Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial2), 266-274, 2024
https://doi.org/10.62574/x56enn39
266
Responsabilidad penal de los funcionarios públicos en delitos a la
administración del GAD
Criminal liability of public officials for offenses against the administration
of the GAD
Nayelly Carmen Toledo-Brahan
nayellytb39@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Quevedo, Los Ríos, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-7440-0152
Andrea Estefanía Rosado-Osorio
andreaero15@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Quevedo, Los Ríos, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-9836-239X
Steven Alberto Alvear-Tóala
dq.stevenaat95@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Quevedo, Los Ríos, Ecuador
https://orcid.org/0009-0008-1789-2988
Deinier Ros-Álvarez
uq.deinierra09@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Quevedo, Los Ríos, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-1531-3355
RESUMEN
La responsabilidad penal de los funcionarios públicos en Ecuador involucra tanto el derecho penal
como el administrativo, afectando directamente a la estructura y funcionamiento de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD). Este estudio busca analizar dicha responsabilidad en relación
con delitos que afectan la administración pública de los GAD. Se revisaron 13 artículos científicos
para sintetizar y analizar los hallazgos mediante un método de análisis sintético. Los resultados
sugieren que delitos como el peculado y el enriquecimiento ilícito, cuando incluyen omisión dolosa,
no solo infringen la normativa penal, sino que también amenazan la eficiencia y transparencia
administrativa. Además, se observa una divergencia doctrinal respecto al principio de oportunidad,
que, aunque puede agilizar procesos judiciales, podría conllevar riesgos de impunidad en casos de
corrupción, debilitando así la integridad del sistema judicial.
Descriptores: aplicación de la ley; seguridad del estado; administración de justicia. (Fuente: Tesauro
UNESCO).
ABSTRACT
The criminal liability of public officials in Ecuador involves both criminal and administrative law,
directly affecting the structure and functioning of Decentralized Autonomous Governments (GAD).
This study seeks to analyze such liability in relation to crimes that affect the public administration of
the GADs. Thirteen scientific articles were reviewed to synthesize and analyze the findings using a
synthetic analysis method. The results suggest that crimes such as embezzlement and illicit
enrichment, when they include fraudulent omission, not only violate criminal law, but also threaten
administrative efficiency and transparency. In addition, there is a doctrinal divergence with respect
to the principle of opportunity, which, although it can expedite judicial processes, could entail risks
of impunity in corruption cases, thus weakening the integrity of the judicial system.
Descriptors: law enforcement; state security; administration of justice. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 07/10/2024. Revisado: 13/10/2024. Aprobado: 23/10/2024. Publicado: 29/10/2024.
Sección artículos de investigación
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Criminal liability of public officials for offenses against the administration of the GAD
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INTRODUCCIÓN
La responsabilidad penal de los funcionarios públicos en Ecuador es una cuestión
que involucra no solo el derecho penal sino también el derecho administrativo, dado
su impacto en la estructura y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD). Estos organismos, esenciales para la ejecución de políticas
públicas y la administración de recursos en los niveles regional y local, se ven
afectados profundamente cuando sus representantes incurren en prácticas ilícitas
que van desde el peculado hasta la prevaricación y el abuso de poder. En este
contexto, el derecho penal adquiere un rol de fiscalización de la administración
pública, mientras que el derecho administrativo se presenta como un marco
estructural que debe garantizar la transparencia, la eficiencia y la integridad en el
ejercicio de la función pública.
A lo largo de los últimos años, la doctrina ha explorado diversos aspectos de la
responsabilidad penal en los GAD, revelando tensiones entre los principios de
oportunidad, proporcionalidad y eficiencia en la persecución de delitos de
corrupción y abuso de poder. La interrelación entre la función punitiva del Estado y
la capacidad de los GAD para operar sin interferencias indebidas subraya la
complejidad de este fenómeno. En este sentido, (Cornejo-Guamán & López-Soria,
2024) destacan la omisión dolosa como una modalidad de peculado que
obstaculiza la administración pública, mientras que otros autores, como (Guerra-
Tschuschke, 2019), advierten sobre el uso del silencio administrativo como un
mecanismo de elusión de la responsabilidad penal. A su vez, se exploran las
implicaciones de extender la responsabilidad penal a las personas jurídicas, en línea
con el análisis de Mila (2020) y Ponce-Andrade et al. (2019), quienes consideran
que el combate a la corrupción debe incluir también a las entidades que participan
activamente en actividades ilícitas.
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En consideración a los planteamientos descritos, se presenta como objetivo de
investigación analizar la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en
delitos a la administración del GAD.
MÉTODO
La metodología usada fue una revisión documental, orientada al análisis de las
responsabilidades penales de los funcionarios públicos en el ámbito de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en Ecuador.
