Cuaderno de enfermería. Revista científica
Vol. 3(especial 2 enfermería), 136-150, 2025
https://doi.org/10.62574/4nggff23
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Violencia de género en Ecuador: prevalencia de agresión psicológica, física
y sexual
Gender-based violence in Ecuador: prevalence of psychological, physical
and sexual abuse
Dayana Aracely León-Pallasco
ma.dayanaalp98@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-9181-4055
Sebastián Oswaldo Paredes-Tobar
ma.oswaldospt57@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0003-2935-9658
Elio Joel Palma-Coque
ma.eliojpc91@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0000-2723-5721
Fernando David Escobar-López
ua.fernandoel74@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0002-3895-1402
RESUMEN
Objetivo: Analizar la prevalencia de violencia psicológica, física y sexual contra mujeres en Ecuador.
Método: Revisión sistemática en Medline, Cochrane, Medigraphic, BVS y PubMed durante enero
2020-enero 2025. Se utilizaron términos DeCS: violencia, género, abuso sexual, Ecuador y violencia
doméstica. Se incluyeron 50 artículos que cumplieron criterios de inclusión. Resultados: El 64.9%
de mujeres ecuatorianas experimentaron algún tipo de violencia durante su vida, superando el
promedio regional (36.1%). La violencia psicológica afectó 56.9%, física 35.4% y sexual 32.7%. La
Sierra registró mayor prevalencia (45.6%), seguida de Amazonía (40.2%). Factores de riesgo
incluyen bajo nivel educativo, consumo de alcohol por parejas y celos románticos masculinos. La
pandemia COVID-19 incrementó violencia doméstica en 56%, predominantemente verbal (95%). La
mortalidad por feminicidios aumentó en Sucumbíos y Tungurahua. Conclusiones: La violencia de
género constituye problema de salud pública alarmante en Ecuador, requiriendo intervenciones
focalizadas considerando desigualdades sociogeográficas.
Descriptores: violencia contra la mujer; violencia de pareja; factores de riesgo. (DeCS).
ABSTRACT
Objective: To analyse the prevalence of psychological, physical and sexual violence against women
in Ecuador. Method: Systematic review in Medline, Cochrane, Medigraphic, BVS and PubMed during
January 2020-January 2025. DeCS terms were used: violence, gender, sexual abuse, Ecuador and
domestic violence. Fifty articles that met the inclusion criteria were included. Results: 64.9% of
Ecuadorian women experienced some type of violence during their lifetime, exceeding the regional
average (36.1%). Psychological violence affected 56.9%, physical violence 35.4%, and sexual
violence 32.7%. The Sierra region had the highest prevalence (45.6%), followed by the Amazon
region (40.2%). Risk factors include low educational level, alcohol consumption by partners, and male
romantic jealousy. The COVID-19 pandemic increased domestic violence by 56%, predominantly
verbal (95%). Mortality from femicide increased in Sucumbíos and Tungurahua. Conclusions:
Gender-based violence is an alarming public health problem in Ecuador, requiring targeted
interventions that take socio-geographical inequalities into account.
Descriptors: violence against women; intimate partner violence; risk factors. (DeCS).
Recibido: 06/09/2025. Revisado: 15/09/2025. Aprobado: 15/10/2025. Publicado: 20/10/2025.
Original breve
Cuaderno de enfermería. Revista científica
Vol. 3(especial 2 enfermería), 136-150, 2025
Violencia de género en Ecuador: prevalencia de agresión psicológica, física y sexual
Gender-based violence in Ecuador: prevalence of psychological, physical and sexual abuse
Dayana Aracely León-Pallasco
Sebastián Oswaldo Paredes-Tobar
Elio Joel Palma-Coque
Fernando David Escobar-López
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INTRODUCCIÓN
La violencia de género constituye una violación fundamental de los derechos
humanos y un problema de salud pública de magnitud global. Según la Organización
Mundial de la Salud, aproximadamente una de cada tres mujeres en el mundo ha
experimentado violencia física o sexual, principalmente por parte de su pareja íntima
(1). Este fenómeno trasciende fronteras geográficas, culturales y socioeconómicas,
afectando la salud física, mental, sexual y reproductiva de millones de mujeres.
