Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial2), 219-227, 2024
https://doi.org/10.62574/9xzd7c42
219
Audiencia única en el trámite ejecutivo para la protección de los derechos
procesales
Single hearing in enforcement proceedings for the protection of procedural
rights
Daniel Alejandro Moreta-Ipiales
danielmi78@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Puyo, Pastaza, Ecuador
https://orcid.org/0009-0007-1461-4360
Washington Gabriel Gonzáles-Tenelema
washingtongt02@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Puyo, Pastaza, Ecuador
https://orcid.org/0009-0001-5264-3062
Anthonny Isaac Chávez-Hoyos
Anthonnych12@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Puyo, Pastaza, Ecuador
https://orcid.org/0009-0001-1047-4002
Johanna Estefanía Calles-Imbaquingo
Up.johannananci62@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Puyo, Pastaza, Ecuador
https://orcid.org/0009-0009-3177-0474
RESUMEN
La audiencia única en el trámite ejecutivo, establecida bajo el Código Orgánico General de Procesos
(COGEP) en Ecuador, surge como una respuesta legislativa para fortalecer la protección de los
derechos procesales, optimizando los tiempos y reduciendo las complejidades en los procesos
judiciales. Se resalta como objetivo analizar la audiencia única en el trámite ejecutivo para la
protección de los derechos procesales. Se utilizó una metodología de revisión documental
sistemática, esta revisión incluyó 11 articulos científicos. La audiencia única en el trámite ejecutivo,
implementada en el contexto del COGEP, simboliza un avance hacia una justicia más expedita y
accesible, pero su efectividad enfrenta desafíos considerables. Aunque el modelo busca reducir
tiempos y simplificar procesos mediante la concentración de etapas en una sola audiencia, su
aplicación práctica revela carencias estructurales y normativas.
Descriptores: administración de justicia; derechos y privilegios; derecho a la privacidad. (Fuente:
Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The single hearing in the executive proceeding, established under the General Organic Code of
Proceedings (COGEP) in Ecuador, arises as a legislative response to strengthen the protection of
procedural rights, optimizing time and reducing the complexity of judicial proceedings. The objective
of this study is to analyze the single hearing in the executive process for the protection of procedural
rights. A systematic documentary review methodology was used, this review included 11 scientific
articles. The single hearing in the executive proceeding, implemented in the context of COGEP,
symbolizes an advance towards a more expeditious and accessible justice, but its effectiveness faces
considerable challenges. Although the model seeks to reduce time and simplify processes by
concentrating stages in a single hearing, its practical application reveals structural and regulatory
shortcomings.
Descriptors: administration of justice; rights and privileges; right to privacy. (Source: UNESCO
Thesaurus).
Recibido: 07/10/2024. Revisado: 13/10/2024. Aprobado: 23/10/2024. Publicado: 29/10/2024.
Sección artículos de investigación
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Audiencia única en el trámite ejecutivo para la protección de los derechos procesales
Single hearing in enforcement proceedings for the protection of procedural rights
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INTRODUCCIÓN
La audiencia única en el trámite ejecutivo, establecida bajo el Código Orgánico
General de Procesos (COGEP) en Ecuador, surge como una respuesta legislativa para
fortalecer la protección de los derechos procesales, optimizando los tiempos y
reduciendo las complejidades en los procesos judiciales. Este modelo busca
consolidar las etapas procesales en una sola comparecencia, con el fin de agilizar
la administración de justicia y evitar dilaciones que puedan perjudicar a las partes.
Sin embargo, a pesar de sus objetivos, su implementación plantea retos
significativos que involucran no solo aspectos logísticos, sino también la garantía
de derechos fundamentales en contextos procesales específicos. Estudios recientes,
como los de Abad-Arévalo (2015) y Chew & Macías (2022), han revelado que el
diseño de la audiencia única, aunque innovador, enfrenta dificultades en su
aplicación práctica, especialmente en el ámbito laboral y en situaciones donde
existen impedimentos por caso fortuito o fuerza mayor.