Se seleccionaron 13 artículos científicos, las fuentes seleccionadas se sometieron a
un proceso de cribado según criterios de actualidad, pertinencia jurídica y solidez
argumentativa, desde la técnica análisis de contenido documental, con la finalidad
de sintetizar los resultados y analizarlos mediante método análisis sintético.
RESULTADOS
La responsabilidad penal de los funcionarios públicos en los delitos que afectan a
la administración de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en Ecuador
es un tema de creciente relevancia en el ámbito jurídico. Dada la posición de poder
y la influencia de los funcionarios en la gestión pública, los actos ilícitos que puedan
cometer no solo afectan la eficiencia administrativa, sino que también vulneran la
confianza pública y generan impactos significativos en los derechos y recursos de
la comunidad.
Desde la tabla 1 se exploran los diversos aspectos y desafíos de la responsabilidad
penal de estos funcionarios, abarcando desde el análisis de delitos específicos como
el peculado y la prevaricación hasta la aplicación del principio de oportunidad y las
garantías del debido proceso.
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Tabla 1. Responsabilidad penal de los funcionarios públicos en delitos a la
administración del GAD.
Aspecto
Descripción
Referencias
Delitos contra la Administración
Pública
Análisis de delitos específicos
como peculado y
enriquecimiento ilícito,
destacando la omisión dolosa y
sus efectos en la administración
pública ecuatoriana.
Cornejo-Guamán & López-Soria
(2024); Torres-Vergara &
Gabela-Salvador (2018)
Responsabilidad Penal de
Funcionarios Públicos
Responsabilidad y culpabilidad
de funcionarios en la toma de
decisiones, con especial énfasis
en el lavado de activos y la
corrupción.
Arteño-Ramos (2017); Ponce-
Andrade, Piedrahita &
Villagómez (2019)
Principio de Oportunidad
El principio de oportunidad y sus
derivaciones a mediación penal
para la abstención de acciones
fiscales, así como su impacto en
la justicia penal.
López-Torres (2023); Macías-
Cedeño et al. (2024)
Silencio Administrativo y
Prevaricación
Estudio de la prevaricación
administrativa vinculada al
silencio administrativo en el
contexto legal ecuatoriano.
Guerra-Tschuschke (2019)
Impacto de Procedimientos
Abreviados
Procedimientos abreviados a
través de la Corte Constitucional
y su influencia en el
procesamiento de funcionarios
públicos.
Asimbaya-Tacuri et al. (2024)
Principio de Debida Defensa en
Procesos Penales
Garantía del debido proceso y
defensa penal en Ecuador,
resaltando la importancia de una
defensa adecuada para
funcionarios acusados.
Rodríguez-Camacho (2018)
Eficiencia Administrativa en GAD
Eficacia de los GAD en la
recaudación de impuestos
prediales y su rol en la
administración pública.
Silverio-Vásquez & Tigua-
Moreira (2023)
Informe Previo en Delitos de
Peculado
El informe previo como requisito
en los delitos de peculado y
enriquecimiento ilícito,
abordando su pertinencia y
criticidad.
Torres-Vergara & Gabela-
Salvador (2018)
Corrupción y Derecho
Constitucional
Relación entre el derecho
constitucional y la corrupción
desde una perspectiva penal,
incluyendo análisis de casos
recientes en el contexto
ecuatoriano.
Arteño-Ramos (2017)
Responsabilidad Penal de
Personas Jurídicas
Análisis de la responsabilidad
penal aplicada a personas
jurídicas, especialmente en
Mila (2020)
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contextos de corrupción y delitos
financieros.
Administración Pública y
Eficiencia
Delitos que afectan la eficiencia
de la administración pública,
explorando casos específicos en
Morona Santiago.
López-Jara (2018)
Derechos y Procedimientos en
Delitos Graves
Enfoque sobre el tratamiento de
delitos graves como la violación
incestuosa y su clasificación
autónoma en el COIP.
Chávez-Paredes et al. (2023)
Fuente: Elaboración propia.
La responsabilidad penal atribuida a funcionarios públicos por delitos que
comprometen la administración de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD) en Ecuador constituye un tema de estudio relevante dentro del derecho
administrativo y penal, particularmente en lo relativo a la prevención y sanción de
conductas que erosionan la función pública y comprometen el orden jurídico. En
este sentido, el análisis doctrinal de diversos autores permite contrastar los
enfoques y profundizar en los efectos jurídicos y sociales de estas actuaciones.