La violencia contra las mujeres se manifiesta en múltiples formas, desde agresiones
psicológicas y verbales hasta violencia física, sexual y económica. Estas
manifestaciones frecuentemente coexisten y se perpetúan a través de patrones
intergeneracionales, estructuras sociales patriarcales y desigualdades de poder
arraigadas en normas culturales (2,5). Las consecuencias son devastadoras:
lesiones físicas, trastornos de salud mental, embarazos no deseados, infecciones
de transmisión sexual, discapacidad e incluso la muerte.
En América Latina, la prevalencia de violencia contra las mujeres alcanza niveles
alarmantes, con 36.1% de mujeres experimentando algún tipo de violencia por parte
de su pareja íntima durante su vida (1). Ecuador no escapa a esta realidad. Estudios
recientes documentan que 64.9% de las mujeres ecuatorianas han experimentado
algún tipo de violencia a lo largo de su vida, cifra que supera el promedio regional
(3). Esta situación se ve agravada por marcadas desigualdades sociogeográficas,
con variaciones significativas según región geográfica, nivel educativo, etnia y área
de residencia.
La violencia de género en Ecuador presenta características epidemiológicas
particulares que merecen atención específica. La región de la Sierra registra la
prevalencia más alta (45.6%), seguida de la Amazonía (40.2%) (3). Factores como
bajo nivel educativo, pertenencia a grupos étnicos indígenas, residencia en zonas
urbanas y consumo de alcohol por parte de la pareja se asocian con mayor riesgo
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Violencia de género en Ecuador: prevalencia de agresión psicológica, física y sexual
Gender-based violence in Ecuador: prevalence of psychological, physical and sexual abuse
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de violencia (2,4).
Los celos románticos masculinos, conductas controladoras, desregulación
emocional y consumo de alcohol constituyen factores precipitantes documentados
de violencia de pareja (4,5). La violencia psicológica, manifestada a través de
insultos, humillaciones, amenazas y control, representa el tipo más prevalente pero
frecuentemente menos reconocido y denunciado (3). Esta forma de violencia
erosiona sistemáticamente la autoestima, autonomía y salud mental de las mujeres,
constituyendo frecuentemente el preludio de escaladas hacia violencia física y
sexual.
La pandemia de COVID-19 exacerbó significativamente la violencia contra las
mujeres en Ecuador y a nivel global. El confinamiento forzado incrementó la
convivencia con agresores, limitó el acceso a servicios de apoyo y generó estrés
económico adicional, creando condiciones propicias para la escalada de violencia
(6,7). Durante este periodo, se documentó aumento en denuncias de violencia
doméstica, agresiones contra profesionales de salud y violencia filio-parental
(12,13).
Ecuador ha realizado esfuerzos significativos para enfrentar esta problemática
mediante el fortalecimiento del marco legal. La promulgación del Código Orgánico
Integral Penal (COIP) en 2014 y la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en 2018 constituyeron avances legislativos
importantes (2). Sin embargo, persisten desafíos en implementación efectiva,
acceso a justicia, atención integral a víctimas y prevención primaria.
El objetivo del presente estudio es analizar la prevalencia de violencia psicológica,
física y sexual contra mujeres en Ecuador.
MÉTODO
Se realizó una revisión sistemática de carácter retrospectivo y observacional
descriptivo sobre violencia de género en Ecuador, abarcando el periodo de enero
2020 a enero 2025. La metodología siguió las directrices PRISMA para revisiones
sistemáticas.
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Estrategia de búsqueda
La búsqueda se ejecutó en las bases de datos Medline, Cochrane, Medigraphic,
Biblioteca Virtual en Salud (BVS) y PubMed. Se realizaron búsquedas adicionales en
instituciones gubernamentales ecuatorianas, incluyendo el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC) y el Ministerio de Salud Pública. Se utilizaron los
siguientes términos de búsqueda DeCS y MeSH: "violencia", "género", "abuso
sexual", "Ecuador", "violencia doméstica", "violencia de pareja", "mujeres",
combinados mediante operadores booleanos AND, OR y NOT.
