
de ordenanza municipal. Ecuador
Protection of the right to integrity of migrant minors: Proposal for a
municipal ordinance. Ecuador
Selene Xiomara De-La-Portilla-Romo
seleneseiya2019@hotmail.com
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-6818-8087
Josía Jeseff Isea-Argüelles
ui.josiaia82@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-8921-6446
María Elena Infante-Miranda
ui.mariainfante@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Imbabura, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-0828-1383
RESUMEN
La movilidad humana plantea desafíos significativos para la protección de los derechos
fundamentales de los menores migrantes. En Ecuador, este grupo enfrenta riesgos como la falta de
acceso a servicios básicos, la vulneración de derechos y la discriminación social. Este estudio tiene
como objetivo analizar la protección del derecho a la integridad de menores migrantes a través de
una propuesta de ordenanza municipal, utilizando un enfoque descriptivo. La propuesta busca
abordar la movilidad humana desde una perspectiva integral que contemple la adaptación normativa,
la inclusión educativa y social, la atención a la migración climática y la garantía de acceso a servicios
de salud. Además, las políticas públicas diseñadas deben estar basadas en datos confiables y buenas
prácticas locales que promuevan la cohesión social y el bienestar integral, asegurando un enfoque
inclusivo y sostenible para este grupo vulnerable.
Descriptores: migración laboral; derechos humanos; migración. (Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
Human mobility poses significant challenges for the protection of the fundamental rights of migrant
children. In Ecuador, this group faces risks such as lack of access to basic services, rights violations
and social discrimination. This study aims to analyse the protection of the right to integrity of migrant
minors through a proposed municipal ordinance, using a descriptive approach. The proposal seeks
to address human mobility from a comprehensive perspective that considers regulatory adaptation,
educational and social inclusion, attention to climate migration and guaranteed access to health
services. In addition, the public policies designed must be based on reliable data and good local
practices that promote social cohesion and comprehensive wellbeing, ensuring an inclusive and
sustainable approach for this vulnerable group.
Descriptors: labour migration; human rights; migration. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 13/10/2024. Revisado: 23/10/2024. Aprobado: 03/11/2024. Publicado: 09/11/2024.
Sección artículos de investigación
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Protección del derecho a la integridad de menores migrantes: Propuesta de ordenanza municipal. Ecuador
Protection of the right to integrity of migrant minors: Proposal for a municipal ordinance. Ecuador
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Josía Jeseff Isea-Argüelles
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INTRODUCCIÓN
La movilidad humana, como fenómeno global, plantea desafíos significativos en la
protección de los derechos fundamentales de los menores migrantes. En Ecuador,
este grupo enfrenta riesgos particulares que incluyen la falta de acceso a servicios
básicos, la vulneración de sus derechos humanos, y la exposición a contextos de
discriminación y exclusión social (Jaramillo & Santi Pereyra, 2021; Serrano-
Cayamcela, 2022). Estos problemas son exacerbados por la ausencia de normativas
municipales específicas que respondan de manera integral a sus necesidades, a
pesar de que el país ha adoptado marcos jurídicos avanzados, como la Ley Orgánica
de Movilidad Humana y el principio constitucional de ciudadanía universal (Macías-
Díaz et al., 2022; Toaquiza-Díaz, 2024).
En este contexto, los menores migrantes no solo deben ser reconocidos como
sujetos de especial protección, sino también como un grupo que demanda políticas
públicas locales alineadas con los principios internacionales de igualdad y no
discriminación (Giménez-Guariguata, 2024). Sin embargo, las disposiciones legales
actuales carecen de mecanismos operativos a nivel municipal que garanticen el
respeto de sus derechos en situaciones de movilidad irregular, desplazamiento
climático o integración comunitaria (Camargo-Farías & Corredor-Naranjo, 2021;
Ortega-Pérez, 2024), los sistemas educativos y de salud enfrentan limitaciones para
incluir a menores migrantes en condiciones de igualdad, lo que amplía las brechas
de acceso a derechos fundamentales (Eguiguren, 2017; Vásquez, 2023).
Se describe como objetivo de investigación analizar la protección del derecho a la
integridad de menores migrantes como propuesta de ordenanza municipal en
Ecuador.
MÉTODO
Se desarrolló metodológicamente de tipo descriptivo, empleando una metodología
de revisión documental. Esta estrategia permitió analizar y sintetizar la información
existente sobre la protección del derecho a la integridad de menores migrantes en
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el contexto ecuatoriano, con el objetivo de proponer lineamientos para una
ordenanza municipal que aborde de manera integral esta problemática.
La revisión se basó en la consulta de 15 artículos académicos publicados en revistas
científicas indexadas, seleccionados por su relevancia temática y su pertinencia en
el análisis de la movilidad humana, los derechos de menores migrantes y el marco
jurídico aplicable en Ecuador. Las bases de datos empleadas incluyeron Scopus,
Redalyc, SciELO y Google Scholar, priorizando estudios recientes y aquellos con
enfoque en el contexto ecuatoriano y regional.