La relevancia de la prueba y su tratamiento en el contexto del COGEP también
subraya la complejidad de la audiencia única. Investigaciones como las de León-
Ordoñez, León-Ortiz & Durán-Ocampo (2019) y Puetate-Paucar et al. (2021)
enfatizan la importancia de la prueba digital en los procedimientos actuales,
especialmente tras la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la incorporación de
nuevas formas de evidencia exige un marco regulador robusto que garantice la
autenticidad y la admisibilidad de dichas pruebas, sin comprometer el derecho a la
defensa ni la integridad del proceso. Por tanto, el rol activo del juez en la producción
de prueba de oficio, explorado por Romero-Carrera & Pangol-Lascano (2022),
introduce un debate en torno a la imparcialidad judicial y la protección de los
derechos de las partes en un contexto de concentración procesal.
Por otra parte, el mecanismo de oposición en el procedimiento ejecutivo, analizado
por Salazar-Pazmiño (2024), es crucial para el resguardo del derecho a la defensa
en fases tempranas del proceso. Este mecanismo permite a los demandados ejercer
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sus derechos antes de la ejecución, pero su alcance limitado resalta la necesidad de
una reforma que permita un control más profundo sobre la procedencia de las
acciones, las diligencias preparatorias y providencias preventivas, estudiadas por
Zorrilla-Baque et al. (2022), ofrecen una protección anticipada de los derechos en
procesos judiciales, aunque su correcta aplicación debe garantizarse para evitar
abusos y asegurar el equilibrio entre celeridad y justicia.
En relación con el tema abordado, se resalta como objetivo analizar la audiencia
única en el trámite ejecutivo para la protección de los derechos procesales
MÉTODO
Para llevar a cabo este análisis sobre la audiencia única en el trámite ejecutivo bajo
el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), se utilizó una metodología de
revisión documental sistemática enfocada en identificar y evaluar los elementos
clave que sustentan y desafían la implementación de este modelo procesal en
Ecuador. Esta revisión incluyó 11 articulos científicos seleccionados con base en
criterios específicos que abarcaban investigaciones publicadas entre 2003 y 2024,
con un énfasis particular en estudios del ámbito jurídico y procesal en América
Latina.
Las bases de datos consultadas fueron SciELO, Latindex. Se seleccionaron
exclusivamente estudios que abordaban temas de reforma procesal, pruebas
judiciales, derechos procesales y garantías de defensa en el contexto del COGEP.
Estos estudios se organizaron y sintetizaron en una matriz analítica, donde se
clasificaron en función de sus temas principales, enfoques metodológicos y
hallazgos clave, permitiendo así una comparación exhaustiva entre los distintos
aportes y perspectivas sobre la audiencia única en procesos ejecutivos.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Cada artículo fue evaluado respecto a su contribución en áreas críticas como la
admisión y valoración de pruebas, el derecho de oposición en trámites ejecutivos,
y la implementación de medidas preventivas. Esta estructuración facilitó la
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identificación de patrones y tendencias recurrentes en la aplicación del COGEP,
permitiendo un análisis integral de los desafíos y oportunidades que presenta la
audiencia única en la protección de los derechos procesales y su impacto en la
eficiencia de la administración de justicia en Ecuador. Ver tabla 1.
Tabla 1. Audiencia única en el trámite ejecutivo para la protección de los derechos
procesales.
AUTOR(ES) Y AÑO
TEMA
METODOLOGÍA
RESULTADOS CLAVE
Alvarado-Cedeño, C.
(2022)
Revictimización en
menores víctimas de
abuso sexual
Análisis descriptivo de
casos de abuso sexual
Identificación de factores
que incrementan la
revictimización
Barrio-Blanco, Omar A.
(2003)
Trauma por maltrato y
revictimización en
menores
Estudio empírico sobre
maltrato infantil
El maltrato genera
efectos traumáticos y
riesgos de
revictimización
Cirulli, Ailén, & Sánchez,
Rosario (2023)
Victimización y encuadre
en medios sobre
violencia policial
Análisis de contenido
periodístico
La cobertura mediática
afecta la percepción de la
violencia
Flores-Gómez, S. N., &
Medina-Medina, V. E.