Criterios de selección
Criterios de inclusión: artículos publicados entre 2020-2025 en español o inglés,
estudios realizados en Ecuador o con datos específicos de Ecuador, investigaciones
sobre violencia psicológica, física o sexual contra mujeres, estudios en zonas
urbanas y rurales, investigaciones sobre factores de riesgo (nivel educativo, etnia,
consumo de alcohol, relaciones familiares), ensayos clínicos aleatorizados, estudios
observacionales, revisiones sistemáticas, con metodología clara y legible.
Criterios de exclusión: documentos de páginas no oficiales, artículos con acceso
limitado o prepago, estudios con metodología inadecuada, publicaciones sin
relevancia temática directa, documentos no traducibles al inglés o español de
manera viable.
Selección de estudios
Se identificaron inicialmente 120 estudios mediante búsqueda en bases de datos. La
búsqueda en Medline, Embase y Premedline proporcionó 50 citas. Después de
eliminar duplicados, permanecieron 40 artículos. De estos, 10 estudios fueron
descartados por no cumplir criterios de inclusión tras revisión de títulos y resúmenes.
Diez estudios adicionales se excluyeron por falta de acceso a texto completo o
imposibilidad de traducción viable.
El texto completo de 70 citas restantes se examinó detalladamente. Veinte estudios
fueron excluidos por no cumplir criterios de inclusión específicos. Finalmente, 50
estudios cumplieron los criterios de inclusión y fueron incorporados en la revisión
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sistemática. La verificación de referencias de artículos relevantes y búsqueda de
estudios citantes complementó la búsqueda sistemática.
Extracción de datos
Se extrajeron datos sobre: prevalencia de violencia psicológica, física y sexual,
características sociodemográficas de víctimas, distribución geográfica, factores de
riesgo asociados, consecuencias en salud física y mental, respuestas institucionales
y marco legal vigente.
Consideraciones éticas
Al tratarse de una revisión sistemática de estudios publicados, no se requirió
aprobación de comité de ética. Se respetaron los principios de integridad científica,
citación apropiada y confidencialidad de datos reportados en estudios originales.
RESULTADOS
Prevalencia general de violencia de género
Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de
Género del INEC (2019) revelan que 64.9% de las mujeres en Ecuador han
experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida (3). Esta cifra posiciona a
Ecuador entre los países con mayor prevalencia de violencia contra las mujeres en
América Latina, superando el promedio regional de 36.1% (1).
El meta-análisis de White et al., que incluyó estudios globales sobre violencia de
pareja íntima, documentó que esta forma de violencia representa la manifestación
más común a nivel mundial, afectando aproximadamente a 30% de mujeres que han
estado en relaciones de pareja (1). En Ecuador, la violencia de pareja íntima
constituye igualmente la forma predominante.
Prevalencia según tipo de violencia
La violencia psicológica representa el tipo más prevalente, afectando al 56.9% de
mujeres ecuatorianas. Esta se manifiesta mediante insultos, humillaciones,
amenazas, control, aislamiento social y económico (3). El estudio de Edeby y San
Sebastián documentó prevalencia de violencia psicológica de 56.92%, constituyendo
la forma más común de agresión (3).
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La violencia física ocupa el segundo lugar en prevalencia, con 35.4% de mujeres
reportando haber experimentado agresiones físicas durante su vida (3). Estas
incluyen empujones, golpes, patadas, quemaduras y agresiones con objetos o armas.
La violencia física frecuentemente coexiste con violencia psicológica, representando
escalada en patrones de abuso.
La violencia sexual afecta al 32.7% de mujeres ecuatorianas, manifestándose como
relaciones sexuales forzadas, tocamientos no consentidos, coerción sexual y otras
formas de agresión sexual (3). Ecuador registra promedio de 14 denuncias de
violación diarias, equivalente a aproximadamente 5,110 denuncias anuales.
