Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial2), 65-71, 2024
Análisis jurídico del impacto del desempleo y la extorsión en la economía familiar en Ecuador
Legal analysis of the impact of unemployment and extortion on the household economy in Ecuador
María Daniela Silva-Ojeda
Jazmany Josué Conde-Correa
Joel Alejandro Morales-Ati
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Gonzales, 2024). Este tipo de delito afecta directamente a las víctimas al reducir su
capacidad de sostener un nivel de vida adecuado, lo que, a su vez, agrava la
situación de pobreza y profundiza la exclusión social en comunidades con altos
índices de desempleo (Contreras-Valenzuela et al., 2023; Moreno-Mena, 2023).
Los factores socioeconómicos como el desempleo, la pobreza y la educación
limitada influyen directamente en el incremento de la inseguridad y promueven un
entorno propicio para el delito, siendo la extorsión una de las prácticas delictivas
más recurrentes en sectores vulnerables (Ortega & Pino, 2021). La interrelación
entre estos factores no solo implica consecuencias económicas, sino que también
presenta desafíos para el sistema judicial, el cual enfrenta limitaciones en la
prevención y persecución de este tipo de delitos. La presencia de la delincuencia
organizada en Ecuador, que involucra a jóvenes y adolescentes, también impacta
de forma adversa en el entorno familiar y contribuye a la fragmentación de las
estructuras familiares tradicionales, lo que hace más complejo el abordaje jurídico
de esta problemática (Giraldo-Paredes et al., 2015; Crespo-Berti, 2024).
El análisis del impacto del desempleo y la extorsión en la economía familiar revela
la urgencia de una intervención jurídica eficaz que permita fortalecer el marco
normativo y proteger de manera efectiva a las víctimas de extorsión. En este sentido,
el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece medidas de protección contra
delitos económicos como la extorsión, aunque aún persisten vacíos y desafíos en su
aplicación efectiva (Tixi-Janeta et al., 2023). La normativa penal debe ser
complementada con políticas públicas de empleo y educación, las cuales tienen el
potencial de reducir la incidencia de estos delitos mediante la generación de
oportunidades que permitan a las familias desvincularse de redes de criminalidad y
extorsión (Salgado-Monar, 2024).
Por consiguiente, la extorsión afecta no solo el bienestar individual, sino la paz
territorial y la cohesión social en diversas regiones del país, donde la violencia y la
inseguridad se han intensificado, afectando a comunidades enteras. Este fenómeno
no solo debilita la seguridad familiar, sino que también socava la confianza de la
sociedad en el sistema de justicia, lo que constituye un reto para las autoridades