RESULTADOS
La movilidad humana es un fenómeno multidimensional que involucra desafíos
sociales, económicos, jurídicos y ambientales tanto para las personas migrantes
como para las comunidades receptoras. En el contexto ecuatoriano, los flujos
migratorios han evidenciado la necesidad de políticas locales que no solo
respondan a estas dinámicas, sino que también promuevan la inclusión, la igualdad
y la sostenibilidad. En este sentido, las ordenanzas municipales adquieren un rol
crucial como instrumentos normativos para abordar integralmente las problemáticas
asociadas con la migración.
En la tabla 1 se sintetizan los principales elementos que deberían considerarse en
la formulación de una ordenanza municipal orientada a gestionar la movilidad
humana de manera efectiva; por cuanto es necesario garantizar el respeto y
protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes, al tiempo que
fomenta la cohesión social y el desarrollo sostenible en las localidades receptoras.
Asimismo, se alinea con los principios constitucionales e internacionales de
derechos humanos, asegurando que las acciones locales contribuyan a la
construcción de un marco jurídico inclusivo y sostenible.
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Tabla 1. Elementos para propuesta de ordenanza municipal en Ecuador sobre
migración.
DIMENSIÓN
ELEMENTOS CLAVE
REFERENCIAS
Derechos Humanos
- Protección de derechos fundamentales
de migrantes.
- Inclusión del principio de igualdad y
no discriminación.
- Ciudadanía universal como marco
normativo.
Aldana-Zavala & Isea-
Argüelles (2004); Giménez-
Guariguata (2024); Serrano-
Cayamcela (2022); Ortega-
Pérez (2024).
Políticas Públicas
- Creación de programas de apoyo para
migrantes vulnerables.
- Promoción de políticas de movilidad
humana sostenible.
- Incorporación de buenas prácticas
locales en gestión migratoria.
Macías-Díaz et al. (2022);
Palacios-Sanabria et al.
(2021); Camargo-Farías &
Corredor-Naranjo (2021).
Educación y Concienciación
- Implementación de campañas
educativas sobre derechos y deberes de
los migrantes.
- Formación intercultural para fortalecer
la cohesión social.
- Educación ambiental vinculada a la
movilidad humana.
Aldana-Zavala & Isea-
Argüelles (2004); Eguiguren
(2017); Quevedo-Arnaiz et
al. (2021).
Desarrollo Normativo
- Adaptación de leyes locales al marco
constitucional y tratados
internacionales.
- Regulación específica para migrantes
climáticos.
- Desarrollo de instrumentos jurídicos
para medir y proteger datos de
migración.
Jaramillo & Santi Pereyra
(2021); Toaquiza-Díaz
(2024); Arcentales-Illescas
(2023); Quevedo-Arnaiz et
al. (2021).
Impactos Sociales y Económicos
- Mitigación de consecuencias negativas
de la migración en comunidades
receptoras.
- Protección del acceso a servicios
básicos para migrantes.
- Fomento de la integración económica
y social de la población migrante.
Sotomayor León et al.
(2019); Gutiérrez-Silva et al.
(2020); Vásquez (2023).
Protección Ambiental
- Consideración de la migración
climática como eje de políticas públicas.
- Protección de derechos de migrantes
ambientales.
- Establecimiento de medidas locales de
mitigación ante migraciones causadas
por desastres naturales.
Camargo-Farías & Corredor-
Naranjo (2021); Toaquiza-
Díaz (2024).
Buenas Prácticas Locales
- Promoción de experiencias exitosas en
integración migrante en ciudades
sudamericanas.
- Transferencia de modelos efectivos de
gestión migratoria a nivel municipal.
- Uso de datos cualitativos y
cuantitativos para toma de decisiones.
Palacios-Sanabria et al.
(2021); Arcentales-Illescas
(2023); Quevedo-Arnaiz et
al. (2021).
Fuente: Elaboración propia.
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La movilidad humana representa un desafío multidimensional que afecta de manera
significativa a los menores migrantes, quienes constituyen un grupo especialmente
vulnerable debido a su limitada capacidad para defender sus derechos en contextos
de desplazamiento. La construcción de una ordenanza municipal enfocada en
garantizar su protección en Ecuador debe fundamentarse en un marco jurídico que
integre principios internacionales, derechos humanos, y una perspectiva integral
que considere los aspectos normativos, sociales, culturales, y ambientales.
La normativa ecuatoriana, si bien avanzada en la consagración de derechos, enfrenta
desafíos en su implementación a nivel local. El principio de ciudadanía universal,
abordado por Serrano-Cayamcela (2022), emerge como un eje articulador
fundamental para garantizar la protección de los menores migrantes al reconocer
su dignidad y derechos sin importar su origen. Sin embargo, como lo advierten
Macías-Díaz et al. (2022), la Ley Orgánica de Movilidad Humana requiere una
operacionalización a nivel municipal que contemple las especificidades de los
menores, especialmente en situaciones de irregularidad migratoria.