La violencia económica, aunque menos prevalente, afecta al 16.4% de mujeres,
manifestándose como control económico, privación de recursos, impedimento para
trabajar y apropiación de ingresos o propiedades (3).
Desigualdades sociogeográficas
Existen marcadas desigualdades regionales en la prevalencia de violencia contra las
mujeres en Ecuador. La región de la Sierra presenta la prevalencia más alta (45.6%),
seguida de la Amazonía (40.2%) (3). Estas variaciones se atribuyen a factores
culturales, acceso limitado a servicios, aislamiento geográfico y persistencia de
normas patriarcales más arraigadas en ciertas regiones.
La violencia también presenta diferencias entre áreas urbanas y rurales. En zonas
urbanas, 65.7% de mujeres reportaron haber sufrido violencia, mientras que en áreas
rurales el porcentaje fue 62.8% (3). Contrario a percepciones comunes, la violencia
resulta ligeramente más prevalente en entornos urbanos, posiblemente relacionado
con mayor densidad poblacional, estrés urbano y erosión de redes de apoyo social.
Factores de riesgo sociodemográficos
La edad constituye factor significativo en prevalencia de violencia. La violencia física
y psicológica resultan más comunes entre mujeres de 26 a 35 años, disminuyendo
en mujeres mayores (3). Sin embargo, la violencia sexual presenta distribución etaria
diferente, siendo más frecuente en mujeres jóvenes y adolescentes.
El nivel educativo se asocia inversamente con violencia física y psicológica. Todas las
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formas de violencia se reportan con mayor frecuencia entre mujeres sin educación
formal (3). Paradójicamente, la violencia sexual fue más frecuente entre mujeres con
educación superior, sugiriendo posible mayor reconocimiento y reporte de este tipo
de agresión en mujeres con mayor nivel educativo (9).
El estado civil influye significativamente. La violencia física, psicológica y económica
fue más frecuente entre mujeres que vivían en pareja, estaban casadas o
divorciadas/separadas (3). La violencia sexual se asoció con pertenencia a grupos
étnicos no indígenas y residencia en entornos urbanos (9).
Factores precipitantes de violencia de pareja
El consumo de alcohol por parte de parejas masculinas constituye factor de riesgo
significativo para violencia física. Peñacoba et al. documentaron consumo
significativamente mayor de alcohol en varones, independientemente de edad,
asociado con incremento en violencia física hacia parejas (4). Los efectos directos del
abuso de alcohol en violencia física de pareja se observan en varones a partir de 16
años y en mujeres a partir de 14 años.
Los celos románticos masculinos representan factor frecuentemente citado como
causante de violencia de pareja. Buller et al. identificaron que conductas
controladoras se asociaron con violencia sexual y física en 38% de casos, comparado
con 22% cuando estas conductas se manifestaron en contexto de celos (5). Los
desencadenantes identificados para celos incluyen chismes comunitarios,
incorporación de mujeres a la fuerza laboral y negativa de mujeres a tener relaciones
sexuales.
La desregulación emocional actúa como moderador en la relación entre consumo de
alcohol y violencia física. Variables como inconsciencia emocional, impulsividad, no
aceptación emocional y falta de estrategias de afrontamiento modulan la asociación
entre abuso de alcohol y perpetración de violencia (4).
Violencia en el noviazgo adolescente
Medina-Maldonado et al. documentaron que adolescentes en Quito están
involucrados en perpetración y victimización de violencia psicológica y física, tanto
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leve como grave (10). Los factores contribuyentes identificados incluyen aceptación
del modelo de género tradicional y machismo. La violencia en el noviazgo se
caracteriza por inmadurez, falta de confianza en familias y frecuente no
reconocimiento de violencia relacional como problemática (16).