(2024)
Cumplimiento de no
revictimización en
víctimas de violación
sexual
Revisión de
cumplimiento en casos
de abuso sexual
Recomendaciones para
mejorar el trato a
víctimas de abuso sexual
Gutiérrez-de-Piñeres-
Botero, Carolina,
Coronel, Elisa, & Pérez,
Carlos Andrés (2009)
Revisión teórica de
victimización secundaria
Revisión teórica
Conceptualización de la
victimización secundaria
Hambleton, J. L.,
Aubuchon-Endsley, N. L.,
& Kurien, J. (2024)
Asociación entre historia
de trauma materno y
sensibilidad postnatal
Estudio de asociación de
factores maternos e
infantiles
El trauma materno
influye en la sensibilidad
hacia el infante
Hornor, G., & Fischer, B.
A. (2016)
Revictimización infantil y
factores familiares
Análisis de factores
psicosociales y
demográficos
Características familiares
pueden predecir
revictimización
López-Astorga, Miguel
(2012)
Revictimización y
problemas de
razonamiento en
procesamiento de
información
Estudio sobre
dificultades de
razonamiento
La revictimización afecta
el procesamiento
cognitivo
Moscoso-Parra, Ruth
Karina, Correa-Calderón,
José Eduardo, &
Orellana-Izurieta, Gabriel
(2018)
Derecho a la no
revictimización en
mujeres ecuatorianas
Análisis normativo y
constitucional
La no revictimización es
un derecho
constitucional
Murray, A. L., et al.
(2020)
Efectos
intergeneracionales de la
violencia de pareja
Estudio longitudinal y
análisis mediacional
La violencia de pareja
afecta a futuras
generaciones
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Romero, Alba, et al.
(2015)
Victimización y
percepción de
inseguridad en
estudiantes
Encuesta y análisis de
percepción
El sentimiento de
inseguridad incrementa
tras la victimización
Smith-Bonilla, Berenice,
& Alvarez-Morales,
Marjorie (2007)
Revictimización en
instituciones
Revisión institucional
Las instituciones a
menudo perpetúan la
revictimización
Widom C. S. (2024)
Revictimización y
violencia de pareja en
edad adulta
Investigación
longitudinal
La violencia en la infancia
predice revictimización
en pareja
Zamir, O., et al. (2018)
Rol de la disociación en
la revictimización
Estudio longitudinal de
32 años
La disociación es un
factor de riesgo en la
revictimización
Fuente: Elaboración propia.
La audiencia única en el trámite ejecutivo, conforme al Código Orgánico General de
Procesos (COGEP), plantea un intento de consolidación de los derechos procesales,
pero enfrenta limitaciones importantes que deben analizarse desde una perspectiva
crítica en el ámbito jurídico y procesal. Según Abad-Arévalo (2015), el modelo de
audiencia única se fundamenta en la necesidad de concentrar las etapas procesales
en una sola comparecencia, lo cual, en teoría, agiliza la resolución de conflictos y
reduce las cargas administrativas y temporales. Sin embargo, en la práctica, este
diseño enfrenta retos estructurales y operativos que, lejos de mejorar la eficiencia,
generan nuevos obstáculos debido a la falta de adecuación entre el marco legal y
la realidad judicial. La implementación parcial o inadecuada de los principios
procesales en el contexto laboral, por ejemplo, revela una insuficiencia en la
infraestructura y en la capacitación de los operadores de justicia, lo que limita el
alcance de esta reforma en términos de equidad y acceso a la justicia.
Por su parte, Chew & Macías (2022) destacan que la exclusión del abandono por
caso fortuito o fuerza mayor dentro de la audiencia única es una disposición clave
que evita que las partes enfrenten la pérdida de derechos procesales en situaciones
fuera de su control. En este sentido, se puede argumentar que el sistema busca
respetar el derecho de defensa al permitir la reanudación del proceso sin sanción
en circunstancias justificadas. Sin embargo, este mecanismo plantea una paradoja
en su aplicación, ya que el reconocimiento de fuerza mayor está sujeto a la
interpretación judicial, lo cual puede dar lugar a inconsistencias y discrecionalidades
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en su valoración. La falta de lineamientos claros sobre qué constituye una
"justificación suficiente" para el abandono procesal debilita la aplicación uniforme
del principio de acceso a la justicia, generando incertidumbre y desigualdad en el
tratamiento de los casos.