Por otro lado, Arcentales-Illescas (2023) enfatiza las tensiones existentes en el
desarrollo normativo y jurisprudencial sobre movilidad humana, señalando la falta
de armonización entre el marco constitucional ecuatoriano y los tratados
internacionales ratificados por el país. En complemento, Toaquiza-Díaz (2024)
aporta una dimensión crítica al abordar la insuficiencia de las disposiciones legales
frente a la migración climática, lo que deja a los menores desplazados por desastres
naturales en un limbo jurídico que debe ser abordado en la propuesta de ordenanza.
El respeto a los principios de igualdad y no discriminación debe ser un pilar
transversal en la ordenanza, Jaramillo & Santi Pereyra (2021) destacan cómo las
tensiones estructurales entre normativa y práctica generan barreras para la
protección de los menores migrantes, quienes suelen enfrentar exclusión social y
discriminación institucional. En este sentido, Ortega-Pérez (2024) señala que los
menores en situación de migración irregular sufren una doble vulnerabilidad: por su
condición de niños y por su estatus migratorio.
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En el ámbito internacional, Giménez-Guariguata (2024) resalta la importancia de
alinear las normativas locales con los tratados internacionales de derechos
humanos, asegurando que las políticas públicas integren un enfoque de protección
integral, particularmente frente a riesgos específicos como la explotación laboral, la
trata de personas y el abuso.
La educación es una herramienta estratégica para la integración social de los
menores migrantes, en este sentido, Aldana-Zavala & Isea-Argüelles (2004)
subrayan que la formación educativa no solo garantiza un derecho fundamental,
sino que también actúa como un mecanismo de cohesión social que reduce
tensiones entre las comunidades receptoras y migrantes. Complementariamente,
Eguiguren (2017) sugiere que las políticas públicas evolucionen hacia un enfoque
de movilidad, adaptándose a las dinámicas contemporáneas de la migración y
asegurando que los menores no sean excluidos de los sistemas educativos locales.
Desde una perspectiva práctica, Quevedo-Arnaiz et al. (2021) abogan por el
desarrollo de herramientas para medir y analizar los flujos migratorios, enfatizando
que esta información es crucial para diseñar estrategias educativas adaptadas a las
necesidades de los menores migrantes. Por su parte, Palacios-Sanabria et al. (2021)
presentan experiencias exitosas de integración social y educativa en ciudades
sudamericanas, que pueden servir como modelos para las jurisdicciones municipales
en Ecuador.
La migración climática introduce nuevos desafíos para los menores migrantes,
Camargo-Farías & Corredor-Naranjo (2021) destacan la ausencia de un marco
jurídico internacional que proteja adecuadamente a los refugiados ambientales,
incluidos los menores. En Ecuador, Toaquiza-Díaz (2024) señala que los menores
desplazados por fenómenos climáticos enfrentan riesgos adicionales debido a la
falta de normativas locales que aborden esta problemática. La ordenanza municipal
debe incluir disposiciones específicas que prioricen su seguridad, acceso a servicios
básicos y protección integral frente a desastres naturales.
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La vulnerabilidad de los menores migrantes se agrava por las dificultades de acceso
a servicios de salud. Por su parte, Vásquez (2023) subraya que la migración implica
riesgos específicos para la salud de los niños, incluyendo desnutrición, falta de
inmunización y problemas de salud mental derivados de la separación familiar y la
precariedad en las condiciones de vida. Esto refuerza la necesidad de incluir
disposiciones explícitas en la ordenanza que garanticen atención médica integral,
especialmente en contextos de emergencia.
Los desafíos socioculturales asociados a la integración de menores migrantes
requieren la implementación de estrategias adaptadas a las realidades locales. En
este sentido, Gutiérrez-Silva et al. (2020) analizan los riesgos de exclusión social y
la falta de acceso a servicios básicos, advirtiendo que estas carencias perpetúan
ciclos de marginación, Sotomayor León et al. (2019) destacan las consecuencias
familiares y comunitarias de la migración, que incluyen la desintegración familiar y
el impacto en el bienestar emocional de los menores.
Por otro lado, Palacios-Sanabria et al. (2021) y Quevedo-Arnaiz et al. (2021) ofrecen
ejemplos de buenas prácticas locales, como la creación de redes de apoyo
comunitario, programas de integración social y el uso de datos cualitativos y
cuantitativos para informar decisiones políticas. Estas experiencias pueden ser
adaptadas a los municipios ecuatorianos como estrategias de inclusión efectivas.
CONCLUSION
La protección del derecho a la integridad de los menores migrantes en Ecuador
requiere la implementación de una ordenanza municipal fundamentada en principios
internacionales de derechos humanos, igualdad y sostenibilidad. Esta propuesta
debe abordar las particularidades de la movilidad humana desde una perspectiva
integral, incorporando la adaptación normativa, la promoción de la inclusión
educativa y social, la atención a la migración climática y la garantía de acceso a
servicios de salud, el diseño e implementación de políticas públicas efectivas deben
estar respaldados por datos confiables y buenas prácticas locales, orientadas a
fomentar la cohesión social y el bienestar integral de los menores migrantes.
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FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
REFERENCIAS
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