Violencia obstétrica y ginecológica
Arias Fuentes et al. identificaron desigualdades sociales significativas en exposición
a violencia obstétrica y ginecológica en Ecuador (9). Adolescentes o mujeres mayores
de 35 años, de raza no blanca, con bajo nivel educativo, usuarias del sistema público
de salud y aquellas que tuvieron parto vaginal o aborto presentan mayor riesgo. Las
consecuencias incluyen mayor riesgo de depresión posparto, trastorno de estrés
postraumático, menor asistencia a consultas de puerperio y dificultades para lactancia
materna (11).
Impacto de la pandemia COVID-19
La pandemia de COVID-19 generó incremento significativo en violencia doméstica.
García-Zamora et al. documentaron aumento en denuncias de violencia verbal y
física, con mujeres reportando abuso con mayor frecuencia (56%). De este abuso,
95% fue verbal, 11.1% físico y 19% otros tipos (12). El confinamiento exacerbó
violencia filio-parental, con agresiones perpetradas por padre (39%), madre (20%) y
otros miembros familiares (8%) (13).
Consecuencias de la violencia de género
Sabina et al. documentaron que víctimas de violencia desarrollan secuelas
significativas en dominios de salud general, autoestima y apoyo social (14). Las
consecuencias incluyen cambios en la relación con el agresor, alteraciones
psicológicas y emocionales, modificaciones en percepción de apoyo social y cambios
en perspectivas futuras.
Los homicidios y feminicidios representan la consecuencia más extrema de violencia
de género. Ortiz-Prado et al. identificaron incremento en casos de homicidio femenino
tras agresión física y sexual, con mayor incidencia reportada en provincias de
Sucumbíos y Tungurahua (15). Muchas mujeres víctimas de violencia extrema llegan
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al suicidio como única vía percibida para escapar de situaciones de violencia crónica.
Respuestas institucionales
Ecuador ha implementado marco legal robusto para prevenir y sancionar violencia
contra mujeres. La Ley Orgánica del Código Integral Penal (COIP, 2014) establece
sanciones específicas: artículo 170 sanciona abuso sexual con 3-5 años de prisión,
mientras artículo 171 impone 19-22 años para violación, especialmente cuando
involucra violencia o víctima menor de 14 años (2).
La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(2018) se centra en tres componentes: atención, protección y reparación a víctimas.
El Sistema Nacional Integral incluye capacitación de operadores, medidas de
protección inmediata y Red de Servicios de Atención con Casas de Acogida y Centros
de Atención Integral (2).
Quizhpe et al. documentaron que durante la pandemia se desarrollaron estrategias
innovadoras, incluyendo mayor uso de telesalud y fortalecimiento de instituciones
públicas para garantizar atención integral a víctimas (2). El colectivo No Más Sangre,
con apoyo de UNICEF y UNFPA, distribuyó 1,000 kits con toallas sanitarias
conteniendo información de contacto para emergencias.
Pastor-Bravo et al. identificaron que estrategias efectivas para prevenir violencia en
noviazgo adolescente requieren evaluación de roles, relaciones y mecanismos de
afrontamiento, constituyendo forma válida de aproximación a adolescentes (16).
DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio confirman que la violencia de género en Ecuador
constituye un problema de salud pública de magnitud considerable, afectando a casi
dos tercios de las mujeres a lo largo de su vida. La prevalencia documentada de
64.9% supera significativamente el promedio global de 35.6% y el regional de 36.1%,
posicionando a Ecuador entre los países con mayor prevalencia de violencia contra
mujeres en América Latina (1,3).
La predominancia de violencia psicológica (56.9%) como forma más prevalente
coincide con hallazgos de White et al. a nivel global, quienes identificaron que esta
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forma de violencia frecuentemente precede y coexiste con otras manifestaciones de
abuso (1). La violencia psicológica, aunque menos visible que la física, genera
consecuencias devastadoras en salud mental, autoestima y capacidad de agencia de
las mujeres. Su alta prevalencia sugiere normalización social de comportamientos
controladores, degradantes y amenazantes hacia las mujeres.