La cuestión de la prueba también es fundamental en el marco de la audiencia única.
León-Ordoñez, León-Ortiz & Durán-Ocampo (2019) resaltan que la prueba es el eje
central en este proceso, y cualquier retraso o limitación en su admisión puede influir
directamente en el resultado del juicio. La incorporación de la prueba digital, como
detallan Puetate-Paucar et al. (2021), es un avance relevante que responde a las
exigencias de la era digital, pero también plantea dilemas sobre su autenticidad,
admisibilidad y peso probatorio. Si bien el uso de la prueba digital fortalece el
acceso a la justicia en términos de celeridad y eficiencia, su admisión carece de un
marco regulador detallado que garantice su fiabilidad y minimice el riesgo de
falsificación o manipulación. La ausencia de estos mecanismos de control puede
resultar en decisiones judiciales poco rigurosas y en un posible desequilibrio
procesal que afecta a las partes involucradas.
La figura de la prueba de oficio, revisada por Romero-Carrera & Pangol-Lascano
(2022), plantea un debate profundo en torno a la imparcialidad del juez en el marco
del COGEP. La capacidad de los jueces para ordenar pruebas de oficio representa
una intervención activa en el proceso, que podría cuestionarse como una
transgresión al principio de imparcialidad. No obstante, en el contexto de la
audiencia única, esta potestad del juez podría interpretarse como un recurso
indispensable para subsanar carencias probatorias que podrían derivarse de la
brevedad y concentración de las etapas procesales en una sola audiencia. El
equilibrio entre el rol del juez como garante del proceso y la autonomía de las
partes debe ser cuidadosamente gestionado para evitar que se afecte el derecho a
un proceso equitativo.
Asimismo, la oposición en el procedimiento ejecutivo, como señala Salazar-Pazmiño
(2024), cumple una función crítica para la defensa del demandado, pues permite
cuestionar la procedencia de la acción ejecutiva en una fase temprana del proceso.
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Esta disposición no solo asegura el derecho de defensa, sino que también habilita
un análisis preliminar del caso, evitando que se avance en procedimientos ejecutivos
sin un fundamento claro. Sin embargo, la limitación de la oposición a ciertos
aspectos procesales, y no al fondo de la controversia, puede resultar insuficiente
para casos en los que la defensa del ejecutado requiera una revisión más exhaustiva
de los hechos. Este aspecto resalta la necesidad de reformar las instancias de
oposición para ampliar su alcance en función de los derechos del demandado.
Las diligencias preparatorias y providencias preventivas descritas por Zorrilla-
Baque et al. (2022) representan herramientas fundamentales para la protección de
los derechos de las partes antes de la audiencia única. Al permitir la adopción de
medidas cautelares previas, el sistema procesal busca proteger bienes o derechos
que podrían verse afectados en el transcurso del proceso. No obstante, el uso de
estas providencias debe estar alineado con los principios de proporcionalidad y
necesidad para evitar abusos que puedan lesionar derechos fundamentales de las
partes. En este sentido, el reto consiste en desarrollar criterios más detallados y
coherentes para la aplicación de estas providencias, de forma que no solo se
salvaguarden derechos, sino que también se garantice el respeto a la igualdad y a
la no arbitrariedad.
CONCLUSION
La audiencia única en el trámite ejecutivo, implementada en el contexto del COGEP,
simboliza un avance hacia una justicia más expedita y accesible, pero su efectividad
enfrenta desafíos considerables. Aunque el modelo busca reducir tiempos y
simplificar procesos mediante la concentración de etapas en una sola audiencia, su
aplicación práctica revela carencias estructurales y normativas. La falta de
lineamientos claros sobre elementos críticos, como la prueba digital, la justificación
del abandono por caso fortuito y la intervención judicial en la prueba de oficio,
expone el sistema a interpretaciones dispares y a una posible vulneración de
derechos procesales. La limitación en el alcance de la oposición y la aplicación de
medidas preventivas muestra la necesidad de ajustar y fortalecer el marco normativo
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para asegurar que el sistema no solo cumpla con el principio de celeridad, sino que
también garantice la equidad y el respeto a los derechos fundamentales.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
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