En este ámbito, (Cornejo-Guamán & López-Soria, 2024) sostienen que los delitos
de peculado y enriquecimiento ilícito representan una manifestación severa de
corrupción institucional, en especial cuando medía una omisión dolosa de los
funcionarios. Según estos autores, la omisión en los deberes de control es un acto
que transgrede no solo las normas penales, sino también los principios
fundamentales de la administración pública. Por otro lado, (Torres-Vergara &
Gabela-Salvador, 2018) coinciden en esta interpretación, criticando el requisito de
un informe previo en casos de peculado, ya que dicho requisito según estos autores
se traduce en una herramienta que permite la impunidad de los delitos en lugar de
fortalecer el marco sancionador. Ambos análisis subrayan la necesidad de una
vigilancia robusta y de una fiscalización efectiva como elementos esenciales para
salvaguardar los recursos públicos en los GAD.
En un contexto relacionado, el principio de oportunidad es objeto de divergencias
interpretativas. En este sentido, (Macías-Cedeño et al. 2024) sostienen que dicho
principio puede facilitar la resolución de conflictos menores al permitir la abstención
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de la persecución penal en determinados casos. Sin embargo, López-Torres (2023)
señala que la aplicación del principio de oportunidad en delitos relacionados con la
función pública podría fomentar un uso abusivo de la discrecionalidad fiscal, lo que,
lejos de promover la eficiencia, puede derivar en prácticas de impunidad. Así,
mientras Macías-Cedeño et al. perciben el principio de oportunidad como un
mecanismo de gestión eficiente, López-Torres (2023) lo observan con escepticismo,
dado su potencial para debilitar la persecución penal en casos de corrupción.
Por otra parte, Guerra-Tschuschke (2019) aborda el delito de prevaricación
administrativa dentro del marco del silencio administrativo. Desde esta perspectiva,
la falta de respuesta oportuna por parte de los funcionarios constituye una
estrategia para evitar responsabilidad penal y generar una opacidad que limita el
acceso a la justicia administrativa. Este análisis es complementado por (Arteño-
Ramos, 2017), quien considera que la corrupción en el ámbito administrativo se
configura también como una transgresión constitucional al lesionar los principios
de transparencia y debida diligencia consagrados en la Constitución ecuatoriana.
Ambos autores resaltan la prevaricación y el silencio administrativo como
manifestaciones de una corrupción estructural que amenaza la legitimidad de los
GAD.
En consideración, el debido proceso es también una cuestión relevante en la
protección de los derechos de los funcionarios procesados. En este orden,
Rodríguez-Camacho (2018) enfatiza que el derecho a una defensa eficaz constituye
una garantía fundamental en los procesos penales, asegurando que los derechos
del imputado sean respetados y que las acusaciones se sustenten en pruebas
sólidas. Aunque (Chávez-Paredes et al. 2023) no abordan el debido proceso en
relación con los GAD, enfatizan la importancia de tipificar de manera clara los delitos
graves en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), como en el caso de la violación
incestuosa, para evitar ambigüedades procesales y asegurar un tratamiento acorde
con la gravedad del delito. En consecuencia, ambos análisis subrayan la importancia
de mantener procedimientos claros y eficientes que protejan tanto los derechos de
los acusados como los intereses del Estado en la correcta aplicación de la justicia.
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Por su parte, (Mila, 2020) añade una dimensión innovadora en la discusión de la
responsabilidad penal, proponiendo la inclusión de personas jurídicas como sujetos
de responsabilidad penal en el marco de delitos de corrupción y lavado de activos.
En su análisis, la atribución de responsabilidad penal a las entidades que participan
en actos ilícitos contribuiría a una mayor transparencia y a la rendición de cuentas.
Este enfoque es compartido por (Ponce-Andrade et al. 2019), quienes consideran
que la responsabilidad de las personas jurídicas en los GAD es un factor clave para
combatir el lavado de activos y la corrupción en las instituciones públicas,
incentivando una administración transparente y eficiente.
CONCLUSION
La responsabilidad penal de los funcionarios públicos en los GAD revela la
interdependencia crítica entre los principios del derecho administrativo y penal en
Ecuador, especialmente en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder. Se
plantea que delitos como el peculado y el enriquecimiento ilícito, cuando incluyen
omisión dolosa, representan no solo una violación de la normativa penal, sino una
amenaza estructural a la eficiencia y transparencia administrativa, esto evidencia
una divergencia doctrinal en torno al principio de oportunidad, el cual, si bien puede
acelerar procesos y descongestionar el sistema judicial, plantea riesgos de
impunidad cuando se aplica en casos de corrupción. Asimismo, el silencio
administrativo y la prevaricación han sido identificados como mecanismos de
opacidad en la gestión pública, mientras que la inclusión de las personas jurídicas
en el ámbito de responsabilidad penal amplía el alcance de la justicia, promoviendo
un marco de corresponsabilidad en el uso y administración de los recursos públicos.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
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AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
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Derechos de autor: 2024 Por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y
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