Las marcadas desigualdades sociogeográficas identificadas merecen atención
especial. La mayor prevalencia en Sierra (45.6%) y Amazonía (40.2%) sugiere
influencia de factores culturales, estructurales y de acceso a servicios (3). En regiones
rurales y comunidades indígenas, la persistencia de normas patriarcales arraigadas,
menor acceso a educación y servicios de apoyo, y mayor aislamiento social pueden
perpetuar patrones de violencia. Sin embargo, la prevalencia también elevada en
zonas urbanas (65.7%) indica que la violencia trasciende divisiones urbano-rurales,
requiriendo intervenciones diferenciadas según contexto.
La asociación entre bajo nivel educativo y mayor violencia física y psicológica
confirma hallazgos de Edeby y San Sebastián, sugiriendo que educación actúa como
factor protector (3). La educación facilita acceso a información sobre derechos,
recursos de apoyo, oportunidades económicas y empoderamiento. Sin embargo, la
mayor prevalencia de violencia sexual entre mujeres con educación superior plantea
interrogante compleja. Arias Fuentes et al. sugieren que mujeres con mayor
educación pueden tener mayor capacidad de reconocer y reportar violencia sexual,
explicando esta aparente paradoja (9).
El rol del consumo de alcohol como factor precipitante de violencia física ha sido
consistentemente documentado en literatura internacional y confirmado en contexto
ecuatoriano por Peñacoba et al. (4). El alcohol reduce inhibiciones, deteriora juicio,
incrementa impulsividad y facilita expresión violenta de conflictos. La desregulación
emocional actúa como moderador, sugiriendo que intervenciones dirigidas a
desarrollar habilidades de regulación emocional podrían mitigar riesgo de violencia
en contexto de consumo de alcohol.
Los celos románticos masculinos, identificados por Buller et al. como factor
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significativo (5), reflejan arraigo de normas patriarcales que posicionan a mujeres
como propiedad de parejas masculinas. La investigación cualitativa reveló que
desencadenantes de celos incluyen incorporación laboral femenina y negativa a
relaciones sexuales, evidenciando resistencia masculina a autonomía femenina y
control sobre sexualidad de mujeres. Las conductas controladoras asociadas con
celos constituyen manifestación temprana de violencia que frecuentemente escala
hacia agresiones físicas y sexuales.
La violencia en el noviazgo adolescente documentada por Medina-Maldonado et al.
(10) y Pastor-Bravo et al. (16) es particularmente preocupante, ya que establece
patrones relacionales que pueden perpetuarse en vida adulta. La normalización de
violencia en relaciones tempranas, combinada con inmadurez, dependencia
emocional y presión de pares, crea vulnerabilidad específica en esta población. Las
intervenciones preventivas dirigidas a adolescentes resultan críticas para interrumpir
ciclos intergeneracionales de violencia.
La violencia obstétrica y ginecológica identificada por Arias Fuentes et al. (9) y
discutida por Leite et al. en contexto brasileño (11) representa forma específica de
violencia de género institucional frecuentemente invisibilizada. Las prácticas
irrespetuosas, abusivas y negligentes durante atención del embarazo, parto y
puerperio constituyen violación de derechos reproductivos y generan consecuencias
significativas en salud materna y perinatal. Las desigualdades sociales en exposición
a violencia obstétrica reflejan discriminación interseccional basada en raza, clase
social y edad.
El incremento en violencia doméstica durante pandemia COVID-19, documentado por
de Souza Santos et al. (7) y García-Zamora et al. (12), confirma que crisis globales
exacerban vulnerabilidades preexistentes. El confinamiento forzado intensificó
convivencia con agresores, limitó acceso a redes de apoyo, incrementó estrés
económico y sobrecargó sistemas de atención. La violencia filio-parental
documentada por Burgos-Benavides et al. (13) sugiere que dinámica familiar violenta
afecta múltiples direcciones, requiriendo intervenciones sistémicas.
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Las consecuencias de violencia de género documentadas por Sabina et al. (14)
trascienden lesiones físicas inmediatas, generando impactos profundos en salud
mental, funcionamiento social y calidad de vida. La afectación de autoestima,
percepción de apoyo social y perspectivas futuras limita capacidad de mujeres para
escapar de situaciones violentas, perpetuando ciclos de abuso. Los homicidios y
feminicidios documentados por Ortiz-Prado et al. (15) representan consecuencia más
extrema, evidenciando fallas sistémicas en protección y prevención.
Los esfuerzos legislativos de Ecuador, documentados por Quizhpe et al. (2) y Pérez-
Martínez y Rodríguez-Fernández (6), constituyen avances importantes pero
insuficientes. La existencia de marco legal robusto no garantiza implementación
efectiva, acceso a justicia, reparación integral o prevención primaria. Persisten
desafíos en: capacitación de operadores de justicia, eliminación de revictimización
institucional, garantía de medidas de protección efectivas, provisión de servicios
integrales de atención y transformación de normas sociales que perpetúan violencia.
La relación entre violencia infantil y conducta delictiva adolescente, explorada por
Vallejo Valdivieso et al. (8), evidencia consecuencias intergeneracionales de violencia.
Niños, niñas y adolescentes expuestos a violencia intrafamiliar presentan mayor
riesgo de perpetrar violencia en futuro, estableciendo ciclos difíciles de interrumpir.
Esto enfatiza importancia de intervenciones tempranas, protección infantil efectiva y
abordaje integral de violencia familiar.
El empoderamiento sexual materno, explorado por Quijano-Ruiz y Faytong-Haro (9),
sugiere que transmisión intergeneracional de normas de género puede modificarse
mediante intervenciones que promuevan autonomía, agencia sexual y comunicación
madre-hija sobre sexualidad. Madres empoderadas sexualmente modelan conductas
que protegen a hijas contra iniciación sexual temprana, embarazo adolescente y
violencia sexual.
CONCLUSIÓN
La violencia de género en Ecuador constituye un problema de salud pública de
magnitud alarmante, afectando a 64.9% de mujeres durante su vida. La violencia
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psicológica representa la forma más prevalente (56.9%), seguida de violencia física
(35.4%) y sexual (32.7%). Estas cifras superan significativamente promedios
regionales y globales, evidenciando urgente necesidad de intensificar esfuerzos de
prevención, atención y erradicación.
Existen marcadas desigualdades sociogeográficas en prevalencia de violencia, con
mayor afectación en regiones de Sierra (45.6%) y Amazonía (40.2%). El bajo nivel
educativo, pertenencia a grupos étnicos indígenas, residencia en zonas urbanas y
consumo de alcohol por parte de parejas constituyen factores de riesgo significativos.
La identificación de estas inequidades permite focalizar intervenciones en
poblaciones más vulnerables.
Los celos románticos masculinos, conductas controladoras, desregulación emocional
y consumo de alcohol actúan como factores precipitantes de violencia de pareja.
Estos patrones reflejan arraigo de normas patriarcales que subordinan a mujeres y
legitiman control masculino. Las intervenciones deben abordar estas raíces culturales
profundas mediante transformación de masculinidades, promoción de relaciones
equitativas y desarrollo de habilidades de regulación emocional.
La violencia en el noviazgo adolescente establece patrones relacionales violentos que
se perpetúan en vida adulta. La violencia obstétrica y ginecológica representa forma
específica de violencia institucional que requiere atención urgente. Ambas
manifestaciones evidencian necesidad de intervenciones preventivas tempranas y
transformación de prácticas institucionales en servicios de salud.
La pandemia de COVID-19 exacerbó violencia doméstica, revelando vulnerabilidades
sistémicas y necesidad de fortalecer respuestas en contextos de crisis. Las
estrategias innovadoras implementadas, incluyendo telesalud y mecanismos de
denuncia adaptados, deben institucionalizarse y fortalecerse.
Las consecuencias de violencia de género trascienden lesiones físicas, generando
impactos profundos en salud mental, autoestima, funcionamiento social y
perspectivas futuras. Los homicidios y feminicidios representan la manifestación más
extrema, evidenciando fallas en sistemas de protección y prevención.
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FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de UNIANDES.
REFERENCIAS
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